STC16300-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16300-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02024-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Antonio Roa Montero contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga – Atl\u00e1ntico, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa y a la contradicci\u00f3n, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicita, entonces, se ordene \u00abdejar sin efecto las providencias judiciales demandadas y ordenar a los accionados decidir de fondo la nulidad bajo los par\u00e1metros establecidos por la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Afirma el actor que, dentro del proceso penal adelantado en su contra por el presunto delito de peculado por apropiaci\u00f3n, prevaricato por acci\u00f3n, prevaricato por omisi\u00f3n y fraude, radicado No. \u00ab08638318900320180005002\u00bb el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga resolvi\u00f3 en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n del 26 de abril de 2022, negarle la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, que le solicit\u00f3 con fundamento en los par\u00e1metros del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, decisi\u00f3n que apel\u00f3, pero fue confirmada el 5 de septiembre siguiente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 del juicio cuestionado y defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones procesales que despleg\u00f3 dentro del mismo. Puntualiz\u00f3 que el juicio se haya en etapa de acusaci\u00f3n y que dentro del mismo confirm\u00f3 la negativa a la nulidad elevada por el gestor, tras constatar que en la imputaci\u00f3n el delegado del ente acusador cumpli\u00f3 con la finalidad de exponer los presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de manera clara. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Luruaco observ\u00f3 que el amparo no se solicita en su contra, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian respuestas ni pronunciamientos adicionales de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 el amparo al observar que el proceso reprochado no ha concluido, por lo que cualquier solitud de protecci\u00f3n de derechos fundamentales debe ser elevada all\u00ed, y adem\u00e1s, que lo expuesto por el gestor es su desacuerdo con las aludidas decisiones nugatorias de su solicitud de nulidad <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor, reiterando las quejas que elev\u00f3 en el escrito inicial y criticando el que supuestamente no se hayan agotado los medios de defensa dentro del proceso, si en cuenta se tiene que la decisi\u00f3n ahora cuestionada fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que para cuando se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, en el tr\u00e1mite reci\u00e9n se estaba verbalizando la acusaci\u00f3n; de ah\u00ed que cualquier tipo de reparo lo debe formular aquel ante el fallador natural. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similar contorno, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, advertida la improcedencia del amparo, por poder agotarse a\u00fan dentro del juicio otros medios de defensa, el juez constitucional queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
4. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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