STC16301-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC16301-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00872-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Pedro Ariel Mosquera Hinestroza le instaur\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, extensiva al Juzgado Octavo Civil Municipal de Medell\u00edn, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, la Oficina de Apoyo Judicial de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 05001110200020180036900. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abrecto proceso, la instituci\u00f3n de la cosa juzgada y de los derechos adquiridos\u00bb, para que, en consecuencia, se declarara: i) \u00abque para el 28 de junio de 2022 (\u2026) la acci\u00f3n disciplinaria se encontraba prescrita por haber pasado cinco a\u00f1os sin que la sentencia de segunda instancia quedara en firme; y, ii) \u00abque la COMISI\u00d3N NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL (\u2026) dio por ejecutoriada la providencia sin estarlo, por haberle presentado una petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n a la sentencia informada el 23 de junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
Para ello, afirm\u00f3 que la autoridad accionada ratific\u00f3 el veredicto por medio del cual la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial Seccional Antioquia lo \u00abdeclar\u00f3 responsable de haber promovido una causa o acci\u00f3n manifiestamente contraria a derecho\u00bb, circunstancia de la cual se enter\u00f3 el 23 de junio de 2022, lo que significa, que dicho prove\u00eddo cobr\u00f3 firmeza el d\u00eda 28 siguiente, pues seg\u00fan el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, la notificaci\u00f3n se surti\u00f3 dos d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s del env\u00edo del mensaje de datos. <\/p>\n
Adujo que, como una sentencia solo produce efectos cuando ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, esto es, cuando ha sido \u00abdebidamente notificada y ejecutoriada\u00bb, \u00abla supuesta falta que yo comet\u00ed hab\u00eda prescrito, ya que \u00e9sta se agot\u00f3 el 24 de junio de 2017, es decir, ya hab\u00eda[n] transcurrido [los] cinco (5) a\u00f1os [de que trata] el art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007\u00bb y, en esa misma calenda, de conformidad con el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso, pidi\u00f3 la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n del fallo, siendo inviable predicar su firmeza. <\/p>\n
No obstante, la enjuiciada \u00aba continuaci\u00f3n del fallo envi\u00f3 a la Oficina de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia la Sentencia para que esta entidad determinara la fecha en que comenzara a regir la sanci\u00f3n de cuatro meses\u00bb, lo que deb\u00eda cumplirse entre el 1\u00ba de julio y el 30 de octubre de 2022, \u00abcosa que no pod\u00eda suceder por estar pendiente\u00bb la resoluci\u00f3n del \u00faltimo pedimento. <\/p>\n
Dijo que la \u00abComisi\u00f3n aplic\u00f3 la sanci\u00f3n antes del 1\u00ba de julio, fecha que ellos mismos hab\u00edan dispuesto para iniciar la sanci\u00f3n como ocurri\u00f3 en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medell\u00edn que el d\u00eda 28 de junio de 2022 aplic\u00f3 la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que no cometi\u00f3 la transgresi\u00f3n endilgada, por cuanto \u00aben la segunda demanda le expres[\u00f3] al juez que ya hab\u00eda habido un proceso inicial entre las mismas partes pero por hechos diferentes, tambi\u00e9n le manifest[\u00f3] en el poder [otorgado] que este segundo proceso se deb\u00eda a errores m\u00e9dicos en el consentimiento informado y tambi\u00e9n en la demanda descri[bi\u00f3] el hecho de que se hab\u00eda[n] cometido anomal\u00edas en el consentimiento informado procediendo de buena fe y con el convencimiento de que \u00e9ste aspecto no tocaba con la primera demanda\u00bb, por tanto, \u00abno cre[e] haber \u201cpromovido una causa o actuaci\u00f3n manifiestamente contraria a derecho\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.- La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se opuso al resguardo, aduciendo que esta herramienta \u00abno puede ser concebida como una tercera instancia en la que puedan someterse a discusi\u00f3n temas que ya fueron definidos por el juez natural del proceso en el correspondiente escenario judicial\u00bb, en especial, porque no se satisfacen los presupuestos gen\u00e9ricos ni espec\u00edficos de procedibilidad, sobre todo, tomando en cuenta que ese \u00f3rgano es el de cierre de su jurisdicci\u00f3n, lo cual impone la ocurrencia de yerros protuberantes, para habilitar la intervenci\u00f3n de esta senda. <\/p>\n
En punto de la aducida prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, adujo que, conforme a lo establecido en los art\u00edculos 16 de la Ley 1123 de 2007, 263 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el 71 de la Ley 2094 de 2021, el C\u00f3digo \u00danico Disciplinario (Ley 734 de 2002), no ha sido derogado y, al tenor de sus art\u00edculos 205 y 206, \u00ablas sentencias que resuelven los recursos de apelaci\u00f3n, queja, la consulta y aquellas no susceptibles de apelaci\u00f3n quedan ejecutoriadas al momento de su suscripci\u00f3n, las cuales deber\u00e1n notificarse sin perjuicio de su ejecutoria inmediata\u00bb. <\/p>\n
Basada en ello, concluy\u00f3 que \u00abla providencia proferida por [esa] Corporaci\u00f3n el veintid\u00f3s (22) de junio de 2022 qued\u00f3 ejecutoriada ese mismo d\u00eda, y por tanto la falta endilgada al abogado y por la cual fue sancionado no prescribi\u00f3\u00bb, sin que la notificaci\u00f3n al sancionado, surtida el 28 posterior, impidiera su firmeza y ejecuci\u00f3n tan pronto se llevara a cabo su registro por parte de la Oficina de Registro Nacional de Abogados. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia precis\u00f3 que los cargos formulados contra el actor fueron los de \u00abfalta a la lealtad con el cliente consagrada en el art\u00edculo 34-a y contra recta y leal realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del estado prevista en el art\u00edculo 33-2 de la Ley 1123 de 2007 y correlativamente incumplir el deber consagrado en el art\u00edculo 28-8 y 6 ib\u00eddem ambas en la modalidad de dolo\u00bb y, que, impugnado el \u00abveredicto\u00bb de primera instancia, envi\u00f3 las diligencias a su superior. <\/p>\n
El gestor reiter\u00f3 su desacuerdo con la \u00abdeclaratoria de responsabilidad emitida en su contra\u00bb, por estimar \u00abno haber incurrido en [las] conducta[s endilgadas], por la pot\u00edsima raz\u00f3n, que si bien present[\u00f3] la demanda entre las mismas partes, los hechos en que se fundan cada una, fueron sustancialmente distintos\u00bb y no obra prueba que acredite que \u00abagot[\u00f3] la conducta descrita en el art\u00edculo 34\u00bb. Expuso los fundamentos de su postura y requiri\u00f3 decidir la contienda a la luz del principio de favorabilidad y la legislaci\u00f3n bajo cuya \u00e9gida ocurrieron los hechos (Ley 1123 de 2007) y aplicar el Decreto 806 de 2020, en materia de \u00abnotificaciones personales\u00bb (art. 8), insistiendo en que, para cuando fue noticiado de la \u00absanci\u00f3n\u00bb por el ad quem, la potestad \u00abdisciplinaria\u00bb ya hab\u00eda fenecido. <\/p>\n
3.- En ATC1357-2022 (14 sep. 2022), esta Colegiatura invalid\u00f3 lo actuado en primera instancia ante la indebida integraci\u00f3n del contradictorio, dejando a salvo las pruebas practicadas. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego tras realizar un estudio normativo, como colof\u00f3n del cual estableci\u00f3 que la \u00abacci\u00f3n disciplinaria\u00bb estaba vigente para cuando se dict\u00f3 y suscribi\u00f3 la \u00absentencia de segunda instancia\u00bb, a voces de las reglas procedimentales llamadas a gobernar el particular, tal como lo explic\u00f3 el organismo confutado al contestar la demanda superlativa. Lo propio dedujo en lo tocante al \u00abregistro y ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb, como quiera que se hizo con observancia del art\u00edculo 47 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Encontr\u00f3 superada cualquier anomal\u00eda que hubiese podido edificar la falta de definici\u00f3n sobre la \u00absolicitud de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n\u00bb de aquel mandato, por cuanto la misma fue resuelta el 13 de julio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el querellante \u00abinsistiendo\u00bb en el fen\u00f3meno extintivo rogado y recrimin\u00f3 la omisi\u00f3n del a quo constitucional, por dejar hu\u00e9rfano de resoluci\u00f3n lo concerniente a la inexistencia de las infracciones que le fueron atribuidas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Los reparos expuestos por Pedro Ariel Mosquera Hinestroza contra lo solventado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, gravitan en torno a: i) Las disertaciones que la llevaron a decantar el momento en que \u00abhizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb la \u00absanci\u00f3n disciplinaria\u00bb; y, ii) La indefinici\u00f3n en que dej\u00f3 sus cuestionamientos sobre la estructuraci\u00f3n de las fallas por las cuales result\u00f3 penado. <\/p>\n
1.1.- En cuanto a lo primero, asever\u00f3 que la Ley 734 de 2002, b\u00e1culo de la postura adoptada por el a quo constitucional, fue \u00ababolida con la entrada en vigencia [de] la Ley 1952 de 2019\u00bb, por lo que calific\u00f3 de \u00abinaudito\u00bb y \u00abasombroso\u00bb, que se le condene con apoyo en \u00abuna norma borrada del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb, m\u00e1s aun cuando se trata de disposiciones contrarias a las de los art\u00edculos 71 y 73 de la Ley 1123 de 2007, que \u00abestablece[n] la forma de notificarse y ejecutoriarse las providencias atinentes al Derecho Disciplinario\u00bb y son prevalentes por ser posteriores al estatuto de 2002. En adici\u00f3n, recalc\u00f3 la pauta octava del Decreto Legislativo 806 de 2020, replicado en la Ley 2213 de 2022, en su opini\u00f3n, aplicables al sub examine. <\/p>\n
De una atenta revisi\u00f3n a los lineamientos que regulan este tipo de actuaciones, emerge que para la fecha en que fue expedido el pliego de cargos (31 en. 2022), a\u00fan no estaba rigiendo la Ley 1952 de 2019, dado que, al tenor de su art\u00edculo 263, \u00ab[a] la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificaci\u00f3n del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuar\u00e1n su tr\u00e1mite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los dem\u00e1s eventos se aplicar\u00e1 el procedimiento previsto en esta ley\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 73 de la Ley 2094 de 2021, que modific\u00f3 el 265 del compendio atr\u00e1s mencionado, prev\u00e9 que sus \u00abdisposiciones (\u2026) y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrar\u00e1n a regir nueve (9) meses despu\u00e9s de su promulgaci\u00f3n. Durante este per\u00edodo conservar\u00e1 su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas\u00bb. Si se tiene en cuenta que la \u00faltima preceptiva fue promulgada el 29 de junio de 2021 y no hizo enmienda alguna al referido art\u00edculo 263 de la Ley 1952 de 2019, f\u00e1cil es inferir que aquel solo empez\u00f3 a surtir efectos el pasado 29 de marzo de 2022, data para la cual ya hab\u00eda sido \u00abnotificado el pliego de cargos\u00bb al precursor. <\/p>\n
Luego, el expediente que nos ocupa estaba sometido a las directrices de la Ley 1123 de 2007 y, en lo no previsto all\u00ed, era imperioso acudir a \u00ablos C\u00f3digos Disciplinario \u00danico, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contraventa la naturaleza del derecho disciplinario\u00bb, tal como lo ense\u00f1a el canon 16 ejusdem. <\/p>\n
Clarificado lo anterior, refulge que no es cierto, como lo pregona el tutelante, que su queja supralegal hubiese sido dirimida con soporte en reglas ya derogadas del orden jur\u00eddico nacional, m\u00e1xime, cuando ni el Decreto 806 de 2020 ni la Ley 2213 de 2022, hicieron modificaci\u00f3n alguna a dichas ordenanzas, en materia de \u00abejecutoriedad de las sentencias de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Con ese entendimiento, es palpable la inexistencia de vulneraci\u00f3n a las prerrogativas del querellante, con la emisi\u00f3n y ejecuci\u00f3n del \u00abveredicto\u00bb del pasado 22 de junio, calenda en que a\u00fan se hallaba en vigor la potestad estatal de investigar e imponer los correctivos de rigor, de cara a los cargos que le fueron enrostrados, por as\u00ed consagrarlo los art\u00edculos 205 y 206 del C\u00f3digo \u00danico Disciplinario, como acertadamente lo adver\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
1.2.- El segundo t\u00f3pico al que hace alusi\u00f3n el recurrente, se enfila a derruir las motivaciones de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial al refrendar la suspensi\u00f3n de la profesi\u00f3n de abogado por el lapso de 4 meses, porque, en su criterio, no incurri\u00f3 en los dislates all\u00ed imputados, como quiera que \u00abpara la existencia de la cosa juzgada se requiere que la demanda verse sobre los mismos hechos como un elemento principal para la existencia de dicha instituci\u00f3n, y ya se dijo que la segunda demanda vers\u00f3 sobre el consentimiento informado que es una circunstancia sustancialmente distinta o ajena al procedimiento quir\u00fargico\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, esboz\u00f3 haber sido inhabilitado \u00abpor una conducta at\u00edpica, ya que fu[e] sancionado de conformidad a la Ley 1123 del 2007, en su art\u00edculo 33 que dice: \u201cson faltas contra la recta y leal realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del estado: 3. Promover la presentaci\u00f3n de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos\u00bb, regla aplicable a esas acciones especiales y no \u00abpara los procesos del derecho com\u00fan\u00bb, como lo era la segunda Litis que, en su condici\u00f3n de \u00abapoderado\u00bb del afectado, promovi\u00f3 con el fin de lograr la reparaci\u00f3n de los perjuicios irrogados a su mandante con el servicio m\u00e9dico que se le prest\u00f3. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que tal obrar no pod\u00eda calificarse de \u00abmanifiestamente contrario a derecho\u00bb, porque \u00e9l dej\u00f3 claro en el nuevo petitum, que ya hab\u00eda adelantado un primer pleito entre las mismas partes y a partir de la misma atenci\u00f3n en salud, solo que esa vez la responsabilidad de la demandada estaba fincada en haber obviado su deber de informar al paciente los eventuales efectos secundarios de la intervenci\u00f3n, mientras la primera acci\u00f3n se bas\u00f3 en la irregular realizaci\u00f3n de aquella. En apoyo de su tesis, cit\u00f3 el precedente SP1657-2018 y trajo algunos ejemplos que, a su modo de ver, s\u00ed configurar\u00edan los yerros que se le achacaron. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que en el paginario no se contaba con elementos de juicio que demostraran que falt\u00f3 a su deber de \u00abexpresar su franca y completa opini\u00f3n acerca del asunto consultado o encomendado\u00bb a su cliente, cuya incapacidad de comprender el contenido del poder, que \u00e9l mismo redact\u00f3, no se acredit\u00f3 en el legajo. <\/p>\n
Escrutado el pronunciamiento rebatido, la Sala encuentra que este no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la legislaci\u00f3n que regula la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del expediente. <\/p>\n
si bien no se\u00f1al\u00f3 de forma espec\u00edfica los yerros en que incurri\u00f3 el juez de primera instancia, aleg\u00f3 en su escrito que no incurri\u00f3 en las faltas disciplinarias endilgadas en la medida en que no desconoci\u00f3 el efecto de cosa juzgada que se predicaba de la sentencia proferida por el Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn al interior del proceso identificado con el radicado 2013 00994 y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, pues a su juicio la segunda demanda presentada hac\u00eda referencia a unos hechos sustancialmente diferentes, surgidos con ocasi\u00f3n de las irregularidades en la toma del consentimiento informado a su cliente <\/p>\n
En orden a desatar tales cr\u00edticas, transliter\u00f3 los hechos en que se fund\u00f3 el primer proceso interpuesto, as\u00ed como sus \u00abpretensiones\u00bb, consistentes en que se decretara que el procedimiento m\u00e9dico brindado por la Fundaci\u00f3n Universitaria San Vicente de Paul a su mandante fue contrario a sus deberes y, en consecuencia, se le condenara a indemnizar los perjuicios ocasionados y compar\u00f3 tales s\u00faplicas con las del \u00absegundo decurso\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, evoc\u00f3 que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn, fallador de la primera causa, <\/p>\n
desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda propuesta por el abogado Mosquera Hinestroza al encontrar que no se prob\u00f3 la culpa del m\u00e9dico y porque las lesiones ocurridas como consecuencia de la intervenci\u00f3n quir\u00fargica se constitu\u00edan en un riesgo inherente a este tipo de intervenciones, de acuerdo con las pruebas periciales realizadas al interior del proceso. Asimismo, ese juzgado analiz\u00f3 el consentimiento informado tomado al demandante y no encontr\u00f3 ninguna anomal\u00eda en este. <\/p>\n
Record\u00f3, adem\u00e1s, que <\/p>\n
dicha decisi\u00f3n fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, quien sostuvo que independientemente de lo argumentado por el apelante respecto del consentimiento informado, era evidente que en el caso en cuesti\u00f3n no se advert\u00eda culpa en el actuar del profesional de la salud y se constataba la existencia de un riesgo inherente <\/p>\n
Dicho esto, se adentr\u00f3 en la resoluci\u00f3n de la alzada propuesta, enunciando, de entrada, que \u00abel investigado s\u00ed desconoci\u00f3 el efecto de cosa juzgada tanto formal como material que se predica de la decisi\u00f3n proferida al interior del proceso identificado con el radicado 2013 00994\u00bb, en tanto: <\/p>\n
1. La decisi\u00f3n de primera instancia que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda presentada por el disciplinado, fue impugnada y el Tribunal Superior confirm\u00f3 tal decisi\u00f3n, aduciendo que no se prob\u00f3 al interior del proceso la culpa del m\u00e9dico y que la situaci\u00f3n presentada con el demandante se deb\u00eda a un riesgo inherente de la operaci\u00f3n, ello conforme al material probatorio obrante en el expediente. En virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso, al carecer la decisi\u00f3n de segunda instancia de recursos, es claro que sobre dicha decisi\u00f3n se predica el efecto de cosa juzgada formal. <\/p>\n
2. Tanto el juez de primera instancia, como el de segunda, analizaron el consentimiento informado que se le tom\u00f3 al demandante y pese a ello no se pudo evidenciar la culpa del m\u00e9dico y su correspondiente responsabilidad, por lo que es claro que dicho fundamento no era sustancial ni relevante a la hora de resolver el caso y por tanto el argumento del abogado de estar frente a un hecho nuevo sustancial no es de recibo. <\/p>\n
3. Analizadas las demandas presentadas se observa adicionalmente que las mismas ten\u00edan identidad de sujetos (mismo demandante y mismo demandado), mismo objeto, pues la pretensi\u00f3n esbozada en las dos demandas no vari\u00f3, en ambas se pretend\u00eda la declaraci\u00f3n de responsabilidad de la demandada por mala praxis y la subsiguiente indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios y finalmente si bien uno de los fundamentos de la causa petendi cambi\u00f3, tal modificaci\u00f3n fue circunstancial y no esencial, por lo que se predica la identidad causal. As\u00ed las cosas, es claro que, en virtud de [lo] dispuesto en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso, de dicha decisi\u00f3n que se encontraba ejecutoriada, se predica la cosa juzgada material. <\/p>\n
Con sustento en lo atr\u00e1s verificado, coligi\u00f3 <\/p>\n
el abogado, al desconocer el efecto de cosa juzgada que se predicaba de la decisi\u00f3n que puso fin al proceso por \u00e9l iniciado en el a\u00f1o 2013 interponiendo nuevamente demanda civil ordinaria contra la misma instituci\u00f3n, bajo igual pretensi\u00f3n y fundamentada en hechos id\u00e9nticos, incurri\u00f3 en la falta prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007, desatendiendo con ello el deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado. <\/p>\n
Igualmente, el disciplinado, al pretender iniciar un nuevo proceso, ignorando el efecto de cosa juzgada atr\u00e1s referido y redactando para ello un nuevo poder, el cual fue otorgado el veinticuatro (24) de junio de 2017 incurri\u00f3 en la falta prevista en el literal a) del art\u00edculo 34 de la Ley 1123 de 2007, al no expresar su franca opini\u00f3n sobre el asunto encomendado, pues en su calidad de abogado no debi\u00f3 ignorar el efecto de cosa juzgada que se predica de las sentencias ejecutoriadas, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso, y debi\u00f3 informarle al quejoso, el car\u00e1cter inmutable y definitivo que ten\u00eda la decisi\u00f3n por medio de la cual se desestimaron las pretensiones de la demanda, desconociendo con ello el deber de lealtad para con el cliente que se le exige a los profesionales del derecho en su actuar. <\/p>\n
A partir de ello, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n apelada por el sujeto pasivo de la acci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el actor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Aunado a lo anterior, es de resaltar que Mosquera Hinestroza no debati\u00f3 en el escenario natural los dem\u00e1s alegatos que en esta v\u00eda exhibe, atinentes a la \u00abatipicidad de la conducta\u00bb reprochada y a la ausencia de medios de cognici\u00f3n que dieran certeza sobre el desconocimiento de las obligaciones profesionales para con sus poderdantes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede acudir a este instrumento excepcional para conjurar el descuido con el que obr\u00f3 en el pleito de su disenso. <\/p>\n
Tampoco se vislumbra la necesidad de dar cabida al \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, debido a que ninguna pauta posterior a la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto del juzgamiento \u00abdisciplinario\u00bb (Ley 1123 de 2007), consagra un lapso prescriptivo inferior a los cinco a\u00f1os de que trata su art\u00edculo 24, contrario sensu, la norma 33 de la Ley 2094 de 2021, establece el mismo periodo para la estructuraci\u00f3n de ese fen\u00f3meno jur\u00eddico. <\/p>\n
4.- Ergo, se avalar\u00e1 lo objetado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16301-2022 Magistrada Ponente STC16301-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00872-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de octubre de 2022 por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69544","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69544","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69544"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69544\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}