STC16303-2022 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC16303-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2022-04165-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mario Alberto Restrepo Zapata instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, las Procuradur\u00edas General de la Naci\u00f3n y Regional de Caldas, extensiva al Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00163. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, para que: i) se ordenara a la Magistratura accionada \u00abrecono[cer] agencias en derecho a [su] favor en AMBAS INSTANCIAS, como se lo manda la ley\u00bb; ii) \u00abse valore la orden dada en [la] sentencia de tutela [STL 15674-2021] LA CUAL APORTO (\u2026) A FIN QUE SE AMPARE MI TUTELA\u00bb y, iii) \u00abse requiera a la [Procuradora General para que se] pronunci[e] en derecho y COADYUV[E SU] TUTELA. Adem\u00e1s de probar en derecho como act\u00faa el Procurador Delegado en [la] acci\u00f3n popular [cuestionada] y de no actuar dicho procurador sea este investigado\u00bb. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que en la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2022-00163, en ambas instancias le negaron las agencias en derecho, bajo el argumento que \u00abexiste hecho superado\u00bb, desconociendo la sentencia emitida en la \u00abtutela n.\u00b0 2022-00238\u00bb, donde se dijo que \u00abla superaci\u00f3n del hecho no impide la condena en costas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la irregularidad denunciada exist\u00eda al momento de presentarse la demanda colectiva y que estando en tr\u00e1mite la misma adecuaron las instalaciones. <\/p>\n
2.- La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, ya que \u00abes claro que no tiene asignadas competencias para administrar justicia, y por ende no es quien debe decidir con respecto a lo solicitado por el accionante; y tampoco tiene competencias asignadas para representar al accionante judicialmente; es por ello que lo solicitado en las pretensiones de la tutela desborda las competencias del Ente de Control\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Regional de Caldas se opuso al auxilio, porque \u00abno ha vulnerado los derechos del accionante\u00bb, sumado a que \u00abdebe tenerse en cuenta que el asunto debatido en el amparo constitucional ser\u00eda del resorte exclusivo del despacho judicial que tuvo a cargo la acci\u00f3n popular, as\u00ed como el fallador de segunda instancia, conforme lo determina el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, ellos de acuerdo a lo probado en el expediente y el Juez de tutela que conoce de la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el escrito genitor con la prueba recaudada en el plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque el fallo que confirm\u00f3 la negativa de fijar \u00abagencias en derecho\u00bb en favor de Mario Alberto en el litigio controvertido, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal, sumado a que \u00e9ste no ha acudido a las dem\u00e1s autoridades acusadas a reclamar lo que pretende por esta v\u00eda especial. <\/p>\n
2.- En efecto, el gestor inicialmente se queja del veredicto proferido el 11 de noviembre del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, por medio del cual, entre otros, \u00abCONFIRM\u00d3\u00bb el de 27 de septiembre anterior dictad por el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1, Caldas, en lo que respecta a los estipendios que requiere con ocasi\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n popular\u00bb que promovi\u00f3 contra H&S Franquicias S.A.S. (rad. 2022-00163), ya que, a su juicio, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, aunque el pleito culmine por \u00abhecho superado\u00bb, se deben reconocer \u00abagencias en derecho\u00bb al demandante. <\/p>\n
Sin embargo, al escrutar los fundamentos del aludido pronunciamiento, se aprecia que aquella Colegiatura observ\u00f3 las disposiciones que disciplinan el asunto, de las cuales infiri\u00f3 en paralelo con la informaci\u00f3n que arroja la encuadernaci\u00f3n, que el a quo hizo bien en \u00abnegar\u00bb los emolumentos anhelados, ante la falta de \u00abcausaci\u00f3n\u00bb de los mismos. <\/p>\n
Para soportar dicha inferencia, precis\u00f3: <\/p>\n
Se recuerda que las costas procesales constituyen \u201cla erogaci\u00f3n econ\u00f3mica que debe realizar la parte vencida en un proceso judicial y comprende, tanto los gastos comprobados causados en su tr\u00e1mite, como las agencias en derecho, correspondientes a los egresos econ\u00f3micos efectuados por la parte triunfadora para su defensa judicial\u201d. De los c\u00e1nones precitadas, resulta di\u00e1fano que el Operador Judicial deber\u00e1 condenar en costas a la parte vencida en el proceso, a no ser que no aparezca acreditada su causaci\u00f3n (numeral 8\u00ba art. 365 CGP), caso en el cual deber\u00e1 abstenerse de imponerlas. <\/p>\n
Para el caso en concreto, se observa que el Juzgador de instancia se abstuvo de condenar en costas por cuanto, luego de admitida la acci\u00f3n constitucional y antes de la sentencia, la rampa pretendida se construy\u00f3. Ante esto, se encuentra acertada la decisi\u00f3n adoptada por el funcionario a quo en tanto la parte pasiva no result\u00f3 vencida en el presente asunto constitucional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 a lo expuesto, que: <\/p>\n
(\u2026) al presentarse el hecho superado tampoco era posible condenar en costas, ante la inexistencia de una parte vencida, siendo dable traer a colaci\u00f3n el pronunciamiento realizado por el H. Consejo de Estado: <\/p>\n
\u201c\u2026en referencia a la condena en costas, la Sala observa que no se cumplen los presupuestos legales ni con las reglas de unificaci\u00f3n jurisprudencial para su reconocimiento. Esto en consideraci\u00f3n a que el Municipio de Bucaramanga, la EMPAS S.A. y la CDMB no son partes vencidas en el proceso, dado que, al declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, las circunstancias que afectaron los derechos colectivos de la comunidad del Barrio Punta Para\u00edso desaparecieron y por lo tanto, se revocar\u00e1n las ordenes impuestas a dichas autoridades\u201d. <\/p>\n
En igual sentido se pronunci\u00f3 la H. Corte Suprema de Justicia que en sentencia STC7941-2019, sostuvo: <\/p>\n
\u00abDel contraste de tal expresi\u00f3n normativa [numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 ib\u00eddem] con el asunto auscultado, emerge diamantino que al finalizarse el tr\u00e1mite confutado por la superaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de los derechos colectivos de las personas con movilidad reducida como resultado del actuar aut\u00f3nomo de la entonces justiciada, no existe un extremo de la lid sometido a quien asignar la antelada carga econ\u00f3mica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego, reflexion\u00f3 que: <\/p>\n
Allende de lo referido, se hace menester precisar que a\u00fan si de manera hipot\u00e9tica se admitiera la posibilidad de imponer condena en costas en el presente evento, lo cierto es que tampoco existir\u00eda m\u00e9rito para tales efectos, de conformidad con el numeral 8 del art\u00edculo 365 del CGP, ante la falta de intervenci\u00f3n de la parte actora durante a la audiencias de pacto de cumplimiento y de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, a las cuales no asisti\u00f3, adem\u00e1s de no evidenciarse su causaci\u00f3n a lo largo del tr\u00e1mite, en raz\u00f3n del escaso despliegue de dicha parte en el mismo, dado que su intervenci\u00f3n estuvo limitada exclusivamente a la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n, a la solicitud de remisi\u00f3n de del link contentivo de la acci\u00f3n en repetidas oportunidades y de impulso procesal; empero, ninguna gesti\u00f3n probatoria se adelant\u00f3 por el actor, tendiente a acreditar los hechos que fundamentaron las pretensiones; aunado a que ning\u00fan gasto procesal acreditado se desprende del expediente. <\/p>\n
Bajo este panorama, f\u00e1cil se concluye que tales planteamientos no revisten arbitrariedad o capricho alguno, comoquiera que se ajustan a las pautas descritas en el art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998 y en los c\u00e1nones 365 y 366 del vigente estatuto adjetivo civil, en armon\u00eda con la jurisprudencia de esta Corte y el Consejo de Estado respecto de la inviabilidad de condenar por el referido motivo cuando esta especie de contienda termina por \u00abhecho superado\u00bb. <\/p>\n
En un caso reciente de id\u00e9nticos perfiles a este, la Corte juzg\u00f3: <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, la Sala observa que el juez de primer grado de la acci\u00f3n popular, expuso los motivos por los cuales no era procedente fijar agencias en derecho a favor del solicitante, los cuales encuentran asidero en la interpretaci\u00f3n jurisprudencial de las disposiciones contenidas en canon 38 de la Ley 472 de 1998 y en los art\u00edculos 365 y 366 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan las cuales el funcionario cognoscente puede abstenerse de reconocerlas o tasarlas de manera parcial, cuando aprecie que quien ser\u00eda el beneficiario, no realiz\u00f3 gestiones procesales que pudieran tenerse como \u00abcompensaci\u00f3n razonable de los esfuerzos de tiempo, dedicaci\u00f3n, diligencia y eficacia\u00bb (CE, Sala Plena, sent. 6 ago. 2019, rad. 2017-00036-01)\u00bb. STC6813-2022. <\/p>\n
Por tanto, es dable colegir que de la \u00abdecisi\u00f3n\u00bb del Tribunal reprochado no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo sugiere el tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a dicha discusi\u00f3n, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3172-2022). <\/p>\n
3.- Ahora, el querellante pide que se aplique el prove\u00eddo STL15674-2021; pero, se le recuerda que el mismo tiene efectos \u00abinter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que plantea en relaci\u00f3n con [la interesada] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC11646-2019). <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional cavil\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Nunca los efectos de la decisi\u00f3n de tutela son erga omnes; en todos los casos, aun en aquellos en que la decisi\u00f3n de tutela rebasa los efectos estrictamente inter partes del proceso, \u00e9ste se traba entre una persona o personas que denuncian la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa dicha violaci\u00f3n. Por ello el examen del juez de tutela no puede prescindir del estudio relativo a si la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de la persona o personas concretamente demandadas conduce a la violaci\u00f3n de derechos fundamentales del o los demandantes. Es decir, los efectos de la decisi\u00f3n primeramente se producen siempre entre las partes del proceso, sin perjuicio de que, en eventos especial\u00edsimos, como los que se acaban de comentar, puedan extenderse a terceras personas en virtud de las figuras de efectos inter pares o inter comunis. Nunca, se repite, tales efectos son erga omnes. En consecuencia, no es posible al juez de tutela verificar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales en abstracto, a fin de proferir una decisi\u00f3n erga omnes o de car\u00e1cter general, como la que pretende la demanda (\u2026). T-583 de 2006 (26 jul., exp. T-1327559), citada en STC15135-2021 y STC9579-2022. <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, la s\u00faplica tendiente a que se exhorte a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que coadyuve sus \u00abpretensiones\u00bb y pruebe \u00aben derecho como act\u00faa el procurador delegado en esta acci\u00f3n popular hoy tutelada y de no actuar dicho procurador sea este investigado\u00bb, escapa de la \u00f3rbita superlativa, siendo a Mario Alberto a quien incumbe presentar directamente ante los organismos competentes, los requerimientos y\/o inquietudes para que el ente acusado en el marco de sus funciones analice y emprenda, de ser viables, los tr\u00e1mites correspondientes (CSJ STC1423-2020 y STC14451-2022, entre otras). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela impetrada por Mario Alberto Restrepo Zapata. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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