STC16317-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16317-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2022-00100-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Leivy Julieth Carlosama Trujillo en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de La Uni\u00f3n, Nari\u00f1o, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00aben condiciones de igualdad\u00bb, al debido proceso y a la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita en consecuencia se ordene al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de la Uni\u00f3n dejar sin efecto \u00abla decisi\u00f3n contenida en auto interlocutorio No. 262 de 14 de octubre de 2022, proferido en el proceso de divorcio 52399-31-84-001-2022-00082-00 (\u2026) y en su luchar, se le ordene a la autoridad accionada disponga: \u2013 no reconocerle personer\u00eda a la abogada Yessi Katherin Mueses Urbano como apoderada judicial del se\u00f1or Yoner Alexander Rosero L\u00f3pez, demandado dentro del [citado] tr\u00e1mite. \u2013 Ante la carencia de poder para actuar, tenga por no contestada la demanda, se revoquen las medidas cautelares decretadas por solicitud del demandado y se tenga por no presentada la solicitud de terminaci\u00f3n del beneficio de amparo de pobreza que en su momento se le concedi\u00f3 a (\u2026) [ella] en calidad de c\u00f3nyuge demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El referido proceso contra Yoner Alexander Rosero L\u00f3pez fue admitido el 16 de junio de 2022 por el Juzgado Promiscuo de Familia de La Uni\u00f3n, Nari\u00f1o y la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n al demandado se realiz\u00f3 mediante su env\u00edo al correo electr\u00f3nico que \u00e9ste tiene registrado en la C\u00e1mara de Comercio de Pasto en su condici\u00f3n de comerciante, quien dentro de la oportunidad legal contest\u00f3 la demanda por intermedio de apoderada judicial, sin embargo, \u00e9sta \u00abactu\u00f3 sin poder suficiente\u00bb, porque el escrito contentivo del mandato no cumpl\u00eda con las exigencias del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 2213 de 2022, en cuanto a que \u00ablos poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil deber\u00e1n ser remitidos desde la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico inscrita para recibir notificaciones judiciales\u00bb y carec\u00eda de nota de presentaci\u00f3n personal. <\/p>\n
2.2. Junto con la contestaci\u00f3n de demanda, la mandataria pidi\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del amparo de pobreza concedido a la aqu\u00ed accionante y unas medidas cautelares, no obstante, pese a la carencia de poder, el 13 de septiembre de 2022 el juzgado accionado decret\u00f3 las cautelas y reconoci\u00f3 personer\u00eda a la abogada, decisi\u00f3n contra la cual aquella interpuso el recurso de reposici\u00f3n, para que se tuviera por no contestada la demanda, se revocaran las cautelas decretadas, y se tuviera por no presentada la solicitud de levantamiento del amparo de pobreza. <\/p>\n
2.3. El 14 de octubre pasado el estrado cognoscente, pese a que reconoci\u00f3 que mandato no fue debidamente conferido, en lugar de revocar la decisi\u00f3n recurrida, inadmiti\u00f3 la contestaci\u00f3n de demanda, concedi\u00e9ndole al demandado el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para subsanarla allegando el poder con el lleno de requisitos legales, so pena de rechazarla. <\/p>\n
2.4. La promotora cuestiona, en s\u00edntesis, que a pesar de que se haya aceptado que el poder a la abogada del demandado estuvo mal conferido, no se hayan revocado las decisiones con que se le reconoci\u00f3 personer\u00eda, se decretaron medidas cautelares y se tuvo por presentada la solicitud de levantamiento del amparo de pobreza a ella concedido, y, de otro lado, se haya dado un t\u00e9rmino para subsanar la contestaci\u00f3n de demanda, pese a que el ordenamiento procesal civil no lo establece, lo que en su criterio constituye defeco material o sustantivo, por apartamiento de las normas llamadas a regir en el caso concreto. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Procuradur\u00eda 20 Judicial de para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Pasto, indic\u00f3 que el proceder del juzgado accionado garantiz\u00f3 al demandado ser o\u00eddo dentro del proceso y de ese modo habilitar la senda para que las partes diriman el conflicto suscitado, tanto as\u00ed que, de haberse dado la decisi\u00f3n contraria, ello hubiera involucrado una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. Agreg\u00f3 que la gestora omiti\u00f3 interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que ahora discute. <\/p>\n
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2. Yoner Alexander Rosero L\u00f3pez indic\u00f3 que el estrado accionado garantiz\u00f3 sus derechos fundamentales al permitirle subsanar la contestaci\u00f3n de demanda. <\/p>\n
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3. El Juzgado Promiscuo de Familia de La Uni\u00f3n, Nari\u00f1o, hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el juicio de la referencia, resalt\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada fue respaldada en pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre primac\u00eda de ley sustancial sobre las formas, y, pidi\u00f3 se niegue el amparo, porque contra la determinaci\u00f3n cuestionada proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n, que neg\u00f3 la reponer de las medidas cautelares. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto neg\u00f3 el resguardo tras constatar que la accionante omiti\u00f3 apelar al auto de 13 de septiembre del presente a\u00f1o, en cuanto decret\u00f3 las medidas cautelares solicitadas por el demandado, y, hall\u00f3 razonable que en auto de 10 de octubre siguiente se haya conferido a \u00e9ste un t\u00e9rmino para subsanar la demanda, para que aportara en debida forma el poder conferido a su abogada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora haciendo \u00e9nfasis en que la decisi\u00f3n sobre medidas cautelares no era apelable, porque no se discut\u00eda la procedencia de las mismas, sino que la abogada solicitante no estaba facultada mediante poder para pedirlas, agreg\u00f3 que se haya puesto en \u00absuspenso\u00bb el reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica a dicha mandataria, mas no se haya hecho lo mismo con las cautelas decretadas, y, enfatiz\u00f3 en que el procedimiento aplicable imped\u00eda conferir t\u00e9rmino para subsanar la contestaci\u00f3n de demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Circunscrita la Sala a los motivos de inconformidad expuestos en la se establece que Leivy Julieth Carlosama Trujillo se duele de la decisi\u00f3n de 13 de septiembre de 2022 del Juzgado Promiscuo de Familia de La Uni\u00f3n, Nari\u00f1o, mantenida en reposici\u00f3n con prove\u00eddo de 10 de octubre siguiente, con que en \u00faltimas, mantuvo el decreto de las medidas cautelares que solicit\u00f3 el demandado y confiri\u00f3 a \u00e9ste un t\u00e9rmino para subsanar la contestaci\u00f3n de demanda, en el marco del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso que ella promovi\u00f3 contra Yoner Alexander Rosero L\u00f3pez, pues en su sentir de la gestora, no resultaba procedente conferir dicho t\u00e9rmino inadmisorio de la contestaci\u00f3n de demanda, y, debido a que el demandado no confiri\u00f3 poder en debida forma a su abogada, debieron levantarse las medidas cautelares solicitas por \u00e9sta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que la decisi\u00f3n tomada en el mencionado prove\u00eddo con que se resolvi\u00f3 el recurso horizontal, para entonces inadmitir la contestaci\u00f3n de demanda, no se torna arbitraria. <\/p>\n
En efecto, el juzgado accionado, al emitir la determinaci\u00f3n antes individualizada, comenz\u00f3 por establecer que si bien, al estar el demandado inscrito en el registro mercantil como comerciante, debi\u00f3 remitir el mensaje de datos contentivo del mandato a su abogada, desde la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico inscrita en ese registro, <\/p>\n
De ello no se sigue indefectiblemente como lo pide [la demandante] en el escrito contentivo del recurso, que se deba revocar el reconocimiento de personer\u00eda, tener por no contestada la demanda, as\u00ed como revocar tambi\u00e9n el decreto de medidas cautelares. <\/p>\n
Postura para cuyo respaldo cito el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, las sentencias SU061-2018 y T-1098-2015 y C-383-2000 de la Corte Constitucional, para de all\u00ed colegir que, <\/p>\n
Como puede observarse, tanto la norma como la jurisprudencia citadas, apuntan inequ\u00edvocamente a determinar que el ritualismo concretado en las normas de car\u00e1cter procesal no pueden estar por encima del derecho sustancial o material que ellas est\u00e1n llamadas a hacer efectivo. Dicho en otras palabras, el apego desmedido al rito procesal no puede ir en detrimento de los derechos de las partes. Am\u00e9n de que una verdadera administraci\u00f3n de justicia debe ser la resultante del debate procesal pleno y de la contradicci\u00f3n probatoria. Ello se traduce en el presente caso, en que a la parte demandada se le debe dar la oportunidad de enmendar su error en la aportaci\u00f3n de un anexo de su escrito, en este caso, de rectificar la g\u00e9nesis del mensaje de datos a trav\u00e9s del cual el se\u00f1or Yonier Alexander Rosero L\u00f3pez le concedi\u00f3 poder especial a la abogada Yessi Katherin Mueses Urbano para que lo represente judicialmente en este asunto, remiti\u00e9ndolo desde su cuenta de correo electr\u00f3nico que para recibir notificaciones personales tiene registrada en la C\u00e1mara de Comercio de Pasto, Sede La Uni\u00f3n – Nari\u00f1o, para estar a tono con la regla del \u00faltimo inciso del art\u00edculo 4 de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
En consecuencia se inadmitir\u00e1 la contestaci\u00f3n de la demanda y se le conceder\u00e1 al demandado el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que corrija los errores advertidos, so pena de tenerla por no contestada. <\/p>\n
De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que, \u00abpor econom\u00eda procesal, se mantendr\u00e1n vigentes las medidas cautelares decretadas a instancias de la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, para arribar a su decisi\u00f3n, el Juzgado accionado consider\u00f3 que, en aras de la primac\u00eda al derecho sustancial sobre las formas, y para garantizar la igualdad procesal, resultaba adecuado, en vez de no reconocer personer\u00eda a la apoderada judicial que indic\u00f3 actuar en representaci\u00f3n del demandado, inadmitir la contestaci\u00f3n de demanda presentada por aquella, para que se aportara el poder con el lleno de requisitos legales, proceder \u00e9ste con el cual, se\u00f1ala la Corte, el estrado accionado garantiz\u00f3 el derecho de defensa y contradicci\u00f3n del demandado, guiado por el principio de igualdad de las partes, mediante la adopci\u00f3n de una medida que por encima de las formas, materializ\u00f3 el derecho sustancial. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares, la Sala aval\u00f3 un proceder similar al aqu\u00ed desplegado por el juzgado accionado, tras considerar que, <\/p>\n
En efecto, la autoridad recriminada, explic\u00f3 que si bien el abogado designado, al momento de contestar la demanda, no alleg\u00f3 el respectivo poder, lo cierto es, esa falencia fue corregida dentro del t\u00e9rmino otorgado para anexar tal mandato, situaci\u00f3n que generaba el derecho de postulaci\u00f3n de la parte all\u00ed accionada y la facultaba para controvertir los argumentos expuestos en el libelo introductor. <\/p>\n
Frente a ese tema, la Corte Constitucional en la Sentencia T-1098 de 2005, dej\u00f3 claro que, en caso de no cumplir la contestaci\u00f3n de la demanda con los requisitos y anexos de ley, en aras de garantizar el debido proceso y la igualdad de armas, el juzgador puede inadmitirla, a efectos de que se corrijan los defectos que advierta para darle el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
Las medidas que toma el juez para proteger el derecho de defensa y el debido proceso, guiado por el principio de igualdad procesal no pueden ser censuradas de inconstitucionales, pues por el contrario son compatibles con el principio de supremac\u00eda constitucional, con el efecto activo del bloque constitucional y con el derecho fundamental de acceso a la justicia. Este derecho no puede verse con una concepci\u00f3n regresiva porque se halla envuelto en el principio de progresividad constitucional en materia de derechos fundamentales para las hip\u00f3tesis de d\u00e9ficit de Estado de Derecho o situaciones de anomia con linaje discriminatorio por omisiones legislativas. <\/p>\n
La circunstancia censurada, del t\u00e9rmino judicial de cinco d\u00edas otorgado por el juez natural al extremo pasivo para subsanar los yerros de su contestaci\u00f3n, no pueden verse como contrarios a los principios, valores y derechos previstos en el Estado Constitucional, porque muy por el contrario, cuanto hizo el juez, fue materializar en un caso concreto un derecho fundamental en pos establecer equilibrios y garant\u00edas, del mismo modo como al demandante se otorgan t\u00e9rminos para subsanar su libelo introductorio seg\u00fan las premisas del art. 90 del C. G. del P. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, el Tribunal Constitucional sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a jurisprudencia ha adoptado una posici\u00f3n distinta con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 5\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. As\u00ed ha entendido que existe un plazo judicial para que el demandado pueda corregir las eventuales deficiencias procesales que se presenten en el escrito de contestaci\u00f3n, a partir del reconocimiento de un vac\u00edo normativo en dicha materia que debe suplirse con la aplicaci\u00f3n de las normas que regulan casos an\u00e1logos, en espec\u00edfico, las referentes a la correcci\u00f3n de las demandas (C.P.C. art. 85). Para quienes participan de esta posici\u00f3n jurisprudencial, es necesario que el juez le confiera un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas al demandado, para que \u00e9ste pueda subsanar los defectos que adolezca su escrito de contestaci\u00f3n. Conforme lo anterior, se ha concluido que tener por no contestada la demanda por una deficiencia netamente procesal, significa un sacrificio desproporcional para el derecho de contradicci\u00f3n y para la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas (C.P. arts. 29 y 228), que compromete la igualdad procesal reconocida en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C.P. art. 13). <\/p>\n
De tal manera, si a la parte demandada, se le requiri\u00f3 para que allegara el poder del abogado que contest\u00f3 la demanda y cumpli\u00f3 con ese deber, anexando una sustituci\u00f3n de mandato del togado reconocido con anterioridad en el litigio, la irregularidad resaltada se corrigi\u00f3 y, por tanto, deb\u00eda d\u00e1rsele impulso a la contestaci\u00f3n, porque, de lo contrario, ello implicar\u00eda un excesivo sacrificio de la prerrogativa de defensa y de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas, prerrogativas que se encuentran especialmente protegidas en los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (CSJ STC5708-2020). <\/p>\n
5. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. De otro lado, si la gestora no compart\u00eda el decreto de las medidas cautelares solicitadas por el demandado, debi\u00f3 atacar esa decisi\u00f3n mediante el recurso de apelaci\u00f3n, conforme autoriza el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que fuera obst\u00e1culo para ello el puntual motivo que pudiera alegar para no compartir la decisi\u00f3n apelada (en este caso, la supuesta carencia de facultad de la abogada para solicitarlas), pues ello ser\u00eda objeto de pronunciamiento por parte del juez de la alzada, lo que deja en evidencia que aquella abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que su inconformidad fuera abordada por el fallador natural, pese a haber tenido oportunidad para ello. <\/p>\n
De ese modo el reclamo elevado al respecto se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
7. Es m\u00e1s, si como qued\u00f3 constatado en este fallo, result\u00f3 razonable la decisi\u00f3n del estrado accionado de inadmitir la contestaci\u00f3n de la demanda para que se allegara en debida forma el poder especial conferido para ese efecto, resultaba adecuado, como lo hizo aquella autoridad, que en aplicaci\u00f3n del principio de econom\u00eda procesal, se cumpliera el t\u00e9rmino inadmisorio conferido, antes de tomar una decisi\u00f3n definitiva frente a las medidas cautelares decretadas por solicitud de quien dijo actuar como mandataria del demandado, pues, bien pod\u00eda ocurrir, como a la postre efectivamente ocurri\u00f3, que se allegara el poder en debida forma, y por ende, nada pudiera reprocharse a las cautelas, sin que en el interregno alg\u00fan perjuicio se le haya causado a la destinataria de \u00e9stas. <\/p>\n
8. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC16317-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16317-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2022-00100-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69554","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69554"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69554\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}