STC16328-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16328-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04145-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Sebasti\u00e1n Santos Arias contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a los actualmente intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, igualdad y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulneradas por las sedes judiciales acusadas al denegarle la orden de apremio que rog\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse dejen sin vigencia ni efectos los prove\u00eddos del\u2026 14 de julio de 2022 del Juzgado [accionado]\u2026 y del\u2026 09 de septiembre de 2022 del\u2026 Tribunal [convocado]\u00bb; ordenar al primero que \u00abestudie y resuelva\u2026 sobre los fundamentos expuestos en el hecho 16 y el cap\u00edtulo \u201c4. T\u00cdTULO EJECUTIVO BASE DE LA ACCI\u00d3N Y EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES\u201d de la demanda ejecutiva, en particular sobre la expedici\u00f3n del mandamiento ejecutivo de las obligaciones pendientes de pago contenidas en la Escritura P\u00fablica\u00bb; y \u00ab[e]n caso de inadmitirse la demanda\u00bb, se \u00absirva indicar con precisi\u00f3n y claridad la forma en que el demandante debe subsanar[la]\u2026[,] teniendo en cuenta la imposibilidad materia[l] de acceder [a] las primera y segunda copia de la Escritura P\u00fablica\u2026, as\u00ed como del incumplimos (sic) de los demandados en lo referente a la firma y entera (sic) de los pagar\u00e9s referidos en el contrato inserto en el mismo instrumento\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n de este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo incoado por el accionante y Catalina Santos Arias contra Jes\u00fas Hernando y Olga Marina Acosta Mart\u00ednez (con apoyo en las obligaciones contenidas en el contrato de \u00abtransacci\u00f3n y reforma estatutaria de Magneto Seguridad Integral Ltda. – cesi\u00f3n de cuotas – con condici\u00f3n suspensiva\u00bb, contenido en la tercera copia de la escritura p\u00fablica 3407 de 26 de julio de 2016, otorgada ante la Notar\u00eda Diecis\u00e9is del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 y allegada como base de recaudo), el pasado 18 de febrero el Juzgado acusado inadmiti\u00f3 el libelo para que se acreditara i) \u00abque el poder especial fue conferido a trav\u00e9s de mensaje de datos (art. 5 del Decreto 806 de 2020[)]\u00bb, ii) \u00abque el correo electr\u00f3nico indicado en el poder y en la demanda [respecto del apoderado] se encuentra registrado en la U.R.N.A. de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial\u2026 (art. 5 Decreto 806 de 2020)\u00bb y iii) \u00abel cumplimiento de las condiciones de los literales i) y subsiguientes del numeral 5.3. de la cl\u00e1usula quinta de la escritura\u00bb. <\/p>\n
2.2. Luego, el 24 de junio \u00faltimo, dicho estrado judicial neg\u00f3 el mandamiento de pago, al hallar insatisfechas las exigencias del canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar, de un lado, que el t\u00edtulo ejecutivo estaba incompleto porque no se anexaron los pagar\u00e9s diligenciados a los que alud\u00eda la cl\u00e1usula 6.2. del instrumento p\u00fablico, y de otra parte, porque la escritura base de recaudo \u00abcarec\u00eda de la constancia que se\u00f1ala el inciso segundo del art\u00edculo 80, 87 y 88 del Decreto 960 de 1970, esto es, que es primera copia y\u2026 presta m\u00e9rito ejecutivo\u00bb. Determinaci\u00f3n que mantuvo el 14 de julio siguiente y que, el 9 de septiembre posterior, confirm\u00f3 el Tribunal convocado, en lo medular, tras destacar que, sumado a que los ejecutantes \u00absolo manifestaron su inconformismo frente al primero de los aludidos argumentos\u00bb, lo cierto era que \u00abuna revisi\u00f3n oficiosa\u00bb al segundo de ellos permit\u00eda determinar que el requerimiento del a-quo se ajust\u00f3 \u00aba lo reglado en el art\u00edculo 80 del Decreto 960 de 1970, seg\u00fan el cual, para exigir el cumplimiento de una obligaci\u00f3n que presta m\u00e9rito ejecutivo, \u201cel notario expedir\u00e1 copia aut\u00e9ntica y se\u00f1alar\u00e1 la copia que presta ese m\u00e9rito, que ser\u00e1 la primera que del instrumento se expida, expres\u00e1ndolo as\u00ed en caracteres destacados, junto con el nombre del acreedor a cuyo favor se expida, de lo cual se dejar\u00e1 nota de referencia en la matriz\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, el actor se quej\u00f3, en concreto, de que al denegarle la orden de apremio los falladores acusados incurrieron en defectos sustantivo y procedimental absoluto, por exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
De un lado, al aplicar una norma ajena al asunto, como lo eran los referidos c\u00e1nones del Decreto 960 de 1970, toda vez que el t\u00edtulo arrimado como base de recaudo conten\u00eda una obligaci\u00f3n pura y simple, y la exigencia de la primera copia de la escritura, con constancia de prestar m\u00e9rito ejecutivo, se refiere, \u00abde manera exclusiva, a obligaciones de garant\u00eda real, es decir, las denominadas garant\u00edas hipotecarias\u00bb, que no era el caso; aunado a que, \u00aben gracia de discusi\u00f3n\u00bb, tal documento estaba en poder de los ejecutados, quienes se negaban a entregarlo; y de otra parte, al rechazar la demanda, de forma sorpresiva, i) bajo supuestos ajenos a los exteriorizados al inadmitirla, sin observar, por dem\u00e1s, las justificaciones tra\u00eddas en \u00e9sta, en extenso, para apalancar el cobro con la tercera copia del instrumento p\u00fablico, y ii) requiriendo el aporte de unos pagar\u00e9s cuya ausencia no restaba exigibilidad a la obligaci\u00f3n perseguida, ya que se acord\u00f3 su suscripci\u00f3n como una \u00absimple garant\u00eda\u00bb, m\u00e1xime cuando los mismos fueron protocolizados, con espacios en blanco, con la respectiva escritura, y la carga de proporcionarlos era de su antagonista. <\/p>\n
Por lo dicho, en s\u00edntesis, afirm\u00f3 que era injusto e irrazonable que se le exigiera \u00abel cumplimiento de cargas procesales imposibles, propiciadas por la contraparte contractual demandada, para acceder a la justicia\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n porque la decisi\u00f3n que se le reproch\u00f3 fue \u00abproducto de la aplicaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia, en concordancia con la jurisprudencia, raz\u00f3n por la cual\u2026 se atiene a las argumentaciones all\u00ed vertidas, en las que se explic\u00f3, en forma clara, porque se estim\u00f3 que no hab\u00eda lugar a librar la orden de apremio\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abno se acredit\u00f3 por los demandantes que la Escritura P\u00fablica\u2026 adosada como base de la ejecuci\u00f3n, fuese la primera copia y que prestara m[\u00e9]rito ejecutivo, tal como lo exige el art\u00edculo 80 del Decreto 960 de 1970, por lo que\u2026 consider\u00f3 que el incumplimiento de dicha exigencia a la luz de los (sic) normado en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, bastaba para negar el mandamiento de pago deprecado\u2026; m\u00e1xime si en cuenta se tiene que, el juez de conocimiento de la causa ejecutiva puede en cualquier estadio de la actuaci\u00f3n procesal efectuar una revisi\u00f3n de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque \u00abno se han conculcado [los] derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, halla la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que no luce arbitraria la decisi\u00f3n reprochada a la colegiatura acusada, sobre la cual recaer\u00e1 el presente estudio, por ser aquella a trav\u00e9s de la cual se zanj\u00f3 finalmente la situaci\u00f3n sometida al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada, resulta cardinal anotar que aunque el a-quo encausado deneg\u00f3 el mandamiento de pago por dos supuestos esenciales, a saber, que el t\u00edtulo allegado como base de recaudo se hallaba incompleto y que el mismo, al corresponder, en parte, a una escritura p\u00fablica, carec\u00eda de la exigible constancia de ser primera copia que prestaba m\u00e9rito ejecutivo; lo cierto es que con el recurso de alzada que deb\u00eda desatar el Tribunal accionado, la parte ejecutante tan s\u00f3lo atac\u00f3 la primera de las falencias que all\u00ed se le enrostr\u00f3, lo que es igual a afirmar que la segunda no fue reparada y, por tanto, se torn\u00f3 vinculante para los inconformes. As\u00ed lo sopes\u00f3 el ad-quem: <\/p>\n
Sea lo primero advertir que, el auto cuestionado por la parte recurrente se fundament\u00f3 en lo medular en dos razones para negar la orden de apremio, la primera de ellas consistente en que la Escritura P\u00fablica 3407 de 26 de junio de 2016 no cumpl\u00eda con las exigencias a que se refiere el art\u00edculo 422 del CGP, al no haberse aportado los pagar\u00e9s a que se refiere la cl\u00e1usula 6.2 de dicho instrumento; y la segunda, en que no se acredit\u00f3 que dicho t\u00edtulo fuese la primera copia y que preste merito ejecutivo. <\/p>\n
Frente a esas determinaciones, los demandantes solo manifestaron su inconformismo frente al primero de los aludidos argumentos, pues tras cuestionar que no se hubiesen indicado en el auto de inadmisi\u00f3n de la demanda (18 de febrero de 2022), las razones por las cuales se dispuso su rechazo en el auto fustigado, tambi\u00e9n reprocharon que se hubiese considerado que el t\u00edtulo ejecutivo estaba incompleto; por lo que en principio, habr\u00eda lugar a confirmar el prove\u00eddo impugnado al no haberse refutado la referida segunda causal en la que el a quo fundament\u00f3 su negativa, pues dicha determinaci\u00f3n cobr\u00f3 firmeza. <\/p>\n
As\u00ed, muy a pesar de las alegaciones tra\u00eddas en el escrito de tutela que ocupa a la Sala, acorde con el precepto 328 del C\u00f3digo General del Proceso, el ad-quem recriminado s\u00f3lo ten\u00eda competencia para pronunciarse \u00absobre los argumentos expuestos por el apelante\u00bb, en otras palabras, no pod\u00eda volver sobre los supuestos tra\u00eddos en la demanda ejecutiva respecto a la exigibilidad del t\u00edtulo cuando ello no se plante\u00f3 al recurrir la negativa frente a la orden de apremio, como ac\u00e1 ocurri\u00f3. <\/p>\n
Y aunque ello se mostraba suficiente para ratificar el veredicto fustigado al a-quo, seguidamente agreg\u00f3 que: <\/p>\n
No obstante, de una revisi\u00f3n oficiosa de dicho requerimiento, el Tribunal evidencia que se ajusta a lo reglado en el art\u00edculo 80 del Decreto 960 de 1970, seg\u00fan el cual, para exigir el cumplimiento de una obligaci\u00f3n que presta m\u00e9rito ejecutivo, \u201cel notario expedir\u00e1 copia aut\u00e9ntica y se\u00f1alar\u00e1 la copia que presta ese m\u00e9rito, que ser\u00e1 la primera que del instrumento se expida, expres\u00e1ndolo as\u00ed en caracteres destacados, junto con el nombre del acreedor a cuyo favor se expida, de lo cual se dejar\u00e1 nota de referencia en la matriz\u201d. <\/p>\n
La referida exigencia tiene el \u00e1nimo de ofrecer seguridad al deudor de que no ser\u00e1 ejecutado varias veces por la misma obligaci\u00f3n en posteriores oportunidades, pues como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia \u201clos documentos que se aportan como sustento de cobro, deben derivar plena prueba contra el deudor, raz\u00f3n por la que, conforme se verific\u00f3 de las acreditaciones recaudadas por el Tribunal acusado, en la copia aportada \u00a8nada se dice sobre su m\u00e9rito ejecutivo y que se trata de la primera copia\u00a8 que, por ende, carece de valor demostrativo seg\u00fan los preceptos que regulan la materia\u201d1. <\/p>\n
En ese orden, anot\u00f3 que ello bastaba \u00abpara descartar los motivos de inconformidad de los actores, pues con independencia de que se les asista raz\u00f3n en que no resultaba procedente exigirles la aportaci\u00f3n de los pagar\u00e9s a los que se refiere la cl\u00e1usula 6.2 de la Escritura P\u00fablica\u2026, al referirse dicha estipulaci\u00f3n a una garant\u00eda a la cual no estaba condicionada la exigencia de pago de las obligaciones pactadas en las cl\u00e1usulas 5.3, 5.4 y 5.5.; lo cierto, es que\u2026 no se alleg\u00f3 la constancia de que ese instrumento fuese la primera copia y que preste m[\u00e9]rito ejecutivo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, para desechar la alegaci\u00f3n edificada en que result\u00f3 arbitraria la denegaci\u00f3n de la orden de apremio por razones diferentes a las advertidas al inadmitirse la demanda ejecutiva, concluyentemente, con apoyo en pronunciamiento de esta Corte en punto a la facultad que tienen los juzgadores naturales para de forma oficiosa volver sobre la virtualidad ejecutiva de los t\u00edtulos base de recaudo (CSJ STC290-2021, 27 en., rad. 2020-00357-01), el Tribunal atacado consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026recu\u00e9rdese que el juez de conocimiento de la causa ejecutiva puede, en cualquier estadio de la actuaci\u00f3n procesal efectuar una revisi\u00f3n de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, por lo que, aunque la orden de pago se haya negado por motivos diferentes a los aludidos en la providencia que inadmiti\u00f3 el libelo, lo cierto, es que dicha negativa result\u00f3 de un nuevo examen efectuado a la documental aportada como base de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala encuentra que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la negativa frente a la orden de apremio que rog\u00f3, bajo un examen acorde con los reparos concretos que formul\u00f3 y sustent\u00f3 contra la misma, ante los cuales el Tribunal encausado concluy\u00f3 que el argumento de no haberse arrimado la primera copia de la escritura p\u00fablica, con la constancia de prestar m\u00e9rito ejecutivo, de conformidad con los preceptos 80, 87 y 88 del Decreto 970 de 1970, adem\u00e1s de no haberse discutido por el actor al plantear la apelaci\u00f3n, denot\u00e1ndose su incuria, se mostraba suficiente para ratificar la denegaci\u00f3n del mandamiento de pago, de no olvidar que \u00abel juez de conocimiento de la causa ejecutiva puede, en cualquier estadio de la actuaci\u00f3n procesal[,] efectuar una revisi\u00f3n de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, de donde, en ninguna irregularidad se incurri\u00f3 al adoptar tal decisi\u00f3n \u00abpor motivos diferentes a los aludidos en la providencia que inadmiti\u00f3 el libelo\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo dicho impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC3185-2018. <\/p>\n
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STC16328-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16328-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04145-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Sebasti\u00e1n Santos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}