STC16329-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16329-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01957-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Esther Parra Guti\u00e9rrez frente al fallo proferido el 6 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, \u00abadministraci\u00f3n de justicia\u00bb, igualdad, \u00abseguridad social\u00bb y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales acusadas al no acceder a sus pretensiones en el juicio laboral que inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abDEJAR SIN EFECTO la sentencia SL1087-2022\u2026, proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Laboral – Sala de Descongesti\u00f3n No. 3\u00bb; \u00abREVOCAR la\u2026 del 26 de septiembre de 2018[,] proferida por el Tribunal [encausado]\u00bb; y \u00abMODIFICAR la\u2026 del 10 de agosto de 2016, proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, respecto del monto de la mesada pensional y los intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que la actora inco\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (pretendiendo \u00abse declarara el traslado post mortem que realiz\u00f3 su c\u00f3nyuge, Javier Ib\u00e1\u00f1ez Trochez, del R\u00e9gimen de Ahorro Individual administrado por\u2026 Porvenir SA al R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida administrado por Colpensiones a partir del 27 de abril de 2012\u00bb; y en consecuencia, se condenara a \u00e9sta \u00aba que le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes desde el 26 de agosto de 2013, con los reajustes de ley, mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso\u00bb), al cual se vincul\u00f3 como litisconsorte necesaria a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., surtidas las etapas de rigor, el 10\/08\/2016 el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones; pero esa decisi\u00f3n, el 26\/09\/2018, la revoc\u00f3 el Tribunal convocado para, en su lugar, absolver a las demandadas; determinaci\u00f3n \u00faltima que el pasado 16 de marzo, en Sala mayoritaria, no cas\u00f3 esta Corte. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la gestora, tras transcribir los cargos propuestos en sede de casaci\u00f3n, as\u00ed como los razonamientos vertidos por el Magistrado que salv\u00f3 su voto frente a la \u00faltima determinaci\u00f3n referida, adujo, en lo medular, que las autoridades acusadas, con sus sentencias, incurrieron en defectos sustantivo, f\u00e1ctico, de violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y de desconocimiento del precedente, al \u00abaplicar una norma que transgrede [sus] derechos y garant\u00edas\u2026, como lo es el art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993, la cual resulta m\u00e1s gravosa\u2026 para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb; dejando de sopesar, debidamente, las pruebas recaudadas, los principios de la carta pol\u00edtica y los pronunciamientos vinculantes sobre la materia. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que se pas\u00f3 por alto el \u00abr\u00e9gimen de transici\u00f3n al que ten\u00eda derecho el causante [fallecido el 26 de agosto de 2013]\u2026[,] la gran cantidad de semanas que dej\u00f3 cotizadas\u00bb (destacando que cuando se traslad\u00f3 del de prima media al de ahorro individual \u00abcontaba con m\u00e1s de 1000\u00bb) y su incuestionable voluntad de cambiarse de r\u00e9gimen pensional, la que de manera expresa alcanz\u00f3 a exteriorizar en vida, \u00abm\u00e1xime cuando en innumerables casos se ha declarado la ineficacia del traslado de Colpensiones a los fondos privados por la negligencia, falta de informaci\u00f3n y al deber en cabeza de las administradoras\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que de acuerdo a lo narrado, sumado a que el difunto cumpl\u00eda los 60 a\u00f1os de edad el 1\u00ba de octubre de 2014, estaba \u00abcobijado bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n con el derecho a la tasa de remplazo del 90% del IBL\u00bb, de donde no le asist\u00eda raz\u00f3n a los juzgadores al consignar que a ella \u00able corresponder\u00eda la misma tasa de remplazo del 75% tanto en el r\u00e9gimen de prima media como en el r\u00e9gimen de ahorro individual, cuando lo cierto es que el caso bajo estudio amerita que se estudie y aplique el art\u00edculo 46 de la referida Ley, el cual establece como tasa m\u00e1xima a aplicar para el c\u00e1lculo de la mesada pensional el 80%\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir el link de acceso al expediente contentivo del asunto fustigado, mientras que las dem\u00e1s autoridades judiciales guardaron silencio frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal porque \u00abcarece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida; siendo\u2026 COLPENSIONES la Entidad actualmente encargada de administrar el mencionado R\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 el resguardo porque \u00abla decisi\u00f3n cuestionada contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de la accionante, quien pretende hacer uso de la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional al proceso, siendo que no puede acudirse a \u00e9sta cada vez que una actuaci\u00f3n no consulte los intereses de las partes ni atienda su singular criterio frente al objeto del debate\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en los defectos endilgados en sus planteamientos iniciales, adujo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal hizo un an\u00e1lisis meramente formal de su reclamo, sin estudiarlo de fondo, dejando de lado la acreditada conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas de primer grado, su avanzada edad y que la discusi\u00f3n reca\u00eda sobre una prestaci\u00f3n esencial, como lo era la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada (sobre la cual recae el presente an\u00e1lisis por ser aquella a trav\u00e9s de la cual la jurisdicci\u00f3n zanj\u00f3 de forma definitiva el asunto sometido a su escrutinio) no luce arbitraria, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia que encontr\u00f3 aplicables al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada precis\u00f3 que \u00abpara priorizar la definici\u00f3n del derecho sustancial, se dispensan varios dislates de la demanda de casaci\u00f3n, entre estos, que en el alcance de la impugnaci\u00f3n no se haya indicado a la Corte si la sentencia de primer grado debe ser confirmada, revocada o modificada, por entenderse que lo pretendido es que se confirme; o que en el segundo cargo dirigido por la senda indirecta no se haya se\u00f1alado el sub motivo de trasgresi\u00f3n, por ser la aplicaci\u00f3n indebida la \u00fanica posible por ese sendero, o que no haya cumplido con el deber de se\u00f1alar qu\u00e9 conten\u00edan las pruebas y en qu\u00e9 consisti\u00f3 la err\u00f3nea valoraci\u00f3n, pues del estudio integral de ambos cargos, es posible resolver de fondo la controversia\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, decant\u00f3 que el problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolver consist\u00eda en determinar \u00absi el Tribunal err\u00f3 al establecer que pese a que el causante a 1 de abril de 1994 acredit\u00f3 m\u00e1s de 750 semanas de cotizaci\u00f3n, con lo cual cumpli\u00f3 \u00abel primero\u00bb de los requisitos exigidos para retornar al RPM, debido a que el fallecimiento se produjo antes de que operara el traslado que solicit\u00f3, continuaba afiliado al RAIS a trav\u00e9s de su administradora Porvenir SA, y por consiguiente, era esa entidad la que deb\u00eda reconocer el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la recurrente\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s compendi\u00f3 como indiscutido que \u00abJavier Ib\u00e1\u00f1ez Trochez falleci\u00f3 el 26 de agosto de 2013\u2026 y que contrajo matrimonio con Esther Parra Guti\u00e9rrez el 29 de junio de 1979\u2026; que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art. 36 de la Ley 100 de 1993; que Colpensiones neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por cuanto el causante no estaba afiliado a esa entidad; que el afiliado a 1 de abril de 1994, acredit\u00f3 m\u00e1s de 750 semanas cotizadas; que Porvenir neg\u00f3 el traslado de r\u00e9gimen y que le concedi\u00f3 a la demandante la prestaci\u00f3n a partir del 26 de agosto de 2013, en cuant\u00eda de $857.179 para 2014\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n hall\u00f3 que, ciertamente, \u00abel causante a 1 de abril de 1994 contaba [con] m\u00e1s de 960.86 semanas de cotizaci\u00f3n\u00bb, por lo cual, de conformidad con la jurisprudencia sobre la materia (CC C-789\/02, CC C-1024\/04 y CSJ SL, 10 ag. 2010, rad. 37174), \u00abpod\u00eda regresar en cualquier tiempo al RPM, muy a pesar de que las accionadas le negaron la movilidad de r\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, \u00ab[a]un cuando era posible estudiar la procedencia del traslado post mortem, y as\u00ed lo hizo el Tribunal, al fallecer Javier Ib\u00e1\u00f1ez Trochez el 26 de agosto de 2013 y, no haber causado en vida el derecho a la pensi\u00f3n de vejez, como tambi\u00e9n lo corrobor\u00f3 el colegiado\u2026[,] no gener\u00f3 un mejor derecho que por su muerte fuera transmisible a su c\u00f3nyuge hoy demandante\u00bb, comoquiera que \u00absi bien super\u00f3 el n\u00famero de semanas requeridas, lo cierto es que no alcanz\u00f3 los 60 a\u00f1os de edad, conforme lo requer\u00eda el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990\u00bb; motivo suficiente para sostener que, contrario a lo aducido por la accionante, \u00abfueron acertadas tanto las consideraciones como la decisi\u00f3n del juez de segunda instancia pues, la norma aplicable para calcular el monto de la pensi\u00f3n por muerte de un afiliado al r\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida (RPM,) como al R\u00e9gimen de Ahorro Individual con Solidaridad en este caso, era el art. 48 de la Ley 100 de 1993[,] por remisi\u00f3n expresa que hace el art. 73 de la misma norma, por ende, la tasa de reemplazo m\u00e1xima que corresponde a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es el 75% all\u00ed se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en todo ello, \u00abal no acreditarse las distorsiones probatorias ni jur\u00eddicas que la recurrente le achac\u00f3 al Tribunal\u00bb, estableci\u00f3 que \u00ablos cargos no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad y, la sentencia acusada se mantiene intacta, debido a la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que la revisten\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n atacada responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, concluyendo, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, se itera, que aun \u00abcuando era posible estudiar la procedencia del traslado post mortem…, al fallecer Javier Ib\u00e1\u00f1ez Trochez el 26 de agosto de 2013 y, no haber causado en vida el derecho a la pensi\u00f3n de vejez\u2026, pues si bien super\u00f3 el n\u00famero de semanas requeridas, lo cierto es que no alcanz\u00f3 los 60 a\u00f1os de edad, conforme lo requer\u00eda el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, por eso no gener\u00f3 un mejor derecho que por su muerte fuera transmisible a su c\u00f3nyuge hoy demandante\u00bb; por lo que, en consecuencia, \u00abfueron acertadas tanto las consideraciones como la decisi\u00f3n del juez de segunda instancia pues, la norma aplicable para calcular el monto de la pensi\u00f3n por muerte de un afiliado al r\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida (RPM) como al R\u00e9gimen de Ahorro Individual con Solidaridad en este caso, era el art. 48 de la Ley 100 de 1993[,] por remisi\u00f3n expresa que hace el art. 73 de la misma norma, por ende, la tasa de reemplazo m\u00e1xima que corresponde a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es el 75% all\u00ed se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
En este orden de ideas, contrario a lo querido por la censora, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16329-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16329-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01957-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Esther Parra Guti\u00e9rrez frente al fallo proferido el 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69562","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69562\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}