{"id":69565,"date":"2024-05-20T20:57:40","date_gmt":"2024-05-20T20:57:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc16340-2022\/"},"modified":"2024-05-20T20:57:40","modified_gmt":"2024-05-20T20:57:40","slug":"stc16340-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc16340-2022\/","title":{"rendered":"STC16340 2022"},"content":{"rendered":"<p>STC16340-2022<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>STC16340-2022 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00323-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., siete &nbsp;(7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp;<\/p>\n<p>Se &nbsp;decide la impugnaci\u00f3n formulada por Juan Camilo Bravo Casta\u00f1o &nbsp;frente a la sentencia emitida el 17 de noviembre de 2022 por la Sala &nbsp;Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no &nbsp;accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que \u00e9l impuls\u00f3 &nbsp;contra el Consejo Nacional Electoral, a cuyo tr\u00e1mite fueron &nbsp;vinculados los intervinientes en la actuaci\u00f3n recriminada. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El &nbsp;convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al &nbsp;debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, &nbsp;presuntamente trasgredidos por el accionado. &nbsp;<\/p>\n<p>Solicit\u00f3, &nbsp;entonces, \u00abrevocar &nbsp;las resoluciones Nros. 3698 de 2019 y 1298 de abril 21 de 2021 (sic), &nbsp;expedidas [por el] Consejo Nacional Electoral\u00bb, &nbsp;as\u00ed como \u00abel &nbsp;cobro persuasivo y [el] proceso coactivo No. 24438\u00bb; &nbsp;adem\u00e1s, \u00abeliminar &nbsp;de los sistemas digitales de informaci\u00f3n todos los datos &nbsp;relacionados con [ese] cobro\u00bb &nbsp;y \u00abexpedir &nbsp;a [su] nombre\u2026 un paz y salvo, en raz\u00f3n a la nulidad de &nbsp;las [referidas actuaciones] (sic)\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La &nbsp;siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para &nbsp;definir el presente caso: &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con &nbsp;Resoluci\u00f3n Nro. 3698 del 31 de julio de 2019 el Consejo &nbsp;Nacional Electoral &#8211; CNE abri\u00f3 investigaci\u00f3n y formul\u00f3 &nbsp;cargos contra, entre otros, el accionante, como gerente de campa\u00f1a &nbsp;de un excandidato por el partido Conservador Colombiano al Senado de &nbsp;la Rep\u00fablica para el per\u00edodo 2018-2022, \u00abpor &nbsp;el presunto incumplimiento de lo previsto en el art\u00edculo 25 de &nbsp;la Ley 1475 de 2011, al administrar parcialmente los recursos de &nbsp;campa\u00f1a, a trav\u00e9s de la cuenta \u00fanica bancaria, &nbsp;con ocasi\u00f3n de las elecciones del 11 de marzo de 2018\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Luego, &nbsp;al hallar demostrada tal desatenci\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n &nbsp;Nro. 1298 de 21 de abril de 2021, lo sancion\u00f3 con multa &nbsp;equivalente a $14\u2019167.395,oo. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;eEn &nbsp;sede de tutela, en concreto, el actor adujo que no fue enterado de &nbsp;esas Resoluciones, lo que le impidi\u00f3 plantear sus descargos &nbsp;oportunamente y, por ende, ejercer su derecho de defensa; que s\u00f3lo &nbsp;conoci\u00f3 de su existencia, mas no de su parte resolutiva, con &nbsp;ocasi\u00f3n del cobro persuasivo y coactivo Nro. 24438, adelantado &nbsp;con fundamento en esa sanci\u00f3n, del cual lo notific\u00f3 la &nbsp;Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil el pasado 14 de &nbsp;septiembre, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico; que, &nbsp;infructuosamente, deprec\u00f3 la revocatoria directa de la &nbsp;Resoluci\u00f3n Nro. 1298 de 2021, sin que se le haya \u00abcomprobado &nbsp;ni expuesto\u2026 los actos de notificaci\u00f3n en debid[a] &nbsp;forma, meramente se basan en manifestaciones escritas no soportadas &nbsp;en evidencia f\u00edsica, copias simples, o trazabilidades &nbsp;realizadas para notificar[lo] personalmente o v\u00eda correo &nbsp;electr\u00f3nico [de] las Resoluciones\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>A\u00f1adi\u00f3 &nbsp;que, en todo caso, el mentado cobro es inviable ante la inexistencia &nbsp;de la falta endilgada, en tanto que el mismo accionado, tras &nbsp;verificar la plena satisfacci\u00f3n de todas las exigencias &nbsp;legales, procedi\u00f3 a cancelar la \u00abreposici\u00f3n &nbsp;de votos\u00bb &nbsp;al candidato de cuya campa\u00f1a fue gerente, lo que hubiera sido &nbsp;improcedente de no haber atendido o subsanado, a cabalidad, lo &nbsp;reglado en el precepto 25 de la Ley 1475 del 2011. &nbsp;<\/p>\n<p>LAS &nbsp;RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La &nbsp;Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil pidi\u00f3 el &nbsp;despacho adverso de la salvaguarda en su contra porque \u00aba &nbsp;la fecha contin\u00faa con el proceso de cobro coactivo No. 24438 &nbsp;en contra del se\u00f1or\u2026 Bravo Casta\u00f1eda, por cuanto &nbsp;el Consejo Nacional Electoral\u2026 no [le] ha remitido\u2026 &nbsp;acto administrativo contrario a la Resoluci\u00f3n sanci\u00f3n &nbsp;No. 1298 de 21 de abril de 2021\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;SENTENCIA DEL TRIBUNAL &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;a-quo &nbsp;constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n porque contra \u00abel &nbsp;acto administrativo cuestionado\u2026[,] esto es, el que sancion\u00f3 &nbsp;\u201ca 47 exgerentes de campa\u00f1a y 52 excandidatos al Senado &nbsp;de la Rep\u00fablica avalados por el Partido Conservador Colombiano &nbsp;para las elecciones realizadas el 11 de marzo de 2018\u2026\u201d, &nbsp;el actor afirm\u00f3 haber incoado la acci\u00f3n de revocatoria &nbsp;directa, la cual se encuentra en tr\u00e1mite\u2026, lo que &nbsp;significa que\u2026 hizo uso de la acci\u00f3n de amparo como &nbsp;mecanismo paralelo, porque lo aqu\u00ed reprochado fue demandado y &nbsp;es la autoridad competente quien decide la legalidad del acto &nbsp;administrativo, por tanto, no se cumple con el requisito de &nbsp;subsidiariedad- Art 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 &nbsp;que, en todo caso, \u00ablos &nbsp;actos administrativos fustigados le fueron notificados al actor el 17 &nbsp;de noviembre de 2020 y 26 de abril de 2021, por ende, tampoco se &nbsp;encuentra satisfecho el requisito de inmediatez\u00bb; &nbsp;que la protecci\u00f3n tambi\u00e9n era inviable en cuanto \u00aba &nbsp;la revocatoria del cobro coactivo iniciado por la Registradur\u00eda &nbsp;Nacional del Estado por la sanci\u00f3n impuesta [por] el CNE\u2026, &nbsp;como quiera que el accionante una vez tuvo conocimiento de[l] proceso &nbsp;acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de amparo sin agotar las &nbsp;herramientas procesales que tiene a su alcance -Art. 98 ss CPACA-\u00bb; &nbsp;y que \u00abno &nbsp;se evidencia una condici\u00f3n de vulnerabilidad en el accionante &nbsp;que permita flexibilizar el requisito de subsidiariedad exigido y &nbsp;obviar el medio judicial principal, id\u00f3neo y eficaz; tampoco &nbsp;se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que &nbsp;amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;propuso el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, &nbsp;enfatizando que aunque \u00abes &nbsp;cierto que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo &nbsp;para atacar\u2026 las Resoluciones Nros. 3698 de 2019 y 1298\u2026 &nbsp;de 2021, las mismas si vulneran el derecho fundamental del debido &nbsp;proceso y\u2026 defensa, ya que por ning\u00fan lado se muestra &nbsp;las pruebas de entrega de los actos administrativos anteriormente &nbsp;mencionados\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al &nbsp;tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n &nbsp;de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos &nbsp;fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten &nbsp;vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las &nbsp;autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los &nbsp;particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no &nbsp;permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos &nbsp;ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. &nbsp;<\/p>\n<p>Por &nbsp;lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones &nbsp;judiciales y administrativas, el resguardo es factible de manera &nbsp;excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda &nbsp;de hecho\u00bb, &nbsp;cuando \u00abel &nbsp;proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de &nbsp;los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb &nbsp;(CSJ &nbsp;STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez &nbsp;que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con &nbsp;fundamento en tales premisas, la Corte anticipa la confirmaci\u00f3n &nbsp;de la decisi\u00f3n de primer grado pero, exclusivamente, por la &nbsp;insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en la &nbsp;proposici\u00f3n del resguardo, al advertir que contra la &nbsp;reprochada Resoluci\u00f3n sancionatoria que expidi\u00f3 el &nbsp;Consejo Nacional Electoral el quejoso cont\u00f3 o cuenta con la &nbsp;acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata &nbsp;el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de &nbsp;lo Contencioso Administrativo, &nbsp;la &nbsp;que no acredit\u00f3 haber agotado, configur\u00e1ndose la causal &nbsp;de improcedencia contemplada en el precepto 6\u00ba del Decreto 2591 &nbsp;de 1991. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Consecuentemente, &nbsp;es de recordar que los actos de la administraci\u00f3n p\u00fablica &nbsp;gozan de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las &nbsp;controversias que susciten deben ser develadas ante el operador &nbsp;competente, escenario en el que es posible solicitar medidas &nbsp;cautelares \u00abpara &nbsp;proteger y garantizar\u00bb, &nbsp;de modo provisorio, &nbsp;\u00abel &nbsp;objeto del proceso\u00bb, &nbsp;y entre ellas, la &nbsp;suspensi\u00f3n provisional de dichas manifestaciones, conforme a &nbsp;lo indicado en los art\u00edculos 229 y 230 -numeral &nbsp;3\u00b0- &nbsp;de la codificaci\u00f3n en cita; aspecto que derruye lo &nbsp;aducido por el accionante en torno a la supuesta inidoneidad de ese &nbsp;tipo de instrumento judicial y, por dem\u00e1s, cualquier viso de &nbsp;perjuicio irremediable, &nbsp;lo que torna inviable la protecci\u00f3n reclamada, incluso como &nbsp;mecanismo transitorio. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Frente &nbsp;al particular, en &nbsp;un asunto con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, que, &nbsp;mutatis &nbsp;mutandis, &nbsp;se muestra aplicable al de ahora, para confirmar la negativa frente a &nbsp;la solicitud de protecci\u00f3n propuesta por otro ciudadano &nbsp;sancionado por el Consejo Nacional Electoral, in &nbsp;extenso, &nbsp;esta Corporaci\u00f3n dej\u00f3 dicho: &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;En el presente asunto se advierte, que la censura formulada por el &nbsp;ciudadano\u2026, en lo fundamental, se dirige contra la Resoluci\u00f3n &nbsp;n.\u00ba 2127\u2026 del Consejo Nacional Electoral, a trav\u00e9s &nbsp;de la cual se decidi\u00f3 \u00absancionar[lo] (\u2026) por la &nbsp;vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 25 de la Ley 1475 de 2011, con &nbsp;multa equivalente a la suma de\u2026 ($13.942.914) como &nbsp;consecuencia de la no administraci\u00f3n de los recursos a trav\u00e9s &nbsp;de la cuenta \u00fanica bancaria, en su calidad de ex gerente a la &nbsp;C\u00e1mara de Representantes\u2026, para las elecciones del 11 &nbsp;de marzo de 2018\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Sin embargo, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la &nbsp;solicitud de protecci\u00f3n y los informes allegados al presente &nbsp;tr\u00e1mite, deviene con claridad que la misma es improcedente, si &nbsp;se tienen en cuenta que el gestor del amparo tiene a su disposici\u00f3n &nbsp;el medio de control\u2026 de nulidad y restablecimiento del derecho &nbsp;para cuestionar la legalidad de dicha determinaci\u00f3n, por lo &nbsp;que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o &nbsp;paralelo a aqu\u00e9l, pues tal y como la Sala lo ha manifestado en &nbsp;casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, \u00abla tutela &nbsp;fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n &nbsp;inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, &nbsp;frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n &nbsp;u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los &nbsp;particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda &nbsp;erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios &nbsp;ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha &nbsp;consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen &nbsp;ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para &nbsp;evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, &nbsp;ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto &nbsp;administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que &nbsp;su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n &nbsp;especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo &nbsp;tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n &nbsp;provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb &nbsp;(reiterada entre otras, en CSJ STC2254-2021). &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp;Conviene destacar, adem\u00e1s, que la protecci\u00f3n reclamada &nbsp;tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad como mecanismo &nbsp;transitorio, pues los actos administrativos suponen de suyo una &nbsp;presunci\u00f3n de legalidad que s\u00f3lo puede ser desvirtuada &nbsp;ante la jurisdicci\u00f3n mencionada, y como se dijo, en aqu\u00e9lla &nbsp;est\u00e1 prevista la facultad de solicitar medidas cautelares &nbsp;\u00abpara proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del &nbsp;proceso y la efectividad de la sentencia\u00bb, dentro de las que se &nbsp;cuenta la posibilidad de suspensi\u00f3n provisional del acto &nbsp;cuestionado a fin de mitigar el supuesto da\u00f1o que se le est\u00e1 &nbsp;causando con lo resuelto, esto de acuerdo con lo dispuesto en el &nbsp;art\u00edculo 229 y ss. del C\u00f3digo de Procedimiento &nbsp;Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013Ley 1437 de &nbsp;2011, lo que desvirt\u00faa, en consecuencia, la configuraci\u00f3n &nbsp;de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime si \u00abs\u00f3lo &nbsp;tiene [esa] calidad (\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que revista &nbsp;cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente &nbsp;eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e &nbsp;impostergables propias de la tutela\u00bb (ib\u00eddem), &nbsp;presupuestos que no fueron acreditados por el inconforme. &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp;En reciente pronunciamiento, esta Sala se\u00f1al\u00f3 en punto &nbsp;al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad en casos como el &nbsp;que se estudia, lo siguiente: \u00abes claro, entonces, que las &nbsp;controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, &nbsp;ya sean generales, impersonales y abstractos ora particulares y &nbsp;concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n &nbsp;correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello &nbsp;dispuestos, como lo son, las acciones de simple nulidad y de nulidad &nbsp;y restablecimiento del derecho (Arts. 137 y 138, CPACA), es deber del &nbsp;inconforme acudir a esas herramientas para debatir las resoluciones &nbsp;de las que aqu\u00ed se duele, por lo que no resulta pertinente &nbsp;convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a \u00e9stas, &nbsp;m\u00e1xime cuando ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso &nbsp;administrativo pudo o puede pedir en el proceso correspondiente, &nbsp;seg\u00fan corresponda, la suspensi\u00f3n provisional de la &nbsp;actuaci\u00f3n criticada o cualquier otra medida cautelar permitida &nbsp;por la ley, y allegar elementos demostrativos para acreditar las &nbsp;razones por las cuales su petici\u00f3n debe ser atendida, entre &nbsp;ellas, la imposibilidad de conocer la publicaci\u00f3n de las &nbsp;opciones de sede\u00bb &nbsp;<\/p>\n<p>Al &nbsp;respecto, es conveniente recordar, como se ha dicho en casos de &nbsp;id\u00e9ntica esencia al que se estudia, que la acci\u00f3n de &nbsp;tutela \u00abfue instituida como un instrumento extraordinario para &nbsp;la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos &nbsp;fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n &nbsp;que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades &nbsp;p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la &nbsp;ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o &nbsp;alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento &nbsp;jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos &nbsp;se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo &nbsp;transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de &nbsp;manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra &nbsp;un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda &nbsp;vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la &nbsp;jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones &nbsp;pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida &nbsp;cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de &nbsp;conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (STC971-2022). &nbsp;<\/p>\n<p>6. &nbsp;De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone &nbsp;mantener el fallo refutado &nbsp;(CSJ &nbsp;STC1913-2022, 23 feb., rad. 2022-00002-01). &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lo &nbsp;consignado, entonces, impone respaldar el veredicto de primer rango, &nbsp;pero por las razones aqu\u00ed consignadas que no por las del &nbsp;a-quo. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la &nbsp;Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma &nbsp;el &nbsp;fallo impugnado. &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;a los interesados por el medio m\u00e1s expedito &nbsp;y, en oportunidad, env\u00edense &nbsp;las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la &nbsp;eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidenta &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC16340-2022 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp; STC16340-2022 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00323-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., siete &nbsp;(7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). &nbsp; Se &nbsp;decide la impugnaci\u00f3n formulada por Juan Camilo Bravo Casta\u00f1o &nbsp;frente a la sentencia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69565","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69565"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69565\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69565"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69565"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}