STC16356-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16356-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04193-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jenny del Carmen y Lorena Ochoa Elles contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Promiscuo de Familia de Momp\u00f3s, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de uni\u00f3n marital de hecho con radicado N\u00b0 13468-3184-001-2022-00020. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Para sustentar sus reparos, manifestaron que en el proceso de reconocimiento de uni\u00f3n marital de hecho promovido por la se\u00f1ora Rosiris Zambrano Villarreal en su contra y en la de otros herederos de Jos\u00e9 Silverio Ochoa Rojas fallecido el 16 de junio de 2021, el Juzgado Promiscuo de Familia de Momp\u00f3s admiti\u00f3 la demanda el 25 de abril de 2022. <\/p>\n
Agregaron que, como la demandante remiti\u00f3 esa providencia a sus correos electr\u00f3nicos el 3 de mayo siguiente, \u00aba las 18:28 y 18:36 horas\u00bb, Lorena Ochoa Elles envi\u00f3 el 2 de junio de 2022 al Juzgado de conocimiento \u00abmemorial poder\u00bb para constituir un apoderado judicial que contestara la demanda en su nombre, y de igual modo procedi\u00f3 Jenny del Carmen el 3 de junio de 2022. <\/p>\n
Afirmaron que contestaron la demanda por apoderado judicial el 6 de junio de 2022, y el Juzgado en auto de 10 de octubre de 2022, declar\u00f3 que esa respuesta hab\u00eda sido extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Explicaron que recurrieron la decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, con sustento en que hab\u00edan allegado la contestaci\u00f3n de manera oportuna, porque la \u00fanica actuaci\u00f3n de la que pod\u00eda derivarse su notificaci\u00f3n, resid\u00eda en los memoriales con los cuales le otorgaron poder al abogado que las representar\u00eda, y, alegaron adem\u00e1s, que si pretend\u00eda contabilizarse el t\u00e9rmino para responder la demanda desde el env\u00edo del auto admisorio a sus direcciones electr\u00f3nicas, s\u00f3lo pod\u00eda tener efectos dos (2) d\u00edas despu\u00e9s del 4 de mayo de 2022, pues los mensajes fueron enviados el d\u00eda anterior en horas no h\u00e1biles. <\/p>\n
Sostuvieron que en providencia de 31 de octubre de 2022 el Juzgado accionado mantuvo la determinaci\u00f3n y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n, y el Tribunal Superior de Cartagena en auto de 15 de noviembre de 2022 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Aseguraron que las mencionadas autoridades incurrieron en v\u00eda de hecho, toda vez que erraron al interpretar los art\u00edculos 106 del C\u00f3digo General del Proceso y 8\u00ba del Decreto 806 de 2020 al sostener que, el primero solo era aplicable a las actuaciones adelantadas por los despachos judiciales y no por las partes, como es el caso del env\u00edo de la notificaci\u00f3n realizado por la all\u00ed demandante. <\/p>\n
Finalmente indicaron que, si bien el asunto no ha terminado, \u00abel no ser o\u00eddo dentro del proceso, sin ninguna raz\u00f3n se constituye la una fragante violaci\u00f3n a los derechos constitucionales\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicitaron ordenar a los accionados dejar sin efecto las decisiones controvertidas \u00aby, por tanto, tener por contestada la demanda\u00bb que presentaron. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cartagena se opuso a la prosperidad del amparo, y manifest\u00f3 que, \u00abconfirm\u00f3 el auto recurrido con fundamento en los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
2. Felipe Ramos Marriaga, quien manifest\u00f3 fungir como abogado de Jenny del Carmen Ochoa Elles y Lorena Ochoa Elles en el proceso censurado, apoy\u00f3 los argumentos de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo de Familia de Momp\u00f3s relat\u00f3 los antecedentes del asunto y expres\u00f3 que sus actuaciones y decisiones se han proferido \u00abbajo los par\u00e1metros del debido proceso, sin que con ninguna actuaci\u00f3n se haya amenazado o vulnerado los derechos fundamentales invocados en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales. <\/p>\n
S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Igualmente, deben tenerse presente las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre las que se encuentran, \u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ, STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la doctrina de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen en los defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n1, los cuales se presentan cuando, <\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, (\u2026) el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. <\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, (\u2026) se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, (\u2026) surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales2 o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. <\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
vii) Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. <\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb (C.C. T-522 de 2001, reiterada en CSJ, STP-109764 de 24 de marzo de 2020). <\/p>\n
2. Las decisiones censuradas. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, las se\u00f1oras Jenny del Carmen y Lorena Ochoa Elles, reprochan la providencia de 10 de octubre de 2022 en la que, el Juzgado Promiscuo de Familia de Momp\u00f3s tuvo por no contestada la demanda en el proceso de reconocimiento de uni\u00f3n marital de hecho en el que fueron demandadas por Rosiris Zambrano Villarreal, en calidad de herederas de Jos\u00e9 Silverio Ochoa Rojas, as\u00ed como los autos de 31 de octubre de 2022 mediante el cual el a quo mantuvo la decisi\u00f3n y el de 15 de noviembre de 2022 por el que el Tribunal Superior de Cartagena la confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirman que, con esa actuaci\u00f3n, se les vulneraron sus derechos, pues se les impidi\u00f3 ser o\u00eddas en el proceso, no obstante que respondieron oportunamente la demanda formulada en su contra, si se tiene en cuenta la fecha y hora de env\u00edo del auto admisorio junto con los soportes correspondientes. <\/p>\n
3. Situaci\u00f3n f\u00e1ctica del proceso cuestionado. <\/p>\n
Para resolver la queja, revisado el link del expediente remitido a estas diligencias, se observan las siguientes actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, <\/p>\n
3.1 La demanda en el proceso de reconocimiento de uni\u00f3n marital de hecho, fue admitida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Momp\u00f3s en auto de 25 de abril de 2022, en el que orden\u00f3 notificar, entre otros, a las aqu\u00ed accionantes \u00abconforme a lo establecido en los art\u00edculos 6 y 8 del Decreto 806 de 2020\u00bb, otorg\u00e1ndoles 20 d\u00edas para el ejercicio de sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa, adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que \u00abla notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 surtida una vez transcurridos los dos (2) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje electr\u00f3nico, empezando a correr los t\u00e9rminos a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n \u2013art. 8 ej\u00fasdem\u00bb. <\/p>\n
3.2 La demandante Rosiris Zambrano Villarreal envi\u00f3 a las aqu\u00ed accionantes a trav\u00e9s de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica el 3 de mayo de 2022, el auto admisorio, la demanda y su subsanaci\u00f3n, gesti\u00f3n realizada, respecto de Jenny del Carmen Ochoa Elles a las 18:28 y, en cuanto a Lorena Ochoa Elles a las 18:36, seg\u00fan se observa a continuaci\u00f3n <\/p>\n
3.3 Como lo indicaron las aqu\u00ed peticionarias, el 2 y 3 de junio de 2022, enviaron, cada una, el poder conferido al abogado que las representar\u00eda en el mencionado proceso. <\/p>\n
3.5 En providencia de 10 de octubre de 2022, el Juzgado Promiscuo de Familia de Momp\u00f3s resolvi\u00f3, tener por no contestada la demanda presentada por las demandadas Lorena y Jenny del Carmen Ochoa Elles, en tanto que, \u00absi la notificaci\u00f3n se hizo el d\u00eda 03 de mayo del a\u00f1o 2022, el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas para ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, deb\u00eda contabilizarse a partir del d\u00eda 6 de ese mismo mes y a\u00f1o. Siendo ello as\u00ed, los 20 d\u00edas del traslado finalizaban el d\u00eda 3 de junio de 2022. Por lo que, si el escrito de contestaci\u00f3n de demanda y de excepciones previas [allegado por aqu\u00e9llas] fue presentado al Juzgado el d\u00eda 6 de junio de 2022, es m\u00e1s que claro que fueron presentados de manera extempor\u00e1nea, por lo que, se tendr\u00e1 como no contestada la demanda por parte de dichas accionadas\u00bb. <\/p>\n
3.6 La anterior decisi\u00f3n fue recurrida por las accionantes en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, recursos fueron desestimados, el primero, con argumentos similares a los antes transcritos y, el segundo, definido en providencia de 15 de noviembre de 2022, en la que el Tribunal Superior de Cartagena, adem\u00e1s de reiterar que el plazo para contestar la demanda venc\u00eda el 3 de junio de 2022, avalando el c\u00f3mputo del a quo, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Para el presente caso, en primer t\u00e9rmino, el env\u00edo demostrado fue el 3 de mayo y como la contestaci\u00f3n de la demanda por parte del apoderado de las demandadas ninguna salvedad hace sobre la forma de la notificaci\u00f3n, deber\u00e1 entenderse que este es otro medio con el que se constata el acceso del destinatario al mensaje. <\/p>\n
En efecto, la constancia del acuse del recibo de los correos no obra en autos, pero la actuaci\u00f3n del memorialista debe traducirse como suficiente para entender que el mensaje fue recibido y se tuvo acceso a \u00e9l por sus destinatarias el mismo d\u00eda -3 de mayo-, hecho que pudo haber sido rebatido por el censor con las evidencias que condujeran a conclusi\u00f3n diferente, las que no se aportaron. <\/p>\n
En segundo lugar, la remisi\u00f3n del correo, acreditado como est\u00e1 a las horas 18:28 y 18:36 horas, es del d\u00eda 3 de mayo de 2022, d\u00eda que terminaba a las 24 horas, sin que le fuera aplicable la prescripci\u00f3n de horas y d\u00edas h\u00e1biles como en su af\u00e1n de defensa lo propone el recurrente, debido a que el art. 106 del CGP est\u00e1 reservado para las actividades que desarrolle despacho judicial, sin que le pueda ser extensible de los dem\u00e1s sujetos procesales en situaciones como la que se estudia\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) Todo lo anterior descarta de tajo la posibilidad de una notificaci\u00f3n por conducta concluyente, pues hay demostraci\u00f3n suficiente del env\u00edo del correo el 3 de mayo y de la consecuente notificaci\u00f3n de las demandadas, luego la conclusi\u00f3n de la juzgadora de instancia adquiere firmeza y por esa raz\u00f3n deber\u00e1 ser confirmada\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
4. De la vulneraci\u00f3n evidenciada. <\/p>\n
En este asunto, advierte la Corte la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por las accionantes, pues, en realidad, la actuaci\u00f3n de los funcionarios acusados, amparada en una interpretaci\u00f3n restrictiva de las normas aplicables, sacrific\u00f3 sus garant\u00edas de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
En efecto, aunque tanto el Juez de primer grado como el Tribunal Superior evidenciaron que el env\u00edo de la notificaci\u00f3n a las accionantes por la demandante tuvo lugar el 3 de mayo de 2022, en horarios no h\u00e1biles, asumieron que desde esa misma fecha deb\u00edan contabilizarse los dos (2) d\u00edas establecidos en el entonces vigente inciso 3\u00ba, art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 20203 \u2013hoy Ley 2213 de 2022- y, luego, los veinte (20) previstos para la contestaci\u00f3n de la demanda, conclusi\u00f3n que no consulta con el alcance de los art\u00edculos 106 y 109 del C\u00f3digo General del Proceso, ni con lo sostenido por esta Sala en casos equiparables. <\/p>\n
Ciertamente, el art\u00edculo 106 ejusdem, se\u00f1ala <\/p>\n
\u00abACTUACI\u00d3N JUDICIAL. Las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se adelantar\u00e1n en d\u00edas y horas h\u00e1biles, sin perjuicio de los casos en que la ley o el juez dispongan realizarlos en horas inh\u00e1biles. <\/p>\n
Las audiencias y diligencias iniciadas en hora h\u00e1bil podr\u00e1n continuarse en horas inh\u00e1biles sin necesidad de habilitaci\u00f3n expresa\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Y, por su parte, el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 109 \u00eddem, establece, \u00abLos memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entender\u00e1n presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del d\u00eda en que vence el t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, esta Sala ha comprendido que las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales deben surtirse en d\u00edas y horas h\u00e1biles, asimismo, que los memoriales recibidos fuera de tales horarios, se comprenden presentados al d\u00eda h\u00e1bil siguiente (CSJ. STC8584-2020, STC4699-2021 STC13728-2021 y STC5064-2022, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se establece que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales de las peticionarias al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, puesto que, si la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb concerniente al env\u00edo de la comunicaci\u00f3n respectiva, para realizar su notificaci\u00f3n personal en los t\u00e9rminos del entonces vigente Decreto 806 de 2020, tuvo lugar el 3 de mayo de 2022 a las 18:28 y 18:36, los t\u00e9rminos debieron comenzar a contabilizarse desde el d\u00eda h\u00e1bil siguiente, esto es, el 4 de mayo de 2022, interpretaci\u00f3n que le habr\u00eda permitido a los funcionarios acusados, tener por contestada la demanda de manera oportuna, en relaci\u00f3n con las solicitantes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha se\u00f1alado esta Corte, si bien se propende en la actualidad por el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en los procesos judiciales, tales herramientas deben garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a los usuarios, por tanto, \u00abante la dicotom\u00eda presentada respecto de la remisi\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos, es necesario atender el derecho sustancial del ciudadano por encima del procesal, en aras de evitar la configuraci\u00f3n de un exceso de ritual manifiesto\u00bb, sin desconocerse la obligaci\u00f3n de \u00abfacilitar el acercamiento del ciudadano a los diferentes medios establecidos para impulsar los procesos, a fin de obtener una verdadera y real justicia\u00bb (CSJ, STC13728-2021 y STC5064-2022). <\/p>\n
Se advierte que la protecci\u00f3n al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia se abre paso en los eventos en que -como ahora- \u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto [lo cual se presenta] cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales (CC T-352\/12)\u00bb (CSJ. STC9028-2018, reiterada en STC13747-2022, entre otras). <\/p>\n
Corresponde advertir, asimismo, que el debido proceso debe ser un medio para alcanzar la satisfacci\u00f3n de los derechos sustanciales, por tanto, no puede ser un obst\u00e1culo para su realizaci\u00f3n, pues \u00abde lo contrario, se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica (\u2026), por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material\u00bb (CC. Sentencia T-1306 de 2001, acogida en CSJ, STC13704-2022). <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
El amparo solicitado ser\u00e1 concedido, por la vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por las peticionarias, la cual tuvo lugar en raz\u00f3n del excesivo rigor manifiesto en que incurrieron los accionados al interpretar las normas aplicables, con lo cual sacrificaron las garant\u00edas de contradicci\u00f3n y defensa de las actoras en el proceso censurado. <\/p>\n
6. En consecuencia, se le ordenar\u00e1 al Tribunal Superior de Cartagena, que deje sin efectos el auto de 15 de noviembre de 2022 y las decisiones que de \u00e9ste se desprendan, y proceda a resolver, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por las accionantes, teniendo en cuenta lo considerado en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la acci\u00f3n de tutela promovida por Jenny del Carmen y Lorena Ochoa Elles. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Magistrado Oswaldo Henry Z\u00e1rate Cort\u00e9s de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la recepci\u00f3n del expediente materia de queja, deje sin efecto el auto de 15 de noviembre de 2022 y las decisiones que de \u00e9ste se desprendan, y proceda a resolver, nuevamente, el recurso de apelaci\u00f3n formulado frente a la providencia de 10 de octubre de 2022, conforme a lo resuelto en esta sentencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Promiscuo de Familia de Momp\u00f3s, que en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda contabilizado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo y siempre que se encuentre en su poder, remita el expediente de uni\u00f3n marital de hecho con radicado N\u00b0 13468-3184-001-2022-00020, a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el punto, pueden consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-522 de 2001. <\/p>\n
3\u0002 \u00abLa notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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STC16356-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC16356-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04193-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jenny del Carmen y Lorena Ochoa Elles contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69575","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69575","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69575"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69575\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69575"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69575"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69575"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}