STC16357-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16357-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01937-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Claudia Durango Mart\u00ednez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura y Colpensiones, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abrevoque o deje sin efectos la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema\u2026 del 17 de agosto de 2022\u2026\u00bb; y se disponga \u00abcasar la sentencia impugnada por v\u00eda del recurso extraordinario o en su defecto, que se ordene a la Corporaci\u00f3n accionada constituirse en sede de instancia y revocar parcialmente la sentencia de primera instancia\u2026 teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Claudia Durango Mart\u00ednez promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Colpensiones y Colfondos SA Pensiones y Cesant\u00edas, con miras a que se declarara la ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional realizado el 5 de mayo de 2000, que se encontraba afiliada al de prima media y se dispusiera el traslado de los valores acreditados en su cuenta de ahorro individual, junto con rendimientos e intereses, adem\u00e1s se condenara a Colpensiones a reconocer y pagar la pensi\u00f3n de vejez, mesadas adicionales, intereses e indexaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, el que dict\u00f3 sentencia el 2 de agosto de 2019, en la que, entre otras cosas, declar\u00f3 la ineficacia del traslado del r\u00e9gimen de prima media al de ahorro individual por falta de consentimiento informado, y que la demandante era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pero no acreditaba los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985, por lo que absolvi\u00f3 a Colpensiones. <\/p>\n
2.3. El 27 de octubre de 2020 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n esa providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 17 de agosto de 2022 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que estuvo afiliada al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida; que el 5 de mayo de 2000 se traslad\u00f3 al r\u00e9gimen de ahorro individual administrado por Colfondos; y que era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues para el 1\u00ba de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 35 a\u00f1os de edad y estaba vinculada con el municipio de Tierralta – C\u00f3rdoba. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que cumpli\u00f3 con las exigencias del Acto Legislativo 01 de 2005, pues ten\u00eda m\u00e1s de 750 semanas para el 25 de julio de 2005, adem\u00e1s m\u00e1s de 500 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores a que cumpliera la edad dispuesta en el Decreto 758 de 1990. <\/p>\n
2.6. Adujo que promovi\u00f3 el juicio criticado con miras a que se declarara la nulidad de su afiliaci\u00f3n y el pago de la pensi\u00f3n de vejez conforme con el Acuerdo 049 de 1990; que si bien se declar\u00f3 la invalidez, no se conden\u00f3 a Colpensiones al pago de su pensi\u00f3n porque no se encontraba afiliada al ISS antes del 1\u00ba de abril de 1994; y que dicha decisi\u00f3n no se cas\u00f3. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que la Corporaci\u00f3n criticada err\u00f3 al interpretar que el Acuerdo 049 de 1990 solo era aplicable a las personas afiliadas antes del 1\u00ba de abril de 1994 al ISS, hoy Colpensiones, toda vez que el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 no establece dicho requisito, sino la edad y los a\u00f1os de servicio cotizados, lo que cumpl\u00eda. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia estableci\u00f3 un requisito adicional, lo que configuraba una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo y desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, en tanto que interpret\u00f3 err\u00f3neamente el Decreto 758 de 1990 que aprob\u00f3 el Acuerdo 049 de 1990 al considerar que solo aplicaba para las personas afiliadas al ISS antes de 1994. <\/p>\n
2.9. Asever\u00f3 que con la decisi\u00f3n cuestionada se descartaban a las personas que no estaban afiliadas previamente al ISS pero estaban vinculadas con entidades p\u00fablicas, como su caso, en tanto que ostentaba la vinculaci\u00f3n con el municipio de Tierralta desde 1981 a 1988; y que agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que en el fallo criticado se consignaron los motivos de la decisi\u00f3n, los que se encontraban ajustados al debido proceso, a las reglas procedimentales generales y especiales, as\u00ed como al precedente jurisprudencial, el que deb\u00eda ser respetado; y que el conflicto jur\u00eddico ordinario ya fue resuelto con efectos de cosa juzgada y plena garant\u00eda de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn refiri\u00f3 que se remit\u00eda a lo expuesto en la sentencia de segundo grado que profiri\u00f3 el 27 de octubre de 2020. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no hizo parte ni fue vinculado al juicio criticado; y que lo debatido en el proceso era un asunto que le correspond\u00eda a Colpensiones, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
4. Porvenir SA inform\u00f3 que la gestora no se encontraba afiliada a esa entidad, pues su vinculaci\u00f3n fue anulada por fallo judicial; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; que no exist\u00eda pretensi\u00f3n en su contra; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta tutela. <\/p>\n
5. Colpensiones SA adujo que el despacho acusado procedi\u00f3 conforme a la ley y la Constituci\u00f3n, as\u00ed como a la jurisprudencia; que no se transgredieron las garant\u00edas esenciales del promotor; que la tutela no era una tercera instancia; que no cumpl\u00eda con los requisitos de procedibilidad del resguardo; que exist\u00eda cosa juzgada; y que no se prob\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al estimar que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos de la gestora; que la simple discrepancia o desacuerdo con la decisi\u00f3n no habilitaba la interposici\u00f3n de la tutela; y que la autoridad acusada actu\u00f3 en derecho. <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que la privaron de la aplicaci\u00f3n del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990; y que le asist\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de vejez conforme con el r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En atenci\u00f3n de la senda de ataque seleccionada por la censura, es relevante y se encuentra por fuera de discusi\u00f3n que la demandante: i) es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional previsto por el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, en raz\u00f3n a la edad; ii) entre el 8 de enero de 1981 y el 7 de julio de 1988, estuvo vinculada al Municipio de Tierralta (C\u00f3rdoba) como servidora p\u00fablica; iii) se afili\u00f3 al ISS hoy Colpensiones el 16 de junio de 1994 con el empleador Coojurisdiccional Ltda. y; vi) super\u00f3 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
A la Corte le corresponde verificar, si el fallador de segundo grado se equivoc\u00f3 cuando neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 del mismo a\u00f1o, por v\u00eda del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, por considerar que: i) tal disposici\u00f3n no le era aplicable a la demandante, en raz\u00f3n a que, a 1 de abril de 1994, no se hallaba afiliada al ISS y ii) no era posible adoptar como fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones el 30 de junio de 1995, dado que Durango Mart\u00ednez ostent\u00f3 la calidad de servidora p\u00fablica hasta el a\u00f1o 1988. <\/p>\n
Pues bien, de entrada la Sala advierte que no existe error en la decisi\u00f3n atacada, pues, como lo consider\u00f3 el Tribunal, en el asunto no resultaba pertinente el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el art. 1 del Decreto 758 del mismo a\u00f1o, en la medida que tal normatividad solamente rige a quienes hubieran estado afiliados al ISS hoy Colpensiones, antes del 1 de abril de 1994; trat\u00e1ndose de servidores p\u00fablicos del orden territorial, antes del 30 de junio de 1995 (CSJ SL2224-2019), que no es el caso de la demandante quien para la fecha de su afiliaci\u00f3n al ISS, 16 de junio de 1994, no ostentaba tal calidad. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n en sentencia CSJ SL3685-2021, explic\u00f3 que para que una persona beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pueda solicitar el amparo del r\u00e9gimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art\u00edculo 1 del Decreto 758 del mismo a\u00f1o, debe haber estructurado una expectativa leg\u00edtima, que no se presenta si se afilia al sistema con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. En dicho pronunciamiento, se reiter\u00f3 la sentencia CSJ SL4392-2020, que explic\u00f3\u2026 <\/p>\n
Y en la CSJ SL4392-2020, se expres\u00f3\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso bajo an\u00e1lisis no era posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el art. 1 del Decreto 758 del mismo a\u00f1o, para efectos del reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez de la demandante, pues, se itera, dicha normatividad regula las prestaciones propias del Instituto de Seguros Sociales, entidad a la que, como viene de verse, se afili\u00f3 el 16 de junio de 1994, es decir, con posterioridad al 1 de abril de 1994, fecha en que, para su caso, entr\u00f3 en vigor del sistema general de pensiones. Lo anterior, teniendo en cuenta que Durango Mart\u00ednez ostent\u00f3 la calidad de servidora p\u00fablica hasta el 7 de julio de 1988, data en que finaliz\u00f3 la prestaci\u00f3n de sus servicios para el Municipio de Tierralta (C\u00f3rdoba), hecho que no fue objeto de discusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, la acusaci\u00f3n no prospera\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que no se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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