STC16361-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16361-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 63001-22-14-000-2022-00114-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 2 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexander Bustamante Toro, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia, Ana Graciela y Sonia Cortes Posso, Olga Luc\u00eda Montoya Pati\u00f1o, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de simulaci\u00f3n de contrato de compraventa de derechos herenciales n\u00famero 005-2016-00280-06. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, dignidad humana e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto relacionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 Relat\u00f3 que Maritza del Pilar Anaya Herrera y Javier Arias Valencia, presentaron demanda en contra de Ana Gabriela Cortes Posso y otras, en la que se plante\u00f3 como pretensi\u00f3n principal que se declarara la simulaci\u00f3n de contrato de compraventa de derechos herenciales sobre inmuebles, y subsidiariamente que se revocara esa venta por incurrirse en fraude pauliano, de la que conoci\u00f3 el Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia y, adelantadas las actuaciones en sentencia de 9 de marzo de 2021 neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en contrav\u00eda con lo se\u00f1alado por la Ley, la jurisprudencia y la doctrina la sentencia de segunda instancia, exigi\u00f3 una prueba adicional, esto es que adem\u00e1s del conocimiento del mal estado de los negocios, se deb\u00eda acreditar la mala fe, cuando la norma no lo exige, pues probar el conocimiento del mal estado de los negocios es suficiente para demostrar la mala fe del comprador. <\/p>\n
Narr\u00f3 que el accionado revoc\u00f3 una decisi\u00f3n de la primera instancia que hab\u00eda excluido como prueba el dictamen pericial, y orden\u00f3 que deb\u00eda tenerse en cuenta, sin embargo, no hizo ninguna valoraci\u00f3n del mismo, con lo que se hubiese tomado una decisi\u00f3n diferente, puesto que demostraba un mayor valor al que fue negociado, indicio grave de que no era una venta real. <\/p>\n
Sostuvo que adem\u00e1s qued\u00f3 demostrado que la compradora nunca tom\u00f3 posesi\u00f3n de los inmuebles porque existe un usufructo vitalicio en favor de un tercero, situaci\u00f3n que genera dudas porque no se explica para que invertir una cantidad de dinero para no ejercer ning\u00fan derecho sobre los bienes. <\/p>\n
Refiri\u00f3 no estar de acuerdo en que el contrato de arrendamiento no fue tachado de falso y que, por tanto, conserva su validez, atendiendo que esta fue una excusa para no valorarlo, cuando hace parte del concierto simulatorio, es prueba de que la venta fue simulada porque nadie arrienda un bien que no ha recibido. <\/p>\n
Afirm\u00f3, en suma, que el Juzgador de segunda instancia no tuvo en cuenta, i) el precio irrisorio, ii) que las vendedoras continuaron en posesi\u00f3n y aparentaron entrega, iii) no recibieron ning\u00fan bien, y \u00e9ste aparec\u00eda arrendando, iv) la compradora adquiri\u00f3 unos bienes afectados por usufructo que nadie comprar\u00eda porque nada recibir\u00eda, v) las vendedoras estaban siendo perseguidas por diversos acreedores y, vi) continuaron en posesi\u00f3n de los inmuebles materia de venta. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar \u00aba la se\u00f1ora Juez PRIMERA CIVIL DEL CIRCUITO DE ARMENIA dentro de las 48 horas siguientes al fallo que se sirva expedir una nueva sentencia donde de acatamiento a la norma legal y en consecuencia acoja las pretensiones de la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso descrito en la acci\u00f3n de tutela, en el que profiri\u00f3 sentencia el 9 de marzo de 2021, en la que neg\u00f3 las pretensiones, y que fue confirmada en providencia de 7 de septiembre de 2022 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, indic\u00f3 que el accionante plantea un debate en cuanto a la valoraci\u00f3n probatoria realizada en esa instancia, no obstante que se efectu\u00f3 de manera razonable y de acuerdo a las normas que gobiernan el caso. <\/p>\n
3. Sonia y Ana Gabriela Cortes Posso, refirieron que la sentencia censurada, fue decidida de conformidad con lo probado, atendiendo los criterios definidos para la valoraci\u00f3n de las pruebas dentro de las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Armenia, luego de examinar las razones legales y f\u00e1cticas que sustentaron la decisi\u00f3n cuestionada declar\u00f3 improcedente el amparo, al concluir que tiene fundamento en una hermen\u00e9utica seria, admisible razonable e integral de los textos jur\u00eddicos que instruyen y disciplinan la acci\u00f3n pauliana y la simulaci\u00f3n absoluta, as\u00ed como en las premisas jurisprudenciales sobre el tema, fundada en la evaluaci\u00f3n de las piezas de procesales de lo que concluy\u00f3 el juzgador que no hab\u00eda lugar a revocar la sentencia de primer grado, y llevaba a su confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante quien reiter\u00f3 que el art\u00edculo 2491 del C\u00f3digo Civil, no exige probar mala fe como elemento de la acci\u00f3n pauliana, sino en tener conocimiento del mal estado de los negocios; el contrato de arrendamiento simulado que desfavorece a la parte demandada, lleva a la conclusi\u00f3n que esa situaci\u00f3n obedec\u00eda a un concierto simulatorio que no fue valorado y tampoco se hizo alusi\u00f3n a la prueba pericial, la cual brill\u00f3 por su ausencia, y era trascendental para probar la cantidad irrisoria por la que se hab\u00edan vendido los bienes para insolventarse y no pagar deudas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, entre otros, que se acuda oportunamente a reclamar la protecci\u00f3n respectiva y, adem\u00e1s, que previamente se agoten todos los recursos ordinarios existentes, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados en este tr\u00e1mite, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 A trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional el se\u00f1or Alexander Bustamante Toro, -sucesor procesal de la demandante Maritza del Pilar Anaya- reprocha la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia el 7 de septiembre de 2022, mediante la cual confirm\u00f3 la del Juzgado Sexto Civil Municipal de esa ciudad de 12 de marzo de 2021, en el proceso que promovi\u00f3 y plante\u00f3 como pretensi\u00f3n principal que se declarara la simulaci\u00f3n de contrato de compraventa de derechos herenciales sobre inmuebles, y subsidiariamente que se revocara esa venta por incurrirse en fraude pauliano. <\/p>\n
A juicio del recurrente, en esa decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 2491 del C\u00f3digo Civil, atendiendo que se demostr\u00f3 que el tercero comprador ten\u00eda conocimiento del mal estado de los negocios del vendedor, y que eso es prueba suficiente del fraude pauliano, puesto que esa regla no exige probar la mala fe. No obstante, examinada la sentencia atacada de segunda instancia se advierte que, contrario a lo que entiende el accionante, se aplic\u00f3 una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
2.2 Observa la Sala que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia para resolver los puntos de apelaci\u00f3n, tuvo en cuenta las pretensiones principales y subsidiarias, en su orden de revocatoria y simulaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica No. 2334 de 31 de octubre de 2014 de la Notar\u00eda Quinta de Armenia, la primera con fundamento en que ese acto tuvo como finalidad defraudar acreedores, y la segunda porque no se hubo voluntad en su celebraci\u00f3n. <\/p>\n
En la providencia, luego de describir los hechos probados en el juicio, concluy\u00f3 que no se demostr\u00f3 la simulaci\u00f3n absoluta, en particular porque no se acredit\u00f3 el concierto simulatorio, tampoco los indicios propios de esta figura jur\u00eddica, puesto que lo legado fue una nuda propiedad, y no se puede establecer el valor para cubrir el pasivo, y conocerse si el precio fue irrisorio, como all\u00ed se explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Para determinar si el acto es simulado o no y si existe el concierto simulatorio, se tiene que atender la actividad probatoria que se encuentra inmersa en el proceso, diciendo de una vez que no existe un solo medio que llegue al convencimiento puntual del asunto, sino que, por el contrario, la actividad probatoria no logra acreditar: la existencia del concilum fraudis y que efectivamente se pretend\u00eda desviar el patrimonio. Es m\u00e1s, ni siquiera se logra reunir los indicios propios de la simulaci\u00f3n, como se ver\u00e1: lo legado es una nuda propiedad, no se puede establecer si serv\u00eda para cubrir el pasivo, pues se valor\u00f3 comercialmente la totalidad del predio, por lo que se desconoce entonces si el precio es o no irrisorio, no hay respaldo probatorio respecto de la participaci\u00f3n de la compradora de lo legado y su conocimiento del estado de insolvencia de las reclamadas. <\/p>\n
Por otra parte, sostuvo que, si bien los declarantes dieron cuenta de los pr\u00e9stamos efectuados por las demandas, \u00abde rumores sobre eludir pagos\u00bb y la permanencia de las vendedoras de los derechos herenciales en el inmueble, exist\u00edan dos aspectos que permit\u00edan cuestionar la prosperidad de una acci\u00f3n simulatoria, uno que no se acredit\u00f3 el precio irrisorio, y el otro, que se acredit\u00f3 que se realiz\u00f3 un pago con el que se dio por terminado un proceso ejecutivo, as\u00ed se explic\u00f3, <\/p>\n
En este asunto, s\u00f3lo se define un valor comercial sobre la totalidad de los bienes, sin que se haya efectuado un estudio en lo que corresponde a la nuda propiedad y el valor de las cuotas. Las demandadas acreditaron con los documentos obrantes a folios 148 y 150 del pdf 03 que se efectu\u00f3 precisamente el pago de una de las deudas de las se\u00f1oras Cort\u00e9s Posso: pagaron $41.000.000 y se dio por terminado el proceso ejecutivo que se segu\u00eda en su contra. As\u00ed las cosas, a pesar de los rumores relatados por los testigos, si la intenci\u00f3n era hacer un negocio simulado para defraudar a los acreedores \u00bfc\u00f3mo pagaron las deudas a la se\u00f1ora Alzate Jaramillo? \u00bfc\u00f3mo se radic\u00f3 memorial de terminaci\u00f3n del proceso por pago?. <\/p>\n
Igualmente se explic\u00f3, que si bien permanece un referente indiciario, ante la presunci\u00f3n de validez de los actos jur\u00eddicos aquel no puede ser la base de una pretensi\u00f3n simulatoria, \u00abSi bien se insiste en la permanencia de las deudoras en uno de los bienes inmuebles, ser\u00eda pr\u00e1cticamente el \u00fanico referente indiciario, pero, ante la presunci\u00f3n de validez de los actos jur\u00eddicos no puede constituir aisladamente el \u00fanico medio de prueba para construir la prosperidad de una pretensi\u00f3n simulatoria\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la ausencia de posesi\u00f3n de la compradora sobre los predios, tambi\u00e9n se encontr\u00f3 una raz\u00f3n que la justificaba, puesto que se explic\u00f3, \u00abPara el indicio de la falta de posesi\u00f3n de la compradora en los predios, es apenas l\u00f3gico que, si sobre dos bienes existe usufructo vitalicio, no es jur\u00eddicamente posible detentar actos de posesi\u00f3n ya que el uso y goce lo tiene el usufructuario\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se observan otros argumentos en relaci\u00f3n con la falta de prueba del concierto simulatorio, puesto que se afirm\u00f3, \u00abPara colmo, de las pruebas testimoniales recaudadas a instancia de la parte reclamante, esto es, los se\u00f1ores OCTAVIO ARCILA QUINTERO y MAURICIO GARC\u00cdA HERRERA no se logra inferir que la codemandada compradora, esto es, la se\u00f1ora OLGA LUC\u00cdA PATI\u00d1O se prestara para las maniobras simulatorias que se endilgan al negocio jur\u00eddico cuestionado\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, asever\u00f3 que las partes reclamantes desconoc\u00edan de la existencia de un acuerdo conciliatorio, e indic\u00f3 que Javier Arias Valencia manifest\u00f3 que \u00abno puede aseverar que la compradora se prest\u00f3 o confabul\u00f3 para poder hacer la venta ficticia\u00bb, y que el \u00abcesionario de los derechos litigiosos, se tiene que su adquisici\u00f3n fue posterior a la audiencia inicial y si bien conoce de algunos pormenores, no logra indicar con suficiencia que efectivamente se haya dado un acuerdo para defraudar entre las codemandantes, a lo que se suma que mal har\u00eda, como parte, de valerse de su propio dicho\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la acci\u00f3n pauliana, se concluy\u00f3 que la fijaci\u00f3n del litigio no llevaba a su prosperidad, si bien de \u00e9l se infer\u00eda el mal estado de los negocios de las cuestionadas, no era este el \u00fanico presupuesto de dicha pretensi\u00f3n, sino que deb\u00eda demostrarse la mala fe, y para el efecto se resalt\u00f3 que la regla que la gobierna, establece \u00absiendo de mala fe el otorgante y el adquirente\u201d, pues es claro como se demostr\u00f3 con la prueba documental que se pag\u00f3 uno de los pasivos de las codemandadas\u00bb, y para fortalecer lo anterior, record\u00f3 la jurisprudencia de esta Sala, en la que se manifest\u00f3, \u00abque \u00e9ste, por ser conocedor del mal estado de sus negocios, act\u00fae con la intenci\u00f3n de defraudarlos; pero si el acto se realiz\u00f3 a t\u00edtulo oneroso, es menester que el tercero contratante tenga conocimiento del mal momento del deudor (consilium fraudis)\u00bb. <\/p>\n
2.3 No obstante, el accionante insiste que el art\u00edculo 2491 del C\u00f3digo Civil, no exige probar la mala fe, puesto que esta consiste en conocer el mal estado de los negocios, y como est\u00e9 qued\u00f3 acreditado, sus pretensiones debieron salir avante, argumento que no puede ser acogido, en tanto que la postura del juzgador de instancia corresponde a un entendimiento plausible de esa regla y de la sentencia de esta corporaci\u00f3n que tom\u00f3 como referencia para la resoluci\u00f3n del caso. <\/p>\n
De un lado, se tiene que la mencionada disposici\u00f3n, consagra, \u00ablos acreedores tendr\u00e1n derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero\u00bb. Una lectura de esa regla permitir\u00eda en principio entender lo que sostiene el accionante, esto es que bastar\u00eda demostrar que ambos contratantes conocieran del mal estado de los negocios del deudor para entender que tambi\u00e9n se acredit\u00f3 la mala fe. <\/p>\n
En la providencia citada por el accionado esto es en CSJ. SC. 24 jul. 2002. Exp. 5887, la Corte hace hincapi\u00e9 en que los negocios que pueden ser objeto de acci\u00f3n pauliana son aquellos que fueron otorgados fraudulentamente, se dice, \u00abmediante la referida acci\u00f3n los acreedores pueden demandar la revocaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos realmente ajustados por su deudor, pero que han sido otorgados por \u00e9ste fraudulentamente y en perjuicio de los derechos de aquellos\u00bb. En particular, frente a los actos onerosos se se\u00f1al\u00f3 que necesariamente \u00abel tercero con quien contrat\u00f3 el deudor tambi\u00e9n sea de mala fe (consilium fraudis), [y] en virtud del designio moralizador y \u00e9tico que caracteriza dicha acci\u00f3n, la misma est\u00e1 orientada a reprimir los actos de mala fe\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, se se\u00f1al\u00f3 que los elementos que edifican esa acci\u00f3n, son los siguientes, \u00aba) que el demandante sea titular de un cr\u00e9dito preexistente al acto cuestionado, a cargo del deudor demandado; b) que el negocio impugnado, que ha de ser real, cause perjuicio a sus acreedores (eventus damni), en cuanto haya determinado o agravado la insolvencia del deudor; c) que \u00e9ste, por ser conocedor del mal estado de sus negocios, act\u00fae con la intenci\u00f3n de defraudarlos; pero si el acto se realiz\u00f3 a t\u00edtulo oneroso, es menester que el tercero contratante tenga conocimiento del mal momento del deudor (consilium fraudis)\u00bb. <\/p>\n
Como puede apreciarse, de la lectura de esos dos apartes, puede entenderse que en los negocios a t\u00edtulo oneroso para que sean objeto de la acci\u00f3n pauliana, debe acreditarse que el tercero con quien contrat\u00f3 el deudor tambi\u00e9n sea de mala fe, es decir que tuvo conocimiento del mal momento del deudor y la intenci\u00f3n o conciencia de participar en la defraudaci\u00f3n de acreedores. <\/p>\n
Catalogar como arbitraria la interpretaci\u00f3n del Juzgador ad quem, es hacer de lado que la providencia referida cita los vocablos -consilium fraudis-, que traducen la intenci\u00f3n fraudulenta de perjudicar o cuando menos la conciencia del perjuicio que se ocasiona con el acto de disposici\u00f3n (Diccionario panhisp\u00e1nico del espa\u00f1ol jur\u00eddico, 2022, Real Academia Espa\u00f1ola, consultado en https:\/\/dpej.rae.es\/lema\/consilium-fraudis). <\/p>\n
Inclusive, la doctrina especializada explica, \u00abEn cuanto al fraude o mala fe del tercer adquirente de un bien del deudor, es necesario distinguir: si se trata de negocios onerosos, se exige el fraude del tercer adquirente (\u2026). El motivo de esa distinci\u00f3n es claro: en los contratos a t\u00edtulo oneroso debe exigirse el concierto fraudulento del deudor y el tercero adquirente; para que pueda atacarse el contrato; si el \u00faltimo es de buena fe, el negocio es inatacable\u00bb (Valencia Zea; Arturo. Derecho Civil. Tomo III. De las obligaciones. S\u00e9ptima edici\u00f3n. Bogot\u00e1: 1986. Temis SA. p\u00e1g. 82). <\/p>\n
El anterior recuento, impone concluir que la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonablemente, y no emerge v\u00eda de hecho que haga procedente la acci\u00f3n de tutela, puesto que contiene una respetable interpretaci\u00f3n del ordenamiento, en particular porque el elemento probatorio echado de menos por el juzgador se puede entender exigible de cara a la providencia de esta Corte que se tom\u00f3 como base de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2.4 De otra parte, el accionante insiste que no se tuvo en cuenta el dictamen pericial que era trascendental para probar la cantidad irrisoria por la que se vendieron los bienes, pasando de lado que en la providencia cuestionada se concluy\u00f3 que ese indicio no qued\u00f3 acreditado porque el negocio recay\u00f3 fue sobre la cesi\u00f3n del derecho real de herencia y la justipreciaci\u00f3n era diferente, sin que se haya efectuado un estudio en lo que corresponde a la nuda propiedad y el valor de las correspondientes cuotas. <\/p>\n
Igualmente ocurre con la denuncia de que no fue valorado el contrato de arrendamiento y que como este carec\u00eda de veracidad, permit\u00eda concluir que la permanencia de las demandadas en el inmueble obedec\u00eda a un concierto simulatorio, cuando frente a esta situaci\u00f3n el juzgador ad quem concluy\u00f3 que esto correspond\u00eda a un referente indiciario, sin embargo ante la presunci\u00f3n de validez de los actos jur\u00eddicos no pod\u00eda constituir aisladamente el \u00fanico medio de prueba para que saliera avante la pretensi\u00f3n simulatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De esas manifestaciones, surge claro que el se\u00f1or Alexander Bustamante Toro no comparte los argumentos sostenidos en la providencia atacada, tanto de interpretaci\u00f3n normativa como de valoraci\u00f3n probatoria y v\u00eda impugnaci\u00f3n pretende que se acojan sus criterios, echando de menos que este tr\u00e1mite no corresponde a un recurso adicional, sino un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es una raz\u00f3n para que salga avante, atendiendo que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, reiterada en STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022 y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
Cabe recordar que, con respecto al an\u00e1lisis de las providencias judiciales por v\u00eda de tutela, esta Corte ha establecido que, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ. STC1161-2021, STC13815-2021, STC 2261-2022 y STC5994-2022, entre muchos). <\/p>\n
4. Con fundamento en lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16361-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC16361-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 63001-22-14-000-2022-00114-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}