STC16363-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16363-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02037-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 11 de octubre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Davidson D\u00edaz Crespo, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja y a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2020-03590. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que el 29 de junio de 2021, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja, se llev\u00f3 a cabo las audiencias preliminares en donde se formul\u00f3 imputaci\u00f3n de cargos en su contra, por el punible de acceso carnal violento agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo y acto sexual abusivo con menor de catorce a\u00f1os. Cargos que no acept\u00f3. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que, una vez radicado el escrito de acusaci\u00f3n, le correspondi\u00f3 la etapa de juzgamiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja, el cual, instal\u00f3 audiencia de acusaci\u00f3n el 27 de septiembre de 2021, escenario en el que la defensa y el ministerio p\u00fablico solicitaron aclaraci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, tocantes a los aspectos temporales. <\/p>\n
2.2. Tras ser escuchada la Fiscal\u00eda, solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado con fundamento en el art\u00edculo 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. La autoridad de conocimiento -con prove\u00eddo del 11 de octubre de 2021- resolvi\u00f3 decretar la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y orden\u00f3 su libertad. <\/p>\n
2.3. Frente a tal determinaci\u00f3n, el ente acusador present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Colegiado accionado -con auto del 31 de agosto de 2022- revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n al decretar la nulidad a partir de la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n. Adem\u00e1s, dej\u00f3 vigente la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva decretada con anterioridad. <\/p>\n
2.4. Adujo que la autoridad judicial atacada incurri\u00f3 en defecto procedimental con la modificaci\u00f3n del inicio de la declaratoria de nulidad, lo que origina \u201cun vac\u00edo judicial\u201d respecto a los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en atenci\u00f3n a que la audiencia de imputaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo el 29 de junio de 2021, lo que deriva una posible libertad por vencimiento de t\u00e9rminos. Indic\u00f3 que con la determinaci\u00f3n del Tribunal se vulneran sus derechos al quedar vigente la medida de aseguramiento, dado que las circunstancias que motivaron en su momento a la fiscal\u00eda para la expedici\u00f3n de la orden de captura, cambiaron al decretarse la nulidad de la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se revoque el auto proferido por el Tribunal encarado. Y, en su lugar, se deje en firme la decisi\u00f3n emitida por el juez de primera instancia que decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Fiscal Sexto Seccional delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja1, pidi\u00f3 denegar el amparo por improcedente. Esto pues, \u00abel accionante cuenta con herramientas e instrumentos procesales para evitar que se genere una transgresi\u00f3n a sus derechos fundamentales\u00bb. Inform\u00f3 que el gestor \u00abes conocedor que en su contra recae una medida de aseguramiento y no obstante ello no ha comparecido ante la Fiscal\u00eda u otra autoridad para definir su situaci\u00f3n frente a la medida provisional impuesta, para de esa forma definir si lo procedente es continuar en libertad o privado de ella; o inclusive acudir a una solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que la inconformidad planteada por el actor va dirigida en contra de la determinaci\u00f3n proferida por el Tribunal atacado. Por lo tanto, pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga2, luego de relatar sus actuaciones, solicit\u00f3 que se deniegue el amparo, teniendo en cuenta que en la determinaci\u00f3n adoptada no hay elementos que configuren una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barrancabermeja hizo un recuento de sus actuaciones y remiti\u00f3 el link del proceso. <\/p>\n
4. Elida Mercedes Hern\u00e1ndez Rico, vinculada al presente tr\u00e1mite y familiar de la v\u00edctima, implor\u00f3 que se deniegue la presente acci\u00f3n constitucional y se mantenga la decisi\u00f3n emitida por el Colegiado de Bucaramanga. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo Consider\u00f3 que \u00abla providencia objetada resulta razonable, motivo por el cual no le es permitido al juez constitucional entrar a controvertirla so pretexto de tener una opini\u00f3n diferente, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el juez natural y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten las desviaciones protuberantes a que se ha hecho menci\u00f3n, asunto que se reitera en el sub lite no aconteci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abdejar en firme la decisi\u00f3n del Honorable Tribunal Superior de Bucaramanga, es abiertamente violatorio de mis garant\u00edas constitucionales como son el debido proceso y derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 31 de agosto de 2022, con el cual se revoc\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n del 11 de octubre de 2021, para declarar la nulidad de lo actuado a partir de la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga -con prove\u00eddo del 31 de agosto de 20223- expres\u00f3 las razones que lo llevaron a adoptar su decisi\u00f3n. Para ello, luego de invocar los art\u00edculos 455 al 458 de la Ley 906 de 2004, referentes a las causales e ineficacia de los actos procesales al interior del proceso penal y la sentencia SP 823 de 2021 proferida por esta corporaci\u00f3n, sobre los principios que deben verificarse para la configuraci\u00f3n de los mismos. As\u00ed como del art\u00edculo 448 de la citada disposici\u00f3n tocante con el principio de congruencia, se\u00f1al\u00f3 que los \u00abhechos jur\u00eddicamente relevantes deben ser debidamente estructurados por el ente acusador de modo que permitan su subsunci\u00f3n en el tipo delictivo por el que se pretende formular la respectiva acusaci\u00f3n\u00bb, en el entendido que estos \u00abno podr\u00e1n ser objeto de variaci\u00f3n a lo largo del proceso penal y ser\u00e1n un limitante a la hora de proferir la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2.1. Posteriormente, se refiri\u00f3 a las actuaciones del ente acusador. Destac\u00f3 que este \u00abomiti\u00f3 delimitar el marco temporal de cada uno de los il\u00edcitos enrostrados al procesado, pues si bien de la lectura del desafortunado n\u00facleo f\u00e1ctico contenido en el escrito de acusaci\u00f3n, puede extraerse que los actos sexuales abusivos comenzaron a perpetrarse en el mes de diciembre del a\u00f1o 2015, lo cierto es que en lo que ata\u00f1e a los accesos carnales, dif\u00edcilmente puede establecerse un punto de partida, pues la menci\u00f3n que se hace al mes de abril de 2016 no se circunstanci\u00f3 a estos efectos, limit\u00e1ndose el ente acusador a referir que, despu\u00e9s de que la v\u00edctima se desarroll\u00f3 y a medida que el procesado fue tomando m\u00e1s confianza \u2013 desconoci\u00e9ndose en que tiempo sucedi\u00f3 esto- empez\u00f3 con los accesos carnales\u00bb. <\/p>\n
2.2. A rengl\u00f3n seguido, indic\u00f3 que a pesar de dar mayores detalles sobre los eventos mencionados en la audiencia de imputaci\u00f3n, \u00abel ente acusador fue incapaz de indicar en qu\u00e9 fecha comenzaron a perpetrarse, ello no por la dificultad de la menor de individualizar las circunstancias en las que fue sometida a los vej\u00e1menes denunciados, sino por la precaria labor investigativa del ente acusador a quien le asist\u00eda la obligaci\u00f3n de desplegar las actividades pertinentes para, a partir de los detalles narrados por la menor, establecer un l\u00edmite temporal concreto que sustentar\u00e1 su acusaci\u00f3n.\u00bb. En cuanto a \u00ablo que ata\u00f1e a los quinientos hechos restantes, la situaci\u00f3n es mucho m\u00e1s gravosa, pues si bien, no le es exigible a la menor v\u00edctima de un delito sexual llevar una bit\u00e1cora de todos los vej\u00e1menes a los que fue sometida, con fecha, hora y lugar exactos, a lo sumo la fiscal\u00eda si debi\u00f3 delimitar las circunstancias de modo y lugar en las que generalmente se presentaban dichas conductas delictivas\u00bb <\/p>\n
2.3. Por las anotadas falencias, y con fundamento en la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n4, encontr\u00f3 procedente acudir al mecanismo procesal de la nulidad, \u00abtoda vez que se verific\u00f3 la configuraci\u00f3n de una causal taxativa que genera la ineficacia de los actos procesales, pero no como lo consider\u00f3 el A quo -desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n-, sino desde la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, en aras de que el ente acusador procure la celebraci\u00f3n de una audiencia de imputaci\u00f3n complementaria, en la que delimite con claridad los hechos jur\u00eddicamente relevantes para preservar as\u00ed el debido proceso y el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
2.4. En la misma l\u00ednea puntualiz\u00f3 que, \u00absi bien la irregularidad se avizora desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, existe otro remedio procesal diferente a la invalidaci\u00f3n de dicho acto que permite subsanar el yerro y resulta menos gravoso para el principio de celeridad que rige el procedimiento penal y los derechos de la v\u00edctima menor de edad, sujeto de especial protecci\u00f3n, ello a trav\u00e9s de la adici\u00f3n de la imputaci\u00f3n; resultando entonces imperioso la declaratoria de nulidad de lo actuado a partir de la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n en aras a que se supla dicha falencia a trav\u00e9s del mecanismo ya aludido\u00bb. Ello, teniendo en cuenta que en la causa penal, \u00abel yerro afecta la estructura misma del proceso al vulnerar garant\u00edas constitucionales de los sujetos procesales, por lo que no es viable acudir a los correctivos de las nulidades, entendidos como convalidaci\u00f3n y trascendencia para superar su declaratoria, bajo el entendido que el hecho de no delimitar en qu\u00e9 consisti\u00f3 concretamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se ejecut\u00f3 las conductas punibles mina el proceso en s\u00ed mismo, por lo que, el hecho de que el defensor no hubiese advertido esta irregularidad desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de ninguna manera puede entenderse como una convalidaci\u00f3n de dicho yerro\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, precis\u00f3 que \u00abal revocar la determinaci\u00f3n del A quo de declarar la nulidad de la actuado desde la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n celebrada el 29 de junio de 2021 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Barrancabermeja, queda vigente la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario decretada en dicha oportunidad y en consecuencia, para la materializaci\u00f3n de dicha medida de aseguramiento al ente acusador le asiste la obligaci\u00f3n de adelantar las actuaciones tendientes a la expedici\u00f3n de la correspondiente orden de captura ante el juez de control de garant\u00edas, en virtud de lo preceptuado en los articulo 297 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. En m\u00e9rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en Sala de Decisi\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.5 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Finalmente, en cuanto al referido vac\u00edo legal relacionado con las causales de libertad de que trata el art\u00edculo 317 de C.P.P., se reitera que el juez de tutela no est\u00e1 llamado a intervenir en asuntos que corresponden al juez natural pues, es claro que el actor cuenta con la posibilidad de solicitarle a la autoridad competente la aplicaci\u00f3n de la misma. Por tanto, ser\u00e1 ella quien determinar\u00e1 lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
5. En definitiva, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, resuelve: CONFIRMAR la sentencia impugnada. Comunicar esta providencia a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. En oportunidad, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-2. Anexo Respuesta Fiscalia.pdf. Carpeta Respuestas. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-4. Respuesta Tribunal.pdf. Carpeta Respuestas <\/p>\n
3\u0002 Folio 23-47. Anexo 0002 126766Demanda.pdf. <\/p>\n
4\u0002 cuando el fiscal considere procedente incluir los referentes f\u00e1cticos de nuevos delitos, introducir cambios factuales que den lugar a un delito m\u00e1s grave o modifiquen el n\u00facleo de la imputaci\u00f3n, deber\u00e1 acudirse a la adici\u00f3n de la imputaci\u00f3n, agotando los tr\u00e1mites procesales pertinentes para ello. ( CJS, AP, 5 mayo 2021, rad 55519) <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16363-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16363-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02037-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}