STC16365-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16365-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01839-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 13 de septiembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Tom\u00e1s Eloy Padilla, Carlos Barrios Rocha y Jos\u00e9 Luis Arteaga Pe\u00f1a, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. Narraron que el 7 de octubre del 2020, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas, la Fiscal\u00eda 181 Especializada de Cartagena formul\u00f3 imputaci\u00f3n de cargos en su contra, como presuntos coautores del delito de abuso de confianza calificado agravado. Cargos a los cuales se allanaron. <\/p>\n
2. Informaron que posteriormente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito vinculado -en audiencia del 3 de agosto de 2021- resolvi\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado. Ello pues, el ente acusador err\u00f3 en lo concerniente al tiempo de la pena, toda vez que comunic\u00f3 que la m\u00ednima correspond\u00eda a 54 meses de prisi\u00f3n, cuando en realidad esta corresponde a 64 meses. Adem\u00e1s, puntualiz\u00f3 que tampoco se hab\u00eda realizado el descubrimiento de los elementos materiales probatorios que sustentaran la responsabilidad penal de los procesados en la imputaci\u00f3n. Y, que dicha autoridad no inform\u00f3 lo concerniente a lo establecido en el art\u00edculo 349 del C.P.P., relativo al reintegro de por lo menos el 50% del valor del incremento patrimonial obtenido con ocasi\u00f3n a la comisi\u00f3n de la conducta il\u00edcita. <\/p>\n
3. Ante tal determinaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda y el representante de la v\u00edctima presentaron recurso de apelaci\u00f3n. El Colegiado atacado -con providencia del 28 de febrero de 2022- consider\u00f3 que \u00abninguna de las razones ofrecidas por el juez de primera instancia era aceptable para disponer la nulidad de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb. En consecuencia, resolvi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n de primera instancia. Y orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente a fin de que se contin\u00fae con el tr\u00e1mite de rigor de la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, demandaron que se deje sin efecto el auto proferido por el Tribunal encarado. Y, en su lugar, dejar en firme la decisi\u00f3n emitida por el juez de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
2. Ecopetrol S.A.2 indic\u00f3 que es v\u00edctima en la investigaci\u00f3n penal que se adelanta en el juzgado vinculado. Afirm\u00f3 que \u00abla Audiencia de Verificaci\u00f3n de Allanamiento se program\u00f3 para el 19 mayo de 2022, se aplaz\u00f3 para el 12 de Julio 2022 y la nueva fecha es el 16 de septiembre 2022, en donde los mismos accionantes han pedido el aplazamiento\u00bb. Solicit\u00f3 que \u00abse exima y excluya a ECOPETROL S.A. de toda responsabilidad frente los reclamos de los accionantes y por ende se NIEGUE la Tutela impetrada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00abcontrario a la exposici\u00f3n de los demandantes, no se observa en este caso que se haya incurrido en una v\u00eda de hecho que amenazara sus derechos fundamentales, sino que, en garant\u00eda de los mismos, el Tribunal dispuso la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento bajo la plena observancia de la Constituci\u00f3n y Ley\u00bb. Por tanto, concluy\u00f3 que \u00ablos razonamientos planteados en el auto controvertido son ajustados a derecho, porque tiene soporte en las disposiciones legales pertinentes y la jurisprudencia aplicable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formularon los promotores. No comparten lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abel juez de primera manifiesta que no se nos violent\u00f3 ning\u00fan derecho constitucional, cuando literalmente s\u00ed se violentaron, con este nuevo sistema penal acusatorio los procedimientos que se deben aplicar en una investigaci\u00f3n deben ser precisos para alcanzar una investigaci\u00f3n perfecta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los tutelantes, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 28 de febrero de 2022, con el cual se revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del 3 de agosto de 2021, que declar\u00f3 la nulidad de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n de cargos. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena -con providencia del 28 de febrero de 20223- expres\u00f3 las razones que lo llevaron a adoptar su decisi\u00f3n. Para ello, luego de invocar los art\u00edculos 455 al 458 de la Ley 906 de 2004, referentes a las causales e ineficacia de los actos procesales al interior del proceso penal, expres\u00f3 que \u00absi bien es cierto se pudo generar en los procesados una falsa expectativa o aspiraci\u00f3n de una pena menor a la que realmente corresponde para el punible de abuso de confianza calificado agravado, no lo es menos que para superar tal circunstancia bastaba con que en la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento los procesados fueran informados de los extremos punitivos correctos, y se indagara si aun as\u00ed perviv\u00eda su voluntad de aceptar cargos. En caso negativo, la consecuencia indefectible ser\u00eda la improbaci\u00f3n del allanamiento\u00bb. Ello en raz\u00f3n a que la nulidad \u00abdebe adoptarse en forma residual cuando no se avizore otra soluci\u00f3n menos traum\u00e1tica a la actuaci\u00f3n. En este caso no tiene ning\u00fan sentido retrotraer la actuaci\u00f3n para que se repita el procedimiento viciado ante el juez de control de garant\u00edas pues los procesados pueden ofrecer su respuesta ante el juez de conocimiento, el cual deber\u00e1 constatar que se re\u00fanan todas las condiciones para que no se les vulnere ninguna garant\u00eda fundamental\u00bb. <\/p>\n
2.1. En adici\u00f3n, explic\u00f3 que, en el caso en concreto, los accionantes ratificaran la aceptaci\u00f3n de cargos ante el juez de conocimiento, y \u00ablos efectos de este acuerdo ser\u00edan los mismos a los del allanamiento cuando tiene lugar en la primera oportunidad procesal, pues materialmente eso fue lo que sucedi\u00f3 en este caso, solo que hubo la necesidad de hacer una correcci\u00f3n de la pena imponible. Mientras que, si la respuesta es negativa, la conclusi\u00f3n solo puede ser que no se cuenta con el consentimiento para el acuerdo y, por lo tanto, debe improbarse\u00bb. Por ello, estim\u00f3 que \u00abla nulidad de la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n no resulta procedente cuando el procesado ha sido informado de una pena menos gravosa, y este acept\u00f3 cargos, como ocurri\u00f3 en el caso de an\u00e1lisis\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, se refiri\u00f3 sobre el momento en que debe efectuarse el descubrimiento probatorio, pues \u00aberr\u00f3neamente, cierto reproche hizo el a quo a que el mismo no se hubiere en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb. En ese sentido, enfatiz\u00f3 que \u00abdicha audiencia no es el escenario propicio para el descubrimiento probatorio, ni en el que la Fiscal\u00eda tiene la obligaci\u00f3n de explicar de qu\u00e9 modo obtuvo las evidencias en que afinca la premisa f\u00e1ctica, o qu\u00e9 tipo de valoraci\u00f3n probatoria fue la que hizo para construir los hechos que plasma en ese acto de comunicaci\u00f3n. Esas cargas procesales, trat\u00e1ndose de audiencias preliminares solo debe cumplirlas con rigor el ente acusador en audiencias como la de solicitud de medida de aseguramiento si es que quiere sacar avante la pretensi\u00f3n de lograr una medida cautelar de car\u00e1cter personal contra el imputado\u00bb. <\/p>\n
2.3. En la misma l\u00ednea record\u00f3 que, luego de realizada la imputaci\u00f3n de cargos ante el juez de control de garant\u00edas, \u00absi el procesado se allana a los cargos, corresponde al funcionario judicial corroborar la aceptaci\u00f3n de responsabilidad por el Juez de Control de Garant\u00edas, luego de lo cual, lo actuado se remite al juez de conocimiento, quien, acorde con los precedentes de la Corte Suprema de Justicia4 , deber\u00e1 verificar y pronunciarse de fondo sobre ese allanamiento\u00bb, considerando lo establecido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 327 del C.P.P., tocante con la protecci\u00f3n de presunci\u00f3n de inocencia de los procesados en la verificaci\u00f3n de allanamiento. <\/p>\n
2.4. En sustento, trajo a colaci\u00f3n lo expuesto por la Sala hom\u00f3loga penal en el sentido que: <\/p>\n
No debe olvidarse que el descubrimiento de las pruebas se inicia en la fase de acusaci\u00f3n. Ahora bien, si la Fiscal\u00eda pretende hacer un descubrimiento anticipado, para facilitar el allanamiento a cargos o un acuerdo, debe buscar el momento adecuado para hacerlo, que, en todo caso, no ser\u00e1 la audiencia de imputaci\u00f3n, por las razones que se acaban de explicar\u2026 <\/p>\n
Del anterior an\u00e1lisis se extraen las siguientes reglas sobre la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n: (i) el an\u00e1lisis sobre la procedencia de la imputaci\u00f3n \u2013juicio de imputaci\u00f3n- est\u00e1 reservado al fiscal; (ii) los jueces no pueden ejercer control material sobre esa actividad, sin perjuicio de las labores de direcci\u00f3n, orientadas a que se cumplan los presupuestos formales del acto comunicacional y a evitar la tergiversaci\u00f3n del objeto de la audiencia; (iii) producto de ese an\u00e1lisis, el fiscal debe extraer la hip\u00f3tesis de hechos jur\u00eddicamente relevantes, que debe abarcar el tipo b\u00e1sico, las circunstancias gen\u00e9ricas y espec\u00edficas de mayor punibilidad, etc\u00e9tera, para lo que debe diferenciar los aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del cargo; (iv) el referido an\u00e1lisis, o juicio de imputaci\u00f3n, no puede realizarse en medio de la audiencia; (v) en ese escenario la defensa no puede controvertir el juicio de imputaci\u00f3n, ni determinar a la Fiscal\u00eda para que formule los cargos; (vi) en la audiencia de imputaci\u00f3n no hay lugar a descubrimiento probatorio, por lo que el fiscal debe limitarse a la identificaci\u00f3n del imputado, a comunicar la hip\u00f3tesis de hechos jur\u00eddicamente relevantes y a informar, en los t\u00e9rminos previstos en la ley, sobre la posibilidad de allanarse a los cargos; (vii) al efecto, no pueden confundirse los hechos jur\u00eddicamente relevantes, los hechos indicadores y los medios de conocimiento que les sirven de fundamento; y (viii) si el fiscal, por estrategia, pretende descubrir anticipadamente evidencias f\u00edsicas, entrevistas o cualquier otro tipo de informaci\u00f3n, debe hacerlo por fuera de la audiencia, para evitar la dilaci\u00f3n y tergiversaci\u00f3n de la misma\u00bb.( CSJ-SP2042-2019) <\/p>\n
2.5. Seguidamente, se pronunci\u00f3 sobre el momento en que debe verificarse el reintegro patrimonial de que trata el art\u00edculo 349 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Invoc\u00f3 la sentencia SP-14496 del 27 de septiembre de 2017, en la que \u00abqued\u00f3 establecido en cabeza de los jueces el deber de verificar, en los casos de allanamiento a cargos, en que el sujeto activo ha obtenido un incremento patrimonial a partir de la conducta punible, que se hubiese reintegrado por lo menos el 50% de ese beneficio il\u00edcito y asegurado el pago del valor restante, conforme a lo normado en el art. 349 del estatuto penal procedimental actual\u00bb. Y concluy\u00f3 que \u00abel hecho de que los procesados no hayan sido informados acerca de esta exigencia no constituye vicio del consentimiento alguno, pues de acuerdo a la jurisprudencia vigente de la Corte, en caso de no cumplirse con este requisito, simplemente no es posible dar viabilidad al allanamiento, debi\u00e9ndose retomar el procedimiento ordinario\u00bb. Por tanto, \u00abcorresponde al juez de conocimiento, en la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento zanjar el tema del reintegro de lo apropiado con ocasi\u00f3n a las conductas punibles, cosa que en modo alguno puede esperar a ser subsanado en la audiencia del 447 del C.P.P., y menos a\u00fan pretender que en el evento en que no se supere tal exigencia el procesado se haga acreedor a la totalidad de la pena que la habr\u00eda sido impuesta de resultar vencido mediante el procedimiento ordinario, ya que tal proceder vulnerar\u00eda sus derechos y garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.5 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los accionantes. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. En definitiva, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comunicar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. En oportunidad, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-2. Anexo Respuesta Fiscalia.pdf. Carpeta Respuestas. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-2. Respuesta Ecopetrol.pdf. Carpeta Respuestas <\/p>\n
3\u0002 Folio 8-23. Anexo 0002 126232Demanda.pdf <\/p>\n
4\u0002 CSJ, SP367-2021, de 17 de febrero, Rad. 48015; SP2073-2020 de 24 de junio, Rad. 52227; SP5660-2018, de 11 de diciembre, Rad 52311 <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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