STC16366-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16366-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-00945-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso (presunci\u00f3n de inocencia, juez natural, defensa, favorabilidad), trabajo, honra y buen nombre, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que fue llamada a un juicio disciplinario por la conducta descrita como falta en el art\u00edculo 35.4 de la Ley 1123 de 2007, calificada a t\u00edtulo de dolo, pues fue se\u00f1alada por su cliente Mauricio Armando Trujillo Camacho, de \u00abno haber[le] entregado en su totalidad\u00bb el dinero correspondiente al pago de la indemnizaci\u00f3n obtenida en un proceso administrativo de reparaci\u00f3n directa adelantado en su nombre, contra el Ministerio de Defensa. <\/p>\n
Explic\u00f3 que result\u00f3 sancionada el 28 de marzo de 2019 por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Huila, con suspensi\u00f3n de seis (6) meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n, decisi\u00f3n que su defensora de oficio apel\u00f3, y confirm\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el 2 de septiembre de 2020, determinaci\u00f3n que le fue comunicada el 3 de febrero de 2021 mediante telegrama SJRYGG 1539. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en la sentencia de segunda instancia se incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y desconocimiento del precedente judicial, as\u00ed como en defectos org\u00e1nico, procedimental y f\u00e1ctico, \u00abal iniciar, tramitar y fallar sin competencia alguna el proceso\u00bb cuestionado, puesto que, actu\u00f3 como ponente \u00abla ciudadana\u00bb Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez, quien ya no ejerc\u00eda como funcionaria judicial para esa \u00e9poca, por lo que \u00absu escrito no es siquiera una decisi\u00f3n judicial, pues tampoco pod\u00eda ser discutida ni aprobada por el resto de integrantes del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3, que \u00abesta ciudadana no pod\u00eda intervenir en las deliberaciones de la Corporaci\u00f3n Judicial, las cuales son reservadas para los funcionarios con jurisdicci\u00f3n y competencia.\u00bb, e insisti\u00f3, en que el \u00abescrito particular contenido en el falso fallo de 2 de septiembre de 2020 (\u2026) no constituye siquiera un proyecto de fallo judicial, pues los proyectos de providencias s\u00f3lo pueden ser presentados a consideraci\u00f3n de una corporaci\u00f3n judicial por un Magistrado en ejercicio de su cargo y de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que su caso, \u00abse trataba del inconformismo por la rendici\u00f3n de cuentas de un contrato de mandato\u00bb, el que, seg\u00fan la jurisprudencia nacional, \u00abs\u00f3lo corresponde resolverlo a la Justicia Ordinaria Civil o Laboral y no a la Justicia Penal o Disciplinaria.\u00bb, raz\u00f3n por la cual, si su cliente \u00abal a\u00f1o y 8 meses\u00bb despu\u00e9s se percat\u00f3 o fue maliciosamente aconsejado, que le faltaba m\u00e1s dinero de la indemnizaci\u00f3n, \u00abdebi\u00f3 recurrir a los estrados judiciales a provocar nueva rendici\u00f3n de cuentas, en la forma establecida en el C.G.P., y no recurrir a la equivocada v\u00eda disciplinaria como lo hizo.\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3, que en su caso no existe prueba, ni elemento de convicci\u00f3n alguno directo o indirecto que permita deducir que \u00abactu\u00f3 con tipicidad y antijuridicidad en el tipo disciplinario que se le atribuy\u00f3\u00bb, porque, en su criterio, toda la prueba indicaba que \u00abcumpli\u00f3 con su contrato de mandato y, que, si hubo alg\u00fan error en la liquidaci\u00f3n del mismo, jam\u00e1s fue intencionado o con el \u00e1nimo de perjudicar a su cliente o por mejor (sic) act\u00fao sin dolo ni culpa\u00bb. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que la aplicaci\u00f3n del principio de \u00abfavorabilidad penal\u00bb, fue ignorado o desconocido por las autoridades demandadas, y, que, la acci\u00f3n disciplinaria se hallaba prescrita, circunstancia que invoc\u00f3 en el proceso y no fue decretada. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 diciendo que es madre cabeza de familia, cuyo \u00fanico sustento se deriva del ejercicio de su profesi\u00f3n, por lo que est\u00e1 \u00abafectada de manera grave en su patrimonio y salud por la arbitraria e injusta decisi\u00f3n de las autoridades disciplinarias que la mantienen por fuera del ejercicio de su profesi\u00f3n y por consiguiente sin ganar los ingresos necesarios para el sostenimiento de su hogar y su menor hijo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto \u00abla decisi\u00f3n del 2 de septiembre de 2020, proferida en la radicaci\u00f3n n\u00famero 410011102000-2014-00003-01\u00bb, y ordenar la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n respectiva en el Registro Nacional de Abogados. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, manifest\u00f3 que la demanda de amparo deb\u00eda negarse, porque la interesada lo que intentaba era reabrir un debate disciplinario que fue resuelto en dos instancias, al paso que la petici\u00f3n de protecci\u00f3n no pod\u00eda convertirse en una nueva instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional Disciplina Judicial del Huila, manifest\u00f3 que no incurri\u00f3 en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales mencionados, puesto que su decisi\u00f3n no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente al momento de proferir la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los restantes vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de resolver y aceptar una serie de impedimentos expuestos por algunos de los Magistrados que conformaban la respectiva Sala de decisi\u00f3n, neg\u00f3 el amparo invocado, por ausencia del requisito de la subsidiariedad puesto que, \u00abla tutelante pretend[\u00eda] que de manera apresurada esta Corporaci\u00f3n dej[ara] sin efecto una providencia judicial respecto de la cual no ha[b\u00eda] incoado similar solicitud ante su juez natural de manera previa, con los argumentos que aqu\u00ed invoc[\u00f3]. En esta ocasi\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que la Ley 1123 de 2007 regulaba el tr\u00e1mite de las nulidades que podr\u00edan decretarse en cualquier estado de la actuaci\u00f3n disciplinaria a petici\u00f3n del interviniente o de manera oficiosa, entre otras causales, ante la falta de competencia del juzgador, la violaci\u00f3n del derecho de defensa del disciplinable o la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, y enfatiz\u00f3 en la posibilidad de hacerlo incluso una vez proferida la sentencia, conforme al art\u00edculo 16 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual, en lo no previsto en tal compendio deb\u00eda aplicarse lo dispuesto en los C\u00f3digos Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, hoy General del Proceso, en lo que no contravinieran la naturaleza del derecho disciplinario. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que deb\u00eda ser el juez natural quien deb\u00eda atender, en primer lugar y de manera preferente, la pretensi\u00f3n anulatoria expuesta por la accionante, mecanismo de defensa que se\u00f1al\u00f3 adecuado para que la parte interesada pudiera exponer sus inconformidades. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la interesada para insistir en sus pretensiones, en especial, en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria en la que fue sancionada, y se\u00f1alar que el a quo desconoci\u00f3 \u00ababiertamente que los derechos fundamentales invocados como violados, son de orden sustantivo\u00bb. Resalt\u00f3 que la \u00abincompetencia del extinto Consejo Superior de la Judicatura para fallar el proceso disciplinario tramitado (\u2026) es de orden eminentemente procesal, y (que) las irregularidades procesales, jam\u00e1s pueden ser \u00f3bice, para reconocer judicialmente la violaci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, entre otros, que previamente se agoten todos los recursos ordinarios existentes en la ley para solucionar la situaci\u00f3n concreta, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Martha Luc\u00eda Trujillo Medina acudi\u00f3 inconforme con las decisiones sancionatorias proferidas por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario radicado bajo el n\u00famero 4100111020002014 0000301 seguido en su contra, y afirm\u00f3 que las decisiones presentan violaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, desconocimiento del precedente judicial, defecto org\u00e1nico, procedimental y f\u00e1ctico, en tanto que el proceso cuestionado se tramit\u00f3 y fall\u00f3 \u00absin competencia alguna\u00bb, puesto que \u00abla ciudadana\u00bb Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez actu\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n, pese a no ser funcionaria judicial de la Corporaci\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En los t\u00e9rminos expuestos, la acci\u00f3n de tutela estaba llamada al fracaso, pues la aqu\u00ed interesada no acredit\u00f3 haber agotado el medio de defensa judicial id\u00f3neo y pertinente para estos casos, esto es la solicitud de nulidad ante los juzgadores de conocimiento, omisi\u00f3n que pone en evidencia la ausencia del requisito de la subsidiariedad, que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Debe tenerse presente, que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los instrumentos de defensa judicial constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta acci\u00f3n extraordinaria, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En este caso, tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida en acta de reparto de 22 de noviembre de 2022 y asignada el 23 siguiente. <\/p>\n
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