STC16387-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16387-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Luis Andr\u00e9s Pel\u00e1ez Poloche contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y libertad, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abordene el amparo invocado destinado a superar la lesi\u00f3n de los ius fundamentales\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Luis Andr\u00e9s Pel\u00e1ez Poloche por la comisi\u00f3n del delito de uso de documento falso, fue condenado el 5 de noviembre de 2014 a la pena de 63 meses de prisi\u00f3n y se le otorg\u00f3 prisi\u00f3n domiciliaria. El 6 de noviembre siguiente suscribi\u00f3 acta de compromiso. <\/p>\n
2.2. La vigilancia le fue asignada al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, que en auto de 7 de septiembre de 2021 neg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la pena impuesta, decisi\u00f3n que tras ser apelada, fue confirmada en auto de 9 de septiembre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que los falladores se equivocaban al asumir que el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n fue suspendido o interrumpido desde el 19 de diciembre de 2017, cuando el citador del Centro de Servicios acudi\u00f3 a su domicilio y no se encontraba. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que las decisiones atacadas incurr\u00edan en defecto sustancial o material; y que se desconoc\u00eda la normatividad aplicable. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que la tutela no era una tercera instancia; y que no se hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 30 Judicial I-Penal de Cali refiri\u00f3 que era acertado el ataque que realizaba el gestor, pues los cinco a\u00f1os a los que hac\u00eda referencia el art\u00edculo 89 del C\u00f3digo Penal ten\u00edan que ver con la prescripci\u00f3n de los casos en donde la condena era inferior a dicho t\u00e9rmino; y que el amparo era procedente. <\/p>\n
3. El Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad adujo que el 5 de noviembre de 2012 se profiri\u00f3 sentencia por allanamiento, decisi\u00f3n que no fue apelada; que era ajeno a las pretensiones del gestor; y que no se hab\u00eda vulnerado prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al considerar que las autoridades acusadas consideraron que la privaci\u00f3n de la libertad oper\u00f3 desde el 6 de noviembre de 2014 al 19 de diciembre de 2017, por lo que el cumplimiento efectivo de la sanci\u00f3n se dio hasta esa \u00faltima data, momento a partir del cual empezaba a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que conforme el art\u00edculo 89 del C\u00f3digo Penal es de 5 a\u00f1os; que el presupuesto para contabilizar el t\u00e9rmino prescriptivo fue cuando se advirti\u00f3 el incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por el condenado y en ning\u00fan caso dicha prescripci\u00f3n era inferior a 5 a\u00f1os, lapso que no inclu\u00eda el periodo en el que ejecut\u00f3 la pena; que las determinaciones criticadas no eran caprichosas ni constitutivas de v\u00eda de hecho, sino que estaban fundamentadas, consultaban la normatividad legal y la jurisprudencia; y que la tutela no era una tercera instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 9 de septiembre de 2022, tras hacer referencia a la prescripci\u00f3n y a la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026surge necesario efectuar las siguientes precisiones, tanto al impugnante como el Juzgado de primer grado. <\/p>\n
El se\u00f1or Luis Andr\u00e9s Pel\u00e1ez Poloche, el 5 de noviembre de 2014 mediante sentencia No. 63, fue condenado por el Juzgado Once Penal del Circuito de esta ciudad, a la pena principal de 63 meses de prisi\u00f3n al haberlo hallado autor penalmente responsable del delito de Uso de documento falso, oportunidad dende se le concedi\u00f3 el subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria, con permiso para trabajar. <\/p>\n
A partir del d\u00eda siguiente, 6 de noviembre de 2014 y no desde el 24 de junio del 20’14, como lo indica el se\u00f1or Juez Primero, previo pago de la cauci\u00f3n prendaria y suscripci\u00f3n de acta de compromisos, se entiende fue privado de la libertad, como quiera que durante el desarrollo del proceso nunca se impuso medida de aseguramiento. <\/p>\n
Posteriormente, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, mediante auto interlocutorio No. 1953 del 12 de diciembre de 2017, otorg\u00f3 a favor del condenado la libertad condicional previa redenci\u00f3n de pena. <\/p>\n
No obstante, el 22 de diciembre de 2017, revoc\u00f3 su propia decisi\u00f3n como quiera que, por un lado, en la cartilla biogr\u00e1fica no aparec\u00eda la calificaci\u00f3n de la conducta del sentenciado y no figuraba registro de control de visitas a la prisi\u00f3n domiciliaria, luego, no era procedente la redenci\u00f3n de pena; y, por otro, indic\u00f3 que, verificado el informe suscrito por el citador adscrito al Centro de Servicios de esa especialidad, bajo la gravedad de juramento dio a conocer que al dirigirse hasta la Carrera 56 No. 7 oeste -156 de esta ciudad, con el fin de notificar personalmente la decisi\u00f3n que conced\u00eda la libertad condicional, la persona encargada de la porter\u00eda de ese edificio le comunic\u00f3 que el se\u00f1or Pel\u00e1ez Poloche desde hace mucho tiempo no resid\u00eda en aquel lugar. <\/p>\n
La fecha en la que se realiz\u00f3 la visita fue el 19 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, seg\u00fan consta en el informe rendido por el citador de esa dependencia el 20 de noviembre de 2017, visible a folio 43 del C.O. <\/p>\n
En raz\u00f3n a esta circunstanci[a], m\u00e1s adelante, en auto del 5 de febrero de 2018, se revoc\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria concedida al se\u00f1or Pel\u00e1ez Poloche, por el Juzgado Once Penal del Circuito, decisi\u00f3n contra la cual el defensor del condenado, de ese entonces, interpuso recurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado emisor de la sentencia condenatoria, dispuso declarar la nulidad de lo actuado a partir de la notificaci\u00f3n del auto interlocutorio No. 2045 y en adelante, incluyendo la decisi\u00f3n No. 190 del 5 de febrero de 2018, al evidenciar vulneraci\u00f3n del debido proceso y derecho de defensa. En consecuencia, orden\u00f3 rehacer la actuaci\u00f3n siguiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 477 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, precisando el deber de notificar personalmente al condenado y otorgarle la posibilidad de rendir las explicaciones a que haya lugar. <\/p>\n
El despacho ejecutor lo requiri\u00f3, en tr\u00e1mite incidental, para que rindiera las explicaciones de rigor. Por ende, el 18 de febrero de 2019 el citador adscrito al Centro de Servicios de los Juzgado de Penas\u00b7 se dirigi\u00f3 hasta el domicilio del condenado, siendo nuevamente imposible notificarlo, pues se le inform\u00f3 por segunda vez, que esa persona no habita en ese inmueble. Incluso, el guarda de seguridad le dio a conocer que ese apartamento hab\u00eda sido desocupado hace varios d\u00edas. <\/p>\n
De ah\u00ed que, profiri\u00f3 el auto interlocutorio No. 502 del 3 de abril de 2019, en el que record\u00f3 que la ejecutoria de la providencia No. 2045 del 22 de diciembre de 2017 oper\u00f3 a partir del 27 de febrero de 2019. Adem\u00e1s, revoc\u00f3 el subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria reconocida por el Juzgado 11 Penal del Circuito el 5 de noviembre de 2014, por razones de incumplimiento de las obligaciones que impone est[e] instituto procesal. Decisi\u00f3n confirmada por el superior. <\/p>\n
En consecuencia, como anteriormente se aclar\u00f3, la privaci\u00f3n de la libertad oper\u00f3 a partir del 6 de noviembre de 2014 hasta el 19 de diciembre de 2017, ocasi\u00f3n en la que acudi\u00f3 personalmente el citador adscrito al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas, pretendiendo notificarle la decisi\u00f3n que le conced\u00eda la libertad condicional, resultando ello infructuoso. Es decir, que el cumplimiento efectivo de la pena en su domicilio, por parte del peticionario, se efectu\u00f3 hasta el 19 de diciembre de 2017. Luego los t\u00e9rminos de extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal fueron suspendidos. <\/p>\n
Significa lo anterior, que a partir de ese preciso momento se empezaron a contabilizar, unos nuevos t\u00e9rminos para que pudiese, en dado caso, operar en su favor el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la pena. Al respecto, el art\u00edculo 89 del C\u00f3digo Penal, estima que trat\u00e1ndose de pena privativa de la libertad la sanci\u00f3n penal prescribe en el t\u00e9rmino fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, sin que sea inferior a cinco a\u00f1os. <\/p>\n
En suma, los requisitos que configura la prescripci\u00f3n de la pena no est\u00e1n satisfechos, pues para que esta pueda operar, es necesario que el condenado se encuentre en libertad y haya transcurrido el t\u00e9rmino fijado en la sentencia o el que le faltare por cumplir, sin que sea inferior a 5 a\u00f1os. Y la misma, valga la pena advertir, podr\u00eda verse interrumpida en cualquiera de los dos supuestos que consagra el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Penal: \u201ccuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposici\u00f3n de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma\u201d. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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