STC16391-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16391-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00956-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Mar\u00eda Bedalid Grajales Ram\u00edrez instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00b0 1 de esta Corporaci\u00f3n, extensiva al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn \u2013 Sala Laboral -, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones – y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo confutado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, por medio de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la \u00abseguridad social, m\u00ednimo vital y dignidad humana\u00bb, para que se ordenara, <\/p>\n
i) a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejar sin efectos la sentencia SL920-2022 radicaci\u00f3n No. 89715 del 23 de marzo de 2022. <\/p>\n
ii) se reemplace la providencia anulada, ordenando dictar sentencia que case la providencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, acorde a los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU 005 de 2018, en cuanto a la aplicaci\u00f3n del principio de la Condici\u00f3n m\u00e1s Beneficiosa para las personas vulnerables que superan el Test de Procedencia. <\/p>\n
iii) se Confirme, la sentencia Condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, en cuanto al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el fallecimiento de Jaime William Zapata Ram\u00edrez, en favor de su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite Mar\u00eda Bedalid Grajales Ram\u00edrez, por encontrarse acreditados los presupuestos del test de procedencia consagrados en la sentencia SU 005 de 2018 y como fuera dispuesto por el a quo. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn le reconoci\u00f3 el derecho a percibir pensi\u00f3n de sobreviviente por la muerte de su c\u00f3nyuge Jaime William Zapata Ram\u00edrez y conden\u00f3 a Colpensiones al pago correspondiente (23 ag. 2019); determinaci\u00f3n que el superior revoc\u00f3, para en su lugar absolver a la demandada de todas las pretensiones (13 feb. 2020). <\/p>\n
Formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00b0 1 no quebr\u00f3 lo zanjado por el ad quem (SL920-2022, 23 mar.). <\/p>\n
Tild\u00f3 de irregular el \u00faltimo prove\u00eddo, como quiera que \u00abse encuentra en oposici\u00f3n a la interpretaci\u00f3n realizada por la Corte Constitucional, entre otras en la sentencia SU 005 de 2018, bajo la consideraci\u00f3n que el l\u00edmite temporal en la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, va en contrav\u00eda de los derechos fundamentales de las personas vulnerables y que merecen una especial protecci\u00f3n constitucional y por lo tanto se debe aplicar sin importar la temporalidad del fallecimiento, siempre y cuando el reclamante supere el denominado test de procedencia como ocurri\u00f3 en su caso, contrario a lo estimado por el ad quem y como qued\u00f3 probado desde la primera instancia en donde fue proferida la sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicha Colegiatura, al emitir su pronunciamiento plante\u00f3 \u00abun choque de trenes\u00bb y, desconoci\u00f3 con esa actuaci\u00f3n \u00abno solo la fuerza vinculante y prevalente de las sentencias SU de la Corte Constitucional, que incluso tienen el alcance de ser fuentes formales del derecho bajo el prisma del art. 230 superior, sino tambi\u00e9n que (\u2026) impide realizar y materializar el fin \u00faltimo del derecho, como es la justicia desde el m\u00e1stil de la seguridad social y de los postulados que alimentan\u00bb la Carta Magna; de manera que, al soslayar el test dise\u00f1ado en los precedentes \u00abse perfil[\u00f3] claramente una v\u00eda de hecho por desconocimiento del precedente\u00bb, teniendo en cuenta que \u00abactualmente t[iene] 64 a\u00f1os y presenta problemas de salud de acuerdo a los documentos anexados y por ende [es] una persona en situaci\u00f3n de vulnerabilidad como se acredit\u00f3 en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn alleg\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa sede dijo acogerse \u00aba lo que resuelva el juez constitucional sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo, tras colegir que la directriz combatida \u00abse emiti\u00f3 en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb, sumado, a que \u00abla argumentaci\u00f3n en la cual se fund\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, es muy semejante a la que ahora se trae a consideraci\u00f3n del juez de tutela, lo que obliga a se\u00f1alar que se equivoca la actora al pretender someter a juicio de la jurisdicci\u00f3n constitucional unos aspectos que ya fueron analizados y resueltos por el juez competente\u00bb. <\/p>\n
2.- Opugn\u00f3 la gestora con argumentos an\u00e1logos a los del escrito primigenio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio se anuncia el decaimiento del amparo y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo refutado, en tanto, la sentencia cuestionada, expedida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 1 (SL920-2022, 23 mar.), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, para arribar a tal conclusi\u00f3n, adver\u00f3 que no era posible \u00abaplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, ya que, <\/p>\n
De lo que viene de citarse, no podr\u00eda pretender la censura que se de aplicaci\u00f3n al Acuerdo 049 de 1990, a trav\u00e9s del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues, si como lo dio por demostrado el Tribunal, el causante falleci\u00f3 el 25 de noviembre de 2005, en vigencia de la Ley 797 de 2003, norma aplicable, la inmediatamente anterior ser\u00eda el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Conforme a las reglas contenidas en la jurisprudencia (CSJ SL4650-2017), la situaci\u00f3n pensional debatida se ubica en la hip\u00f3tesis 3.2, esto es, cuando el causante no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo, 29 de enero de 2003. Al respecto si bien la muerte ocurri\u00f3 dentro de la temporalidad fijada de los tres a\u00f1os siguientes a la vigencia de la Ley 797 de 2003, es decir, con antelaci\u00f3n al 29 de enero de 2006, no cumple las otras exigencias como pasa a explicarse: <\/p>\n
a).- No cotiz\u00f3 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a la entrada en vigencia de la citada Ley 797 de 2003, ya que ten\u00eda \u00ab0\u00bb semanas entre el 29 de enero de 2002 al 29 de enero de 2003. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto seg\u00fan la historia laboral del afiliado (f.\u00b0 20), y es un hecho indiscutido, la \u00faltima cotizaci\u00f3n realizada corresponde noviembre de 1996. <\/p>\n
En este orden de ideas, la Sala no advierte que el juzgador de segunda instancia hubiera incurrido en los yerros jur\u00eddicos que le enrostra la censura, pues como qued\u00f3 visto la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa solo permite estudiar el derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente a la luz de la normatividad inmediatamente anterior a aquella que se encontraba vigente al momento del fallecimiento, que en el asunto discutido, se itera, ser\u00eda el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, cuyos requisitos no satisface, m\u00e1s no el Acuerdo 049 de 1990 como lo reclama la censura. <\/p>\n
Acto seguido esgrimi\u00f3, <\/p>\n
Ahora, si se analizara la pretensi\u00f3n alegada conforme al par\u00e1grafo 1 art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, habr\u00eda que decir que \u00e9ste dej\u00f3 a salvo las pensiones de sobrevivientes de los afiliados fallecidos que hubiesen cotizado el n\u00famero m\u00ednimo de semanas requerido en el r\u00e9gimen de prima media para tener derecho a una pensi\u00f3n de vejez. Dicha preceptiva es del siguiente tenor: <\/p>\n
Cuando un afiliado haya cotizado el n\u00famero de semanas m\u00ednimo requerido en el r\u00e9gimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez o la devoluci\u00f3n de saldos de que trata el art\u00edculo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este art\u00edculo tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en los t\u00e9rminos de esta Ley. <\/p>\n
El monto de la pensi\u00f3n para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este par\u00e1grafo ser\u00e1 del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensi\u00f3n de vejez.\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, partiendo de la fecha de la muerte del afiliado -25 de noviembre de 2005-, el n\u00famero de semanas requerido en el r\u00e9gimen de prima media en tiempo anterior a ese hecho, a que se refiere el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, necesariamente ser\u00eda el consagrado en el art\u00edculo 9 de esa Ley que modific\u00f3 el 33 de la Ley 100 de 1993, que exig\u00eda para el a\u00f1o 2005 un total de 1050 semanas de cotizaci\u00f3n, requisito que no se cumpli\u00f3, pues el causante solo sufrag\u00f3 488,44 semanas durante toda su vida laboral. <\/p>\n
De otro lado, si bajo los par\u00e1metros del citado par\u00e1grafo 1, se quisiera ubicar la situaci\u00f3n pensional en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de igual a\u00f1o, el cual exige un m\u00ednimo de 500 semanas dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima, es claro que dichas condiciones no resultan aplicables para el afiliado, como quiera que no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n por no tener 40 a\u00f1os de edad o m\u00e1s al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que naci\u00f3 el 11 de noviembre de 1963 (f.\u00b016), ni el tiempo de servicios requerido y, en todo caso, tampoco contaba con el m\u00ednimo de semanas exigido por dicha normativa, pues no alcanz\u00f3 a cotizar 500 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores al deceso ni 1000 semanas en cualquier tiempo\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, tambi\u00e9n precis\u00f3 que no es posible reconocer la prestaci\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, toda vez que, \u00ab(\u2026) al principio de favorabilidad se acude cuando existe \u00abduda sobre la aplicaci\u00f3n de dos o m\u00e1s normas vigentes de trabajo, que regulan la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb (CSJ SL7882-2015). De ah\u00ed que, en el presente caso no puede ser tenido en cuenta, ya que no existe duda respecto de que la norma que regulaba el asunto y estaba vigente al momento del deceso, era la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Finalmente arguy\u00f3 que, <\/p>\n
Adicionalmente cabe anotar, que en sentencia CSJ SL1884-2020, la Corte Suprema de Justicia expuso los motivos que la llevaban a apartarse del criterio adoptado por la Corte Constitucional en decisi\u00f3n CC SU05-2018, frente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Para el efecto, explic\u00f3 que el precedente en vigor, esto es, el que se deriva de las providencias de acciones de tutela, si bien en principio tiene fuerza vinculante, es v\u00e1lido que el juez se aparte de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales, dados los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos. <\/p>\n
En tal sentido, esta corporaci\u00f3n ha explicado de forma sustentada y razonada los argumentos que la llevan a apartarse del criterio expuesto por la Corte Constitucional, al estimar que su decisi\u00f3n significaba la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, imponiendo reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, lo que afectaba la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n desconoc\u00eda los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la precursora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9232-2018, reiterada en STC2544-2021 y STC1648-2022). <\/p>\n
3.- Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el prove\u00eddo refutado, destacando que para la Sala es procedente el respeto por \u00ablas decisiones judiciales\u00bb, comp\u00e1rtase o no lo dirimido por el juez natural, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo que \u00abla tutela depend[a] de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo\u00bb (STC13808-2021, 14 oct.) lo que no ocurre en el presente caso, postura que se viene aplicando desde cuando se present\u00f3 dicho cambio de posici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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