STC16393-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16393-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02406-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 11 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Cristina T\u00e9llez Salazar contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado 2020-00315. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Jes\u00fas Mar\u00eda Hern\u00e1ndez, present\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, en el que el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, en auto de 4 de septiembre de 2020 dispuso librar mandamiento de pago por valor de $45.300.000, como capital de la obligaci\u00f3n contenida en letra de cambio, m\u00e1s los intereses de mora causados a la tasa m\u00e1xima certificada por la Superfinanciera. <\/p>\n
Mediante apoderado judicial, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la orden de apremio, por la diferencia expresada en n\u00famero (45.300.000) y en letras (Cuarenta y cinco mil trescientos pesos), resuelto el 26 de octubre de 2020, ordenando reponer el numeral 1\u00b0 del auto atacado y en su lugar decret\u00f3 \u00abse libra el mandamiento de pago por la suma de $45.300, por concepto de capital de la letra de cambio, de conformidad con el art. 623 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 que la anterior decisi\u00f3n fue apelada por el apoderado del ejecutante, y el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en providencia del 4 de octubre de 2022 resolvi\u00f3 revocarla y en consecuencia \u00abdejar inc\u00f3lume la orden de mandamiento de pago proferida por el Juzgado (31) Treinta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb <\/p>\n
Manifest\u00f3 que los fundamentos alegados para proferir la decisi\u00f3n desconocen la naturaleza especial de los t\u00edtulos valores y, en consecuencia, pretende otorgarle a un requisito formal intr\u00ednseco a su constituci\u00f3n o creaci\u00f3n, calidades de un asunto sustancial. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto el numeral primero y segundo del auto de 4 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta ciudad y ordenarle emita una nueva providencia, siguiendo estrictamente los lineamientos que se fijen y el an\u00e1lisis que se efect\u00fae en la sentencia de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 atenerse a los fundamentos de la decisi\u00f3n de 4 de octubre de 2022, advirtiendo que no se evidencia vulneraci\u00f3n de los derechos de la accionante, de aquellas especificas circunstancias previstas por la Corte Constitucional para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales y para su prosperidad. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de esta ciudad, solicit\u00f3 negar la tutela, toda vez que, ninguna de las circunstancias f\u00e1cticas del reproche, ni mucho menos las pretensiones, est\u00e1n elevadas en contra de ese Juzgado, pues la decisi\u00f3n que se ataca fue la proferida por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n propuesta por la solicitante, al no advertir que la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado sobrepasen los l\u00edmites de la juridicidad o una hermen\u00e9utica m\u00ednimamente plausible, o lo que es lo mismo, que esas decisiones sean fruto de su capricho, evidenci\u00e1ndose, por el contrario, que las diferencias expuestas por la accionante respecto de la providencia cuestionada, escapan a la competencia del juez constitucional lo que ciertamente conduc\u00eda a la negaci\u00f3n de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como quiera que la acci\u00f3n de tutela no constituye instancia adicional a trav\u00e9s de la cual se pueda controvertir las decisiones adoptadas por los jueces dentro del marco de su competencia <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, la accionante la impugn\u00f3, aduciendo que, el a quo desconoci\u00f3 que las controversias surgidas sobre requisitos formales inherentes de los t\u00edtulos valores, en concreto el de la literalidad, que solo pueden discutirse mediante la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n y no en otra etapa posterior, al no ser procedente. Agreg\u00f3 que, \u00abla posici\u00f3n que tom\u00f3 el juez de tutela, no tuvo en cuenta que la inconformidad que aleg\u00f3 mediante reposici\u00f3n la parte demandada, aqu\u00ed accionante, se enfoc\u00f3 en la diferencia entre el valor n\u00famero y de letras, inscrito en el medio cartular, la cual, no se relaciona con alguna irregularidad acaecida en alg\u00fan negocio causal previo\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que pretendido por la se\u00f1ora Cristina T\u00e9llez Salazar se dirige a que se deje sin efecto el auto proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 4 de octubre de 2022, mediante el cual se resolvi\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n, revocar el auto de 26 de octubre de 2020 del Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, manteniendo inc\u00f3lume el mandamiento de pago proferido en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, corresponde a esta Corte establecer si el Juzgado accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n referido. <\/p>\n
4. Al confrontar la Sala el escrito inicial con las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, observa la improcedencia de la protecci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que la decisi\u00f3n reprochada obedece a un criterio razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, como pasa a exponerse, <\/p>\n
4.1 V\u00e9ase como, en el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de esta ciudad, se adelanta proceso ejecutivo formulado por Jes\u00fas Mar\u00eda Hern\u00e1ndez contra Cristina T\u00e9llez Salazar, en el que mediante auto de 4 de septiembre de 2020 se libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de $45.300.000, decisi\u00f3n que fue atacada por la demandada mediante recurso de reposici\u00f3n bajo el argumento que \u00abEl mandamiento de pago se libr\u00f3 por un valor equivocado, ya que sostiene se consign\u00f3 en la letra de cambio un monto distinto en n\u00fameros y en letras, por lo que debe prevalecer la cifra en letras\u00bb, que fue revocado en providencia de 26 de octubre de 2020, en los siguientes t\u00e9rminos, <\/p>\n
\u00abPrimero: Reponer el numeral \u201c1.1.\u201d del auto de mandamiento de pago por lo expuesto en la parte motiva del presente prove\u00eddo. En consecuencia, se libra el mandamiento de pago por la suma de $45.300, por concepto de capital de la letra de cambio, de conformidad con el art. 623 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Segundo: Para todos los efectos legales a que haya lugar, t\u00e9ngase en cuenta que la demandada se notific\u00f3 personalmente del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. 12.Expediente Juzgado 31. Cuaderno principal. Archivo 07. Auto resuelve recurso. Revoca.pdf] <\/p>\n
4.2 Contra la anterior determinaci\u00f3n, el apoderado del ejecutante formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, el que correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y el 4 de octubre de 2022, decidi\u00f3 revocar el ordinal 1\u00ba del auto de 26 de octubre de 2020 proferido por el a quo, y en su lugar, mantener inc\u00f3lume la orden de apremio de 4 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Para llegar a esa determinaci\u00f3n, el Juzgado accionado sostuvo que, en el caso concreto, lo censurado v\u00eda reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, no hace referencia a los requisitos formales del t\u00edtulo valor -letra de cambio-, puesto que, <\/p>\n
(\u2026) la revocatoria parcial del mandamiento de pago, se apoy\u00f3 en lo preceptuado en el art\u00edculo 623 del C\u00f3digo de Comercio, que en estrictez, se finca, exclusivamente, en la relaci\u00f3n jur\u00eddica que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del instrumento negociable (negocio causal y\/o subyacente), en cuanto a lo signado en su literalidad atinente al valor consignado en el cuerpo del t\u00edtulo o cualquier otra circunstancia que guarde relaci\u00f3n con el asunto que le dio vida jur\u00eddica al cartular, por lo que, indiscutiblemente, ese aspecto (cuant\u00eda del instrumento), reit\u00e9rese, es asunto de derecho sustancial atacable y discutible por supuesto, empero, v\u00eda excepci\u00f3n de m\u00e9rito conforme el art\u00edculo 784 numeral 12ejusdem. <\/p>\n
Aunado a ello, es que no puede ser de otra forma, por cuanto ,en \u00faltimas, se est\u00e1 repeliendo su connotaci\u00f3n de \u00abliteralidad\u00bb, por obviedad, el legitimado por activa no puede exigir sino lo que dice el t\u00edtulo valor y por pasiva, est\u00e1 obligado a pagar lo que aparece escrito all\u00ed, empero, al finde cuentas, se est\u00e1 afectando tal exigencia y ello encuentra su campo de acci\u00f3n en la existencia de convenciones extracartulares entre el titular y el deudor, demostrando fehacientemente que la literalidad del t\u00edtulo se puede ver menguada por las particularidades del negocio causal; como es el caso en estudio, donde se expres\u00f3 un quantum en letras y uno distinto en n\u00fameros y si bien existe una regla (623), cierto es tambi\u00e9n, que la ley es impersonal, general y abstracta, luego, a esa preceptiva se le antepone una posterior (784-12) de la cual puede echar mano el ejecutado si considera que la real prestaci\u00f3n debida es la cifra menor y permitirle claro est\u00e1, a su contraparte ejercitar frente a ese aspecto su versi\u00f3n. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. 12.Expediente Juzgado 15. 02. Segunda instancia. Archivo 08. Auto resuelve apelaci\u00f3n 2020-0315-01.pdf] <\/p>\n
5. Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional no resulta de recibo, porque la decisi\u00f3n adoptada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que, contrario a lo sostenido por la solicitante, la actuaci\u00f3n se fundamenta en razonamientos que demuestran adecuada valoraci\u00f3n de las normas que rigen los procesos ejecutivos, trat\u00e1ndose de los requisitos de los t\u00edtulos valores -letra de cambio-, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Y es que, la autoridad accionada en su providencia hizo claridad que el aspecto que fue debatido por v\u00eda recurso de reposici\u00f3n, hace alusi\u00f3n a la cuant\u00eda del instrumento, asunto de derecho sustancial, pues no se enmarca dentro de los requisitos formales (art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio) y espec\u00edficos de la letra de cambio (art\u00edculo 671 del C\u00f3digo de Comercio), siendo un asunto sustancial que puede ser atacado v\u00eda excepci\u00f3n de m\u00e9rito conforme el art\u00edculo 784 numeral 12 ejusdem, pues conforme lo expuso el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abes que no puede ser de otra forma, por cuanto, en \u00faltimas, se est\u00e1 repeliendo su connotaci\u00f3n de \u00abliteralidad\u00bb. <\/p>\n
En efecto, debe recordarse que el principio de literalidad de los t\u00edtulos valores1 refiere a la obligatoriedad del contenido textual inmerso en ellos, es decir, tanto girador, girado y beneficiario, quedan atados al tenor de las expresiones empleadas para describir la deuda all\u00ed plasmada (CSJ. STC7428-2019 reiterada en STC10185-2020), y ante cualquier contrariedad, el asunto debe ser alegado en el proceso, a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios contemplados en el C\u00f3digo de Comercio en lo referente a la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
6. En ese orden, el hecho de que la accionante disienta de lo resuelto por el Juzgado accionado, no resulta suficiente para la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional pedida, pues es necesario que la decisi\u00f3n se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en asunto bajo estudio. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que cuando la providencia censurada cuenta con el suficiente respaldo jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto ordinario (CSJ. STC, 21 jul. 1995, rad. 2397, citada en STC 898-2022 y STC10347-2022 entre otras). <\/p>\n
7. De acuerdo con lo expresado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 626 C.Co. \u201c(\u2026) OBLIGATORIEDAD DEL TENOR LITERAL DE UN T\u00cdTULO-VALOR. El suscriptor de un t\u00edtulo quedar\u00e1 obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16393-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC16393-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02406-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69600","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69600","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69600"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69600\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69600"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69600"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}