STC16396-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16396-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01122-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 31 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Mar\u00eda en representaci\u00f3n de sus hijas Juanita I y Juanita II contra el Juzgado Treinta y Uno de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados el ICBF -Regional Bogot\u00e1 Centro Especializado Revivir, el Defensor de Familia y el Delegado del Ministerio P\u00fablico, as\u00ed como los intervinientes en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de radicado 2022-00605-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante actuando mediante apoderado judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y la de sus hijas menores de edad, a la igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite <\/p>\n
Manifest\u00f3 que su progenitora, se acerc\u00f3 a la Defensor\u00eda de Familia y explic\u00f3 que no pod\u00eda hacerse cargo de las nietas Juanita I y Juanita II, raz\u00f3n por la cual la Defensor\u00eda de Familia del ICBF, Centro Zonal Especializado Revivir de Bogot\u00e1 inici\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos, tr\u00e1mite en el que profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n N\u00b0 186 del 26 de julio de 2022, en la que se declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad a sus dos hijas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el apoderado que, en esta decisi\u00f3n, que se tuvieron en cuenta \u00ablos esfuerzos de la progenitora quien en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n no solo se present\u00f3 ante la autoridad con el fin de aportar el acervo probatorio necesario para demostrar el estatus tanto f\u00edsico, mental y de vivienda, que ya eran propicios para brindar un hogar estable a sus hijas\u00bb (sic) <\/p>\n
Relat\u00f3 que, posteriormente acudi\u00f3 al Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 y le fue informado que el 6 de octubre de 2022, ese despacho resolvi\u00f3 homologar la determinaci\u00f3n de la autoridad administrativa, por lo que \u00abcon evidente desespero por la p\u00e9rdida de sus hijas\u00bb, present\u00f3 escrito el 11 de octubre siguiente, solicitando el \u00abcambio de decisi\u00f3n\u00bb, anexando las pruebas que demuestran los \u00abesfuerzos\u00bb que realiza por sus hijas, sin que, a la fecha, la autoridad judicial se haya pronunciado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida por el Juzgado de Familia accionado por medio del cual homolog\u00f3 el estado de adoptabilidad de las menores Juanita I y Juanita II. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que avoc\u00f3 el conocimiento del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, adelantado en favor de las ni\u00f1as Juanita I y Juanita II con el fin de resolver sobre la homologaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 186 del 26 de julio de 2022, proferida por la Defensor\u00eda de Familia del ICBF, Centro Zonal Especializado Revivir de esta ciudad, la que en providencia de 30 de septiembre de 2022 resolvi\u00f3 homologar. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el apoderado de la se\u00f1ora Mar\u00eda radic\u00f3 el 11 de octubre de 2022 una petici\u00f3n que ingresada al Despacho el 19 siguiente, resolvi\u00f3 en la misma fecha, esto es el 19 de octubre de 2022 en la que reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado judicial y neg\u00f3 la petici\u00f3n elevada, de conformidad con lo previsto en el inciso primero, art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del Centro Zonal Especializado Revivir -Regional Bogot\u00e1-, luego de realizar un relato de las actuaciones adelantadas en el PARD objeto de la presente queja constitucional, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n, en tanto que, no ha vulnerados los derechos de la accionante, pues en el tr\u00e1mite puso en conocimiento de la peticionaria los hechos, la notific\u00f3 en debida forma de todas las actuaciones administrativas iniciadas en favor de las ni\u00f1as, por lo que tuvo la oportunidad procesal para dar su versi\u00f3n sobre los hechos, aportar y solicitar pruebas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tras efectuar una valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el proceso de restablecimiento de derechos de las ni\u00f1as y confrontarlas con la decisi\u00f3n censurada, resolvi\u00f3 negar el amparo constitucional bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
(\u2026) Todos estos aspectos sopesados tanto por la autoridad administrativa, como por la judicial, a la hora de resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las ni\u00f1as, llevaron a considerar la adopci\u00f3n como la medida que mejor se aviene a su inter\u00e9s superior para el restablecimiento de sus derechos, los que, n\u00f3tese, no pueden quedar al albur o a los estados de \u00e1nimo de quienes, por ley, est\u00e1n obligados a asumir su cuidado y satisfacer sus necesidades, pero no hicieron lo necesario por asegurarles un entorno protector, sumado ello a la indiferencia de sus familiares extensos tambi\u00e9n llamados a acogerlas y cuidarlas, sin embargo no lo hicieron, factores considerados en la decisi\u00f3n reprochada que otorgan fundamento s\u00f3lido a la misma, y llevaron a un an\u00e1lisis adecuado de la problem\u00e1tica en orden, se reitera, a privilegiar el inter\u00e9s superior de las menores, por sobre los de los adultos, y hacer cesar de manera radical el constante riesgo al que ven\u00edan expuestas. <\/p>\n
En suma, el an\u00e1lisis del Juzgado como autoridad de cierre de la actuaci\u00f3n administrativa, con los elementos de juicio acopiados, hacen razonable el par\u00e1metro decisorio acogido en la actuaci\u00f3n reprochada, y ser la opci\u00f3n que en mayor medida salvaguarda los derechos de las ni\u00f1as, al menos en garant\u00eda de un m\u00ednimo de seguridad para la atenci\u00f3n de sus necesidades asistenciales y socioafectivas, mientras se surte el proceso de adopci\u00f3n, adem\u00e1s, mantiene la unidad familiar y procura el fin de encontrar una familia comprometida con su protecci\u00f3n integral, conservando de esa manera, la unidad afectiva entre las hermanas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, la accionante la impugn\u00f3 se\u00f1alando que, el Centro Zonal manifest\u00f3 que fue notificada al correo electr\u00f3nico gabrielavarela20182020@gmail.com, sin embargo, dicha cuenta no le pertenece, pues el correcto es emilyyaichan1814@outlook.com, incurriendo as\u00ed la autoridad administrativa en una indebida notificaci\u00f3n, lo que vulnera su derecho al debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de lo narrado en la acci\u00f3n constitucional, se advierte que lo pretendido se circunscribe a dejar sin efecto la providencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 el 30 de septiembre de 2022, mediante la cual se decidi\u00f3 homologar la resoluci\u00f3n N\u00b0 186 del 26 de julio de 2022 por la cual la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Especializado Revivir, declar\u00f3 en adoptabilidad a las ni\u00f1as Juanita I y Juanita II. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, corresponde a esta Corte establecer si el Juzgado accionado incurri\u00f3 en alguna v\u00eda de hecho, al resolver el recurso de homologaci\u00f3n promovido por la accionante en el proceso de restablecimiento de derechos radicado 2022-00605-01. <\/p>\n
4. Al confrontar la Sala el escrito inicial con las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, observa la improcedencia de la protecci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que la decisi\u00f3n reprochada obedece a un criterio razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque para que el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 hubiera avalado la medida de restablecimiento de derechos en favor de las ni\u00f1as, su argumentaci\u00f3n se acompasa con la realidad procesal, evidenciada por el ICBF, en el que tras analizar los diferentes medios de prueba, en particular i) el formato de verificaci\u00f3n de garant\u00eda de derechos nutricional e informes de valoraci\u00f3n socio familiar y de psicolog\u00eda, ii) la valoraci\u00f3n social familiar, iii) las valoraciones psicol\u00f3gicas, iv) los informes de plan de atenci\u00f3n de fechas 13 de marzo, 13 de junio, 13 de septiembre y 13 de diciembre de 2021 y, 12 de marzo de 2022, v) los informes de seguimiento, vi) las visitas domiciliarias, vii) las declaraciones rendidas en el tr\u00e1mite del proceso, viii) los informes periciales, ix) y las dem\u00e1s pruebas documentales que reposan en el expediente, concluy\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) sobre la legalidad de la actuaci\u00f3n, de la revisi\u00f3n de la totalidad del expediente que fue remitido por la Defensor\u00eda de Familia de origen, observa el Despacho que las actuaciones se ajustan a derecho y que, luego de la apertura al proceso de restablecimiento de derechos, se adelantaron las valoraciones pertinentes, con el fin de poder ordenar el reintegro de las ni\u00f1as con su familia, que se vincul\u00f3 a los familiares cercanos de \u00e9stas, entre ellos, a sus progenitores, sus abuelas paterna y materna y un t\u00edo paterno, pero de los vinculados, no fue posible ubicar ning\u00fan familiar extenso que estuviere dispuesto a asumir la custodia y cuidado personal de JUANITA I Y JUANITA II, salvo por la abuela materna, quien se vincul\u00f3 al proceso, visitaba a sus nietas y manifestaba su deseo de cuidar de ellas, pese a haber sido la persona que las entreg\u00f3, aduciendo problemas de salud. <\/p>\n
Por otra parte, con relaci\u00f3n a los padres de los ni\u00f1os, si bien estos se vincularon al proceso de restablecimiento de derechos, de los antecedentes y las pruebas, es claro que no hubo una integra adherencia al proceso y al cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de este para obtener el reintegro de las ni\u00f1as, y como consecuencia de ello, se concluy\u00f3 que no son garantes de los derechos de estos. <\/p>\n
Verificado por parte de la autoridad judicial, que las actuaciones adelantadas por la Defensor\u00eda de Familia estuvieran acordes con lo reglamentado por la ley 1098 de 2006, procedi\u00f3 analizar si la decisi\u00f3n de declarar en estado de adoptabilidad a las ni\u00f1as garantizaba sus derechos fundamentales y en este punto, refiri\u00f3, <\/p>\n
En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que, el origen de este proceso de Restablecimiento de Derechos, obedece a que, la misma progenitora, se\u00f1ora MAR\u00cdA, dejo el cuidado de sus hijas a la abuela materna, quien finalmente, compareci\u00f3 ante la Defensor\u00eda de Familia, con la finalidad de dejar a sus nietas a disposici\u00f3n del ICBF, aduciendo que su hija y madre de las ni\u00f1as, no se hac\u00eda cargo de las ni\u00f1as, y que debido a su estado de salud, y una pr\u00f3xima cirug\u00eda por c\u00e1ncer de \u00fatero, y a sus dem\u00e1s obligaciones, pues ten\u00eda a su cuidado cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad. De las visitas de verificaci\u00f3n de derechos iniciales, se estableci\u00f3 que, exist\u00eda una vulneraci\u00f3n de derechos por negligencia, conforme lo relatado, y abandono en las obligaciones por parte de ambos progenitores, un presunto problema de consumo de SPA por parte de estos, y la ausencia de alguien que ejerciera el cuidado de las ni\u00f1as. <\/p>\n
Dichas circunstancias no fueron superadas, pues pese a los m\u00faltiples requerimientos que se ordenaron por parte de la Defensor\u00eda de Familia de origen y a los compromisos realizados, las partes no culminaron los procesos terap\u00e9uticos a que fueren remitidos, no hubo una adecuaci\u00f3n de las condiciones habitacionales, y por el contrario, se percibieron situaciones de riesgo, como lo es el consumo de SPA, violencia intrafamiliar, antecedes de tr\u00e1fico de drogas, conflictos culminados en lesiones personales entre los familiares cercanos de los ni\u00f1os, aunado a que, la escasa familia extensa que fue posible vincular, se rehusaba a asumir la custodia y cuidado personas de las ni\u00f1as, por temor a las conductas agresivas de la abuela materna o por asuntos de salud, como lo fue en el caso de la abuela paterna, se\u00f1ora MAGDALENA. <\/p>\n
Adicionalmente, se sensibilizo a los padres de los ni\u00f1os y a la abuela materna para que, adecuaran sus condiciones habitacionales con miras a un posible reintegro, adem\u00e1s, se les invito para que generara estabilidad laboral, que le permitiera sufragar los gastos propios y los de sus hijas, as\u00ed como la vinculaci\u00f3n a un proceso terap\u00e9utico y la deshabituaci\u00f3n o desintoxicaci\u00f3n del consumo de spa, de tal manera que pudiera obtener adecuadas pautas de crianza y ruptura del ciclo de violencia en el que, seg\u00fan su propio dicho, se encontraban inmersos, sin que se adelantaran hasta su culminaci\u00f3n las acciones pertinentes para mejorar y obtener la custodia de JUANITA I Y JUANITA II. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la providencia cuestionada se hizo un an\u00e1lisis de las circunstancias familiares, las que imped\u00edan revocar la decisi\u00f3n de declarar en adoptabilidad a las menores de edad Juanita I y II, tales como, <\/p>\n
(\u2026) de las situaciones mencionadas por ambos padres, se evidencia que los hechos de negligencia, consumo de SPA, no han sido superados, lo cual, se convierte en un signo de alarma y situaci\u00f3n de alto riesgo para las ni\u00f1as, como quiera que \u00e9stas, no solo tienen el derecho a compartir con su familia, sino que, tambi\u00e9n tienen el derecho que estos espacios de convivencia sean adecuados y propendan por su bienestar e integridad personal, lo cual trato de buscarse en los padres, pero no hubo adherencia al proceso, a tal punto que, inclusive, en las fechas programadas para las visitas, fue reportado la inasistencia por parte del se\u00f1or JOS\u00c9, mientras que con relaci\u00f3n a MAR\u00cdA se inform\u00f3 situaciones conflictivas, inapropiadas que perjudicaban el bien curso de las visitas. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta que, si bien en el curso del proceso se report\u00f3 el ejercicio de prostituci\u00f3n por parte de la progenitora de las ni\u00f1as, ello por si solo no es causal de imposibilidad para el ejercicio de la custodia y cuidado personas de sus hijas, no obstante, esto si es un factor de riesgo, que, sumado al consumo de SPA y factores de negligencia e inapropiadas pautas de crianza, no permiten el reintegro, pues, se reitera, la se\u00f1ora MAR\u00cdA no adelant\u00f3 el proceso terap\u00e9utico y aunque inicio el proceso de desintoxicaci\u00f3n luego de una sobredosis, no se ha dado culminaci\u00f3n al momento, aun cuando se brind\u00f3 tiempo suficiente para acreditar el cumplimiento de los compromisos. <\/p>\n
En cuando al padre, se tiene que, aunque realizaba visitas espor\u00e1dicas, y reconoci\u00f3 la paternidad respecto de la ni\u00f1a JUANITA II, su comportamiento se ha caracterizado por la ausencia, las ni\u00f1as no lo reconocen como una figura paterna en virtud del abandono temprano de sus obligaciones como padre, y ante la intermitencia en el proceso, no fue posible realizar grandes avances que le permitieran ejercer el cuidado de las ni\u00f1as. <\/p>\n
Finalmente se tiene que, la familia extensa con la que se pudo obtener comunicaci\u00f3n, se reus\u00f3 a asumir la custodia de las ni\u00f1as JUANITA I Y JUANITA II., aduciendo diversos factores, entre ellos, temor a situaciones de violencia por parte de la abuela materna, se\u00f1ora MARGARITA, as\u00ed como situaciones de salud, y \u00fanicamente, se obtuvo respuesta positiva por parte de la abuela materna, antes referida, respecto de quien se descart\u00f3 la posibilidad de entregar la custodia de sus nietas, en virtud del resultado de evaluaci\u00f3n de psicolog\u00eda forense realizada en el Instituto Nacional de Medicina Legal, de fecha 11 de noviembre de 2021, donde se refiri\u00f3: \u201c(\u2026) En cuanto a la personalidad de la examinada, se le aprecia poco tolerante al estr\u00e9s, presenta limitada capacidad para reflexionar y comprender sus propias emociones y comportamientos (insight) y para aprender de la propia experiencia; tiende a la atribuci\u00f3n de los eventos negativos a causas externas y muestra un estilo de afrontamiento deficitario para abordar las situaciones estresantes. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 02.Escrito.pdf. P\u00e1ginas 1 a 19] <\/p>\n
Lo anteriormente se\u00f1alado, condujo al Juzgado de conocimiento a determinar que, la vulneraci\u00f3n de derechos de las ni\u00f1as Juanita I y Juanita II hab\u00eda continuado, en la medida que, su familia no es id\u00f3nea para asumir su cuidado, tampoco existe familia extensa que pueda hacerse cargo de las ni\u00f1as, lo que amerita la imposici\u00f3n de esta excepcional medida de restablecimiento de derechos, con la finalidad de salvaguardar los intereses superiores de las menores. <\/p>\n
5. Conforme a lo anteriormente expuesto, la pretensi\u00f3n invocada a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional no resulta de recibo, porque la actuaci\u00f3n criticada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que, contrario a lo sostenido por la solicitante, la actuaci\u00f3n se fundamenta en razonamientos que demuestran adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la norma aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que cuando la providencia censurada cuenta con el suficiente respaldo jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto ordinario (CSJ STC, 21 jul. 1995, rad. 2397, citada en STC 898-2022 y STC10347-2022 entre otras). <\/p>\n
6. Adem\u00e1s, en las actuaciones adelantadas en el Proceso de Restablecimiento de Derechos, se advierte el respeto por los derechos fundamentales de la madre de las menores de edad, aqu\u00ed accionante, quien intervino en las actuaciones judiciales, con pleno conocimiento del tr\u00e1mite impartido, resolviendo las peticiones que formul\u00f3, pues de la revisi\u00f3n del expediente se observa que, la petici\u00f3n que elev\u00f3 el 11 de octubre de 2022, fue objeto de pronunciamiento por el Juzgado accionado en auto del 19 de octubre de 2022. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 07. Contestaci\u00f3n juzgado31defamiliabogota. Enlace del proceso 11001311003120220060500. Archivo 013. Auto Reconocimiento apoderado y niega petici\u00f3n] <\/p>\n
7. En ese orden, el hecho de que la accionante disienta de lo resuelto por el Juzgado accionado, no resulta suficiente para la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional pedida, pues es necesario que la decisi\u00f3n se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en asunto bajo estudio. <\/p>\n
8. Finalmente en lo que refiere a la \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb que alega la inconforme en el tr\u00e1mite adelantado por el centro zonal, ha de se\u00f1alarse que, dicho aspecto constituye un hecho nuevo, no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por la autoridad accionada, raz\u00f3n por la cual, un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa de los aqu\u00ed vinculados. <\/p>\n
9. De acuerdo con lo expresado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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