STC16400-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16400-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01811-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Bienvenido Segundo Santrich Grau contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular al Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y a las dem\u00e1s partes del proceso laboral de radicado 11001310502320170019001. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, mediante apoderado judicial, procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, \u00abseguridad social\u00bb y \u00abfavorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la Sala accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, con el fin de que se decrete que \u00abadquiri\u00f3 el derecho al bono pensional, dado su traslado del r\u00e9gimen de prestaci\u00f3n definida al de ahorro individual, en la forma establecida originalmente en el art\u00edculo 117 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto Ley 1299 de 1994, debidamente reglamentado por los Decretos 1748 de 1995 y 3366 de 2007\u00bb. En ese sentido, pidi\u00f3 que se declare que para la liquidaci\u00f3n del bono pensional debi\u00f3 utilizarse como salario base \u00abel salario devengado por el afiliado, debidamente reportado por el empleador a la instituci\u00f3n de seguridad social, conforme lo establece el literal a del art\u00edculo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El 14 de junio de 2018, el Juzgado 23\u00ba Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a las demandadas de todas las pretensiones, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad el 19 de junio de 20192. <\/p>\n
2.3. El 17 de mayo de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario en prove\u00eddo SL1704-2022 y no cas\u00f3 la sentencia atacada3. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el tutelante afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, por cuanto se aplic\u00f3 el art\u00edculo 117 de la Ley 100 de 1993 -lo que implic\u00f3, a su turno, la inaplicaci\u00f3n del literal a) del art\u00edculo 5 del Decreto 1299 de 1994-, \u00abd\u00e1ndole as\u00ed efectos retroactivos a la sentencia C-734-05 proferida por la Corte Constitucional, en una clara atribuci\u00f3n de funciones de dicha Corte y privilegiando la interpretaci\u00f3n menos favorable en pro de los intereses del Se\u00f1or SANTRICH GRAU, vulnerando as\u00ed el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. Adujo que si bien la Corte Suprema de Justicia invoc\u00f3 la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad para inaplicar el art\u00edculo 5 del Decreto 1299 de 1994, lo cierto es que omiti\u00f3 indicar \u00abqu\u00e9 norma constitucional vulnera el literal a del art\u00edculo 5 del Decreto 1299 de 1994, sustentada de manera razonable, para probar que exist\u00eda una vulneraci\u00f3n constitucional y menos justifica el desconocimiento de la sentencia C-734 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, sumado al hecho que desconoce lo establecido por el art\u00edculo 1 del Decreto 3366 de 2007 en lo relacionado con los efectos de la sentencia C-734 de 2005\u00bb. Aunado a lo anterior, indic\u00f3 que la postura adoptada resulta transgresora del precedente de la Corte Constitucional \u00abpues s\u00f3lo toma en cuenta los precedentes derivados de sentencias de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, pero omite hacer alusi\u00f3n a las razones por las cuales no tiene en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional que se han emitido con relaci\u00f3n al salario base de liquidaci\u00f3n del bono pensional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno al tutelante, toda vez que su decisi\u00f3n acat\u00f3 el precedente. Al respecto, record\u00f3 \u00ablas sentencias CSJ SL1977-2019, CSJ SL1042-2019, CSJ SL4605-2020, CSJ SL, 31 mar. 2009, rad. 31855, CSJ SL4605-2020 y CSJ SL378-2022 entre otras, en las que esta Sala de la Corte sostuvo que el bono pensional debe calcularse con fundamento en el monto m\u00e1ximo asegurable avalado por el Acuerdo 048 de 1989, aprobado por el Decreto 2610 de la misma anualidad, y que elabor\u00f3 el Consejo Nacional de Seguros del ISS, mas no por el salario realmente devengado por el trabajador, a pesar de que este sea superior al tope contenido en las normas previamente referidas\u00bb. De manera que lo pretendido era reabrir el debate surtido en las instancias ordinarias. <\/p>\n
2. Roger Enrique Aguirre Ortiz, quien dijo actuar como apoderado general de Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, dijo oponerse a las peticiones del actor puesto que \u00abno existe violaci\u00f3n o vulneraci\u00f3n de derecho alguno del accionante por parte de Cerrej\u00f3n que deba ser protegido por el Juez de tutela y porque la Acci\u00f3n carece, en relaci\u00f3n con esta empresa, de fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que los defectos atribuidos no se constituyeron, puesto que <\/p>\n
\u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral demandada cumpli\u00f3 los presupuestos que exige la propia Corte Constitucional para separarse del precedente, a saber: <\/p>\n
i) se refiri\u00f3 a las sentencias -Sentencias T-147, T-801, T-910, T-920 y T-1087, de 2006\u2013 que sentaron la regla judicial cuya aplicaci\u00f3n pretende la tutelante. <\/p>\n
ii) entreg\u00f3 motivos fundamentados para apartarse de ese precedente, puntualmente, la existencia de la l\u00ednea jurisprudencial sostenida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en cuanto a la inaplicaci\u00f3n del literal a) del art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto-Ley 1299 de 1994 bajo la tesis de la incompatibilidad normativa bidimensional\u00bb. <\/p>\n
Record\u00f3 que la misma Corte Constitucional reconoce la fuerza vinculando de la doctrina probable de los \u00f3rganos de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Y que, adem\u00e1s, \u00abcuando existen interpretaciones diversas y razonables de las Altas Cortes, el operador jur\u00eddico puede adoptar la tesis que considere m\u00e1s ajustada al caso concreto, sin que ello convierta su pronunciamiento judicial en una decisi\u00f3n arbitraria\u00bb. De manera tal que el hecho de que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral haya adoptado la decisi\u00f3n censurada con base en su propia jurisprudencia \u00abpor considerarla m\u00e1s razonable, no vulnera derecho fundamental alguno, por ser expresi\u00f3n del ejercicio del principio de autonom\u00eda e independencia judicial, y de la funci\u00f3n de interpretar las normas jur\u00eddicas aplicables al caso puesto a su consideraci\u00f3n, dentro de los marcos de la racionalidad\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que tampoco se acredit\u00f3 el defecto sustantivo, comoquiera que la Sala accionada \u00abdej\u00f3 claramente expuesto que no le estaba otorgando efectos retroactivos a la sentencia C-734-2005 y explic\u00f3 las razones normativas que justificaban la inaplicaci\u00f3n del literal a) del art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto-Ley 1299 de 1994\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada del accionante, quien aludi\u00f3 a las citadas sentencias T-698-04 y T-292-06, de las cuales concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abi. Efectivamente los jueces pueden apartarse de decisiones de corporaciones judiciales de su mismo rango (precedente horizontal) o de un rango superior (precedente vertical), siempre y cuando fundamenten de manera v\u00e1lida las razones que los llevan a apartarse de la l\u00ednea jurisprudencial. <\/p>\n
ii. Esto tambi\u00e9n es aplicable a los precedentes constitucionales (Corte Constitucional), siempre y cuando se expongan las razones que llevan al juez a separarse de la decisi\u00f3n tomada en el precedente, tal y como se expuso en la sentencia T-219-21\u00bb. <\/p>\n
Pese a lo anterior, apuntal\u00f3 que las razones expuestas por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral para separarse del precedente no son suficientes para abandonar la ratio decidendi establecida por la Corte Constitucional en sentencias T-147, T-801, T-910, T-920 y T-1087 de 2006. Y es que, a su juicio, la autoridad judicial accionada debi\u00f3 apartarse de la l\u00ednea jurisprudencial sentada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00abpues dicha l\u00ednea es vulneratoria de los art\u00edculos 4 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 17 de mayo de 2022, que defini\u00f3, en \u00faltimas4, el proceso ordinario laboral promovido contra Carbones del Cerrej\u00f3n Limited, en tanto no cas\u00f3 la sentencia dictada el 19 de junio de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales. De interpretarse lo contrario, se desconocer\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. Por tanto, solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite arbitrariamente o de manera abiertamente separada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante providencia CSJ SL1704-2022 del 17 de mayo de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el asunto debatido, precisando que no era objeto de discusi\u00f3n que: i) el se\u00f1or Bienvenido Segundo Santrich Grau labor\u00f3 para Carbones del Cerrej\u00f3n Limited; ii) que \u00abel salario base de cotizaci\u00f3n reportado al ISS antes del 30 de junio de 1992 fue de $665.070\u00bb; iii) que dicho valor correspond\u00eda a la m\u00e1xima categor\u00eda asegurable seg\u00fan los reglamentos del ISS; iv) que la real asignaci\u00f3n mensual percibida por el trabajador era de $1.097.300; y que, \u00abse traslad\u00f3 del R\u00e9gimen de Prima Media al de Ahorro Individual administrado por Protecci\u00f3n S.A. el 1\u00ba de diciembre de 1994\u00bb. <\/p>\n
En torno a lo relacionado con el salario que deb\u00eda tenerse como base para la obtenci\u00f3n del bono pensional, es decir, si con el que se realizaron los aportes al ISS al 30 de junio de 1992 -sobre la categor\u00eda m\u00e1xima- o el devengado por el trabajador, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel bono pensional debe calcularse con fundamento en el monto m\u00e1ximo asegurable avalado por el Acuerdo 048 de 1989, aprobado por el Decreto 2610 de la misma anualidad, y que elabor\u00f3 el Consejo Nacional de Seguros del ISS, mas no por el salario realmente devengado por el trabajador, a pesar de que este sea superior al tope contenido en las normas previamente referidas\u00bb. Postura que se acompasa con la l\u00ednea de pensamiento de la Corte Suprema de Justicia y que encuentra su fundamento en los art\u00edculos 37 y 32 de los Decretos 3041 de 1966 y 433 de 1971, respectivamente, as\u00ed como en el 117 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En ese sentido, hizo referencia a las sentencias dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sobre el mismo problema jur\u00eddico, tales como las CSJ SL4605-2020. A su turno, frente a la falta de aplicaci\u00f3n del literal a) del art\u00edculo 5 del Decreto 1299 de 1994, record\u00f3 que en CSJ SL del 31 de marzo del 2009, la Sala Laboral decidi\u00f3 inaplicar tal precepto al considerar que introduco una modificaci\u00f3n respecto al salario base para la obtenci\u00f3n de los bonos pensionales que estaba en evidente contradicci\u00f3n con la normativa existente. Por ello, \u00abconsider\u00f3 la Corte que el referido precepto \u00abconvirti\u00f3 en ilegal lo que antes estaba ajustado a derecho\u00bb, raz\u00f3n por la cual opt\u00f3 por darle prevalencia a lo estatuido en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s decretos reglamentarios, sin que en manera alguna pueda pensarse que ello conlleva a darle efectos retroactivos a la sentencia de inexequibilidad CC-734 de 2005 (CSJ SL4605-2020)\u00bb. Y, para soportar lo dicho, trajo de presente lo aseverado en CSJ SL1977-2019, reiterada en las providencias SL15601-2016, SL8586-2017, SL1042-2019 y SL378-2022 y en SL1042-2019; \u00faltima de las cuales indic\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEntonces, el literal a) del art\u00edculo 5.\u00b0 del Decreto-Ley 1299 de 1994 no solo se expidi\u00f3 por fuera de las facultades entregadas al Presidente de la Rep\u00fablica, aspecto que finalmente provoc\u00f3 su inexequibilidad en el a\u00f1o 2005, sino que, adem\u00e1s, desde un inicio suscit\u00f3 un problema jur\u00eddico de incompatibilidad normativa bidimensional: (1) con el art\u00edculo 117 de la Ley 100 de 1993, el cual hab\u00eda dispuesto todo lo contrario, esto es que la pensi\u00f3n de referencia se liquidaba teniendo en cuenta \u00abla base de cotizaci\u00f3n del afiliado a 30 de Junio (sic) de 1992\u00bb y no lo devengado; y (2) con los principios y directrices que inspiran el actual sistema de seguridad social, de los cuales deriva la regla seg\u00fan la cual las pensiones se financian con lo efectivamente cotizado\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta abiertamente arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Ello pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la normatividad aplicable y soportada en la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada determin\u00f3 que para liquidar el bono pensional del se\u00f1or Santrich Grau deb\u00eda tenerse en cuenta el salario sobre el cual se cotiz\u00f3 al sistema y no el que deveng\u00f3 a 30 de junio de 1992. Esto dado que, de una parte, el ISS no pod\u00eda recibir ninguna cotizaci\u00f3n que superar\u00e1 el tope establecido5 y, por otra, porque la forma de liquidaci\u00f3n contenida en el literal a del art\u00edculo 5 del Decreto Ley 1299 de 1992 resultaba opuesta a los presupuestos y fundamentos legales del sistema pensional. <\/p>\n
En sustento, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada cit\u00f3 jurisprudencia relacionada, en la que expresamente se indic\u00f3 por qu\u00e9 los antecedentes jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional en sede de tutela no eran aplicables. Al respecto, en SL1977-2019 se explic\u00f3 que \u00ab[e]mpero, la Corte Suprema considera, por lo antes expuesto, que el tantas veces mencionado art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 1299 de 1994, no puede tener aplicaci\u00f3n en el asunto bajo examen, porque al tenor de los Acuerdos y dem\u00e1s disposiciones que regulaban las pensiones de vejez, entre ellas, las atinentes a los l\u00edmites de cotizaciones a los cuales deb\u00eda someterse el empresario inscrito en el ISS, las mismas establec\u00edan un salario m\u00e1ximo asegurable, por encima del cual, se repite, la entidad de previsi\u00f3n social no pod\u00eda recibir cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el gestor, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones del ac\u00e1 tutelante. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir indirectamente sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 86 del PDF \u00ab0002 126158Demanda\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 42 del PDF \u00ab0002 126158Demanda\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 63 del PDF \u00ab0002 126158Demanda\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
5\u0002 Tal como se dijo en SL1977-2019, citada en la providencia cuestionada. <\/p>\n
<\/p>\n
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