STC16402-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16402-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2022-00185-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Mauricio Salamanca Galofre, quien dijo actuar como apoderado general de la sociedad Alcal\u00e1 Uma\u00f1a y C\u00eda. S. en C., contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de radicado 2019-0291-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el Despacho accionado. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La Empresa de Energ\u00eda de Boyac\u00e1 S.A. ESO present\u00f3 demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica en contra de la sociedad Alcal\u00e1 Uma\u00f1a y C\u00eda. S. en C. En ella, pidi\u00f3 que se declarara, entre otras, que \u00abla Empresa de Energ\u00eda de Boyac\u00e1 S.A. ESO, est\u00e1 obligada al pago de DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, M\/CTE ($208.955.225), a favor del demandado por concepto de indemnizaci\u00f3n integral de perjuicios por constituci\u00f3n de la servidumbre en el predio determinado en el numeral 5.2 de los hechos\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El 05 de agosto de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja declar\u00f3 la imposici\u00f3n de la servidumbre el\u00e9ctrica en el predio identificado con F.M.I. 070-13473. En consecuencia, conden\u00f3 a la demandante al pago de la suma de $208.955.225 en favor de la sociedad demandada 2. <\/p>\n
2.3. Inconforme, el apoderado de la pasiva interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La alzada fue resuelta por el superior jer\u00e1rquico el 16 de febrero del 2022, en providencia que confirm\u00f3 la del a quo. Adem\u00e1s, conden\u00f3 en costas en segunda instancia a la parte demandada y orden\u00f3 que su liquidaci\u00f3n fuera efectuada \u00aben forma concentrada en el juzgado de primera instancia. Las agencias en derecho en esta instancia se fijar\u00e1n por el Magistrado Sustanciador en auto separado\u00bb3. <\/p>\n
2.4. Mediante oficio no. 0070 del 23 de febrero del 2022, el secretario de la Sala Civil Familia del Tribunal de Tunja envi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad el expediente digital de rad. 2019-00291. Por lo que el a quo, a su turno, profiri\u00f3 auto el 11 de marzo del 2022 en el que orden\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Obedecer y cumplir lo dispuesto por la Sala Civil \u201cFamilia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja mediante prove\u00eddo del diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
SEGUNDO: Declarar ejecutoriada y en firme la decisi\u00f3n adoptada por el despacho sentencia proferida en audiencia del cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
TERCERO: Ordenar por secretar\u00eda el cumplimiento de las ordenes se\u00f1aladas en sentencia proferida en audiencia del cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021), incluyendo en la respectiva liquidaci\u00f3n de costas los valores dispuestos en segunda instancia. Para la entrega de dineros a la parte demandada, debe darse cumplimiento a lo ordenado en la CIRCULAR PCSJC21-15 de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, que el pago debe hacerse mediante abono en cuenta por superar el tope de 15 SMMLV, por lo que se debe allegar al proceso certificaci\u00f3n de cuenta de ahorros o corriente de la que sea titular y en la cual se pueda hacer la transferencia electr\u00f3nica de los dineros.\u00bb4. <\/p>\n
2.5. El 30 de junio del 2022, el apoderado del demandado solicit\u00f3 \u00abla entrega del t\u00edtulo depositado por el demandante para indemnizaci\u00f3n del demandado\u00bb5. A su turno, el 11 de agosto del 2022, la pasiva remiti\u00f3 \u00abcertificaci\u00f3n bancaria solicitada por ese Despacho\u00bb a efectos de que \u00abel dep\u00f3sito se realice lo m\u00e1s pronto posible\u00bb6. <\/p>\n
2.6. El 14 de septiembre del 2022, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja resolvi\u00f3 \u00abfijar como agencias en derecho el valor de dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb7. <\/p>\n
2.7. Indic\u00f3 que los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso sin dilaciones injustificadas y a la administraci\u00f3n de justicia se est\u00e1n viendo afectados por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja al no ordenar la entrega de los dineros depositados en favor de la demandada. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene \u00abal Juzgado Primero (1) Civil del Circuito de Tunja consignar los dineros depositados a favor de ALCALA UMA\u00d1A Y CIA S. EN C.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. El Juzgado accionado apuntal\u00f3 que dentro del tr\u00e1mite del proceso de marras <\/p>\n
\u00abse omiti\u00f3 en su momento, por parte del Magistrado Sustanciador de la segunda instancia, fijar el valor de las agencias en derecho de la parte condenada al pago de las costas en esa instancia, por lo que la actuaci\u00f3n fue devuelta con tal fin, lo que se cumpli\u00f3 en segunda instancia con auto de fecha 14 de septiembre de a\u00f1o en curso y una vez devuelto el expediente a esta instancia, con auto del pasado 18 de octubre se dispuso por parte de este Juzgado, dar cumplimiento a lo dispuesto por el superior y, una vez ejecutoriado dicho auto, ingres\u00f3 nuevamente el proceso a despacho para se\u00f1alar el valor definitivo de los honorarios del perito Juan Carlos Mozo Galindo, lo que se hizo en auto del pasado 28 de octubre, mismo que se encuentra notificado por anotaci\u00f3n en el Estado de la presente fecha\u00bb. <\/p>\n
De manera que, una vez ejecutoriado el auto proferido el 18 de octubre del 2022, \u00abse practicar\u00e1 la liquidaci\u00f3n de costas de las dos instancias por parte de la secretar\u00eda, la que a en su momento ingresar\u00e1 al despacho para aprobaci\u00f3n y, luego de la ejecutoria de tal decisi\u00f3n, proceder a realizar la entrega del dinero solicitado por la sociedad demandante\u00bb. Y esto puesto que si bien ya est\u00e1n para ser entregados los dineros que constituyen el valor de la indemnizaci\u00f3n ordenada en la sentencia, \u00abla entidad demandante EBSA SA ESP por conducto de su apoderado ha solicitado se efect\u00fae -con parte de tales dineros- el pago por compensaci\u00f3n con relaci\u00f3n a la condena en costas que en favor de dicha entidad ha sido reconocida en las instancias, frente a lo cual, no es posible materializar dicha compensaci\u00f3n hasta que se efect\u00fae la liquidaci\u00f3n de costas por la secretar\u00eda de este Juzgado, momento en el cual se tendr\u00e1 certeza de la suma de dinero que se debe descontar de los dineros consignados en el proceso, para ser entregados a la EBSA S.A. E.S.P. y de contera, los que deben ser entregados a la sociedad ALCALA y UMA\u00d1A\u00bb. Posteriormente, la juez inform\u00f3 que el 04 de noviembre del 2022, se profiri\u00f3 auto mediante el cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y se orden\u00f3 la entrega de dineros. <\/p>\n
2.- Los vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que, una vez revisado el expediente, \u00abel tr\u00e1mite que se le ha dado por parte del Juzgado accionado ha estado enmarcado en las normas que se\u00f1alan el procedimiento en esa clase de procesos\u00bb. Y si bien el accionante informa que no se le ha entregado el dep\u00f3sito judicial correspondiente a la indemnizaci\u00f3n se\u00f1alada en primera instancia y confirmada en segunda, lo cierto es que \u00abno menciona nada de las compensaciones pendientes por realizar, o las circunstancias particulares que se han presentado en el curso del proceso o que en ocasi\u00f3n anterior acudi\u00f3 al mismo mecanismo constitucional para lograr la evoluci\u00f3n del proceso\u00bb. Observ\u00f3 que el despacho accionado no ha vulnerado los derechos fundamentales de la sociedad demandada, \u00abpues en lo que ha sido lo dispuesto por la norma que rige el proceso de servidumbre lo ha acatado en cada etapa y, ahora est\u00e1 pendiente la liquidaci\u00f3n de las costas, realizar las compensaciones de \u00e9stas, el fraccionamiento del dep\u00f3sito judicial con miras a entregar de forma proporcional a cada uno de los interesados la suma de dinero que finalmente les corresponda\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la sociedad accionante, quien asever\u00f3 que el juez constitucional pas\u00f3 por alto las dilaciones injustificadas que se han presentado en el proceso, por las cuales se ha impedido la entrega de la indemnizaci\u00f3n correspondiente al demandado. Y es que, tal como lo reconoce el Tribunal, \u00abel pago de las agencias en derecho no es un condicionante para el pago de la indemnizaci\u00f3n al demandado, entonces desde el 16 de febrero de 2022 momento en que se confirm\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n en segunda instancia, quedando la misma en firme, hasta la fecha no existe ning\u00fan condicionante para la entrega del dep\u00f3sito judicial. A\u00fan as\u00ed, se reitera, han pasado mas de 9 meses en que se ha retrasado la entrega de los dineros, bajo la premisa de que se deb\u00edan fijar primero las agencias en derecho de segunda instancia y la ultima dilaci\u00f3n ha sido fijar los honorarios del perito cuando los mismos ya se encuentran cancelados\u00bb. Aunado a lo anterior, inform\u00f3 que desde el 8 de noviembre del 2019, las partes de manera conjunta solicitaron la entrega de los dineros a la demandada; pedimento que fue negado injustificadamente por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante solicita tutelar los derechos fundamentales de la sociedad Alcal\u00e1 Uma\u00f1a y C\u00eda. S. en C por la presunta mora judicial del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja en ordenar la entrega de los t\u00edtulos judiciales consignados en favor de la accionante. <\/p>\n
2. De entrada, la Sala advierte que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por ausencia del presupuesto de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Ello dado que el promotor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la Colegiatura accionada. Adem\u00e1s, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. En lo que respecta a la legitimaci\u00f3n para instaurar este mecanismo excepcional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 se\u00f1ala que, \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias la Sala advierte la improcedencia del amparo invocado. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que el actor, quien dice actuar como apoderado general de la sociedad Alcal\u00e1 Uma\u00f1a y C\u00eda. S. en C., carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el asunto de reclamo. Ello pues, si bien es cierto que en la primera instancia alleg\u00f3 poder general otorgado por la sociedad mencionada8, el mismo no \u00abpuede tener\u2026 la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes\u2026, al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que, promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales de postulaci\u00f3n\u00bb (citado en CSJ STC5471-2022). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026)\u00bb (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras) (ver en CSJ STC19645-2017). (CSJ STC2312-2018, reiterada en STC 5471-2022). <\/p>\n
3. A\u00fan si lo anterior se dejare de lado, el amparo igual fracasar\u00eda. Frente a la mora judicial, la jurisprudencia ha establecido que los escenarios que abren paso a este especial medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019 y STC5633-2021). <\/p>\n
Por ende, no todo retraso en la soluci\u00f3n de una causa judicial es vulnerador de prerrogativas fundamentales, por lo que la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez cognoscente. En ese orden, esta Sala ha considerado que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
3.2. Lo anterior evidencia que el Despacho ha desplegado actuaciones procesales necesarias para dar impulso al proceso y ha atendido las solicitudes elevadas. De manera que no es posible concluir que la autoridad judicial ha tenido un comportamiento \u00abdesidioso, ap\u00e1tico o negligente\u00bb, por lo que la tutela propuesta no es procedente. <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo anterior, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel, que neg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 PDF \u00ab01PoderDemanda\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00ab84ActaAudienciaArt373CGPSentencia05082021\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00ab07. Sentencia Confirmada\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 PDF \u00ab93AutoObedecerCumplirDecisionSuperior\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 PDF \u00ab98MemorialSolicitudPagoTitulo\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 PDF \u00ab99MemorialAportaCertificacionBancaria\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 PDF \u00ab14.0 Auto Fija Agencias\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 PDF \u00ab019 ANEXO 2 -Poder General\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 PDF \u00ab113AutoApruebaLiqCostasOrdenaEntregaDineros\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Seg\u00fan consulta del proceso en el sistema Siglo XXI. <\/p>\n
<\/p>\n
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