STC16403-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16403-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2022-00441-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Jairo Pineda Cardona, Nelson Adri\u00e1n L\u00f3pez Tabares y Gabriel Antonio Lopera Betancur contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de Itag\u00fc\u00ed, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan que se \u00abdecrete la nulidad de lo actuado en el proceso\u2026\u00bb y se ordene \u00abla compulsa de copias para que se investigue la conducta de la Dra. Greizzy Johana S\u00e1nchez Bland\u00f3n\u2026 en raz\u00f3n a su actuar irregular y al parecer doloso en el transcurso de todo el tr\u00e1mite de la compra y venta del inmueble objeto del reivindicatorio\u00bb, lo que \u00abha ido en detrimento y vulneraci\u00f3n de los derechos de\u2026 Jhon Jairo Pineda Cardona y el desprestigio del gremio de los abogados litigantes\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Nicolasa del Socorro Bland\u00f3n S\u00e1nchez instaur\u00f3 juicio reivindicatorio contra Jhon Jairo Pineda Cardona, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed, tr\u00e1mite en el que el demandado present\u00f3 excepciones y formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, pero en auto de 31 de julio de 2018 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la reconvenci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que recurrida, se mantuvo. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia el 23 de noviembre de 2021 se accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n reivindicatoria y se orden\u00f3 al demandado restituir el bien, decisi\u00f3n que tras ser apelada, fue confirmada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, en fallo de 29 de junio de 2022. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que Jhon Jairo Pineda Cardona fue arrendatario del inmueble desde el 24 de enero de 1991 hasta 2006, cuando el arrendador falleci\u00f3; y que el 14 de junio de 2008 Jhon Jairo Pineda Cardona celebr\u00f3 promesa de compraventa con Greizzy Johana S\u00e1nchez Bland\u00f3n, por lo que intervirti\u00f3 el t\u00edtulo de tenedor a poseedor. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que en varias oportunidades se requiri\u00f3 a la promitente vendedora que diera cumplimiento al contrato de promesa, pero esta hizo caso omiso; y que despu\u00e9s de 5 a\u00f1os de celebrada dicha convenci\u00f3n se cit\u00f3 a la vendedora a la audiencia de conciliaci\u00f3n con el fin de pactar la fecha de la escritura de compraventa, pero aquella no compareci\u00f3 ni mostr\u00f3 inter\u00e9s en regresar dinero alguno. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que nunca hab\u00eda dejado de ser poseedor de buena fe; que era preocupante el manejo doloso de Greizzy Johana como vendedora a favor de Nicolasa del Socorro Bland\u00f3n; que esta \u00faltima interpuso demanda de reivindicatoria y en el traslado se formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Refirieron que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo porque no se efectu\u00f3 an\u00e1lisis l\u00f3gico y sistem\u00e1tico de leyes y jurisprudencia; que era inaceptable que se emitiera sentencia reivindicando el inmueble pose\u00eddo de buena fe y se lo entregaran a quien nunca hab\u00eda ostentado esa calidad. <\/p>\n
2.7. Aseveraron que se configur\u00f3 defecto procedimental al omitir la valoraci\u00f3n de las pruebas; que no se tuvo en cuenta que adolec\u00eda de defensa t\u00e9cnica, lo que ocasion\u00f3 que se presentaran irregularidades; que se incurri\u00f3 un exceso ritual manifiesto; no se hizo un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria; y se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed indic\u00f3 que se aten\u00eda a lo tramitado y decidido en la segunda instancia, en donde se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que desconoc\u00eda la calidad e inter\u00e9s de los coadyuvantes Nelson Adri\u00e1n L\u00f3pez Tabares y Gabriel Antonio Lopera Betancur; que los argumentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisi\u00f3n emitida se encontraban debidamente expuestos; que en segunda instancia se confirm\u00f3 la sentencia proferida; que se remit\u00eda al contenido de dicha providencia; que el gestor cont\u00f3 con representaci\u00f3n judicial; que no se hab\u00edan conculcado derechos fundamentales; que no se incurri\u00f3 en ninguna de las causales de procedencia del resguardo; que se agotaron todas las etapas procesales; y que no exist\u00eda v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
3. Jorge Enrique Zuluaga G\u00f3mez, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado \u00aben ese entonces\u00bb de Nicolasa del Socorro Bland\u00f3n S\u00e1nchez, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
5. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional, pues no exist\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; que lo pretendido por los accionantes no ten\u00eda relaci\u00f3n con su naturaleza jur\u00eddica y sus competencias; que no ten\u00eda injerencia en los presuntos hechos transgresores de derechos; y que los accionantes no contaban con petici\u00f3n o tr\u00e1mite administrativo pendiente de resolver. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no vislumbraba la vulneraci\u00f3n de los derechos del accionante, pues el tr\u00e1mite se llev\u00f3 cabo con el respeto de las garant\u00edas de las partes y las sentencias emitidas no eran arbitrarias; que el gestor cont\u00f3 con representaci\u00f3n judicial en el proceso; que las decisiones se encontraban sustentadas en las actuaciones adelantadas y se valoraron las pruebas; que frente a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n exist\u00eda incertidumbre sobre la fecha de la interversi\u00f3n, pues fue soportada por un supuesto contrato de promesa de compraventa que no cumpl\u00eda con la forma escrita que deb\u00eda tener, en tanto que se hizo de forma verbal; que de aceptar la interversi\u00f3n con el pago de impuesto en 2013, no cumpl\u00eda tiempo; que el actor estuvo representado por profesionales del derecho; que este no era el medio para definir los cuestionamientos sobre la legalidad de la compraventa efectuada entre Greizzy Johanna y Nicolasa del Socorro; y que los coadyuvantes no ten\u00edan legitimaci\u00f3n por no ser extremos procesales ni intervinientes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante Jhon Jairo Pineda Cardona impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se ahond\u00f3 en el an\u00e1lisis probatorio; que la apoderada sustituta no ten\u00eda la facultad de desistir pruebas; que fue Greizzy Johana S\u00e1nchez Bland\u00f3n, la que actu\u00f3 de forma irregular y arbitraria; que estaba demostrada su posesi\u00f3n de buena fe; que los abogados que lo representan coadyuvaban la tutela; que el Tribunal Constitucional incurri\u00f3 de forma involuntaria en errores de hecho y de derecho; y que se deb\u00edan tutelar sus derechos o suspender los efectos del fallo mientras acud\u00eda a la revisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia definitoria del asunto criticado no luce arbitraria, pues puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026La tesis de este despacho es que no se demuestra que la alegada posesi\u00f3n fuere de manera ininterrumpida por el t\u00e9rmino que contempla la ley para la prosperidad de la excepci\u00f3n propuesta, esto es, los diez a\u00f1os de posesi\u00f3n. <\/p>\n
Para dilucidar los problemas jur\u00eddicos, es procedente realizar un estudio de las normas que regulan la acci\u00f3n reivindicatoria\u2026 Son entonces, los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria\u2026 <\/p>\n
En este proceso, no hay duda entonces de que se han acreditado y as\u00ed lo tom\u00f3 el juzgado de primera instancia que se trata de la demandante acredit\u00f3 la titularidad del inmueble, el derecho de dominio, es reconocido la condici\u00f3n de poseedor del demandado, tambi\u00e9n la identificaci\u00f3n del bien pretendido\u2026 Se han probado entonces estos elementos axiol\u00f3gicos. <\/p>\n
En el caso de la posesi\u00f3n, pues esa discusi\u00f3n que plantea el apelante de una fecha del inicio de la posesi\u00f3n\u2026 en el demandado y fue uno de los puntos de la jueza de primera instancia, no se cumplir\u00eda, as\u00ed fuera poseedor desde el 2008, por un periodo, no cumplir\u00eda el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n que le permitir\u00eda alegar un t\u00edtulo de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a esta excepci\u00f3n presentada de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, si bien es cierto que al contestar la demanda no se indica la fecha en que se reputa como due\u00f1o, se limita a indicar que al inicio ten\u00eda un contrato de arrendamiento con el se\u00f1or Hern\u00e1n, quien era due\u00f1o y, que posteriormente, cuando el bien era de la se\u00f1ora Greizzy se celebr\u00f3 un contrato de promesa de compraventa con ella, pero no se da cuenta el momento en que dej\u00f3 de ser inquilino a tener animo de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
Sin embargo, para la fecha 8 de noviembre de 2013, el demandado acerc\u00f3 con la respuesta a la demanda el pago de una factura del impuesto predial, eso es lo que enfatiza el a-quo, que si se considerara como acto de se\u00f1or y due\u00f1o esta prueba, desde esa fecha comienza su calidad de poseedor sobre el bien objeto del proceso. <\/p>\n
Ahora, desde esa fecha\u2026 8 de noviembre de 2013 hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, el 14 de agosto de 2015, no se configura el tiempo de los 10 a\u00f1os que indica la norma para adquirir por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, considera este despacho bien sustentada la sentencia de primera instancia para no acceder a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva planteada y que se trata de sustentar por la parte apelante. <\/p>\n
Por los anteriores argumentos, conforme a las pruebas existentes, se encuentra conforme a derecho la decisi\u00f3n de primera instancia, que ser\u00e1 confirmada en su totalidad. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. De otro lado, se advierte que los coadyuvantes carecen de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura, en tanto que no ostentan la calidad de partes ni de intervinientes en el tr\u00e1mite atacado, sin que el hecho de que sean apoderados del promotor los habilite para acudir directamente a la tutela ni para cuestionar las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria o adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026[quien] no es parte en el proceso\u2026 g\u00e9nesis de la queja constitucional y la circunstancia de fungir como mandatario judicial de un[o] de ell[o]s\u2026 no lo faculta para demandar en causa propia protecci\u00f3n constitucional, dado que la supuesta vulneraci\u00f3n afectar\u00eda a su representado y no a \u00e9l quien, se itera, no integra ninguno de los extremos procesales (CSJ STC, 2 mar. 2009, rad. 2008-01869-01). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si el promotor no es sujeto procesal ni ha sido reconocido como tercero interesado dentro del juicio\u2026 donde solicita el amparo, pese a que el actor sea su poderdante y aqu\u00e9l alegue con vehemencia \u2018tener la facultad para recibir\u2019, le est\u00e1 vedado acudir a la presente herramienta constitucional a pedir protecci\u00f3n por el presunto cercenamiento de los derechos alegados, pues esa facultad est\u00e1 reservada solamente a los titulares, salvo en los casos de la agencia oficiosa\u2026 (Sentencia de 6 de marzo de 2012, exp. 76001-22-10-000-2012-00010-01) (CSJ STC4917-2015, 24 abr. 2015, rad. 2015-00111-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten el respectivo poder especial para actuar. <\/p>\n
Por consiguiente, para que el apoderado judicial de una parte pueda promover una acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de derechos en el interior del asunto en que act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de ella, tiene necesariamente que satisfacer la prueba de la representaci\u00f3n que se le exige, en este caso espec\u00edfico, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, a saber: \u2018la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u2019 (CSJ STC16132-2016, 8 nov. 2016, rad. 2016-00203-01). <\/p>\n
5. Finalmente, se destaca frente a la solicitud de compulsa de copias, que si el peticionario considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
6. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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