STC16405-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16405-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02831-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Denegados los impedimentos manifestados, la Corte decide el resguardo constitucional promovido por Bianey Bravo Valencia contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2010-06485. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presunci\u00f3n de inocencia, libertad, favorabilidad jur\u00eddica y defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales se adelant\u00f3 el proceso penal de radicado 2010-06485 contra Bianey Bravo Valencia, por la presunta comisi\u00f3n del punible de actos sexuales con menor de catorce a\u00f1os agravado y en concurso. <\/p>\n
2.2. El estrado judicial \u2013con providencia del 11 de diciembre de 2015-1 absolvi\u00f3 al acusado. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, tanto la Fiscal\u00eda como el apoderado de v\u00edctimas impetraron recurso de apelaci\u00f3n, sin embargo, el ente investigador desisti\u00f3 de la alzada. <\/p>\n
2.3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital de Caldas -con prove\u00eddo del 10 de octubre de 2016-2 revoc\u00f3 el fallo de primera instancia. Y conden\u00f3 a Bianey Bravo Valencia a 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Contra la anterior decisi\u00f3n, el apoderado del sentenciado inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El procesado radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n3 ante el mentado Tribunal, pregunt\u00e1ndole a la magistrada ponente si se hab\u00eda declarado impedida o si se hab\u00eda presentado recusaci\u00f3n en su contra por el hecho de ser ex c\u00f3nyuge de su entonces abogado de confianza. El petitorio fue resuelto por la mentada dignataria, la cual -con oficio del 18 de julio de 2017-4 apuntal\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) ni de parte de la Magistrada suscrita se manifest\u00f3 impedimento, como tampoco de parte de Su Abogado defensor incoada una recusaci\u00f3n, lo cual debe aclararse que no obedece al deseo de participar de un asunto en el cual haya intereses personales de por medio, sino porque, tanto en t\u00e9rminos materiales como formales, no hab\u00eda lugar a que quien obr\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia se apartara del conocimiento del asunto, estando libre de cualquier motivo que afectara la objetividad y la imparcialidad a la hora de decidir. <\/p>\n
2.5. El convicto remiti\u00f3 a la Hom\u00f3loga Penal la respuesta proferida por la magistrada para que fuera estudiado en el estadio del recurso extraordinario presentado5. No obstante, la se\u00f1alada Corporaci\u00f3n -con oficio del 28 de agosto de 2017- inform\u00f3 que no era posible recibir la documentaci\u00f3n debido a que \u00fanicamente ten\u00eda legitimaci\u00f3n para actuar su defensor de confianza. <\/p>\n
2.6. Sintiendo vulnerados sus derechos fundamentales, Bravo Valencia promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra las autoridades accionadas por considerar que no fue juzgado por un fallador independiente y por no haber podido presentar la recusaci\u00f3n dentro de la causa natural. En este sentido, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia -con prove\u00eddo STC2329-2018 del 21 de febrero de 20186- declar\u00f3 improcedente el amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, determinaci\u00f3n confirmada por la Hom\u00f3loga Sala Laboral en providencia STL4581-2018 del 4 de abril ulterior7. <\/p>\n
2.7. Nombrado nuevo abogado de confianza, el condenado alleg\u00f3 nuevamente la respuesta del derecho de petici\u00f3n al despacho del magistrado que conoc\u00eda sobre el recurso extraordinario, quien manifest\u00f3 que la documentaci\u00f3n aportada ser\u00eda tenida en cuenta al momento de resolver el recurso8. <\/p>\n
2.9. Finalmente, a trav\u00e9s de sentencia SP2001-2022 del 8 de junio del a\u00f1o en curso13, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. <\/p>\n
2.10. As\u00ed las cosas, el gestor adujo que la Hom\u00f3loga Penal incurri\u00f3 en una omisi\u00f3n al no declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia con base en lo referido en el numeral segundo del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004. Esto, con base en el impedimento que ten\u00eda la magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Asimismo, indic\u00f3 que no se respet\u00f3 su derecho a la doble conformidad. Adem\u00e1s, iter\u00f3 que no se resolvi\u00f3 el petitorio de solicitud de libertad presentado por el condenado. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se decrete la nulidad del fallo SP2001-2022 del 8 de junio de 2022 por medio del cual se decidi\u00f3 no casar la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales dentro de la causa natural. Y, en su lugar, se ordene a la Homologa Penal que profiera una nueva providencia salvaguardando sus derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia14 manifest\u00f3 que en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n propuesto por el aqu\u00ed accionante s\u00ed resolvi\u00f3 todas las r\u00e9plicas elevadas. En este sentido, de cara al presunto impedimento de la magistrada del Tribunal accionado, refiri\u00f3 que el actor hab\u00eda promovido acci\u00f3n de tutela en los mismos t\u00e9rminos, la cual fue resuelta negativamente en providencia STC2329-2018 y confirmada por la Homologa Laboral en prove\u00eddo STL481-2018. <\/p>\n
Por otro lado, de cara a la doble conformidad, ilustr\u00f3 que mediante el auto AP3356-2020, confirmado en recurso de reposici\u00f3n AP687-2021, \u00abdecidi\u00f3 declarar improcedente la petici\u00f3n de impugnaci\u00f3n especial al considerar que el derecho a impugnar la primera condena y el derecho a la doble conformidad quedaron garantizados al procesado el 27 de abril de 2018, fecha en que la Corte admiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por la defensa\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, trat\u00e1ndose de la presunta falta de resoluci\u00f3n de la solicitud de libertad, resalt\u00f3 que \u00absobre ese aspecto tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 esta Sala ante peticiones elevadas por la misma accionante (AP2516-2021 y AP687-2021, rad. 49920), dej\u00e1ndole en claro que la resoluci\u00f3n de aquel asunto alusivo a la libertad, para ese momento, no era competencia de la Corte\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que, se configur\u00f3 un hecho superado, comoquiera que con la sentencia de casaci\u00f3n se confirm\u00f3 la orden de privaci\u00f3n de la libertad del procesado. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales15 y la titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad16, apuntalaron que todas las actuaciones desplegadas se ci\u00f1eron a la legalidad. Por ello, destacaron que no vulneraron las prebendas fundamentales del gestor. <\/p>\n
3. Juli\u00e1n Andr\u00e9s Betancurt Gonz\u00e1lez17 esgrimi\u00f3 que de la uni\u00f3n de la dignataria Gloria Ligia Casta\u00f1o y el abogado C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez no hubo descendencia. Por tanto, resulta infundado el argumento central expuesto por la apoderada del libelista. <\/p>\n
4. C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez Londo\u00f1o18 pidi\u00f3 que fuera declarada improcedente el amparo. Como fundamento de su petici\u00f3n, indic\u00f3 que no procre\u00f3 ning\u00fan hijo con la magistrada, contrario a lo afirmado por el accionante. Por otro lado, refiri\u00f3 que termin\u00f3 su v\u00ednculo matrimonial con la mentada magistrada en 1992, sin que se exista una grave enemistad con su antigua pareja que pueda afectar la imparcialidad de aquella para ejercer su trabajo. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor. Esto, debido a que, al momento de desatarse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n incoado, la Homologa Penal no declar\u00f3 la nulidad del fallo de segunda instancia, a pesar de estar demostrado que exist\u00eda un impedimento por parte de una de las magistradas que decidieron la alzada. Adicionalmente, resalt\u00f3 que no se respet\u00f3 su derecho a la doble conformidad, como tampoco fue resuelto el petitorio de libertad que present\u00f3. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se observa que la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, con oficio del 18 de julio de 201719 dio respuesta al derecho de petici\u00f3n elevado por el aqu\u00ed accionante, en el sentido de manifestarle que no se declar\u00f3 impedida para conocer la alzada presentada contra el prove\u00eddo del 11 de diciembre de 2015, comoquiera que: <\/p>\n
(\u2026) tanto en t\u00e9rminos materiales como formales, no hab\u00eda lugar a que quien obr\u00f3 como ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia se apartara del conocimiento del asunto, estando libre de cualquier motivo que afectara la objetividad y la imparcialidad a la hora de decidir. <\/p>\n
Al respecto, d\u00edgase, de un lado, que el lejano y caduco v\u00ednculo marital entre el aludido Defensor y la signataria de este prove\u00eddo, no dio lugar nunca a una situaci\u00f3n de animadversi\u00f3n, hostilidad ni similar, raz\u00f3n por la que en cada uno de los procesos penales en que he integrado la Sala de decisi\u00f3n (sea como ponente o revisora) siempre he estado guida por el respeto de las garant\u00edas de las partes y por administrar justicia con ecuanimidad y probidad, sin tener intenciones torticeras, al punto que as\u00ed como ha habido casos en los cuales las pretensiones del Dr. C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez han sido desestimadas, en otros tantos han sido acogidas, pues su participaci\u00f3n no ha viciado nunca mi correcto ejercicio jurisdiccional. <\/p>\n
Por lo anterior, no habr\u00eda lugar a declararme impedida. (\u2026) <\/p>\n
2.1. De igual forma, iter\u00f3 que, cuando empez\u00f3 a desarrollar su labor como magistrada del mentado Tribunal, plante\u00f3 el impedimento que ahora se reclama. Sin embargo, la Hom\u00f3loga Penal lo declar\u00f3 infundado, sobre la base de que <\/p>\n
Lo \u00fanico claro y preciso aducido por la funcionaria que expresa la causal impeditiva es que entre ella y uno de los defensores que ac\u00e1 act\u00faan existi\u00f3 un v\u00ednculo matrimonial, pero a partir de all\u00ed no ofrece ning\u00fan elemento de juicio sobre el cual la Sala pueda determinar que en efecto emergieron entre los mismos un sentimiento de amistad o uno de animadversi\u00f3n y aqu\u00e9l lo es en calidad de \u00edntimo y \u00e9ste con el adjetivo de grave. <\/p>\n
En esas condiciones, no ofreciendo adem\u00e1s la funcionaria que invoca dicha causal de impedimento, serios y atendibles argumentos que permitan valorarla, no obstante, la carga subjetiva que entra\u00f1a, para deducir en forma razonable si la amistad que hipot\u00e9tica y ambiguamente se proclama es \u00edntima, o si la enemistad es grave o no y comporta o no un serio menoscabo a la libertad de juicio y a su imparcialidad, es obvio que no puede darse sin m\u00e1s por demostrada. <\/p>\n
Lo contrario implicar\u00eda que al Corte procediera a formular una seria de situaciones hipot\u00e9ticas a partir de la mera afirmaci\u00f3n de la funcionaria sobre la existencia en el pasado del v\u00ednculo conyugal, cuando de la mera afirmaci\u00f3n de la funcionaria sobre la existencia en el pasado del v\u00ednculo conyugal, cuando es evidente que sin desconocer los muchos efectos que una relaci\u00f3n de esa \u00edndole puede aparejar, ello no basta para afirmar jur\u00eddicamente la concurrencia de alguno de los motivos que se analizas y en el grado que exige la ley, \u00edntima amistad y la grave enemistad. <\/p>\n
2.2. Asimismo, se observa que, con antelaci\u00f3n a la formulaci\u00f3n del presente amparo, el gestor ya hab\u00eda presentado acci\u00f3n de tutela alegando los mismos reparos frente al presunto impedimento de la se\u00f1alada dignataria. En dicha ocasi\u00f3n, esta Sala Civil y la Hom\u00f3loga Laboral, en providencias STC2329-2018 y STL4581-2018, respectivamente, declararon improcedente el resguardo, debido a que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad, ya que el libelista no hizo uso del mecanismo de la recusaci\u00f3n con que contaba. Siendo menester apuntalar que tampoco fue escogida para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional (radicado T6754753), seg\u00fan se observa en el estado publicado el 31 de mayo de 2018.20 <\/p>\n
2.3. Aunado a lo expuesto ut supra, refulge imperioso ilustrar que el prove\u00eddo que desentra\u00f1\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n analiz\u00f3 in extenso las probanzas arrimadas al plenario y los argumentos expuestos por el recurrente. Es as\u00ed como luego de estudiar el testimonio de la v\u00edctima del delito y de los dem\u00e1s testigos y partes, y la prueba pericial de la m\u00e9dica tratante, concluy\u00f3 que \u00abninguno de los yerros denunciados por el demandante tiene vocaci\u00f3n de prosperar, pues no se prob\u00f3 que en su decisi\u00f3n el Tribunal haya incurrido en errores de hecho por falso juicio de identidad y falso juicio de existencia\u00bb21. <\/p>\n
Por tanto, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable22. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, corolario de lo discurrido, deviene necesario manifestar que no tiene asidero la queja elevada por el gestor en cuanto al supuesto impedimento de la magistrada Gloria Ligia Casta\u00f1o Duque. <\/p>\n
3. Por otro lado, en relaci\u00f3n con la r\u00e9plica relacionada con que se vulner\u00f3 el derecho a la doble conformidad por no haberse concedido la impugnaci\u00f3n especial incoada, este cuerpo colegiado concuerda con lo rese\u00f1ado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la sentencia SP2001-2022, donde ilustr\u00f3 que <\/p>\n
Toda vez que la demanda presentada se declar\u00f3 ajustada conforme con los par\u00e1metros del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, la Corte analizar\u00e1 de fondo los problemas jur\u00eddicos all\u00ed propuestos, adem\u00e1s de guiarse por las funciones del recurso de casaci\u00f3n en materia penal, dirigidas a la b\u00fasqueda de la eficacia del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de quienes intervienen en la actuaci\u00f3n, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a las partes y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 180 ib\u00eddem. <\/p>\n
De igual manera, con la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n se garantizar\u00e1 el derecho a la doble conformidad, teniendo en cuenta que el acusado BIANEY BRAVO VALENCIA fue condenado por primera vez al revocar el Tribunal de Manizales la absoluci\u00f3n con la cual lo hab\u00eda beneficiado el juez de conocimiento. En raz\u00f3n de lo anterior, la Sala realizar\u00e1 un an\u00e1lisis exhaustivo de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la condena y se pronunciar\u00e1 de fondo sobre los cargos propuestos en la demanda. <\/p>\n
En este entendido, se otea que la garant\u00eda supralegal del promotor no fue desconocida en ning\u00fan momento y sus r\u00e9plicas si fueron resueltas. <\/p>\n
4. Finalmente, trat\u00e1ndose de la falta de respuesta de la solicitud de libertad presentada por el condenado, resulta menester se\u00f1alar que esta Sala tambi\u00e9n acoge la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Homologa Penal en su intervenci\u00f3n, en cuanto a que se trata de un hecho superado, comoquiera que \u00abse emiti\u00f3 sentencia de casaci\u00f3n en la que se confirm\u00f3 el fallo emitido por el Tribunal Superior de Manizales, dentro del cual se orden\u00f3 la privaci\u00f3n de la libertad del procesado\u00bb. Adicionalmente, tambi\u00e9n obra prueba en el plenario del habeas corpus peticionado por el libelista, el cual fue denegado el 18 de enero del a\u00f1o en curso y confirmado el 25 de enero posterior por el Tribunal atacado. Por ello, resulta pertinente concluir que el petitorio ya fue desatado. <\/p>\n
5. En definitiva, se denegar\u00e1 la salvaguarda rogada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: NIEGA el amparo reclamado. Comunicar esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, conforme lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 99-201, archivo \u201cACCI\u00d3N DE TUTELA \u2013 ANEXOS \u2013 BIANEY BRAVO VALENCIA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 202-313. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 376-378. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 380 y 381. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 382-386. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem., 422-429. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem., 445 y 446. <\/p>\n
9\u0002 Ibidem., 454-458. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem., 460-465. <\/p>\n
11\u0002 Ibidem., 466-470. <\/p>\n
12\u0002 Ibidem., 471-473. <\/p>\n
13\u0002 Ibidem., 314-375. <\/p>\n
14\u0002 Folios 1-8, archivo \u201cRespuesta tutela 49920\u201d del expediente digital. <\/p>\n
15\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220283100-0033Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
16\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cRESPUESTA TUTELA RADICADO 11001020300020220283100\u201d del expediente digital. <\/p>\n
17\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020220283100-0034Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
18\u0002 Folios 1-19, archivo \u201cBIANEY-BRAVO-VALENCIA-2022-PRONUNCIAMIENTO-TUTELA-11001-02-03-000-2022-02831-00\u201d del expediente digital. <\/p>\n
19\u0002 Folios 380 y 381, archivo \u201cACCI\u00d3N DE TUTELA – ANEXOS – BIANEY BRAVO VALENCIA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
20\u0002 Disponible en: Corte Constitucional de Colombia <\/p>\n
21\u0002 Folios 314-374, archivo \u201cACCI\u00d3N DE TUTELA \u2013 ANEXOS – BIANEY BRAVO VALENCIA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
22\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC16405-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16405-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02831-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Denegados los impedimentos manifestados, la Corte decide el resguardo constitucional promovido por Bianey […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}