STC16406-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16406-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03992-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Emiro Enrique Acosta Rivera en contra de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso constitucional de radicado 2022-00132, as\u00ed como a los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, petici\u00f3n, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad social. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la informaci\u00f3n allegada, se extraen como bases del reclamo, en s\u00edntesis, las siguientes: <\/p>\n
2.1. Durante el per\u00edodo comprendido entre el 28 de diciembre de 1998 y el 25 de junio de 2007, el impulsor labor\u00f3 como conductor de la se\u00f1ora Tomasa Diazgranados de Gonz\u00e1lez (Q.E.P.D.1). <\/p>\n
2.2. Como Tomasa Diazgranados (Q.E.P.D.) no pag\u00f3 los aportes a seguridad social, el interesado formul\u00f3 demanda en contra de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2.3. De la acci\u00f3n conoci\u00f3 el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta (proceso con radicado 47001310503200700462), que dict\u00f3 fallo el 1 de junio de 2009, condenando a la convocada a pagar al tutelante $4.386.876 por \u00abaportes no cancelados por la demandada durante la prestaci\u00f3n de los servicios\u00bb y $7.640.589 por \u00abintereses (\u2026) sobre los aportes dejados de cancelar\u00bb2. <\/p>\n
2.4. Con base en lo decidido, el gestor acudi\u00f3 a la administradora de pensiones, a fin de solicitar la actualizaci\u00f3n de su historia laboral, no obstante, la entidad le contest\u00f3 que el patrono no realiz\u00f3 los aportes, por lo cual no era posible acceder a lo pretendido. <\/p>\n
2.5. Por considerar que la actuaci\u00f3n de Colpensiones era contraria a derecho, en tanto era la obligada a procurar los cobros jur\u00eddicos para obtener el pago de los aportes de ley, el gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2.6. Del decurso constitucional conoci\u00f3, en primera instancia, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta (rad. 2022-00132), que desestim\u00f3 las pretensiones el 21 de septiembre de 2022, bajo el entendido de que la entidad se pronunci\u00f3 sobre lo pedido y que el fallo dictado por el juez laboral el 1 de junio del 2009 \u00abno conden\u00f3 al antiguo Instituto de Seguro Social -ISS-, al pago de las prestaciones sociales [sino] a la se\u00f1ora TOMASA DIAZGRANADOS DE GONZ\u00c1LEZ\u00bb, de all\u00ed que Colpensiones no estaba obligada a satisfacer las exigencias del actor3. <\/p>\n
2.7. El Tribunal accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n el pasado 4 de noviembre, tras considerar que como el se\u00f1or Emiro no fue afiliado al sistema de seguridad social por su empleadora ninguna responsabilidad cab\u00eda atribuirle a Colpensiones ni era esa entidad la responsable de iniciar las acciones de cobro pretendidas. Puso de presente que, de acuerdo con la informaci\u00f3n aportada, el gestor no acredit\u00f3 que hubiese requerido a los herederos de su empleadora para que pagaran lo adeudado, ni menos que hubiere impulsado actuaciones tendientes al cumplimiento de las prestaciones reconocidas en la sentencia laboral de 2009, razones por las cuales el amparo deprecado no satisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad4. <\/p>\n
3. El censor critica lo actuado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta en la acci\u00f3n constitucional con radicado 2022-00132, pues, a su modo de ver y contrario a lo dictaminado por dichos juzgadores, Colpensiones s\u00ed est\u00e1 obligada a procurar el cobro de las condenas impuestas por la jurisdicci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Sostiene que no se le notific\u00f3 debidamente el auto admisorio de la tutela cuestionada ni el \u00abtraslado a las partes\u00bb, ya que dichas actuaciones no fueron incluidas en el \u00absistema TYBA\u00bb. <\/p>\n
4. Con estribo en lo relatado, pide que se dejen sin efectos los fallos dictados en el decurso constitucional atacado; que se inste al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta a que notifique a los herederos de Tomasa Diazgranados; que se actualice su historial laboral; que se vincule a la Superintendencia Financiera, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00abcomo garantes del Cumplimiento de la Sentencia T-774 de 2015 C.C.\u00bb, en lo que respecta a su caso; y que Colpensiones adelante todas las gestiones pertinentes para obtener el cobro de la condena impuesta en el fallo dictado por la justicia laboral en el proceso con radicado 470013105003200700462. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado pidi\u00f3 desestimar el ruego, pues las determinaciones adoptadas al interior de la causa censurada no revest\u00edan v\u00eda de hecho alguna; en adici\u00f3n, destac\u00f3 que la tutela no procede contra una acci\u00f3n de igual naturaleza, m\u00e1xime cuando no se evidencia \u00absituaci\u00f3n de fraude\u00bb alguna. Parecido derrotero sigui\u00f3 la Procuradur\u00eda Doce Judicial II para Asuntos Civiles. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta remiti\u00f3 copias de las actuaciones criticadas. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Provincial de Instrucci\u00f3n de Santa Marta pidi\u00f3 que se le desvinculara de asunto, ya que el actor no hab\u00eda radicado queja alguna y porque no hab\u00eda lesionado sus derechos. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta aport\u00f3 algunos datos del proceso laboral promovido por el censor frente a Tomasa Diazgranados de Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
5. La Superintendencia Financiera de Colombia solicit\u00f3 desestimar el ruego, ya que lo dispuesto por la Corte Constitucional en el fallo T-774 de 2015 \u00abno tuvo como prop\u00f3sito adelantar seguimiento a la atenci\u00f3n y resoluci\u00f3n de casos particulares que se encontraran relacionados con gestionar la afiliaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones\u00bb. En todo caso, detall\u00f3 las gestiones que ha adelantado a fin de darle cumplimiento a lo exigido por el alto tribunal en el anotado pronunciamiento. <\/p>\n
6. Jos\u00e9 Ignacio y Juan Pablo D\u00edaz Granados Guida, actuando a trav\u00e9s de apoderada, manifestaron que ellos no eran herederos de Tomasa D\u00edaz Granados (Q.E.P.D). <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende que se dejen sin efectos las sentencias dictadas en el proceso constitucional cuestionado; que se inste al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta a que notifique a los herederos de Tomasa Diazgranados; que se actualice su historial laboral; y que Colpensiones impulse todas las actividades conducentes para obtener el cobro de la condena impuesta en el fallo dictado por la justicia laboral dentro del proceso con radicado 47001310503200700462. <\/p>\n
A su vez, reclam\u00f3 que se llame a la Superintendencia Financiera, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, \u00abcomo garantes del Cumplimiento de la Sentencia T-774 de 2015 C.C.\u00bb. <\/p>\n
2. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela, habida cuenta de que, para confutar las determinaciones adoptadas en dicha sede, existen como dispositivos de control la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional. En esta direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto (CSJ STC 20 de abr. de 2020, rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
De lo anterior se sigue que esta v\u00eda no es el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en esas actuaciones, puesto que permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2.1. Ahora bien, en este caso, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por los convocados y vinculados, la tutela debatida est\u00e1 pendiente de enviarse a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, por lo que, como lo ha sostenido la Sala en asuntos similares, el censor, \u00absi lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello\u00bb5, de manera que el interesado cuenta con otros mecanismos de defensa para rebatir las decisiones emitidas en sede de tutela. <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que s\u00f3lo en particulares situaciones es procedente la tutela dirigida contra una decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre que, habi\u00e9ndose agotado los dem\u00e1s instrumentos, se advierta que las sentencias fueron producto de un hecho de fraude; al respecto, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso, as\u00ed: <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede\u2026 <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, en el asunto, adem\u00e1s de existir otro medio de defensa, referente a la eventual revisi\u00f3n y solicitud de insistencia, de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se evidencia que las decisiones constitucionales se profirieran como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una cosa juzgada fraudulenta, pues el reclamo expuesto se sustenta en un disentimiento frente a lo resuelto en forma adversa a los intereses de la accionante, lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
3. De otro lado, debe destacarse que como en la tutela de radicado 2022-00132 se decidi\u00f3 lo concerniente a las actuaciones de Colpensiones y lo relativo al presunto incumplimiento del fallo laboral proferido en 2009 por parte de esa entidad y de los herederos de la se\u00f1ora Tomasa Diazgranados, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto, pues no es posible surtir un nuevo debate constitucional en torno al tema. <\/p>\n
A lo anterior, se suma, de un lado, que los asuntos concernientes a un reclamo pensional (actualizaci\u00f3n de historia laboral, cumplimiento de sentencia ordinaria laboral y dem\u00e1s temas relacionados) deben ventilarse ante el juez natural y mediante los instrumentos ordinarios de defensa; y, de otro, que la presente salvaguarda se instaur\u00f3 contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, con el fin -entre otros- de dejar sin efectos los fallos proferidos en el amparo referenciado, lo cual, como se indic\u00f3, carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, en consecuencia, no hay lugar a emitir pronunciamientos adicionales. <\/p>\n
4. Referente a la irregularidad generada a ra\u00edz de la supuesta indebida notificaci\u00f3n de algunas determinaciones emitidas en el curso de la causa criticada, la Sala advierte que la tutela examinada deviene inviable, toda vez que el tutelante no ha puesto de presente, ante el operador judicial de conocimiento, la anomal\u00eda referida, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes prematuramente y sin que los planteamientos hayan sido resueltos en las instancias ordinarias, dado que el juez de tutela no puede reemplazar las facultades del cognoscente.\u202f\u202f <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por \u00faltimo, sobre la censura contra la actividad de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Superintendencia Financiera de Colombia, en su calidad, dice el gestor constitucional, de \u00abgarantes del [c]umplimiento de la Sentencia T-774 de 2015\u00bb de la Corte Constitucional, basta se\u00f1alar que en el expediente no hay evidencia de que el actor hubiere acudido a dichas entidades a fin de solicitarles lo pretendido en sede de tutela, lo cual torna improcedente el auxilio implorado, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conforme a los datos obrantes en la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, la se\u00f1ora Tomasa Diazgranados falleci\u00f3 el 15 de abril de 2009. <\/p>\n
2\u0002 Fls. 59-69 del expediente contentivo del proceso laboral. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital 019 Sentencia de Tutela Rad. 2022-00132-00.pdf. <\/p>\n
4\u0002 02. FALLO TUT. Rad. 2022.00132.02.pdf. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00, reiterada en CSJ STC6763-2020. <\/p>\n
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STC16406-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC16406-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03992-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Emiro Enrique Acosta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69612","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69612\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}