STC16407-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC16407-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04156-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Felipe Ignacio Barriga Contreras contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y la Hom\u00f3loga Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de radicado 110016000706201080015. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos a la libertad, igualdad, debido proceso, presunci\u00f3n de inocencia, segunda instancia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente trasgredidos por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la revisi\u00f3n de las pruebas allegadas, se observan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 05 de junio del 2014, el Juzgado Penal del Circuito de Ubat\u00e9 profiri\u00f3 sentencia absolutoria a favor de los se\u00f1ores Felipe Ignacio Barriga Contreras, Juan Carlos Torres Guzm\u00e1n y Rodrigo Eduardo Robayo Torres de los cargos que, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiaci\u00f3n y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, a t\u00edtulo de coautores para los dos primeros e interviniente para el \u00faltimo, les formul\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 09 de septiembre del 2014, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca revoc\u00f3 tal determinaci\u00f3n. En su lugar, conden\u00f3 al accionante, como coautor, a la pena principal de setenta meses de prisi\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas y le impuso una multa. Ello por la incursi\u00f3n en las conductas punibles de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y peculado por apropiaci\u00f3n. A su turno, en el numeral quinto de la providencia, se declar\u00f3 que \u00abprocede el recurso extraordinario de casaci\u00f3n por las causales y en t\u00e9rmino previsto en los art\u00edculos 181 y 183 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art\u00edculo 98 de la Ley 1395 de 2010\u00bb. <\/p>\n
2.3. El se\u00f1or Barriga Contreras interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Sin embargo, en prove\u00eddo SP3477 del 27 de agosto del 2019, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2.4. En atenci\u00f3n a que en la sentencia de segunda instancia no se le concedi\u00f3 la posibilidad de impugnar la primera decisi\u00f3n condenatoria que se impuso, present\u00f3 ante esta Sala Civil acci\u00f3n de tutela. No obstante, en STC9258-2020, se decidi\u00f3 no conceder el amparo en la medida de que \u00abel interesado cuenta con otro mecanismo, esto es, acudir ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal para solicitar la impugnaci\u00f3n especial reclamada y de este modo, exponer los argumentos en los que se cimenta su reclamaci\u00f3n frente a la doble conformidad\u00bb. <\/p>\n
2.5. En atenci\u00f3n a ello, el promotor present\u00f3 ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abla impugnaci\u00f3n de la primera sentencia condenatoria proferida en mi contra, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el d\u00eda 9 de septiembre de 2014\u00bb. Petici\u00f3n que fue resuelta el 04 de mayo del 2022 en prove\u00eddo AP1774-2022 que neg\u00f3 \u00abla solicitud de impugnaci\u00f3n especial elevada por FELIPE IGNACIO BARRIGA CONTR\u00c9RAS, en relaci\u00f3n con la sentencia condenatoria proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 1\u00b0 de septiembre de 2014, a trav\u00e9s de la cual fue condenado por primera vez, como coautor de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros\u00bb. <\/p>\n
Y es que, en s\u00edntesis, explic\u00f3 que \u00abuna vez admitidas las demandas, al adoptar la decisi\u00f3n de fondo, la Corte no solo estudi\u00f3 los puntos de debate planteados por los libelistas; en vez de ello, hizo una revisi\u00f3n integral, acorde con la naturaleza y fines del recurso extraordinario, que obliga a corregir, a\u00fan de oficio, eventuales errores que pudieran afectar garant\u00edas fundamentales (entre ellas, defensa, debido proceso, estricta tipicidad, legalidad y la presunci\u00f3n de inocencia), al no detectar agravio alguno, la Corte decidi\u00f3 no casar la sentencia que materializ\u00f3 la primera condena\u00bb. <\/p>\n
2.6. Mediante auto AP3368-2022 del 27 de julio del 2022, la aludida Sala de Casaci\u00f3n resolvi\u00f3 no reponer la antedicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. A juicio del actor, tales discernimientos resultan vulneradores de sus derechos fundamentales comoquiera que \u00abel error que se present\u00f3 obedece a la pretermisi\u00f3n de una etapa procesal, situaci\u00f3n que conllev\u00f3 a que se atentara contra las garant\u00edas que me cobijaban por el hecho de ser procesado\u00bb. Asever\u00f3 que en su caso no existi\u00f3 una revisi\u00f3n oficiosa dentro del fallo de casaci\u00f3n emitido el 27 de agosto del 2019, \u00abel cual se limit\u00f3 a analizar los argumentos que fueron presentados dentro de la demanda, por lo cual, no se realiz\u00f3 una revisi\u00f3n integral de la primera sentencia condenatoria emitido en mi contra, cercen\u00e1ndose mi derecho fundamental al debido proceso y de esta manera garantizar el principio de doble conformidad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, solicit\u00f3 que se dejen sin efectos \u00abel numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el d\u00eda 9 de septiembre de 2014, as\u00ed como la sentencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 27 de agosto de 2019 y en su lugar se ORDENE dar tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n especial\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que la solicitud de amparo no est\u00e1 llamada a prosperar \u00abtoda vez que al accionante se le satisfizo la garant\u00eda de doble conformidad con la resoluci\u00f3n de fondo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por su defensor contra condena emitida en su contra en el Tribunal de Cundinamarca\u00bb. Y es que, con sujeci\u00f3n a los criterios fijados en AP2235-2020 y AP 2330-2020, \u00aben los eventos en los que la Corte admite la demanda de casaci\u00f3n y resuelve de fondo la controversia no hay lugar a reclamar lesi\u00f3n de esa prerrogativa\u00bb. Ello pues, al adoptar la decisi\u00f3n de fondo, la Corte no solo estudi\u00f3 los puntos de debate planteados por la defensa, \u00absino que hizo una revisi\u00f3n integral, acorde con la naturaleza y fines del recurso extraordinario, meced a la cual estaba que obliga a corregir, a\u00fan de oficio, eventuales errores que pudieran afectar garant\u00edas fundamentales (entre ellas, defensa, debido proceso, estricta tipicidad, legalidad y la presunci\u00f3n de inocencia), y al no detectar agravio alguno, la Corte decidi\u00f3 no casar la sentencia que materializ\u00f3 la primera condena\u00bb. <\/p>\n
2.- Los dem\u00e1s accionados y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la Hom\u00f3loga Penal de esta Corte Suprema de Justicia vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el promotor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado con el cual se neg\u00f3 la solicitud de impugnaci\u00f3n especial presentada frente a la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. <\/p>\n
2. Frente a la controversia planteada por el gestor del amparo, se debe destacar que la Corte Constitucional ha aceptado la posibilidad de que el estudio de la primera sentencia condenatoria se efect\u00fae, de oficio, al momento de resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Circunstancia que de manera alguna afecta el principio de doble conformidad y los derechos fundamentales de los procesados. Al respecto, en SU-488 del 2020, asever\u00f3 que la garant\u00eda reclamada exige: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que la primera sentencia condenatoria pueda ser revisada por una autoridad distinta a la que profiri\u00f3 la condena y mediante un recurso que garantice un examen integral, que permita cuestionar aspectos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos, con independencia de la nominaci\u00f3n del medio judicial, recurso o procedimiento que se utilice. Por tanto, a pesar de las limitaciones del dise\u00f1o legal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en caso de que la sentencia que lo resuelva satisfaga estas condiciones materiales, no se desconocer\u00eda el derecho a la doble conformidad. Esta valoraci\u00f3n, se reitera, es material y no formal; por tanto, pudo haber tenido como causa una revisi\u00f3n oficiosa por parte de la Corte Suprema de Justicia, o, a pesar de tratarse de un recurso extraordinario sometido a causales, el recurrente pudo haber encausado sus discrepancias por medio de los cargos formulados, y estos pudieron haber sido efectivamente valorados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
A su turno, en SU-397 del 2019, ya hab\u00eda sostenido que: <\/p>\n
\u00ab Si bien, en principio, y de acuerdo con la normativa que lo regula, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no cumple estas caracter\u00edsticas [de la doble conformidad], corresponde al juez de tutela determinar si en el caso concreto el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci\u00f3n cumple materialmente los requerimientos b\u00e1sicos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014. Esto significa que el juez constitucional deber\u00e1 examinar, esencialmente, si (i) m\u00e1s all\u00e1 del examen de la sentencia impugnada y del estudio de las causales de casaci\u00f3n alegadas, la Sala de Casaci\u00f3n Penal analiz\u00f3 la controversia jur\u00eddica que subyace al fallo cuestionado, y (ii) si la revisi\u00f3n del fallo la adelant\u00f3 una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena\u2026 <\/p>\n
\u2026Visto lo anterior, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n concluye que la sentencia contra la cual se interpuso la acci\u00f3n de tutela de la referencia s\u00ed satisface los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n del derecho a la doble conformidad judicial fijados por la Corte en la Sentencia C-792 de 2014, toda vez que (i) hizo una revisi\u00f3n completa, amplia, exhaustiva e integral de la controversia jur\u00eddica que dio origen al proceso penal adelantado contra el actor, que no se limit\u00f3 a la decisi\u00f3n condenatoria adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, ni a las causales de casaci\u00f3n alegadas; y (ii) fue dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena. <\/p>\n
Es claro que la f\u00f3rmula de la Sala de Casaci\u00f3n penal de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la impugnaci\u00f3n de la primera condena result\u00f3 razonable\u2026 <\/p>\n
En este sentido, la sentencia de casaci\u00f3n del 29 de agosto de 2018 no incurri\u00f3 en el defecto de violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, ya que, contrariamente a lo afirmado por el accionante, s\u00ed garantiz\u00f3 el derecho a la doble conformidad judicial reconocido en los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n, 14.5 del PIDCP y 8.2.h de la CADH, y desarrollado jurisprudencialmente por esta Corporaci\u00f3n, particularmente en la Sentencia C-792 de 2014, en la medida en que dos jueces diferentes analizaron su responsabilidad en la comisi\u00f3n de los hechos indilgados\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, procede esta Sala a analizar la sentencia proferida el 27 de agosto del 2019, para determinar si aquella garantiz\u00f3 el derecho a la doble conformidad, esto es, si realiz\u00f3 un estudio de fondo los problemas jur\u00eddicos planteados. <\/p>\n
3.- En la providencia atacada, la Sala convocada se ocup\u00f3 de estudiar los reproches expuestos por el ahora tutelante y, a su vez, hizo una evaluaci\u00f3n de la legalidad de la sentencia condenatoria. <\/p>\n
3.1.-Comenz\u00f3 por evacuar el an\u00e1lisis de los distintos cargos esbozados por el censor frente a los cuales, de entrada, evidenci\u00f3 que ninguno estaba llamado a prosperar. En cuanto a las quejas incoadas por Barriga Contreras, aludi\u00f3 en primer lugar a la tercera censura, relativa al presunto falso juicio de existencia por ausencia de apreciaci\u00f3n de ciertos medios de prueba. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, contrario a los alegado por los recurrentes, las consideraciones del Tribunal de Cundinamarca \u00abpermiten concluir que no se present\u00f3 el falso juicio de existencia por omisi\u00f3n en relaci\u00f3n con las declaraciones de Juan Carlos Pinz\u00f3n Pe\u00f1a, Luis Carlos Rodr\u00edguez Alvarado, y Pablo Emilio Romero Pinz\u00f3n, pues aun cuando el ad-quem ciertamente no los cita por sus nombre, es el contenido tales testimonios y los documentos incorporados con aquellos, como es de f\u00e1cil constataci\u00f3n, el que hizo posible que el juez plural, encontrara demostrado el elemento objetivo de las conductas punibles de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y peculado por apropiaci\u00f3n\u00bb. En ese orden, tras revisar conjuntamente los antedichos medios de persuasi\u00f3n, evidenci\u00f3 c\u00f3mo aquellos permiten asegurar la existencia del contrato 03 de 2007 y las obligaciones adquiridas por Robayo Torres. Adem\u00e1s, \u00abacreditan que esa estructura no se llev\u00f3 a cabo y sin embargo las partes contratantes (ROBAYO TORRES, BARRIGA CONTRERAS y TORRES GUZM\u00c1N) registraron en el acta de recibo o entrega final del objeto contractual que s\u00ed hab\u00eda sido construida, documento p\u00fablico con el que se procedi\u00f3 al pago total de la suma acordada ($39\u2019720.828), la cual comprend\u00eda un presupuesto de $4\u2019400.000 para ejecutar el \u00edtem omitido, el cual fue finalmente realizado, pero mediante otro contrato (el 045 de 2009) por parte de la administraci\u00f3n siguiente\u00bb. Por tanto, de la valoraci\u00f3n de dichos medios de prueba se deduce que los falsos juicios de existencia carecen de ocurrencia. <\/p>\n
3.2.- En cuanto a la presunta ausencia de valoraci\u00f3n del testimonio del procesado Torres Guzm\u00e1n, las documentales por \u00e9l aportadas, los dict\u00e1menes rendidos por la bi\u00f3loga Clara In\u00e9s Sarmiento G\u00f3mez y el ingeniero ambiental Gustavo Adolfo Burbano Sefair y las declaraciones de Ra\u00fal Alejandro Quimbay Contreras, Helberth Alejandro Barriga Carrillo y \u00c1lvaro Hernando Barriga Rodr\u00edguez, apuntal\u00f3 que es cierto que estos no fueron referidos expresamente por el Tribunal. No obstante, la realidad es que, pese a lo anterior, el ad quem no desconoci\u00f3 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que en lugar de la torre de aireaci\u00f3n los acusados realizaran otras obras para compensar el costo de aqu\u00e9lla y suplir la funci\u00f3n de esa estructura de cara a la terminaci\u00f3n y puesta en marcha de la planta de potabilizaci\u00f3n de agua de Cucunub\u00e1 (aspecto al que, en t\u00e9rminos generales, se refieren varias de las citadas pruebas), por el contrario, consider\u00f3 esa situaci\u00f3n pero como un supuesto inid\u00f3neo para negar la apropiaci\u00f3n endilgada a los enjuiciados, porque \u201cno se liquid\u00f3 el contrato y de esa manera no se estableci\u00f3 de manera n\u00edtida cu\u00e1l (sic) lo realmente invertido, si hubo modificaciones, sus costos, y en raz\u00f3n de ello qu\u00e9 deb\u00eda el municipio al contratista\u201d. <\/p>\n
Una evaluaci\u00f3n semejante hizo el fallador de segunda instancia acerca de los otros aspectos relevantes que se extraen de los se\u00f1alados medios de prueba, en cuanto indican que tras el Contrato 03 de 2007, la planta de potabilizaci\u00f3n entr\u00f3 en funcionamiento, mejor\u00f3 la calidad del agua y no se recibieron quejas o reclamos de la comunidad frente al servicio p\u00fablico de agua potable, pues para el ad-quem tales circunstancias no \u201canulan ni desaparecen la tipicidad objetiva y subjetiva\u201d de las conductas punibles endilgadas\u00bb. <\/p>\n
A su turno, procedi\u00f3 a estudiar la declaraci\u00f3n de Nelson Javier Varela Alonso, del cual \u00abse desprende, como tambi\u00e9n as\u00ed lo advirti\u00f3 el ad-quem, que no es cierta la falta de necesidad o poca eficacia de la torre de aireaci\u00f3n en el proceso de tratamiento del agua, como de manera vehemente lo arguy\u00f3 la bancada de la defensa con base en la prueba t\u00e9cnica y acudiendo a datos abstractos acerca de las caracter\u00edsticas fisicoqu\u00edmicas del agua que surte la planta de potabilizaci\u00f3n de Cucunub\u00e1\u00bb. En ese orden, y de conformidad con el dicho del testigo, \u00abno es verdad que el sentenciador de segundo grado haya apreciado de manera fraccionada el aludido medio de prueba, pues por el contrario los comentados aspectos confirman que la construcci\u00f3n de la torre de aireaci\u00f3n era una necesidad urgente y, de contera, que al no haber llevado a cabo esa obra los acusados so pretexto de su innecesaridad, pese a que fue incluida en el Contrato 03 de 2007, incurrieron en las conductas delictivas por las que fueron acusados y condenados\u00bb. <\/p>\n
3.3.- En cuanto al primer cargo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel falso juicio de existencia por omisi\u00f3n que predica el recurrente respecto de los testimonios de Juan Carlos Pinz\u00f3n Pe\u00f1a, Pablo Emilio Romero Pinz\u00f3n y del coacusado JUAN CARLOS TORRES GUZM\u00c1N, no tuvo real configuraci\u00f3n atendidas las consideraciones con las que se respondieron los cargos del apartado inmediatamente anterior, pues se comprob\u00f3 que el ad-quem s\u00ed apreci\u00f3 el contenido de tales pruebas, pero no les otorgo m\u00e9rito o peso suasorio\u00bb. Y, en todo caso, no puede tener acogida el planteamiento seg\u00fan el cual la \u00fanica persona encargada de vigiar el cumplimiento cabal del contrato no. 3 era el interventor. Ello toda vez que \u00abel principio de confianza leg\u00edtima, por regla general, opera respecto de delitos culposos y las m\u00e1s de las veces se ha hecho valer en accidentes de tr\u00e1nsito, aun cuando ocasionalmente tambi\u00e9n tiene vigencia en actividades laborales complejas, pero con determinadas restricciones, como lo ha reconocido esta Sala\u00bb. Y es que, en el caso en concreto, del alcalde se predica la funci\u00f3n de garante en la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos propios o inherentes al ente territorial. Por ello, \u00abluego por mandato legal no pod\u00eda el aludido acusado BARRIGA CONTRERAS, en su condici\u00f3n de alcalde de Cucunub\u00e1 en la \u00e9poca de los hechos, desligarse del deber de asegurar que el Contrato 03 de 2007, destinado a la satisfacci\u00f3n de un servicio b\u00e1sico esencial, se ejecutara en los t\u00e9rminos en que \u00e9l lo suscribi\u00f3, sin perjuicio de haber encomendado a un subalterno suyo la labor de interventor\u00eda en el desarrollo del comentado pacto\u00bb. <\/p>\n
3.4.- Por \u00faltimo, en cuanto al no reconocimiento de la causal de ausencia de responsabilidad prevista en el art\u00edculo 32, numeral 10, de la Ley 599 de 2000, precis\u00f3 que \u00abel conocimiento y voluntad de estar obrando en contra del orden jur\u00eddico, no demanda en el sujeto activo el dominio o la posesi\u00f3n de conocimientos especiales, o una particular instrucci\u00f3n, pues por principio general la ley se presume conocida por todos los asociados y su ignorancia no sirve de excusa para su incumplimiento\u00bb. Y a\u00fan si se aceptara la carencia de formaci\u00f3n acad\u00e9mica en el \u00e1rea de ingenier\u00eda, \u00ablo cierto es que se trata de un profesional del derecho, condici\u00f3n que le permit\u00eda avizorar que en raz\u00f3n de sus obligaciones constitucionales y legales por el cargo que desempe\u00f1aba como alcalde de Cucunub\u00e1, deb\u00eda extremar los controles para estar al tanto de la correcta actividad contractual del municipio, y en raz\u00f3n de ello no pod\u00eda simplemente firmar sin ninguna consideraci\u00f3n cualquier documento que le fuera presentado para esos efectos\u00bb. <\/p>\n
3.5.- Siendo as\u00ed las cosas, \u00abanteceden, expuesta la improsperidad de cada uno de los cargos propuestos en las demandas estudiadas, y como quiera que de la revisi\u00f3n integral de las pruebas y de su contraste con las consideraciones del fallado de segundo grado la Sala encuentra que la decisi\u00f3n condenatoria se ajusta a derecho, sin perjuicio de las garant\u00edas de los procesado, no se casar\u00e1 la sentencia atacada\u00bb. <\/p>\n
4.- De lo anterior se deduce que la Sala accionada, autoridad distinta a la que emiti\u00f3 la primera decisi\u00f3n condenatoria, estudi\u00f3 de fondo los reparos del sancionado, as\u00ed como los presupuestos y evidencias recaudadas. <\/p>\n
4.1.- V\u00e9ase que el accionante alega que la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n \u00ab\u00fanicamente se refiri\u00f3 a las pruebas que en su momento valor\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, para declararme culpable, y desestim\u00f3 las dem\u00e1s pruebas aportadas al proceso, que daban cuenta de mi inocencia\u00bb, tales como los testimonios de Gustavo Adolfo Burbano Cefair, Clara In\u00e9s Sarmiento, Herbert Alejandro Barriga Carrillo, Alejandro Quinbay Contreras y \u00c1lvaro Hern\u00e1ndez Barriga Rodr\u00edguez. Sin embargo, tal como se mencion\u00f3 en precedencia, la Alta Corporaci\u00f3n s\u00ed valor\u00f3 tales medios suasorios, solo que evidenci\u00f3 que los contenidos f\u00e1cticos inherentes a dichos medios de conocimiento no anulaban ni desaparec\u00edan la tipicidad objetiva y subjetiva de las conductas punibles endilgadas, tal como lo advirti\u00f3 el ad quem. A su turno, y para abundar en razones, procedi\u00f3 a estudiar de fondo la declaraci\u00f3n de Nelson Javier Varela Alonso, para dejar sentada la necesidad de la torre de aireaci\u00f3n en el proceso de tratamiento de agua. <\/p>\n
4.2. Ante la completitud en el an\u00e1lisis efectuado, se halla razonable la determinaci\u00f3n tomada en AP3368-2022 por la autoridad judicial accionada al confirmar la decisi\u00f3n de negar a tr\u00e1mite la impugnaci\u00f3n extraordinaria. Y es que, es cierto lo que advierte la Hom\u00f3loga Penal al decir que \u00abuna vez ajustados los cargos presentados en nombre del aqu\u00ed recurrente, en el aludido fallo de casaci\u00f3n (a cuyas consideraciones se remite) se pronuncio acerca del fondo del problema debatido, concerniente a la tipicidad de los comportamientos delictivos y la responsabilidad que le fue deducida como coautor de las respectivas conductas punibles\u00bb. De manera que \u00abla Corte no solo se ocup\u00f3 de los puntos de debate planteados por el aqu\u00ed solicitante, sino que en raz\u00f3n de naturaleza y fines de ese mecanismo extraordinario, obligada como estaba a corregir, a\u00fan de oficio, los errores que afectaran garant\u00edas fundamentales, entre ellas la de estricta tipicidad y la presunci\u00f3n de inocencia, al no encontrar agravio, durante el curso del proceso o en el fallo cuestionado, respecto de aquellas, no cas\u00f3 la sentencia condenatoria demandada\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, indic\u00f3 que la impugnaci\u00f3n especial no implica que el superior \u00abest\u00e9 convocado, per se, a una revisi\u00f3n oficiosa o de todo lo actuado, ya que, igual que el recurso de apelaci\u00f3n, la impugnaci\u00f3n especial es rogada (constituye un derecho subjetivo, en esencia disponible) y la competencia del funcionario llamado a resolverla se circunscribe o limita a los puntos de inconformidad expresamente alegados por el interesado, extendi\u00e9ndose a los inescindiblemente ligados a aquellos\u00bb. Adicionalmente, \u00abla referida queja del impugnante est\u00e1 apoyada en la especulaci\u00f3n o, a lo sumo, en intrascendentes peticiones de principio, pues no precisa cu\u00e1les aspectos de los elementos del delito \u2014no debatidos en casaci\u00f3n\u2014fueron equivocados en la primera condena y, por omisi\u00f3n, dejaron de ser corregidos en el fallo de casaci\u00f3n; o qu\u00e9 situaciones irregulares lesivas de sus garant\u00edas fundamentales tuvieron ocurrencia en el correr de la actuaci\u00f3n y terminaron avaladas por la Corte debido a una superficial revisi\u00f3n; circunstancias que era menester resaltar, si es que en verdad u objetivamente con el fallo de casaci\u00f3n no se hubiese cumplido con los fines inherentes al mismo y, en particular, para este caso, a la garant\u00eda de la doble conformidad\u00bb. <\/p>\n
4.3. De lo expuesto y, en especial, de la jurisprudencia citada no se vislumbra el error en el procedimiento aplicado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal ni la vulneraci\u00f3n de los derechos aducidos. Sumado a que las providencias censuradas no resultan abiertamente arbitrarias o manifiestamente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, pues fueron proferidas despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas allegadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb1. <\/p>\n
5. Por lo explicado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo reclamado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La postura citada de las sentencias de 2008 y 2012 ha sido reiterada, entre muchas otras, en CSJ STC2462-2021 y CSJ STC2658-2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC16407-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC16407-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04156-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Felipe Ignacio Barriga Contreras contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69613","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69613\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}