STC16410-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16410-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2022-00243-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de octubre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gilberto G\u00f3mez Sierra contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Diecinueve Civil Municipal, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene al accionado \u00abacatar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cali, aplicando las directrices ordenadas por la sentencia y el salvamento de voto, estudiando de qu\u00e9 manera la excepci\u00f3n de pago por compensaci\u00f3n, de acuerdo a las normas sustantivas del C\u00f3digo Civil acompa\u00f1adas del r\u00e9gimen mercantil\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Gilberto G\u00f3mez Sierra promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Conforteza SAS, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Cali, el que se dict\u00f3 sentencia denegando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Gilberto G\u00f3mez Sierra instaur\u00f3 tutela, la que le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, el que deneg\u00f3 el amparo, decisi\u00f3n que tras ser impugnada, fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad, ordenando que se emitiera una nueva decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El accionante instaur\u00f3 desacato, por lo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali en auto de 1\u00ba de junio de 2022 requiri\u00f3 al juzgado municipal para que cumpliera con la orden del fallo de tutela; y en prove\u00eddo de 5 de julio de 2022 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del incidente por haberse superado los hechos que dieron origen al mismo. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, pero se mantuvo y no se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que el juzgado municipal con base en las directrices del Tribunal debi\u00f3 hacer un estudio de fondo del asunto, pero no lo hizo y emiti\u00f3 una sentencia en las mismas condiciones que la inicial. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que se desatendieron los par\u00e1metros del Tribunal, en tanto que no se avoc\u00f3 el tema sustancial, pues no se estudi\u00f3 la excepci\u00f3n de acuerdo a la normatividad civil y al r\u00e9gimen mercantil; y que no se trataba de los argumentos que la juez ten\u00eda respecto del caso concreto, sino de lo ordenado por el fallador constitucional. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el tr\u00e1mite impartido se cumpli\u00f3 de conformidad con lo ordenado por el Tribunal, el ordenamiento civil y el Decreto 2591 de 1991; que no concurr\u00edan los defectos o circunstancias constitutivas de vulneraci\u00f3n de derechos; y que si bien se dispuso que el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Cali profiriera una nueva sentencia, ello no quer\u00eda decir que se deb\u00edan favorecer los intereses del demandante. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Cali se\u00f1al\u00f3 que las actuaciones judiciales se ce\u00f1\u00edan a las normas que reg\u00edan la materia, por lo que no se avistaban errores que permitieran concluir la transgresi\u00f3n de las prerrogativas esenciales; que en cumplimiento de la orden de tutela emiti\u00f3 la sentencia respectiva, atendiendo los medios de prueba y las pautas dadas; y que las decisiones se encontraban ajustadas a derecho, fueron motivadas y notificadas. <\/p>\n
3. Comforteza SAS refiri\u00f3 que era extralimitada la pretensi\u00f3n del accionante, pues desde agosto de 2021 ven\u00eda buscando que el fallo adverso a sus intereses no surtiera efectos, lo que redundaba en inseguridad jur\u00eddica; que lo que pretend\u00eda el gestor era que se analizara por segunda vez aspectos de fondo que conllevaron al estrado acusado a emitir la sentencia; que era claro que el juzgador municipal hab\u00eda dado cumplimiento a la tutela; que no se configuraba defecto alguno en el tr\u00e1mite incidental cuestionado, pues los argumentos se emitieron en derecho y en cumplimiento de la orden impartida; que no se verificaban las causales espec\u00edficas de procedibilidad; y que de ser el caso se compulsaran copias al accionante. <\/p>\n
4. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali adujo que conoci\u00f3 de un recurso de queja impetrado dentro del proceso ejecutivo, en el que en prove\u00eddo de 26 de enero de 2022 estim\u00f3 bien denegada la alzada. <\/p>\n
5. Bancolombia SA sostuvo que no evidenciaba la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados frente a las actuaciones desplegadas en el juicio ejecutivo adelantado, pues solo cumpl\u00eda el rol de ejecutor de las medidas de embargo ordenadas y notificadas por los entes legales, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que distinto a lo que comprob\u00f3 el juez de instancia no hab\u00eda cumplimiento de la tutela, concretamente, sobre el an\u00e1lisis previo de la oponibilidad del negocio de la compraventa y su efecto liberador frente a la pretensi\u00f3n del ejecutante; que el juez municipal se limit\u00f3 a contrastar las pruebas recaudadas sin hacer la verificaci\u00f3n dispuesta, desconociendo la orden emitida, lo que infortunadamente tampoco contempl\u00f3 el juez accionado al resolver el desacato, circunstancia que transgredi\u00f3 los derechos del gestor por defecto f\u00e1ctico, procedimental y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; que la determinaci\u00f3n de terminar el desacato se adopt\u00f3 sin agotar el tr\u00e1mite correspondiente y no se respetaron las etapas establecidas en la ley; que era necesario dentro del tr\u00e1mite establecer si efectivamente se logr\u00f3 satisfacer el requerimiento a favor el tutelante y ello era posible con el recaudo de algunos elementos de juicio que deben obtenerse por parte del juzgador. <\/p>\n
Orden\u00f3 al estrado acusado que \u00able d\u00e9 el tr\u00e1mite que legalmente corresponda al incidente de desacato y tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Comforteza SAS impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en la contestaci\u00f3n de tutela y aduciendo que la orden impartida sobrepasaba el \u00e1mbito de an\u00e1lisis propio de la independencia de cada juez, pues el estrado municipal profiri\u00f3 la sentencia en cumplimiento de la orden constitucional, lo que fue aceptado por el fallador del desacato; que no era viable ahondar en aspectos desarrollados en el proceso ejecutivo, pues no era el escenario para debatir lo all\u00ed acontecido; que el fallo emitido realiz\u00f3 las motivaciones pertinentes, decisi\u00f3n frente a la que no se interpuso ning\u00fan recurso; y que no se configuraba defecto alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, anticipa la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado, pues el estrado acusado incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, en tanto que pas\u00f3 por alto el tr\u00e1mite respectivo al abstenerse de abrir el incidente de desacato propuesto por el accionante. <\/p>\n
En efecto, esta Corte reiteradamente, con apoyo en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con los art\u00edculos 127 y 129 del C\u00f3digo General del Proceso, ha sostenido que, en casos como el que aqu\u00ed se analiza, la resoluci\u00f3n del desacato debe estar precedida del correspondiente tr\u00e1mite incidental, lo que no ocurri\u00f3 en el sub examine, pues el fallador criticado decidi\u00f3 de plano, sin m\u00e1s, abstenerse de dar el curso correspondiente a la solicitud del gestor, lo que resulta suficiente para la prosperidad del ruego tutelar, m\u00e1xime cuando tal como lo indic\u00f3 el a-quo constitucional no aparece claro el cumplimiento que se dio por sentado. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026[E]l funcionario judicial en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela \u00abest\u00e1 obligado a velar por el respeto del debido proceso de las partes y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, en los t\u00e9rminos m\u00e1s eficientes posibles, raz\u00f3n por la cual tiene que sujetarse a la forma como el legislador ha indicado se resuelvan las peticiones dentro del mismo y de no existir norma para ello, en todo caso, para salvaguardar los principios esenciales se deben aplicar, en lo pertinente, las reglas establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. (Corte Constitucional, Auto 229\/03.) <\/p>\n
De tal manera, el desacato a la orden proferida por el Juez constitucional est\u00e1 consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, siendo su objeto la protecci\u00f3n efectiva del derecho fundamental vulnerado o amenazado a trav\u00e9s de la sanci\u00f3n. La misma norma prev\u00e9 que tal situaci\u00f3n ha de surtirse mediante tr\u00e1mite incidental, lo que implica tener que acudir a las normas del C\u00f3digo General del Proceso que regulan los incidentes. <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 129 de la ley adjetiva a la que se ha hecho referencia, se\u00f1ala que: [\u2026] Quien promueva un incidente deber\u00e1 expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. <\/p>\n
Las partes solo podr\u00e1n promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte se correr\u00e1 traslado a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretar\u00e1n y practicar\u00e1n las pruebas necesarias (\u2026) <\/p>\n
4. Bajo las anteriores premisas resulta indubitable que no le era dado al Juzgado Primero Civil del Circuito de la Dorada \u2013 Caldas, el 22 de abril de 2019 ordenar el archivo del incidente sin agotar todas sus etapas y desconocer as\u00ed el procedimiento que viene de anotarse, por el contrario, es su obligaci\u00f3n darle el tr\u00e1mite respectivo, m\u00e1s a\u00fan cuando es precisamente dentro de dicho rito que deber\u00e1 verificarse el cumplimiento de la orden de tutela. <\/p>\n
En un caso similar, en pret\u00e9rita oportunidad la Corte estableci\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental y por ende en la vulneraci\u00f3n del debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es di\u00e1fano al se\u00f1alar que el presunto incumplimiento de una orden proferida con base en dicho Decreto debe ser esclarecido mediante tr\u00e1mite incidental, sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual \u00abse juzg\u00f3 este procedimiento a fin de evitar tr\u00e1mites que congestionar\u00edan innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, porque las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley.\u00bb Art. 6\u00ba. del C. de P.C. (CSJ Civil, Fallo de tutela del 27 de marzo de 2000, exp. No.T-8611, reiterado en STC 594-2014 y STC 2229-2014) <\/p>\n
5. Inclusive, acorde con lo expuesto, resultaba necesario, antes de la emisi\u00f3n de aquella providencia, que el juzgado de conocimiento, en cumplimiento de la norma en comento, una vez vencido el periodo concedido en el auto de requerimiento previo, procediera a la apertura del tr\u00e1mite incidental, luego de lo cual deb\u00eda agotar la etapa probatoria y, una vez finalizada aqu\u00e9lla, emitir decisi\u00f3n definitiva a trav\u00e9s de la cual estableciera si el material probatorio debidamente aportado a la actuaci\u00f3n y, cuya contradicci\u00f3n hubiese sido permitida, daba lugar a concluir el cumplimiento o no de la orden constitucional. <\/p>\n
Empero, en lugar de agotar las anteriores etapas, las cuales deben respetarse en garant\u00eda del debido proceso, prefiri\u00f3 abstenerse de dar apertura a tr\u00e1mite incidental y, en cambio, decidi\u00f3 archivar las diligencias, impidiendo al incidentante ejercer el derecho de contradicci\u00f3n de los documentos que aport\u00f3 la Procuradur\u00eda Regional Putumayo. <\/p>\n
6. Lo anterior deja en evidencia la irregularidad en el tr\u00e1mite del incidente, constitutiva de violaci\u00f3n al debido proceso de la accionante, por lo que se impone la necesidad de conceder el amparo reclamado por el actor\u2026 (Resaltado, CSJ STC9823-2019, 24 jul., rad. 00112-011). <\/p>\n
Asimismo, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Como corolario, emerge que el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, C\u00f3rdoba, incurri\u00f3 en defecto procedimental cuando inaplic\u00f3 las reglas previstas para el \u00abincidente de desacato\u00bb presentado por Urango Morelo y, en cambio, tras requerir al Ministerio de Defensa para que manifestara si hab\u00eda cumplido el \u00abfallo de tutela\u00bb de 22 de diciembre de 2021 (4 mar. 2022), emiti\u00f3 el interlocutorio de 16 de marzo en el que dispuso \u00ababstenerse de dar apertura al incidente de desacato\u00bb, porque, en su opini\u00f3n, \u00abel encartado, luego de ser requerido dio respuesta a los numerales 4 y 5 de la petici\u00f3n del pasado 21 de noviembre de 2021; lo que difiere con lo expuesto por la accionante, quien el d\u00eda 14 de marzo de 2022, solicit\u00f3 la apertura del incidente de desacato, por no haber sido respondido de fondo\u00bb, cuando esa conclusi\u00f3n deb\u00eda estar antecedida del \u00abprocedimiento\u00bb establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4.- Por consiguiente, confluye la violaci\u00f3n del atributo esencial aludido, por lo que se revocar\u00e1 la providencia opugnada para, en su lugar, conceder la ayuda superlativa, a fin de, que se surta \u00abel tr\u00e1mite del incidente de desacato\u00bb respectivo, esto es, previo el requerimiento, se abra la articulaci\u00f3n, se decreten y practiquen pruebas y, finalmente se resuelva. <\/p>\n
Con todo, se aclara que esta \u00abdirectriz\u00bb no va dirigida a orientar el sentido de la decisi\u00f3n del iudex tutelado, es decir, que sancione por desacato o se abstenga de ello; sino que emita una resoluci\u00f3n ci\u00f1\u00e9ndose al \u00abdeber\u00bb que le imponen los preceptos supracitados de custodiar las aspiraciones suplicadas en ese asunto, motivando en debida forma la misma conforme a las pautas previstas en la normatividad existente para el caso\u2026 (CSJ STC5427-2022, 5 may. 2022, rad. 2022-00070-01). <\/p>\n
Y en trat\u00e1ndose del yerro de car\u00e1cter adjetivo, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad dijo: <\/p>\n
\u2026este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas (\u2026) del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (Resaltado ajeno. CC T-204\/18). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En similar sentido, CSJ STC13159-2019, 26 sep., rad. 00411-01, STC818-2020, 5 feb, rad. 2019-00212-01 y STC2744-2021, 18 mar., rad. 2021-00022-01. <\/p>\n
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