STC16411-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16411-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03682-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrero Cort\u00e9s, Stella Mahecha de Barrero, Inbarma S.A.S., Skypark International Ltda., Adriana, Eduardo, Ricardo, Mar\u00eda del Rosario y Victoria Barrero Mahecha contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades convocadas al hallar fundada la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria en el asunto fustigado. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abDEJAR SIN EFECTOS las decisiones consignadas en los autos de 30 de julio de 2021 y 21 de febrero de 2022[,] proferidos por el Juzgado [acusado]\u2026, as\u00ed como en el\u2026 de 5 de octubre de 2022[,] proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb; y ordenar i) a dicha Colegiatura, revocar aquellos prove\u00eddos del a-quo; y ii) a \u00e9ste, continuar \u00abcon el tr\u00e1mite del proceso Declarativo\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Narraron los actores que, con ocasi\u00f3n de la cl\u00e1usula compromisoria pactada en el contrato de compraventa del 100% de las acciones de Desacol S.A.S., que ellos ajustaron el 16 de agosto de 2013 con Menzies Aviation Colombia Holding S.A.S., el 12 de diciembre de 2015 convocaron Tribunal de Arbitramento contra \u00e9sta, llev\u00e1ndose a cabo la designaci\u00f3n conjunta de los \u00e1rbitros de la lista de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, declar\u00e1ndose legalmente instalado el mismo el 5 de abril de 2016, aclar\u00e1ndose que, a pesar de lo pactado por las partes, se desarrollar\u00eda \u00aben espa\u00f1ol\u00bb, atendiendo a que ellas \u00abse han expresado en este idioma en las actuaciones surtidas hasta esta fecha\u00bb. <\/p>\n
2.2. Rese\u00f1aron que su antagonista pidi\u00f3 complementar esa decisi\u00f3n en punto a precisar si el proceso se tramitar\u00eda como un arbitraje nacional o internacional, a la vez que la recurri\u00f3 en reposici\u00f3n con el fin de que se revocara lo referente a adelantarlo en el idioma espa\u00f1ol; pero el 11 de abril de 2016 se resolvi\u00f3 no adicionar ni modificar esa determinaci\u00f3n al considerarse, en lo medular, ausente criterio objetivo alguno que permitiera concluir que se estaba frente a un arbitraje internacional, aunado a que del proceder de las partes se derivaba \u00absu voluntad de someter sus diferencias a un tribunal arbitral de naturaleza nacional\u00bb. Decisi\u00f3n que se mantuvo el d\u00eda 25 siguiente. <\/p>\n
2.3. Indicaron que, fracasada la etapa de conciliaci\u00f3n, en audiencia del 2 de noviembre de 2016 se fijaron los honorarios de los \u00e1rbitros, del secretario, los gastos de administraci\u00f3n y otros del proceso arbitral, oportunidad en la que la all\u00ed convocada insisti\u00f3 en que la naturaleza del asunto era internacional, recibiendo como respuesta que deb\u00eda estarse a lo ya resuelto al respecto. <\/p>\n
2.4. Anotaron que el 14 de diciembre de 2016, ante \u00abla falta de pago de los honorarios y gastos de funcionamiento a cargo de la sociedad demandada\u2026 y ante [su] imposibilidad de\u2026 cubrir esta suma, el Tribunal: (i) Declar\u00f3 extintos, frente a las pretensiones de la demanda principal y la\u2026 de reconvenci\u00f3n, los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria contenida en la estipulaci\u00f3n 11.10 del SPA; (ii) terminadas las funciones del Tribunal de Arbitramento y; (iii) orden\u00f3 la devoluci\u00f3n a [l]os Accionantes de las sumas entregadas en su oportunidad al Tribunal por concepto de honorarios y gastos de funcionamiento\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que, por lo anterior, el 28 febrero de 2017 presentaron la respectiva demanda, incluyendo en la pasiva \u00aba las sociedades Menzies Aviation Plc y Menzies Aviation USA Inc., en la medida en que estas\u2026 no se encontraban vinculadas a la Cl\u00e1usula Compromisoria\u00bb, por los mismos hechos y pretensiones, ante la Superintendencia de Sociedades, entidad que se consider\u00f3 incompetente y remiti\u00f3 el asunto a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, donde le correspondi\u00f3 al 38 de esa categor\u00eda, autoridad que la admiti\u00f3 el 6 de julio posterior y el 5 de julio de 2018 hall\u00f3 infundada la excepci\u00f3n previa de pacto arbitral, sin embargo, el 29 de enero de 2019, en aplicaci\u00f3n del precepto 121 del C\u00f3digo General del Proceso, declar\u00f3 que desde el 24 de mayo de 2018 perdi\u00f3 competencia para conocer del asunto, por lo que todas sus actuaciones subsiguientes estaban viciadas de nulidad y correspond\u00eda continuar con el tr\u00e1mite respectivo al estrado que le segu\u00eda en turno. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1alaron que fue as\u00ed como el 30 de julio de 2021 el Juzgado acusado declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n previa de pacto arbitral y, en consecuencia, terminado el juicio; decisi\u00f3n que mantuvo el 21 de febrero de 2022 y que el 5 de octubre \u00faltimo confirm\u00f3 el ad-quem acusado. <\/p>\n
2.7. En sede de tutela, los quejosos indicaron que el Juzgado efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de cara a \u00absu competencia para revisar las decisiones del [referido] Tribunal Arbitral instalado el 5 de abril de 2016\u00bb, ocup\u00e1ndose de las mismas para, de forma irregular, declarar su car\u00e1cter internacional, desconociendo que la discusi\u00f3n en torno a su naturaleza fue superada previamente y que se hab\u00edan extinguido los efectos de la cl\u00e1usula arbitral, con lo que pas\u00f3 por alto que tales determinaciones s\u00f3lo pod\u00edan cuestionarse por el mismo Tribunal o a trav\u00e9s de los medios excepcionales y taxativos establecidos para tal efecto. <\/p>\n
Enfatizaron que todo ello implic\u00f3 la inobservancia de la renuncia a la cl\u00e1usula por parte de su antagonista al dejar de pagar los honorarios y los gastos del Tribunal Arbitral, as\u00ed como su omisi\u00f3n en el agotamiento de los medios de defensa que all\u00ed tuvo a su alcance; aunado a la indebida extensi\u00f3n de los efectos de la prosperidad de la excepci\u00f3n a favor de las sociedades Menzies Aviation Plc y Menzies Aviation USA Inc., las que nunca suscribieron ni se adhirieron a la cl\u00e1usula arbitral. <\/p>\n
De otro lado, consignaron que la Colegiatura acusada, al confirmar el veredicto del a-quo, aval\u00f3 todos esos yerros mediante una providencia carente de motivaci\u00f3n, en tanto que, a pesar de ser fundamento de su alzada, nada dijo frente a sus m\u00faltiples alegaciones, especialmente ante las relacionadas con \u00abla falta de competencia del Juez\u2026 para revisar las decisiones del Tribunal Arbitral relativas a su competencia y, la improcedencia de la excepci\u00f3n previa como medio de defensa id\u00f3neo para revisar las decisiones arbitrales\u00bb. <\/p>\n
Resaltaron que era desafortunado sostener que deb\u00edan adelantar un nuevo Tribunal Arbitral por el procedimiento de un arbitraje internacional, por la simple discrepancia del Juzgado recriminado frente a \u00abla interpretaci\u00f3n que dio [aqu\u00e9l]\u2026 sobre [su] naturaleza nacional\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El abogado Jaime Humberto Tobar Ordo\u00f1ez, quien dijo obrar como \u00abapoderado de Menzies Aviation Colombia Holding S.A.S.\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por \u00e9sta para intervenir en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 atenerse \u00aba los argumentos expuestos\u00bb en \u00ablas providencias y actuaciones censuradas\u00bb, en las que, sostuvo, \u00abse hizo un estudio concienzudo del porqu\u00e9\u2026 llegaba a la conclusi\u00f3n que hab\u00eda que declararse pr\u00f3spera la excepci\u00f3n previa denominada pacto arbitral, determinaciones que no se pueden tener como antojadizas o caprichosas, sino fruto del an\u00e1lisis de lo que arrojaba el proceso y en apego, igualmente, a la ley 1563 de 2012 y jurisprudencia de las Altas Cortes que han abordado esta tem\u00e1tica del arbitraje\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, el Tribunal acusado ni ning\u00fan otro de los convocados se pronunciaron frente a la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela extracta la Sala que los reclamantes cuestionan, en lo medular, dos situaciones concretas, la primera, que el Juzgado accionado, al declarar la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de pacto arbitral, erradamente procedi\u00f3 a modificar lo definido por el Tribunal Arbitral instalado en el a\u00f1o 2016, sin tener competencia para ello, especialmente, respecto de la extinci\u00f3n de la cl\u00e1usula compromisoria, aunado a que, sin justificaci\u00f3n, extendi\u00f3 los efectos de ese acuerdo a dos entidades que nunca la suscribieron; y la segunda, que con una determinaci\u00f3n carente de motivaci\u00f3n, sin pronunciarse frente a los reparos concretos formulados y sustentados contra el veredicto del Juzgado, el Tribunal lo confirm\u00f3. <\/p>\n
Con base en tales premisas, destacando que el estudio que aqu\u00ed se emprende recaer\u00e1 sobre la decisi\u00f3n adoptada el 5 de octubre \u00faltimo por el Tribunal recriminado, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva la situaci\u00f3n cuestionada, concluye la Corte que el resguardo de que se trata est\u00e1 llamado a prosperar parcialmente, por las razones que se pasa a explicar: <\/p>\n
3.1. En cuanto a la aducida carencia de fundamento de la decisi\u00f3n del ad-quem acusado, halla la Corte que \u00e9ste, ciertamente, cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de la jurisdicci\u00f3n constitucional, por cuanto al desatar la alzada incurri\u00f3 en evidentes defectos f\u00e1ctico y de ausencia de motivaci\u00f3n, comoquiera que dej\u00f3 de apreciar todos los medios probatorios regularmente allegados al juicio como insumo para la definici\u00f3n de la excepci\u00f3n previa, pasando por alto el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso que le impon\u00eda valorarlos en conjunto, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, exponiendo \u00abrazonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb; con lo cual, adem\u00e1s, ciertamente omiti\u00f3 pronunciarse frente a los reparos planteados expresamente en la censura vertical sometida a su escrutinio. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, de lo extractado en el citado prove\u00eddo de 5 de octubre de 2022, se tiene que el Tribunal acusado solamente consign\u00f3 que como sustento de la apelaci\u00f3n la parte recurrente manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026que no se surti\u00f3 el debido traslado conforme el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Con respecto de la sociedad Menzies Aviation Colombia Holdings S.A.S., indica que \u201c(\u2026) al incumplir de manera voluntaria la carga procesal impuesta por la ley y por el reglamento del centro de arbitraje definido por la cl\u00e1usula arbitral, asumi\u00f3 los efectos derivados de la misma, cuales son (i) la extinci\u00f3n de los efectos de la cl\u00e1usula arbitral para el caso en concrete; (ii) la terminaci\u00f3n del procedimiento arbitral (iii) la definici\u00f3n de la controversia ante la jurisdicci\u00f3n del Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sobre Menzies Aviation PLC y Menzies Aviaton USA Inc., arguye la falta de legitimidad para proponer las excepciones previas, al no estar vinculadas por compromiso o cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
Por ese rumbo, adem\u00e1s de que all\u00ed no se compendiaron todas las motivaciones de la alzada a resolver, se observa que, para desatarla en la forma en que se hizo, tras exponer algunas generalidades de cara a la figura del arbitramento, transcribir la cl\u00e1usula compromisoria inserta en el contrato ajustado entre los extremos procesales1, as\u00ed como parte del contenido del precepto 62 de la Ley 1563 de 2012, la Colegiatura atacada simplemente sostuvo que en el caso auscultado se daba el presupuesto establecido en el literal a) de dicha norma para entender que el arbitraje propuesto era de naturaleza internacional porque, \u00abal momento de la celebraci\u00f3n de ese acuerdo\u00bb, las partes ten\u00edan \u00absus domicilios en estados diferentes\u00bb; de donde, \u00aba pesar de que se hab\u00eda establecido el Tribunal correspondiente al Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de esta ciudad, \u2026frente al cumplimiento de uno de los criterios objetivos de la citada Ley\u00bb, \u00abse configuran los supuestos que habilitan el conocimiento del presente conflicto en la justicia arbitral internacional, motivo por el cual la exceptiva que en esa direcci\u00f3n se formul\u00f3 ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. De esas consideraciones se desprende que, para arribar a la conclusi\u00f3n fustigada, el juzgador ad-quem recriminado, nada dijo para desechar o validar las m\u00faltiples alegaciones que el extremo actor incluy\u00f3 en su extenso recurso de apelaci\u00f3n, tales como que i) nunca se surti\u00f3 el traslado de las excepciones previas, como lo impon\u00eda el art\u00edculo 110 del C\u00f3digo General del Proceso; ii) las demandadas carec\u00edan de legitimaci\u00f3n para postular el medio defensivo que se declar\u00f3 fundado, a) Menzies Aviation Colombia Holding S.A.S., al constituirse un claro proceder contra sus actos previos; mientras que b) Menzies Aviation PLC y Menzies Aviation USA Inc, al no estar vinculadas por la cl\u00e1usula compromisoria, toda vez que no participaron en el contrato en el que la misma se pact\u00f3; iii) los juzgadores acusados carec\u00edan de \u00abhabilitaci\u00f3n legal\u00bb para revisar las decisiones del Tribunal Arbitral, debidamente ejecutoriadas; iv) para establecer los supuestos de la naturaleza internacional del arbitraje no bastaba la simple referenciaci\u00f3n aislada del literal a) del canon 62 de la Ley 1563 de 2012, como ocurri\u00f3, en tanto que era necesario un estudio completo de esa norma y su an\u00e1lisis conjunto con otras disposiciones, de forma sistem\u00e1tica; y v) era irregular aplicar extensivamente la excepci\u00f3n previa de pacto arbitral a demandados no vinculados al mismo. <\/p>\n
Al proceder de esa manera, omiti\u00f3 ocuparse de aspectos trascendentales para el caso concreto, como, entre otros, el relativo a que las decisiones de los \u00e1rbitros son de naturaleza jurisdiccional (con el alcance que ello tiene), incluso las previas a la primera audiencia de tr\u00e1mite, y por tanto, se tornan vinculantes para quienes ante ellos intervinieron, teniendo en cuenta que, como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abel arbitramento desarrolla el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia o a la tutela judicial efectiva (art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), origina un aut\u00e9ntico proceso judicial, en cuyo tr\u00e1mite integrado por distintas etapas, compartimentos o segmentos, los \u00e1rbitros ejercen la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, y por consiguiente, profieren providencias judiciales, autos de tr\u00e1mite, interlocutorios y una sentencia conclusiva denominada laudo arbitral\u00bb; de donde, \u00ab[e]n estrictez, el \u00e1rbitro es un verdadero juez y sus decisiones ostentan, a no dudarlo, naturaleza jurisdiccional\u00bb (CSJ STC, 12 jul. 2010, rad. 2010-00545-01); y en palabras de la Corte Constitucional, \u00abla fase prearbitral tiene una naturaleza jurisdiccional, por las siguientes razones: i) puede implicar limitaciones al acceso a la administraci\u00f3n de justicia; ii) est\u00e1 destinada a impulsar el proceso arbitral, que es de naturaleza jurisdiccional, y iii) en su fondo y forma est\u00e1 sometida a lo previsto en el estatuto procesal civil para los procesos judiciales\u00bb (CC C-1038\/02) . <\/p>\n
Por ese rumbo, se impon\u00eda sopesar las alegaciones de los recurrentes en correspondencia con la atr\u00e1s referido y, en lo pertinente, acudiendo y dando prelaci\u00f3n a principios relevantes para el caso, como el de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
As\u00ed, para definir la suerte de la alegada excepci\u00f3n previa de pacto arbitral, uno de los aspectos centrales que debi\u00f3 revisar preliminarmente la Colegiatura accionada, y no lo hizo, fue el relativo al alcance de las decisiones jurisdiccionales adoptadas por los \u00e1rbitros en el tr\u00e1mite que previamente se agot\u00f3 en el curso del Tribunal Arbitral instalado en el a\u00f1o 2016 ante el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1; y en el desarrollo de ese ejercicio, observando que all\u00ed se declararon \u00abextintos, frente a las pretensiones de la demanda principal y la\u2026 de reconvenci\u00f3n, los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria contenida en\u2026 [el] contrato de compraventa de acciones del 16 de agosto de 2013\u00bb, tambi\u00e9n le correspond\u00eda sopesar las implicaciones que ello ten\u00eda, m\u00e1xime cuando, al margen de la tipolog\u00eda del arbitraje, ya nacional ora internacional, lo cierto es que ambos tienen reglas similares y, por ende, consecuencias an\u00e1logas ante situaciones como el no pago de los gastos de funcionamiento del Tribunal, que en el caso en cuesti\u00f3n se abstuvo de satisfacer la all\u00e1 convocada, comportamiento que, sintetizando algunas de las alegaciones de sus antagonistas, ha debido verificarse, por parte del juzgador, de cara a la satisfacci\u00f3n del \u00abmandato del non venire contra factum propio (sic), tambi\u00e9n conocido como estoppel, que proh\u00edbe que un sujeto pueda realizar actos contrarios a sus comportamientos anteriores, so pena de inobservar la buena fe\u00bb (CSJ AC3917, 20 jun., rad. n.\u00b0 2009-01117-01). <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que mientras el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 2012 ense\u00f1a, al respecto, que \u00ab[v]encidos los t\u00e9rminos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto declarar\u00e1 concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso\u00bb; en cuanto al particular, el Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, en el numeral 3\u00ba del precepto 3.39. indica que \u00ab[s]i transcurridos 30 d\u00edas desde el requerimiento del Centro los dep\u00f3sitos requeridos no han sido entregados, el Centro avisar\u00e1 a las partes para que una u otra de ellas pueda pagar el dep\u00f3sito requerido. Si este pago no se efect\u00faa, el Centro podr\u00e1 ordenar la suspensi\u00f3n o la conclusi\u00f3n del procedimiento arbitral\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Tambi\u00e9n era cardinal dirigir la mirada al irrefutable hecho que, como demandadas, ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, adicionalmente se llamaron dos sociedades distintas a la convocada al fracasado Tribunal de Arbitramento, lo que impon\u00eda analizar, acorde con la normatividad sobre la materia, entre otras, el canon 36 de la Ley 1563 de 2012, si, a pesar de ellas no haber suscrito el pacto, estaban o no obligadas por \u00e9l, armonizando ello con sus alegaciones al momento de contestar la demanda y formular sus defensas, siendo relevante observar que sus argumentos, en tal sentido, se mostraban contradictorios (m\u00e1xime cuando una de ellas adujo haber sido creada a\u00f1os despu\u00e9s del pacto compromisorio) y ajenos a lo expresamente estipulado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 3\u00ba de la misma norma, en tanto que adujeron no estar vinculadas por la cl\u00e1usula compromisoria pero, al mismo tiempo, rogaron la prosperidad de la excepci\u00f3n fundada en la misma, resultando, en \u00faltimas, injustificadamente favorecidas por \u00e9sta, en tanto que ning\u00fan argumento suministr\u00f3 el juzgador para entenderlas atadas al pacto, aunado a que, de no existir ninguno, le correspond\u00eda ocuparse de la eventual posibilidad de continuar el juicio ordinario en contra de ellas, lo que tambi\u00e9n omiti\u00f3. <\/p>\n
3.1.3. Luego, como, ciertamente, ninguna disquisici\u00f3n expresa se efectu\u00f3 en cuanto a esos supuestos, detenidamente relacionados en el recurso de apelaci\u00f3n, y especialmente, de cara a las probanzas en que ellos se edificaron, se revela patente la omisi\u00f3n tanto en la fundamentaci\u00f3n necesaria que la decisi\u00f3n requer\u00eda, como en la obligatoria apreciaci\u00f3n probatoria, debi\u00e9ndose efectuar el an\u00e1lisis conjunto de todos los dem\u00e1s medios suasorios, y as\u00ed establecer su verdadero alcance de cara al caso concreto; falencia que implica que la determinaci\u00f3n del Tribunal acusado carece de motivaci\u00f3n v\u00e1lida y suficiente. <\/p>\n
3.1.4. Entonces, incuestionable es que la Colegiatura convocada no efectu\u00f3 la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio que le era exigible, acorde con las reglas de la sana cr\u00edtica, se\u00f1alando el m\u00e9rito asignado a cada medio suasorio, con lo que incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico; lo que sumado a la falta de respuesta expresa frente a cada una de las inconformidades de los apelantes, tambi\u00e9n abre paso a la protecci\u00f3n por carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, la que se tiene por sentado trasgrede las garant\u00edas fundamentales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la apreciaci\u00f3n probatoria se ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso]), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (se destac\u00f3 – CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
3.2. Finalmente, como lo concluido trae consigo la carencia de firmeza de la decisi\u00f3n reprochada al Tribunal convocado, por sustracci\u00f3n de materia, se muestra inviable que por ahora esta Corte se ocupe de los restantes cuestionamientos del reclamante, en tanto que no le es dable anticiparse a los eventuales veredictos que al respecto, en la decisi\u00f3n de reemplazo, tras subsanar las falencias observadas y, por ley, le corresponde emitir al fallador natural. <\/p>\n
4. La anotada contingencia, sin duda, compromete el derecho fundamental al debido proceso de los actores, por lo cual se impone conceder, con alcance parcial, el amparo deprecado, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 al Tribunal acusado que, tras dejar sin efecto su providencia, proceda a dictar una nueva en la que atienda los razonamientos aqu\u00ed vertidos, en especial, los relacionados con el deber que tiene de efectuar una valoraci\u00f3n integral y conjunta de todos los medios suasorios, en los t\u00e9rminos del canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso, y en correlaci\u00f3n con todos los reparos sustentados en el recurso de apelaci\u00f3n sometido a su discernimiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrero Cort\u00e9s, Stella Mahecha de Barrero, Inbarma S.A.S., Skypark International Ltda., Adriana, Eduardo, Ricardo, Mar\u00eda del Rosario y Victoria Barrero Mahecha, por la incursi\u00f3n en defectos f\u00e1ctico y de carencia de motivaci\u00f3n por parte del Tribunal acusado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja (rad. 11001-31-03-038-2017-00296), deje sin efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 en segunda instancia el 5 de octubre de 2022, con el cual confirm\u00f3 el que profiri\u00f3 el 30 de julio de 2021 el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como toda la actuaci\u00f3n que dependa de aquella providencia. <\/p>\n
Segundo. Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, el mentado Tribunal deber\u00e1 emitir un nuevo auto en el cual resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la parte demandante contra el dictado el 30 de julio de 2021 por el Juzgado referido a espacio, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
La Colegiatura accionada informar\u00e1 a esta Corte sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se niega la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Cuarto. Ordenar al Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remitir al Tribunal encausado, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente digital materia de la queja constitucional, para que dicho despacho d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Quinto. Comunicar lo resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLas partes acuerdan que, salvo el cobro de obligaciones exigibles (en referencia exclusiva al cobro ejecutivo de obligaciones), que pueda ser presentado ante los tribunales de cualquier pa\u00eds con jurisdicci\u00f3n, cualquier disputa, controversia o reclame que surja de, o se relacione con, este Acuerdo, fundamentada ya sea en el contrato, responsabilidad civil extracontractual, ley estatutaria, derecho consuetudinario o en equidad, incluyendo, entre otras, cualquier disputa relacionada con su validez o terminaci\u00f3n, o con el cumplimiento o incumplimiento del mismo, ser\u00e1 decidida de manera definitiva mediante arbitramento, bajo las normas del Centro de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de (el \u00abCACCB\u00bb). <\/p>\n
<\/p>\n
El tribunal de arbitramento estar\u00e1 conformado por tres (3) \u00e1rbitros. Todos los miembros del tribunal ser\u00e1n nombrados por acuerdo mutuo de las partes, a partir de la lista de \u00e1rbitros expertos del CACCB. Si esta elecci\u00f3n no es posible despu\u00e9s de un plazo de quince (15) d\u00edas contados a partir de la presentaci\u00f3n de la solicitud de arbitramento por alguna de las partes, los \u00e1rbitros ser\u00e1n designados por el CACCB a solicitud de las partes. La decisi\u00f3n de tribunal ser\u00e1 en derecho. El lugar del arbitramento ser\u00e1 las instalaciones del CACCB en Bogot\u00e1, Colombia. El procedimiento se llevara a cabo en ingl\u00e9s. <\/p>\n
<\/p>\n
Las partes aceptan y acuerdan que todos los procesos arbitrales conducidos ser\u00e1n estrictamente confidenciales. Este compromiso de confidencialidad cubrir\u00e1 toda la informaci\u00f3n revelada en dicho proceso arbitral, as\u00ed como cualquier decisi\u00f3n o laudo emitido durante el proceso. La informaci\u00f3n amparada por este compromiso de confidencialidad no podr\u00e1 ser revelada, de manera alguna, a terceros sin el consentimiento de las otras partes. No obstante esto, una parte podr\u00e1 revelar dicha informaci\u00f3n con el fin de salvaguardar, de la mejor manera posible, derechos relacionados con la disputa, o si es obligada a hacerlo por mandato de una ley, regulaci\u00f3n, decisi\u00f3n judicial u otra autoridad p\u00fablica o norma de una mercado regulado. <\/p>\n
<\/p>\n
Hasta la resoluci\u00f3n definitiva del asunto sometido a arbitramento, cada parte asumir\u00e1 sus costos y los costos de su \u00e1rbitro seleccionado. Los costos del CACCB y de los \u00e1rbitros ser\u00e1n pagados en partes iguales por el Comprador y la Sociedad y\/o los Accionistas Vendedores; seg\u00fan sea el caso. La decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros en cuanto a la validez de cualquier Reclamo y el monto de los danos y perjuicios generados por dicho Reclamo ser\u00e1 vinculante y concluyente para las partes. La parte que prevalezca en alg\u00fan asunto sometido a arbitramento tendr\u00e1 derecho a que la parte perdedora le rembolse costos y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogado\u00bb. <\/p>\n
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STC16411-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16411-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03682-00 Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Mar\u00eda Barrero Cort\u00e9s, Stella Mahecha de Barrero, Inbarma S.A.S., Skypark International Ltda., Adriana, Eduardo, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69617","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69617","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69617"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69617\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}