STC16434-2022<\/p>\n
<\/p>\n
JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
STC16434-2022 <\/p>\n
Radicado No. 11001-02-03-000-2022-03379-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tramite al que fue vinculado el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso de nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica de compraventa de acciones No. 929 del 8 de mayo de 1992 de la Notar\u00eda 41 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 con radicado No. radicado con el No. 11001310131720100020800. <\/p>\n
1. Manifiesta el accionante que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva, producto de los defectos en que incurrieron al negar en primera y segunda instancia las pretensiones de la demanda que present\u00f3 el 14 de abril de 2010 con el objeto de que se declarara la \u201cnulidad absoluta\u201d de la escritura p\u00fablica de compraventa de acciones No. 929 del 8 de mayo de 1992 de la Notar\u00eda 41 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en virtud de la cual su difunto padre Alfonso Mej\u00eda Fajardo vendi\u00f3 su participaci\u00f3n en el capital de la sociedad Inversiones Mej\u00eda Neira Ltda., no obstante que junto con el escrito introductorio del proceso aport\u00f3 la experticia rendida por el graf\u00f3logo Pedro Jos\u00e9 Galindo Ropero, la cual daba cuenta de que el vendedor no hab\u00eda asistido a la notar\u00eda a firmar la referida escritura p\u00fablica y que su firma era falsa. <\/p>\n
2. Indic\u00f3 as\u00ed mismo que agotado el tr\u00e1mite correspondiente, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n \u201cquedando entonces sin ninguno otro recurso, y por ello repito en firme la sentencia de primera instancia atacada ahora en tutela, y tambi\u00e9n la sentencia del Tribunal y el auto inadmitorio de la demanda de casaci\u00f3n\u2026\u201d. <\/p>\n
3. Como sustento de sus pretensiones, se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1 violaba directamente la Constituci\u00f3n, pues hab\u00eda rechazado \u201ccomo prueba el dictamen pericial rendido por el perito Pedro Jos\u00e9 Galindo\u201d por no cumplir con \u201clos presupuestos previstos\u201d en el art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010, a pesar de que esa disposici\u00f3n no estaba vigente para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda y por tanto no le era aplicable al caso; que, as\u00ed mismo, el a-quo hab\u00eda incurrido tanto en defectos sustantivos como f\u00e1cticos y falta de motivaci\u00f3n al no haber aplicado el art\u00edculo 99, numeral 5, del decreto 960 de 1970 y declarado la nulidad formal de la Escritura P\u00fablica No. 929 del 8 de mayo de 1992 de la Notar\u00eda 41 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, tras considerar, equivocadamente, que esa disposici\u00f3n s\u00f3lo resulta aplicable cuando \u201c\u2018la identificaci\u00f3n del firmante o compareciente no se pueda establecer con claridad\u2019\u201d y que en este caso era posible establecer la identificaci\u00f3n del vendedor; y, por \u00faltimo, que al valorar el testimonio de Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero lo hizo de forma incorrecta pues no tuvo en cuenta todos los apartes de su declaraci\u00f3n, incurriendo as\u00ed en un defecto f\u00e1ctico \u201cen punto a la omisi\u00f3n de la valoraci\u00f3n completa de la prueba\u201d. <\/p>\n
4. En cuanto a la decisi\u00f3n de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, sostiene que al confirmar el fallo proferido en primera instancia termin\u00f3 pronunci\u00e1ndose sobre cuestiones diferentes a los argumentos concretos expuestos en la apelaci\u00f3n, lo que se traduce en un defecto procedimental absoluto; as\u00ed mismo que dicho sentenciador incurri\u00f3 en un defecto sustantivo al darle a los art\u00edculos 183, 233 y 241 del C. de P.C. un alcance que estos no tienen, tras concluir que dichas disposiciones, como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia citada en su fallo, \u201cobligan tambi\u00e9n, a haberse acreditado la idoneidad y experiencia del experto perito, junto con el informe, cuando dichas normas, ni la jurisprudencia, tampoco tienen los mismos efectos de la norma que aplic\u00f3 el Juez o sea el art\u00edculo 116 de la ley 1395 de 2010\u201d; y para terminar puntualiz\u00f3, que sin ninguna prueba en ese sentido, el ad-quem lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el material indubitado analizado en la experticia aportada con la demanda era insuficiente \u201cen cantidad y calidad\u201d, rest\u00e1ndole as\u00ed todo m\u00e9rito demostrativo de la falsedad de la firma del causante como de su inasistencia a la notar\u00eda a firmar, a pesar de que dicha pericia, adem\u00e1s, daba cuenta de una serie de errores adicionales que demostraban que aqu\u00e9l (el vendedor) no hab\u00eda asistido a la notar\u00eda a firmar el pluricitado documento p\u00fablico, los cuales omiti\u00f3, configur\u00e1ndose as\u00ed un defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, solicita, entonces, se amparen los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva, como \u201ccualquier otro derecho que se considere, violado constitucionalmente fundamental\u201d, y, en consecuencia, se le ordene \u201ca quien corresponda\u201d la correcci\u00f3n de los yerros jur\u00eddicos denunciados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, se opuso a la prosperidad de la presente acci\u00f3n de amparo, se\u00f1alando, primero, que la Sala competente de esta Corporaci\u00f3n para conocer de la misma es la Laboral \u201csi se tiene en cuenta que la queja constitucional involucra actuaciones de la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Civil\u201d. As\u00ed mismo, que en el presente caso no se satisface el requisito de inmediatez pues entre la sentencia de segunda instancia y la presentaci\u00f3n del amparo han transcurrido \u201cm\u00e1s de los seis (6) meses que la jurisprudencia ha estimado como razonables para acudir ante el juez de tutela\u201d, ni el de subsidiariedad ya que el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el accionante \u201cno lo fue en debida forma, pues los cargos propuestos\u201d, lo que denota \u201cun uso incorrecto\u201d de dicho recursos por parte del Tutelante, que le hubiera permitido \u201clograr la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados\u201d. Por \u00faltimo, advierta que su providencia \u201ces producto de una interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n razonable de las normas que regulan a la materia, en concordancia con la jurisprudencia\u201d citada y, por consiguiente, \u201cel razonamiento empleado no califica como caprichoso o arbitrario\u201d. <\/p>\n
Los se\u00f1ores Leopoldo Mej\u00eda y Patricia Molano de Pearson, demandados dentro del proceso de nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica de compraventa de acciones No. 929 del 8 de mayo de 1992 de la Notar\u00eda 41 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, radicado con el No. 11001310131720100020800, vinculados a las presente acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n manifestaron su oposici\u00f3n a la prosperidad de la misma, en s\u00edntesis, porque consideran que el se\u00f1or Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez \u201cha tenido todas las oportunidades para defender sus derechos tanto ante el Juez de Primera Instancia, como ante el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u201d, y porque \u201cel error procesal reclamado en esta censura es inexistente\u201d ya que no es verdad que el Tribuna al confirmar la sentencia de primera instancia haya hecho m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante, pues \u201cel hecho analizar (sic) una u otra prueba adicional, no altera esa posici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Excepcionalmente, es posible perseguir la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, cuando estas \u00faltimas desbordan \u201cel estricto marco de aplicaci\u00f3n de la ley\u201d1, siempre y cuando \u201cse hubieren agotado todos los medios ordinarios o extraordinarios para su defensa o, excepcionalmente, cuando la protecci\u00f3n resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable\u201d2. <\/p>\n
2. Debido a ese car\u00e1cter sumamente excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, su procedencia est\u00e1 supeditada al cumplimento de unos requisitos generales y \u201cotros de car\u00e1cter espec\u00edfico\u201d3. Entre los primeros se encuentra la \u201crelevancia constitucional\u201d4 del asunto, la subsidiariedad, la inmediatez, que la irregularidad procesal sea determinante en el resultado de la decisi\u00f3n judicial impugnada y afecte \u201clos derechos fundamentales de la parte actora\u201d5, la identificaci\u00f3n razonable de \u201clos hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados\u201d6, que se \u201chubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible\u201d7 y \u201cque no se trate de sentencias de tutela\u201d8. <\/p>\n
Por su parte, los requisitos especiales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales son: (i) la falta absoluta de competencia del funcionario judicial que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada (Defecto org\u00e1nico), (ii) la actuaci\u00f3n del juez completamente separada \u201cdel procedimiento establecido\u201d9 (Defecto procedimental absoluto), (iii) la ausencia de material \u201cprobatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n\u201d10 (Defecto f\u00e1ctico), (iv) la inexistencia o inconstitucionalidad de las normas en las que el juez fundamenta su decisi\u00f3n \u201co que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n\u201d11 (Defecto material o sustantivo), (v) el error del juez producto de un enga\u00f1o por parte de terceros, (vi) la falta de motivaci\u00f3n, (vii) el desconocimiento del precedente y (viii) la violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Con la presente acci\u00f3n de amparo, Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez busca se le protejan sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales considera le han sido vulnerados por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 como consecuencia de las v\u00edas de hecho y los defectos en que incurrieron estas autoridades judiciales al negar en primera y segunda instancia las pretensiones de la demanda adelantada por \u00e9l para que se declarara la nulidad de la Escritura P\u00fablica No. 929 de 1992 de la Notar\u00eda 41 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en virtud de la cual su difunto padre le vendi\u00f3 a los demandados las acciones que ten\u00eda en la sociedad Inversiones Mej\u00eda Neira Ltda., a pesar de que de la experticia aportada por \u00e9l con el escrito introductorio del proceso, rendida por el graf\u00f3logo Pedro Jos\u00e9 Galindo Ropero, se desprende que el vendedor Alfonso Mej\u00eda Fajardo no asisti\u00f3 a la notar\u00eda a firmar dicho instrumento p\u00fablico y que su firma es falsa. <\/p>\n
4. Sin embargo, siguiendo el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, s\u00f3lo se analizar\u00e1n los defectos en que supuestamente incurri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 al desatar la alzada, pues todos aqu\u00e9llos en los que haya podido incurrir el a-quo han debido ser planteados por el accionante en la apelaci\u00f3n correspondiente, ya que este mecanismo de amparo no constituye una nueva oportunidad procesal para discutir puntos de las decisiones judiciales que no hayan sido previamente alegadas por las partes a trav\u00e9s de las distintas v\u00edas ordinarias que ofrecen las disposiciones procesales. <\/p>\n
De tiempo atr\u00e1s esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u201cCuando los cuestionamientos incluyen una decisi\u00f3n de primera instancia y el examen que de ella realiza el superior, \u2026el enjuiciamiento recae sobre la resoluci\u00f3n final, toda vez que la tutela no es una oportunidad m\u00e1s para estudiar lo dispuesto por el a quo\u201d12. <\/p>\n
Por lo anterior, la Corte no entrar\u00e1 a analizar los defectos en que aparentemente incurri\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, al ponerle fin a la primera instancia. <\/p>\n
5. De acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal en segunda instancia, el fallo proferido en primera instancia por el a-quo deb\u00eda confirmarse por las siguientes razones: <\/p>\n
5.1. Porque la experticia aportada con la demanda de nulidad carece de \u201cm\u00e9rito demostrativo\u201d13, pues el demandante no \u201cdemostr\u00f3 que quien lo elabor\u00f3 en verdad poseyera especiales conocimientos t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o art\u00edsticos que le permitieran conceptuar sobre la falsedad de la firma de uno de los otorgantes, as\u00ed como sobre la \u2018no correspondencia\u2019 en la \u2018confecci\u00f3n de textos\u2019 y el \u2018consecutivo de los n\u00fameros de las hojas que hacen parte de la escritura\u2019\u201d14, como lo exige el art\u00edculo 183 del CPC, vigente para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, \u201cnorma que al hacer referencia a \u201c\u2018instituciones o profesionales especializados\u2019, no hace cosa distinta que enfatizar la naturaleza de la prueba pericial\u2026, criterio que armoniza con el art\u00edculo 233 del CPC\u201d15; y que, en todo caso, de acuerdo con el art\u00edculo 241 del CPC, \u201cal juez le corresponde valorar la peritaci\u00f3n de manera cr\u00edtica\u201d16, teniendo en cuenta, entre otras cosas, \u201cla competencia de los peritos\u201d17 <\/p>\n
5.2. Porque para el ad-quem, a\u00fan si \u201cse analiza la eficacia probatoria del dictamen aportado\u201d18, la conclusi\u00f3n no puede ser distinta dadas sus \u201cinconsistencias\u201d19 y \u201cfalta de solidez\u201d20 derivadas de la insuficiencia del \u201cmaterial indubitado\u201d, pues \u201ctan solo emple\u00f3 dos firmas de aqu\u00e9l\u201d, que adem\u00e1s no eran coet\u00e1neas \u201ccon la firma objeto de an\u00e1lisis\u201d, ya que \u201cdatan de 8 de mayo y 1\u00ba de octubre de 1990, en tanto que la signatura cuestionada es de 8 de mayo de 1992\u201d. Lo anterior, agrega, es coherente con la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada y \u201ccon lo que al respecto sostuvo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo de Documentolog\u00eda y Grafolog\u00eda, en el oficio No. 162389, que la pare (sic) demandada aport\u00f3 como sustento de sus reparos al dictamen presentado por su oponente\u201d21, que no solo indica que el material indubitado debe ser coet\u00e1neo \u201c\u2018a la fecha de elaboraci\u00f3n del documento de duda\u2019\u201d22, sino \u201c\u2018suficiente para hacer representativo el an\u00e1lisis, esto es, un m\u00ednimo de diez firmas indubitadas por cada dubitada\u2026\u2019\u201d23, porque, adem\u00e1s, \u201clas reglas de la experiencia ense\u00f1an que el paso del tiempo propicia variaciones en la caligraf\u00eda y, por tanto, que la firma muestre rasgos diferentes\u201d24, y \u201cAlfonso Mej\u00eda Fajardo contaba con 84 a\u00f1os para cuando rubric\u00f3 su firma\u2026, por lo que la deficiencia motriz que presenta una persona de avanzada edad y que tiende a afectar su escritura\u201d25, hac\u00eda \u201cque la comparaci\u00f3n de firmas fuera mucho m\u00e1s rigurosa, con material suficiente y coet\u00e1neo\u201d26, esto es, \u201c\u2018obtener abundantes muestras patr\u00f3n\u2019\u201d27 y que correspondan \u201c\u2018a la \u00e9poca en la que se presume fue elaborado o expedido el documento cuestionado\u2019\u201d28, como se desprende del \u201cManual Unificado de Servicios en Documentolog\u00eda y Grafolog\u00eda Forense aportado por el extremo pasivo al descorrer el traslado de la demanda\u201d29. <\/p>\n
5.3. Porque descartado el m\u00e9rito demostrativo de la referida experticia, el Tribunal concluy\u00f3 que el \u201c\u00fanico medio material contundente\u201d30 que queda son \u201clas declaraciones de las testigos Clara Ligia Cubides Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, as\u00ed como la informaci\u00f3n que reporta la escritura p\u00fablica fustigada que, a falta de prueba en contrario, se presume veraz\u201d31. Precisando, as\u00ed mismo, que el demandante tampoco prob\u00f3 el \u201cm\u00f3vil de la supuesta falsedad\u201d32 al que alude en el hecho 13 de la demanda al se\u00f1alar que los \u201cdemandados hijos del se\u00f1or Alfonso Mej\u00eda Fajardo\u201d33 fueron los responsables de las irregularidades del referido instrumento y que lo hicieron para \u201cimpedir que \u2018se beneficiara de la parte de las acciones de su padre que legalmente le correspond\u00eda y que compone la parte m\u00e1s valiosa de la masa sucesoral\u2019\u201d34, pues el propio demandante \u201cse\u00f1al\u00f3 en el hecho No. 15 que la acci\u00f3n penal devino frustr\u00e1nea\u201d35, fuera de \u201cque para 1992, cuando se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 929, aquellos -sus contendientes- desconoc\u00edan su calidad de hijo extramatrimonial, la que solo vinieron a conocer, a falta de prueba en contrario, con el fallo que el 16 de diciembre de 1999 profiri\u00f3 el Juzgado 18 de Familia de Bogot\u00e1\u201d36. <\/p>\n
6. Por lo anterior, el tutelante se\u00f1ala que el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en los siguientes defectos: <\/p>\n
6.1. En un defecto procedimental absoluto al \u201cPronunciarse sobre cuestiones diferentes a los argumentos concretos expuestos en la apelaci\u00f3n\u201d37, pues en el recurso de alzada s\u00f3lo se plante\u00f3 la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010 que exig\u00eda acompa\u00f1ar la experticia \u201cde los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito\u201d y que el Juzgado utiliz\u00f3 para rechazarla, por no estar vigente al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda. Sin embargo, de acuerdo con el accionante, el Tribunal, en lugar de concluir que esa disposici\u00f3n hab\u00eda sido indebidamente aplicada por el Juez y tener por ciertas las conclusiones del referido estudio en cuanto a la falsedad de la firma del vendedor, termin\u00f3 avalando el fallo de primera instancia amparado en los art\u00edculos 183, inciso 2, 233 y 241 del C.P.C., cuya aplicaci\u00f3n nunca fue objeto de la apelaci\u00f3n. A\u00f1ade as\u00ed mismo, que el ad-quem desbord\u00f3 los l\u00edmites de la apelaci\u00f3n al \u201canalizar la eficacia probatoria de la experticia\u201d38. <\/p>\n
6.2. En un defecto sustantivo al darle a los art\u00edculos 183, 233 y 241 del C. de P.C. un alcance que estos no tienen, tras concluir que dichas disposiciones, como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia citada en su fallo, \u201cobligan tambi\u00e9n, a haberse acreditado la idoneidad y experiencia del experto perito, junto con el informe, cuando dichas normas, ni la jurisprudencia, tampoco tienen los mismos efectos de la norma que aplic\u00f3 el Juez o sea el art\u00edculo 116 de la ley 1395 de 2001\u201d; <\/p>\n
6.3. En un defecto f\u00e1ctico al concluir, sin ninguna prueba, que el material indubitado analizado en la experticia aportada con la demanda era insuficiente \u201cen cantidad y calidad\u201d, rest\u00e1ndole as\u00ed todo m\u00e9rito demostrativo de la falsedad de la firma del causante, a pesar de que dicha pericia, adem\u00e1s, daba cuenta de una serie de errores adicionales que demostraban que aqu\u00e9l (el vendedor) no hab\u00eda asistido a la notar\u00eda a firmar el pluricitado documento p\u00fablico, los cuales omiti\u00f3. <\/p>\n
Dicho lo anterior, a continuaci\u00f3n, se proceder\u00e1 a hacer un estudio de los defectos denunciados por el accionante, en el mismo orden en que fueron planteados. <\/p>\n
8. El defecto procedimental absoluto tiene lugar cu\u00e1ndo \u201cel juez de instancia act\u00faa completamente al margen del procedimiento constituido, es decir, se desv\u00eda ostensiblemente de su deber de cumplir con las \u2018formas propias de cada juicio\u2019, con la consiguiente vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la decisi\u00f3n final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado.\u201d39 <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 320 del C.G.P., \u201cEl recurso de apelaci\u00f3n tiene por objeto que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisi\u00f3n\u201d. Y de manera concordante, el art\u00edculo 328 ibidem se\u00f1ala que \u201cEl juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante\u2026\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, el recurso de apelaci\u00f3n planteado por el accionante ten\u00eda por objeto que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 revisara la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de Descongesti\u00f3n, en el sentido de no admitir como prueba la experticia rendida por Pedro Jos\u00e9 Galindo por no venir \u201cacompa\u00f1ado de los documentos que acrediten la idoneidad y la experticia del perito\u201d como lo exige el art\u00edculo 116 de la Ley 1396 de 2010, bajo el argumento basilar de que ese requisito, echado de menos por el a-quo, hab\u00eda sido establecido con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda (que tuvo lugar el 14 de abril de 2010) con la ulterior expedici\u00f3n de dicha disposici\u00f3n que ocurri\u00f3 el 12 de julio de ese mismo a\u00f1o, momento para el cual no exist\u00eda una disposici\u00f3n que estableciera una exigencia similar. <\/p>\n
En efecto, se\u00f1al\u00f3 el tutelante en el recurso de apelaci\u00f3n que ni el art\u00edculo 10 de la Ley 446 de 1998 ni el art\u00edculo 183 del C.P.C., vigentes para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, obligaban a presentar \u201cprueba de la idoneidad y experiencia del experto\u201d, concluyendo m\u00e1s adelante que \u201cEn el caso de an\u00e1lisis, se reitera, anexo a la demanda se present\u00f3\u0301 el documento prueba informe de la experticia anticipado, sobre la escritura falsa, por un profesional especializado, inscrito a la instituci\u00f3n de graf\u00f3logos asociados, como lo es un graf\u00f3logo forense. Tambi\u00e9n se observa, se repite, que la norma, aplicable para la \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda, tampoco obliga a presentar prueba de la idoneidad y experiencia del graf\u00f3logo, ni de la instituci\u00f3n donde se afilia. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 183 del CPC obliga a apreciar las pruebas documentales o anticipadas que se acompa\u00f1an a la demanda\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, claro est\u00e1, con el fin de que el ad-quem, tomando en consideraci\u00f3n las conclusiones plasmadas en dicha experticia y con fundamento en ella, corrigiera la decisi\u00f3n del inferior y accediera a las pretensiones de la demanda tomando en consideraci\u00f3n las conclusiones del referido estudio, pues nadie apela para que el fallo inicial, nugatorio de sus pretensiones, se mantenga. <\/p>\n
Y si eso es as\u00ed, como en efecto lo es, no advierte esta Corporaci\u00f3n exceso alguno que pueda desembocar en el defecto procedimental absoluto denunciado por el tutelante, pues, aunque el Tribunal tom\u00f3 en consideraci\u00f3n una serie de disposiciones adicionales que no tuvo en cuenta el a-quo para mantener la decisi\u00f3n de este \u00faltimo, lo hizo precisamente para demostrar c\u00f3mo s\u00ed exist\u00edan, para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, disposiciones de las cuales se pod\u00eda inferir la necesidad de acreditar la idoneidad y experticia del perito. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, la utilizaci\u00f3n de tales disposiciones como fundamento normativo para sostener la decisi\u00f3n del a-quo en el sentido de que \u201cdicho dictamen carece de m\u00e9rito demostrativo\u201d, no conlleva un an\u00e1lisis diferente de los argumentos expuestos por el accionante en el recurso de apelaci\u00f3n que en su momento present\u00f3 contra la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de Descongesti\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, tampoco hay un exceso o distorsi\u00f3n en la actuaci\u00f3n del superior que conlleve el desconocimiento del orden procesal y quebrante el derecho fundamental del debido proceso cuando el Tribunal, a pesar de darle la raz\u00f3n al Juzgado y reiterar que dicha prueba no ten\u00eda \u201cm\u00e9rito demostrativo\u201d, finalmente termina por analizarla, primero, porque eso era lo que persegu\u00eda el accionante con la apelaci\u00f3n, y segundo, porque esa actuaci\u00f3n lejos de hacer m\u00e1s gravosa la posici\u00f3n del apelante \u00fanico, resulta m\u00e1s garantista en la medida que el Tribunal no se queda simplemente en la inadmisi\u00f3n de la prueba sino que va m\u00e1s all\u00e1 y procede con su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Por las razones antes expuestas, no encuentra entonces esta Sala que se configure el defecto procedimental absoluto alegado por el accionante ni que la actuaci\u00f3n del Tribunal en este sentido haya vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tutela judicial efectiva. <\/p>\n
9. En cuanto al defecto sustantivo, ha sostenido la jurisprudencia constitucional que se presenta cuando \u201cla decisi\u00f3n que se adopta por un juez se aparta del marco normativo en el que se debi\u00f3 apoyar para sustentar su fallo, por la ocurrencia de un yerro o falencia en los procesos de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico\u201d. Dicho defecto, agrega, debe ser, en todo caso, \u201cde tal entidad, que lleve a la emisi\u00f3n de un fallo que obstaculice o lesione la garant\u00eda de los derechos fundamentales\u201d. En consecuencia, se\u00f1ala, \u201cel amparo es procedente respecto de interpretaciones irrazonables, las cuales se configuran en dos supuestos. El primero consistente en otorgarle a una disposici\u00f3n un sentido o alcance que no tiene (interpretaci\u00f3n contraevidente o contra legem), afectando de forma injustificada los intereses leg\u00edtimos de una de las partes. Y, el segundo, que se traduce en la realizaci\u00f3n de una interpretaci\u00f3n que parece admisible frente al texto normativo, pero que en realidad es contrario a los postulados constitucionales o conduce a resultados desproporcionados\u201d40. <\/p>\n
De acuerdo con el fallo del Tribunal el dictamen realizado por Pedro Jos\u00e9 Galindo Ropero y aportado con la demanda, en el cual se concluye que no existe \u201c\u2018uniprocedencia manuscritural en la firma\u2019\u201d41 del vendedor Alfonso Mej\u00eda Fajardo \u201c\u2018que result\u00f3 falsa\u2019\u201d42, \u201ccarece de m\u00e9rito demostrativo porque, como lo se\u00f1al\u00f3 el juez a quo, no se demostr\u00f3 que quien lo elabor\u00f3 en verdad poseyera especiales conocimientos t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o art\u00edsticos que le permitieran conceptuar sobre la falsedad de la firma de uno de los otorgantes, as\u00ed como sobre la \u2018no correspondencia\u2019 en la \u2018confecci\u00f3n de textos\u2019 y el \u2018consecutivo de los n\u00fameros de las hojas que hacen parte de la escritura\u2019\u201d43, como lo exige el art\u00edculo 183 del CPC, \u201cnorma que al hacer referencia a \u201c\u2018instituciones o profesionales especializados\u2019, no hace cosa distinta que enfatizar la naturaleza de la prueba pericial\u2026, criterio que armoniza con el art\u00edculo 233 del CPC\u201d, por lo que en consideraci\u00f3n del ad-quem \u201cno le asiste raz\u00f3n al apelante al afirmar que la norma que por entonces regulaba ese medio probatorio no exig\u00eda \u2018prueba de la idoneidad y experiencia del perito\u2019, pues, iterase, la elaboraci\u00f3n de ese medio suasorio no era, ni es hoy d\u00eda posible encomendarlo a cualquier persona, sino a aqu\u00e9lla que tenga especiales conocimientos que, por lo mismo, escapan al com\u00fan de las gentes\u201d44. Y a\u00f1ade, en consecuencia, \u201cque las normas que entonces regulaban la prueba pericial, contrario a lo que sostuvo con vehemencia el recurrente, s\u00ed exig\u00edan, y reclaman hoy en d\u00eda, que el dictamen sea rendido por una instituci\u00f3n o profesional especializado en la materia, so pena de carecer de m\u00e9rito demostrativo, en tanto, dada la naturaleza misma de dicha probanza, no es posible encargarla a quien carece de especiales conocimientos acerca del estado de la t\u00e9cnica, el arte o la ciencia\u201d, y que, en todo caso, de acuerdo con el art\u00edculo 241 del CPC, \u201cal juez le corresponde valorar la peritaci\u00f3n de manera cr\u00edtica\u201d, teniendo en cuenta, entre otras cosas, \u201cla competencia de los peritos\u201d45. \u201cY aunque el recurrente afirm\u00f3 que lo aportado con la demanda fue un \u2018experticio anticipado\u2019, que no est\u00e1 sometido a las reglas de la prueba pericial, lo cierto es que, como lo ha precisado la jurisprudencia, \u2018\u2026 si bien el informe del experto puede estar contenido en un documento, el mismo constituye, estrictamente, prueba pericial\u2026\u2019\u201d46. <\/p>\n
Para el ad-quem, el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 183 del CPC, al hacer referencia a \u201cexperticios emitidos por instituciones o profesionales especializados\u201d, presupone, entonces, la necesidad de acreditar precisamente que la persona o la entidad que los emite cuenta con las calidades y conocimientos necesarios para dar una opini\u00f3n v\u00e1lida sobre los aspectos que est\u00e1 evaluando; conclusi\u00f3n o interpretaci\u00f3n que en opini\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, lejos de resultar caprichosa o irracional, tiene todo el sentido, pues lo que permite asignarle a la opini\u00f3n de un tercero su condici\u00f3n de experticia de acuerdo con esa disposici\u00f3n, es precisamente las especiales calidades y conocimientos de quien lo rinde. <\/p>\n
De ah\u00ed que la menci\u00f3n de los art\u00edculos 233 y 241 hecha por el Tribunal para poner de presente que los dict\u00e1menes periciales al igual que las experticias sirven \u201cpara verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos o art\u00edsticos\u201d, como la aseveraci\u00f3n que consecuentemente hace en el sentido de ser indispensable tener en cuenta la idoneidad o \u201cla competencia de los peritos\u201d, tampoco resulta il\u00f3gica o irracional, como quiera que fue un argumento de refuerzo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, es preciso mencionar que el s\u00f3lo hecho de que el art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010 haya establecido con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda la necesidad de acompa\u00f1ar las experticias \u201cde los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito y con la informaci\u00f3n que facilite su localizaci\u00f3n\u201d, no le quita m\u00e9rito a la anterior conclusi\u00f3n del Tribunal, y no puede, por tanto, el tutelante sostener v\u00e1lidamente que antes de la expedici\u00f3n de dicha legislaci\u00f3n no era posible exigir prueba de la especiales condiciones profesionales de quien rinde la experticia con fundamento en la legislaci\u00f3n vigente, pues esa conclusi\u00f3n contrar\u00eda la propia finalidad de ese medio de convicci\u00f3n, que no es otra que acreditar la existencia de hechos que requieren un especial conocimiento t\u00e9cnico, art\u00edstico o cient\u00edfico. <\/p>\n
De ah\u00ed que no observa esta Corporaci\u00f3n defecto sustantivo alguno en la precitada conclusi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
10. En relaci\u00f3n con el defecto f\u00e1ctico denunciado por el accionante, es pertinente se\u00f1alar que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional este \u201ctiene una dimensi\u00f3n negativa y otra positiva. La dimensi\u00f3n negativa se configura cuando el juez (i) niega una prueba; (ii) no se valora una prueba o se valora de manera arbitraria, irracional o caprichosa u (iii) omite por completo la valoraci\u00f3n de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados o determinante en el desenlace del proceso[106]. La dimensi\u00f3n positiva se configura, en cambio, (i) cuando el juez admite pruebas que no ha debido admitir ni valorar, por ejemplo, por tratarse de pruebas il\u00edcitas o (ii) cuando el juez decide conforme a elementos probatorios que, por disposici\u00f3n de la ley, no conducen a demostrar el hecho sobre el cual se fundamenta la decisi\u00f3n\u201d47. <\/p>\n
De acuerdo con el accionante, el Tribunal a este respecto incurri\u00f3 en defectos f\u00e1cticos, as\u00ed: <\/p>\n
10.1. Al concluir, sin ning\u00fan soporte probatorio, que la experticia aportada por el demandante con la demanda de nulidad (i) \u201cno cont\u00f3 con material indubitado suficiente para analizar la autenticidad de la firma del se\u00f1or Alfonso Mej\u00eda Fajardo, si se considera que, como material de comparaci\u00f3n, tan s\u00f3lo emple\u00f3 dos firmas de aqu\u00e9l, con las que procedi\u00f3 a efectuar el cotejo respectivo\u201d y que (ii) \u201cel material indubitado, am\u00e9n de escaso, no resulta coet\u00e1neo con la firma objeto de an\u00e1lisis, si se repara en que las r\u00fabricas que fueron tenidas en cuenta para efectuar la comparaci\u00f3n, datan de 8 de mayo y 1\u00ba de octubre de 1990, en tanto que la signatura cuestionada es de 8 de mayo de 1992, vale decir, dos a\u00f1os despu\u00e9s de haberse estampado aqu\u00e9llas firmas\u201d, y que por tanto su afirmaci\u00f3n de que \u201clos elementos de comparaci\u00f3n en firmas resultaron insuficientes en cantidad y calidad\u201d est\u00e1 construida sobre una suposici\u00f3n o presunci\u00f3n de la prueba por parte del ad-quem. <\/p>\n
10.2. As\u00ed mismo, al ignorar \u201c\u2018la existencia de apartes o aspectos relevantes de misma prueba (sic) de experticia, que demostraban otras irregularidades fundamentales, y suficientes, para probar que la escritura es falsa\u2026, que mostraban por si (sic) solas, que el causante, nunca estuvo en la notar\u00eda, ni firm\u00f3 la\u2019\u201d48 referida Escritura P\u00fablica, tales como: (i) la elaboraci\u00f3n de unas hojas en computador y otras a m\u00e1quina; (ii) diferencias en los consecutivos de las hojas notariales; (iii) la ausencia del sello y firma \u201c\u2018que garantiza que esa hoja fue revisada y que es aut\u00e9ntica\u2019\u201d49 en la hoja \u201c\u2018donde est\u00e1, la firma cuestionada, confirm\u00e1ndose un cambio irregular\u2019\u201d50; (iv) la ausencia de copia de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y tarjeta profesional del vendedor; y (v) las deficiencias que presenta la huella del vendedor que fue tomada en forma incorrecta y no permite su identificaci\u00f3n, entre otras, \u201c\u2018que, incluso prescindiendo del an\u00e1lisis de la firma\u2019\u201d, muestran \u201c\u2018que la escritura es falsa\u2019\u201d y \u201c\u2018que el causante no estuvo presente\u2019\u201d, cuya omisi\u00f3n por el Tribunal resulta \u201c\u2018violatorio del debido proceso\u2019\u201d ya que estos \u201c\u2018no fueron desvirtuados\u2019\u201d. <\/p>\n
10.3. Como tambi\u00e9n, al indicar que el perito s\u00f3lo utiliz\u00f3 una de las dos firmas indubitadas con las que contaba para efectuar el cotejo pertinente, que lo llev\u00f3 equivocadamente a poner de presente la escasez del \u201cmaterial indubitado\u201d que seg\u00fan ese sentenciador \u201cimpide examinar las \u2018constantes\u2019 y \u2018variantes\u2019 que deja una persona en sus distintos momentos gr\u00e1ficos\u201d, pues de acuerdo con el tutelante la referencia que hizo el experto en su dictamen en relaci\u00f3n con \u201c\u2018la firma patr\u00f3n\u2019\u201d fue una referencia \u201c\u2018gen\u00e9rica\u2026 y no en relaci\u00f3n con su cantidad, pues f\u00e1cilmente se puede comprobar del entorno de las firmas en las fotos\u2026 del informe de la experticia, que son firmas, ambas indubitadas, pero en diferentes ocasiones\u2019\u201d51, por lo que \u201c\u2018queda claro, que s\u00ed, fueron 2 firmas indubitadas las analizadas\u2019\u201d52. <\/p>\n
10.4. Y por \u00faltimo, al desconocer la experticia aportada oportunamente al proceso, tras concluir que \u201cno es posible afirmar con total certeza que exista material probatorio que directamente demuestre que el se\u00f1or Alfonso Mej\u00eda Fajardo se encontraba ausente el d\u00eda en que se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 929, sin que el dicho del demandante en sentido opuesto resulte insuficiente (sic) de cara al \u00e9xito de sus pretensiones, pues bien se sabe que nadie tiene el privilegio de hacer de su dicho su propia prueba\u201d, lo que \u201cdeja en pie, como \u00fanico medio material contundente, las declaraciones de las testigos Clara Ligia Cubides Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, as\u00ed como la informaci\u00f3n que reporta la escritura p\u00fablica fustigada que, a falta de prueba en contrario, se presume veraz\u2026\u201d. Efectivamente, seg\u00fan el tutelante, estas \u00faltimas pruebas a las que se refiere el ad-quem \u201c\u2018como \u00fanico medio material contundente, no alcanzan a sustentar correctamente, la decisi\u00f3n tomada\u2019\u201d53. En ese sentido manifiesta que el Testimonio de Clara Ligia Cubides Rodr\u00edguez es cuestionable \u201c\u2018por ser la esposa de un demandado\u2019\u201d, mientras que la declaraci\u00f3n de Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, \u201c\u2018funcionaria de la notar\u00eda donde se efectu\u00f3 la escritura en referencia\u2019\u201d, \u201c\u2018no es diciente ni confiable\u2019\u201d54, ya que no pudo explicar por qu\u00e9 (i) falta su firma verificadora en la hoja y sello donde se encuentra la firma del vendedor, a pesar de \u201c\u2018que ella misma manifest\u00f3 que pon\u00eda como control interno, al momento de verificar las firmas de la escritura\u2019\u201d55 ser ella la encargada de hacerlo, (ii) la ausencia de fotocopia de la c\u00e9dula del vendedor o de explicar, o por qu\u00e9 (iii) hab\u00edan unas hojas escritas en computador y otras escritas a m\u00e1quina. <\/p>\n
Ahora, lo primero que hay que se\u00f1alar en ese sentido, es que la raz\u00f3n principal y fundamental por la que el Tribunal le rest\u00f3 \u201cm\u00e9rito demostrativo\u201d a la experticia rendida por Pedro Jos\u00e9 Galindo Ropero, fue porque \u201cno se demostr\u00f3 que quien lo elabor\u00f3 en verdad poseyera especiales conocimientos t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o art\u00edsticos que le permitieran conceptuar sobre la falsedad de la firma de uno de los otorgantes, as\u00ed como sobre la \u2018no correspondencia\u2019 en la \u2018confecci\u00f3n de textos\u2019 y el \u2018consecutivo de los n\u00fameros de las hojas que hacen parte de la escritura\u2019\u201d56 <\/p>\n
Y esa conclusi\u00f3n f\u00e1ctica del ad-quem, en el sentido de que en el expediente no obra prueba de las especiales calidades profesionales de Pedro Jos\u00e9 Galindo Ropero, no es alejada de la realidad, toda vez que la afirmaci\u00f3n hecha en el hecho 10 de la demanda por el ahora accionante, en el sentido de que Pedro Jos\u00e9 Galindo Ropero es \u201cun graf\u00f3logo eminente\u2026 debidamente inscrito por m\u00e1s de veinte a\u00f1os en la lista de auxiliares de la Justicia de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, debidamente aprobada por el Consejo Superior de la Judicatura\u201d no suple esa falencia, ya que, \u201cseg\u00fan es sabido, \u2018es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido l\u00f3gico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba\u2019\u201d57, y, adem\u00e1s, de acuerdo con el art\u00edculo 177 del CPC (disposici\u00f3n recogida por el art\u00edculo 167 del CGP), \u201cIncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, fuera de que tales manifestaciones del demandante no constituyen hechos notorios o afirmaciones o negaciones indefinidas que, conforme esa misma disposici\u00f3n, \u201cno requieren prueba\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que los reparos planteados por el accionante respecto de las conclusiones f\u00e1cticas del Tribunal en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n que este hizo de la \u201ceficacia probatoria\u201d58 de la experticia rendida por Pedro Jos\u00e9 Galindo Ropero, \u201cen simple gracia de discusi\u00f3n\u201d59, son intrascendentes pues, como ya se mencion\u00f3, la raz\u00f3n principal y fundamental del ad-quem para no haberle reconocido m\u00e9rito demostrativo al mismo fue porque \u201cno se demostr\u00f3 que quien lo elabor\u00f3 en verdad poseyera especiales conocimientos t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o art\u00edsticos que le permitieran conceptuar sobre la falsedad de la firma de uno de los otorgantes, as\u00ed como sobre la \u2018no correspondencia\u2019 en la \u2018confecci\u00f3n de textos\u2019 y el \u2018consecutivo de los n\u00fameros de las hojas que hacen parte de la escritura\u2019\u201d60 <\/p>\n
Y fue precisamente esa falta de m\u00e9rito demostrativo de la experticia presentada por Pedro Jos\u00e9 Galindo Ropero, la que le permiti\u00f3 sostener posteriormente al Tribunal que el \u201c\u00fanico medio material contundente\u201d61 que queda son \u201clas declaraciones de las testigos Clara Ligia Cubides Rodr\u00edguez y Mar\u00eda Astrid Villamil Quintero, as\u00ed como la informaci\u00f3n que reporta la escritura p\u00fablica fustigada que, a falta de prueba en contrario, se presume veraz\u201d62. Precisando, as\u00ed mismo, que el demandante tampoco prob\u00f3 el \u201cm\u00f3vil de la supuesta falsedad\u201d63 al que alude en el hecho 13 de la demanda al se\u00f1alar que los \u201cdemandados hijos del se\u00f1or Alfonso Mej\u00eda Fajardo\u201d64 fueron los responsables de las irregularidades del referido instrumento y que lo hicieron para \u201cimpedir que \u2018se beneficiara de la parte de las acciones de su padre que legalmente le correspond\u00eda y que compone la parte m\u00e1s valiosa de la masa sucesoral\u2019\u201d65, pues el propio demandante \u201cse\u00f1al\u00f3 en el hecho No. 15 que la acci\u00f3n penal devino frustr\u00e1nea\u201d66, fuera de \u201cque para 1992, cuando se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 929, aquellos -sus contendientes- desconoc\u00edan su calidad de hijo extramatrimonial, la que solo vinieron a conocer, a falta de prueba en contrario, con el fallo que el 16 de diciembre de 1999 profiri\u00f3 el Juzgado 18 de Familia de Bogot\u00e1\u201d67. <\/p>\n
Sin embargo, es pertinente advertir que incluso la valoraci\u00f3n que hizo el Tribunal de dicha experticia \u201cen simple gracia de discusi\u00f3n\u201d68, tampoco se presenta antojadiza o caprichosa, pues la conclusi\u00f3n del ad-quem seg\u00fan la cual no hubo suficiente material indubitado y coet\u00e1neo con la firma en duda, se desprende precisamente de la prueba documental que obra en el proceso, oportunamente aportada por los demandantes, particularmente del Oficio 162389 del 8 de julio de 2010 del Grupo de Documentolog\u00eda y Grafolog\u00eda del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que adjuntan \u201ccomo prueba\u201d69, y seg\u00fan el cual para llevar a cabo este tipo de an\u00e1lisis \u201ces necesario \u2018Verificar que la cantidad de muestras reunida sea suficiente para hacer representativo el an\u00e1lisis, esto es, un m\u00ednimo de diez firmas indubitadas por cada dubitada\u2026\u2019\u201d70, que adem\u00e1s debe ser \u201c\u2018coet\u00e1neas a la fecha de elaboraci\u00f3n del documento de duda\u2019\u201d71. <\/p>\n
En consecuencia, no encuentra esta Sala que el Tribunal haya incurrido en los defectos f\u00e1cticos denunciados por el accionante. <\/p>\n
11. As\u00ed las cosas, se negar\u00e1 el recurso de amparado solicitado por el se\u00f1or Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DENEGAR el amparo constitucional solicitado por el se\u00f1or Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR por el medio m\u00e1s expedito a las partes la decisi\u00f3n adoptada en el presente asunto. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de que la presente decisi\u00f3n no sea impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
ELUIN GUILLERMO ABREO TRIVI\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
DORA CONSUELO BEN\u00cdTEZ TOB\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JUAN GUILLERMO BETANCUR LONDO\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ENRIQUE VIVEROS CASTELLANOS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, Expediente D-5428, M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
5\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
7\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
8\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
9\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
10\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
11\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
12\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia STC14012-2015 del 13 de octubre de 2015, M.P. Fernando Giraldo Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
13\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 10. <\/p>\n
14\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 10. <\/p>\n
15\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 10. <\/p>\n
16\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 11. <\/p>\n
17\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 11. <\/p>\n
18\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 13. <\/p>\n
19\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 13. <\/p>\n
20\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 13. <\/p>\n
21\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 14. <\/p>\n
22\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 14. <\/p>\n
23\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 14. <\/p>\n
24\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 14. <\/p>\n
25\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 14. <\/p>\n
26\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 14. <\/p>\n
27\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 15. <\/p>\n
28\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 15. <\/p>\n
29\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 14. <\/p>\n
30\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
31\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
32\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
33\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
34\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
35\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
36\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
37\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 35 <\/p>\n
38\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 35 <\/p>\n
40\u0002 Corte Constitucional, Sentencia SU418 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez, Expedientes T-6.695.535, T-6.779.435, T-6.916.634, T-7.028.230 y T-7.035.566 (Acumulados). <\/p>\n
41\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 10. <\/p>\n
42\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 10. <\/p>\n
43\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 10. <\/p>\n
44\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 11. <\/p>\n
45\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 11. <\/p>\n
46\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 12. <\/p>\n
47\u0002 Corte Constitucional, Sentencia SU062 del 7 de junio de 2018, Expediente T-6.439.129. M.P. Alejandro Linares Cantillo. <\/p>\n
48\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 59 <\/p>\n
49\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 59 <\/p>\n
50\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 59 <\/p>\n
51\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 60 <\/p>\n
52\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 60 <\/p>\n
53\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 69 <\/p>\n
54\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 70 <\/p>\n
55\u0002 Escrito de Tutela, p\u00e1g. 70 <\/p>\n
56\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 10. <\/p>\n
57\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia del 25 de noviembre de 2004, Expediente 7246, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. <\/p>\n
58\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 13. <\/p>\n
59\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 13. <\/p>\n
60\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 10. <\/p>\n
61\u0002 Expediente Digitalizado, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
62\u0002 Expediente Digitalizado, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
63\u0002 Expediente Digitalizado, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
64\u0002 Expediente Digitalizado, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
65\u0002 Expediente Digitalizado, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
67\u0002 Expediente Digitalizado, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 16. <\/p>\n
68\u0002 Expediente Digital, 04CuadernoTribunalApelci\u00f3nSentencia, 002SegundaInstancia, 14SentenciaConfirmatoria, p\u00e1g. 13. <\/p>\n
69\u0002 Expediente Digitalizado, 02CuadernoPrincipalTomoI, p\u00e1g. 482 <\/p>\n
70\u0002 Expediente Digitalizado, 02CuadernoPrincipalTomoI, p\u00e1g. 482 <\/p>\n
71\u0002 Expediente Digitalizado, 02CuadernoPrincipalTomoI, p\u00e1g. 482 <\/p>\n
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STC16434-2022 JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS Conjuez Ponente STC16434-2022 Radicado No. 11001-02-03-000-2022-03379-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de diciembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Mej\u00eda Rodr\u00edguez contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69622","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69622"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69622\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}