STC16487-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16487-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01113-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Nepomuceno Pe\u00f1a Mora contra el Juzgado Veinticinco de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito alimentario n\u00b0 2021-00509. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que \u00e9l es \u00abuna persona de la tercera edad, pensionado y con responsabilidades personales y familiares\u00bb, entre ellas la existencia de \u00abotra hija menor que est\u00e1 cursando bachillerato\u00bb, ha debido recurrir a pr\u00e9stamos de dinero por parte de una cooperativa de pensionados y tambi\u00e9n para que le brinde asesor\u00eda jur\u00eddica dada su \u00abprecariedad econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
Que, seg\u00fan la tasaci\u00f3n de alimentos realizada para su hija mayor, \u00abpara mi congrua subsistencia s\u00f3lo me queda un promedio de $200.000, y no me quedar\u00eda nada para mi otra hija\u00bb, y pese a ello, \u00abno soy escuchado\u00bb por el accionado, y tampoco se han atendido los argumentos expuestos por su abogado mediante solicitud de \u00abcorrecci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse ordene al Juzgado 25 de Familia, replantear la situaci\u00f3n acorde a la realidad real y a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que tras tener por notificado al demandado y reconocerle personer\u00eda adjetiva a su abogado, \u00aben audiencia del 13 de junio de 2022 se declararon no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas (\u2026), se fij\u00f3 cuota alimentaria y se conden\u00f3 en costas a la parte demandada\u00bb; que \u00aben escrito posterior, el apoderado del demandado solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de la sentencia para disminuir cuota de alimentos y oponerse a las costas fijadas, misma que fue resuelta en auto del 06 de julio de 2022\u00bb, y que \u00aben auto del 19 de octubre de 2022, se resolvi\u00f3 recurso [de reposici\u00f3n interpuesto por el accionante contra la anterior decisi\u00f3n], manteniendo[la] inc\u00f3lume\u00bb. <\/p>\n
2. El gerente de Consorcio Fopep 2019, indic\u00f3 que en atenci\u00f3n a la orden judicial notificada el 22 de agosto de 2022, se procedi\u00f3 al \u00abembargo\u00bb de la pensi\u00f3n percibida por el se\u00f1or Pe\u00f1a Mora \u00abpor valor fijo de $600.000\u00bb, y que tambi\u00e9n se practica \u00abdescuento por concepto de una obligaci\u00f3n libremente contra\u00edda (\u2026) a favor de la entidad COOEDUCOL, por un valor fijo mensual de $186.273 [para cubrir] un valor total de $3.352.914 [registrado] en el mes de septiembre de 2021\u00bb. Frente a lo pretendido, pidi\u00f3 declarar la \u00abimprocedencia\u00bb de la acci\u00f3n por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al no evidenciar en la decisi\u00f3n confutada \u00aberror susceptible de protecci\u00f3n por v\u00eda de tutela, por cuanto esta afianzada en un discernimiento razonable el cual no luce meramente subjetivo o caprichoso (\u2026). El accionante confunde vulneraci\u00f3n con desacuerdo, es apenas l\u00f3gico que no comparta las decisiones adoptadas por resultar contrarias a sus intereses, pero esa inconformidad no es suficiente para fincar un agravio a las normas de mayor entidad; en vista de que el se\u00f1or Juez, en uso de sus atribuciones y potestades, valor\u00f3 y calific\u00f3 los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en los que sustent\u00f3 su decisi\u00f3n que por defecto, podr\u00eda resultar adverso a una de las partes, pero ello no se puede traducir en vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales para quien sale desfavorecido, de admitirse esa tesis, se desarticular\u00eda la finalidad de toda contienda jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del auxilio para insistir en los argumentos de su demanda tutelar, enfatizando que tanto el fallo proferido por el juzgado como el emitido por el tribunal en sede de tutela, desconocieron \u00abobjetivamente mi situaci\u00f3n real econ\u00f3mica y de salud y dem\u00e1s circunstancias que se dan sobre mi vida personal, familiar y social\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la accionante, al resolver el proceso de fijaci\u00f3n de alimentos n\u00b0 2021-00509, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, que por regla general esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del estudio realizado a los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n, su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la normativa y jurisprudencia aplicable, esta Sala establece que la desestimaci\u00f3n del amparo ser\u00e1 ratificada, comoquiera que la decisi\u00f3n reprochada obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
En efecto, para que, mediante providencia del 13 de junio de 2022, el despacho judicial convocado resolviera \u00abDECLARAR no probadas las excepciones denominadas FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR ACTIVA, COBRO DE LO NO DEBIDO y ABUSO DEL DERECHO\u00bb, y tras ello fijara como cuota alimentaria mensual \u00aba favor de SANDY YULIANA PE\u00d1A PUENTES y a cargo de su progenitor JUAN NEPOMUNCENO PE\u00d1A ROA, la suma de $600.000\u00bb, le bast\u00f3 se\u00f1alar que seg\u00fan los medios de prueba incorporados al expediente, estaban demostrados los elementos plausibles que legalmente se requieren para la tasaci\u00f3n demandada. <\/p>\n
En particular, asegur\u00f3 que con el registro civil allegado se demostr\u00f3 el v\u00ednculo filial entre las partes y con ello la obligatoriedad de la prestaci\u00f3n alimentaria; que no obstante haber rebasado su minor\u00eda de edad, la hija -de 20 a\u00f1os de edad-, por no contar con empleo y estar adelantado estudios de \u00abenfermer\u00eda en la Universidad El Bosque\u00bb, a\u00fan necesitaba del apoyo econ\u00f3mico de su progenitor, pues sus gastos mensuales promedio eran del orden de \u00ab$1.250.000\u00bb, y para cubrirlos s\u00f3lo contaba con el aporte de su se\u00f1ora madre quien devenga una \u00abpensi\u00f3n de invalidez\u00bb equivalente a un salario m\u00ednimo legal. Sobre la capacidad econ\u00f3mica del demandado, asever\u00f3 que los ingresos correspond\u00edan a \u00ab$1.466.139 mensuales\u00bb por concepto de la pensi\u00f3n reconocida por FOPEP, y que contrario a lo aducido al contestar la demanda, \u00abno prob\u00f3\u00bb que tuviera a su cargo una hija menor. <\/p>\n
Como acaba de verse, los planteamientos realizados por el despacho encartado, no se muestran arbitrarios ni caprichosos sino, por el contrario, ajustados a una razonable ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y a la normativa que rige la tem\u00e1tica bajo estudio, por lo que las discrepancias ahora esbozadas, demuestran que la intenci\u00f3n del actor es imponer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio del juez ordinario, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario, en tanto que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC10717-2022, 17 ago., rad. 00660-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC9229-2022, 19 jul., rad. 00134-01). <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que el alcance de la tutela se restringe, comoquiera que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada entre otras en STC7294-2022, 9 jun., rad. 00034-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, aunado a la razonabilidad de la decisi\u00f3n criticada, la Sala advierte que si existe variaci\u00f3n en las circunstancias que dieron origen a la fijaci\u00f3n de alimentos, el interesado est\u00e1 facultado para acudir al juez de conocimiento y pedir la regulaci\u00f3n de las pensiones alimentarias a su cargo, acreditando para ello los elementos que den cuenta de su dicho, toda vez que para dicho prop\u00f3sito, la ley ha previsto un escenario jur\u00eddico breve y sumario cuya competencia y tr\u00e1mite lo se\u00f1alan los art\u00edculos 21-7 y 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se desestimar\u00e1 la salvaguarda implorada, toda vez que la determinaci\u00f3n refutada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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