STC16490-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16490-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03739-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Inversiones Pimajua S.A.S. interpuso contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea con radicado n\u00b0 110013199002-2020-00215-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia que defini\u00f3 la segunda instancia de su litigio (4 may. 2022) para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto. <\/p>\n
En sustento, adujo ser accionista de la Sociedad Urbanizaci\u00f3n Marbella S.A. la cual adopt\u00f3 decisiones en asamblea de 23 de marzo de 2018. Relat\u00f3 que el 23 de mayo siguiente present\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n que se tramit\u00f3 y culmin\u00f3 sin acuerdo entre las partes el 16 de agosto de esa anualidad. Al d\u00eda siguiente radic\u00f3 demanda de impugnaci\u00f3n de actos que concluy\u00f3, en ambas instancias, con la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria (26 ago. 2019), decisi\u00f3n \u00faltima frente a la cual se solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n que fue desestimada en auto de 4 de septiembre siguiente, notificado el d\u00eda ulterior. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en virtud del art\u00edculo 95 -numeral 4\u00b0- del C\u00f3digo General del Proceso acudi\u00f3 dentro de los 20 d\u00edas siguientes a la justicia arbitral (8 oct. 2019), la cual repeli\u00f3 el caso por falta de pago de honorarios en prove\u00eddo de 21 de agosto de 2020 notificado el 25 de ese mes. En consecuencia, inici\u00f3 otra vez ante la Superintendencia el proceso de impugnaci\u00f3n (28 ago. 2020) que termin\u00f3 con sentencia desestimatoria de las pretensiones que fue apelada ante el Tribunal accionado, quien resolvi\u00f3 confirmar tras considerar que hab\u00eda operado la caducidad de la acci\u00f3n (4 may. 2022). <\/p>\n
2. El tribunal accionado remiti\u00f3 el link del expediente, hizo un relato de sus actuaciones y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. Urbanizaci\u00f3n Marbella S.A. -demandada en el litigio cuestionado- se opuso a la prosperidad del resguardo. La Superintendencia que tramit\u00f3 la primera instancia del litigio tambi\u00e9n relacion\u00f3 los actos que despleg\u00f3 y adujo desconocer lo ocurrido con posterioridad a su fallo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinado el expediente acusado pudo constatarse que, en efecto, el 23 de marzo de 2018 se tom\u00f3 la decisi\u00f3n societaria demandada. Que la sociedad inconforme con esa determinaci\u00f3n present\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n el 23 de mayo siguiente, tr\u00e1mite que finaliz\u00f3 con una constancia de no acuerdo entre las partes (16 ago. 2018). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se advirti\u00f3 que el 17 de agosto de esa anualidad se radic\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades la primera demanda de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, que termin\u00f3 con el \u00e9xito de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria. Esta decisi\u00f3n fue apelada ante el Tribunal convocado, quien confirm\u00f3 que se deb\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n arbitral (26 ago. 2019). La demandante pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n de esta \u00faltima determinaci\u00f3n, la cual fue desestimada por la magistratura en prove\u00eddo de 4 de septiembre de 2019, notificado en estado del d\u00eda siguiente. <\/p>\n
Se verific\u00f3 que el 8 de octubre de 2019, la censora present\u00f3 demanda arbitral que consider\u00f3 tempestiva por haber sido radicada dentro de los 20 d\u00edas que le otorga el legislador adjetivo para tal fin -art\u00edculo 95, numeral 4 del C\u00f3digo General del Proceso-. Ese mecanismo alternativo culmin\u00f3 anticipadamente con auto de 21 de agosto de 2019 -notificado el 25 ulterior- dada la falta de pago de honorarios de los \u00e1rbitros. <\/p>\n
Extinguidos los efectos de la cl\u00e1usula compromisoria, el 28 de agosto de 2019 la tutelante acudi\u00f3 nuevamente a la Superintendencia de Sociedades y present\u00f3, por segunda vez, la demanda de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea que finaliz\u00f3 con veredicto de fondo adverso a las pretensiones. La promotora apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 el fracaso de la acci\u00f3n porque, en su criterio, la acci\u00f3n impugnatoria, hab\u00eda caducado (4 may. 2022). <\/p>\n
En esta providencia, el Tribunal consider\u00f3 que las pretensiones de la hoy accionante no pod\u00edan prosperar en la medida que se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de dos meses dispuesto por el legislador para intentar la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de asambleas. <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n inici\u00f3 por predicar que la demanda debi\u00f3 impetrarse a m\u00e1s tardar el 23 de mayo de 2018, pero, en su lugar, la tutelante present\u00f3 en esa fecha una solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial que, a juicio de la magistratura, no tuvo la virtud de suspender el t\u00e9rmino legal de caducidad debido a que se trataba de un asunto no susceptible de conciliaci\u00f3n y, en tal sentido, no era dable acudir a ese mecanismo extrajudicial. <\/p>\n
Adicionalmente, expuso que aun si se admitiera \u00abque la conciliaci\u00f3n extrajudicial s\u00ed reprimi\u00f3 el avance del t\u00e9rmino de caducidad\u00bb, lo cierto es que existi\u00f3 otra circunstancia configurativa de ese fen\u00f3meno, esto es, que la demanda arbitral -presentada como consecuencia de la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria-, fue extempor\u00e1nea en la medida que se radic\u00f3 pasados los 20 d\u00edas de que trata el art\u00edculo 95 -numeral 4\u00b0- del C\u00f3digo General del Proceso1. <\/p>\n
Para soportar ese raciocinio explic\u00f3 que la primera demanda concluy\u00f3 -en ambas instancias- con la prosperidad de la excepci\u00f3n de tr\u00e1mite en comento (26 ago. 2019), decisi\u00f3n \u00faltima frente a la cual se solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n que fue desestimada en auto de 4 de septiembre siguiente, notificado el d\u00eda ulterior. <\/p>\n
\u00abEn conclusi\u00f3n, si el auto que acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria y dio por terminado el proceso qued\u00f3 ejecutoriado el 4 de septiembre de 2019 y la demanda arbitral se present\u00f3 ante el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 el 8 de octubre de 2019, es claro que esto \u00faltimo ocurri\u00f3 cuando ya se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de los veinte (20) d\u00edas legalmente previstos para conjurar el avance del t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, lapso que, como no logr\u00f3 reprimirse con la presentaci\u00f3n de la demanda arbitral, ciertamente ya se hallaba vencido para cuando se acudi\u00f3 por segunda vez a la jurisdicci\u00f3n ordinaria (28 de agosto de 2020).\u00bb <\/p>\n
Como conclusi\u00f3n de sus razonamientos indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abA modo de s\u00edntesis: A) comoquiera que la conciliaci\u00f3n extrajudicial no era requisito de procedibilidad para ventilar la presente controversia ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no era dable descontar, del t\u00e9rmino de caducidad, el interregno comprendido entre la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n y la expedici\u00f3n de la constancia de no acuerdo. B) de pasar inadvertido lo anterior, la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea por igual se encontrar\u00eda caducada porque, tras la firmeza del auto que acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria y dio por terminado el proceso, no se present\u00f3 la demanda arbitral en el lapso que establece el art\u00edculo 95.4 del CGP para atajar el avance del t\u00e9rmino de desvanecimiento de la acci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
2. Con ese escenario y en lo que respecta al primer reproche, consistente en que la magistratura desbord\u00f3 su competencia e hizo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, al resolver sobre un aspecto que no fue objeto de apelaci\u00f3n y que ya se hab\u00eda definido por el a quo (caducidad), pronto se advierte el fracaso del resguardo como quiera que tal situaci\u00f3n no comporta la lesi\u00f3n ius fundamental invocada por la censora, dado que el fallador s\u00ed deb\u00eda resolver sobre ese aspecto aunque no se le hubiera propuesto en la alzada. <\/p>\n
Ciertamente, el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso dispuso que: <\/p>\n
\u00abEn cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido el canon 328 ibidem consagr\u00f3 al respecto que: <\/p>\n
\u00abEl juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, basta la simple remisi\u00f3n a esa normativa para dejar en evidencia que el actuar del tribunal no comport\u00f3 el yerro endilgado por la accionante, como quiera que la eventual configuraci\u00f3n de la caducidad de la acci\u00f3n comporta un aspecto que -por expresa disposici\u00f3n del legislador- debe ser reconocido de manera oficiosa por los juzgadores. En esa l\u00ednea argumentativa se ha pronunciado esta Corporaci\u00f3n en sentencia de 16 de diciembre de 2010, rad. 1997-11835-01, sentencia 39366-2012, STC2293-2018, entre otras. <\/p>\n
3. Situaci\u00f3n distinta ocurre con el segundo reparo de la accionante -relativo a la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad generado por la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n-, dado que el tribunal convocado omiti\u00f3 pronunciarse respecto del influjo de los art\u00edculos 2\u00b0 y 21 de la Ley 640 de 2001 en el caso concreto, lo que impide a la Corte dilucidar la razonabilidad o arbitrariedad de la posici\u00f3n de la magistratura sobre ese punto; en ese orden, es evidente la falta de motivaci\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
Ciertamente, al resolver la alzada, en cuanto a la suspensi\u00f3n de la caducidad se refiere, esa corporaci\u00f3n neg\u00f3 tal efecto tras considerar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como la materia en este asunto no era conciliable, la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial presentada ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Personer\u00eda de Bogot\u00e12 no tuvo la potencialidad de suspender el t\u00e9rmino de caducidad, si se considera que, de acuerdo con el art\u00edculo 20 de la Ley 640 de 2001 y los precedentes jurisprudenciales antes citados, la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho deber\u00e1 agotarse, solo \u201csi de conformidad con la ley, el asunto es conciliable\u201d, por lo que, en los dem\u00e1s casos, tales controversias deber\u00e1n ser ventiladas, directamente, a trav\u00e9s de un proceso judicial.\u00bb <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, bien pronto es palpable c\u00f3mo la corporaci\u00f3n cuestionada olvid\u00f3 pronunciarse sobre la eventual paralizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad, provocado por la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n, al margen de que el asunto fuese conciliable o no. <\/p>\n
No es de olvidar que una hermen\u00e9utica sistem\u00e1tica de la Ley 640 de 2001 sobre el punto, permite colegir que sin distinci\u00f3n sobre si la materia objeto de conciliaci\u00f3n es o no transigible, de todos modos, la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n y del t\u00e9rmino de caducidad se provoca en ambos casos por igual. No es m\u00e1s sino dar una lectura en conjunto a los art\u00edculos 21 y 2\u00ba de la ley en comento para corroborar lo dicho. <\/p>\n
La primera norma referida consagr\u00f3: <\/p>\n
Art\u00edculo 21. Suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n o de la caducidad. La presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n o de caducidad, seg\u00fan el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliaci\u00f3n se haya registrado en los casos en que este tr\u00e1mite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el art\u00edculo 2\u00ba de la presente ley o hasta que se venza el t\u00e9rmino de tres (3) meses a que se refiere el art\u00edculo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensi\u00f3n operar\u00e1 por una sola vez y ser\u00e1 improrrogable. (Negrilla de ahora). <\/p>\n
La segunda dispuso: <\/p>\n
ARTICULO 2\u00ba. Constancias. El conciliador expedir\u00e1 constancia al interesado en la que se indicar\u00e1 la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud y la fecha en que se celebr\u00f3 la audiencia o debi\u00f3 celebrarse, y se expresar\u00e1 sucintamente el asunto objeto de conciliaci\u00f3n, en cualquiera de los siguientes eventos: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3. Cuando se presente una solicitud para la celebraci\u00f3n de una audiencia de conciliaci\u00f3n, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deber\u00e1 expedirse dentro de los 10 d\u00edas calendario siguientes a la presentaci\u00f3n de la solicitud. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Quiere decir que de presentarse solicitud de conciliaci\u00f3n -aun cuando el asunto de que se trate no sea transigible- el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y de caducidad se suspender\u00e1 hasta que el conciliador advierta dicha circunstancia impeditiva. Inteligencia que no es diferente en los casos en que pase inadvertido por aqu\u00e9l que la contienda no es transable y se intente la autocomposici\u00f3n, comoquiera que, en \u00faltimas, esas disposiciones permiten colegir c\u00f3mo el t\u00e9rmino de esos fen\u00f3menos ser\u00e1 paralizado desde el momento en que se inicia el tr\u00e1mite y hasta que termina (en un lapso que no podr\u00e1 ser superior a 3 meses). <\/p>\n
Es evidente que la ley prev\u00e9 la eventualidad de que se presenten solicitudes de conciliaci\u00f3n aun en casos no conciliables, ocasiones en las que se deber\u00e1 expedir la respectiva constancia de conformidad con el canon 2\u00b0 en cita. <\/p>\n
Ahora, dest\u00e1quese que tales disposiciones no consagran el efecto sancionatorio, seg\u00fan el cual, por tratarse de un asunto intransigible resulte inoperante la suspensi\u00f3n de la caducidad. De all\u00ed que una interpretaci\u00f3n en tal sentido resultar\u00eda lesiva a los derechos de las partes y contraria a lo predicado por esta Sala al respecto en casos en los que se predic\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) las normas sancionatorias son de interpretaci\u00f3n restrictiva y no es posible extender su \u00e1mbito de acci\u00f3n a hip\u00f3tesis diferentes de las situaciones y circunstancias que el legislador consider\u00f3 ameritaban esa consecuencia desfavorable, ni tampoco es admisible desconocer el principio de legalidad de las sanciones consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso aplicable a \u00abtodas las actuaciones judiciales y administrativas\u00bb, conforme al cual no puede existir pena o sanci\u00f3n sin ley que la establezca y precise la infracci\u00f3n o comportamiento merecedor de la misma (CSJ STC13605-2017 reiterado en STC010-2018, entre otras). <\/p>\n
De manera que advertido en el expediente que la censora present\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n \u2013 al margen de la transigibilidad o no del asunto-, y que el tribunal no se pronunci\u00f3 sobre los efectos que al respecto consagra los art\u00edculos 2\u00b0 y 21 del estatuto de conciliaci\u00f3n, lo cual vulnera el derecho al debido proceso e impide, como se dijo, realizar un juicio de constitucionalidad en relaci\u00f3n con lo decidido dado el silencio sobre el punto, no queda alternativa distinta a conceder el auxilio, en lo que a ello respecta, para que se resuelva nuevamente esa cuesti\u00f3n conforme a las consideraciones expuestas. <\/p>\n
No en vano, esta Sala en CSJ STC9721-2022 sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) el deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
4. Finalmente, en lo tocante a la \u00faltima censura de la tutelante, relativa a que la agencia accionada predicara que el auto que en segunda instancia niega una solicitud de aclaraci\u00f3n, queda ejecutoriado una vez se profiere y no a los tres d\u00edas siguientes de su notificaci\u00f3n, tambi\u00e9n se abre paso la salvaguarda como quiera que ese razonamiento resulta contrario a la lectura integral del art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, si bien es cierto que \u2013como lo dijo el Tribunal- cuando se pida aclaraci\u00f3n de una providencia, esta \u00abs\u00f3lo quedar\u00e1 ejecutoriada una vez resuelta la solicitud\u00bb (inciso 2\u00ba, ibidem), tambi\u00e9n lo es que el tercer inciso de ese canon consagr\u00f3 que las determinaciones \u00abque sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) d\u00edas despu\u00e9s de notificadas\u00bb aun \u00abcuando carecen de recurso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento, como quiera que en el caso concreto el tribunal consider\u00f3 que el auto que resolvi\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n interpuesta por la censora qued\u00f3 ejecutoriado el mismo d\u00eda de su emisi\u00f3n -por fuera de audiencia- (4 sep. 2019) y no a los 3 d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, resulta evidente el desacierto que amerita la injerencia de esta sede constitucional. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, sobre este aspecto tambi\u00e9n se conceder\u00e1 el resguardo para que se resuelva nuevamente con atenci\u00f3n de lo predicado en esta providencia. <\/p>\n
5. En suma, debido a que el tribunal omiti\u00f3 pronunciarse sobre los efectos de los c\u00e1nones 2\u00b0 y 21 de la Ley 640 de 2001 en relaci\u00f3n al caso concreto, y como quiera que desatendi\u00f3 la lectura integral del art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso, no queda alternativa distinta a conceder el resguardo para que el asunto se resuelva nuevamente conforme en derecho corresponda y con atenci\u00f3n de las considerativas precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve CONCEDER la tutela instada por Pimajua S.A.S. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto la sentencia de 4 de mayo de 2022, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 desat\u00f3 la apelaci\u00f3n de la promotora en el proceso con radicado n\u00b0 110013199002-2020-00215-01, y las dem\u00e1s providencias que de ella dependan, para que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, resuelva nuevamente la segunda instancia del litigio como en derecho corresponda y con atenci\u00f3n a las consideraciones expuestas en esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
(Salvamento parcial de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Salvamento parcial de voto) <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03739-00 <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, me permito expresar los motivos de mi discrepancia parcial. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
En el caso analizado, la sociedad accionante, Pimajua S.A.S., reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el marco del proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea rad. n.\u00ba 2020-00215, con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n del fallo de segunda instancia, a trav\u00e9s del cual se ratific\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n, ya que, en su criterio, el ad quem err\u00f3, entre otros aspectos, (i) al pronunciarse sobre un tema que ya se hab\u00eda definido por el a quo, (ii) al considerar que la solicitud de conciliaci\u00f3n no suspendi\u00f3 el prenotado t\u00e9rmino y (iii) al establecer que el prove\u00eddo que resuelve la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n queda ejecutoriado \u00abuna vez se profiere\u00bb, y no dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
En la providencia de la cual me aparto de forma parcial, en lo atinente al reparo de que la magistratura encartada habr\u00eda desbordado su competencia al referirse a la caducidad de la acci\u00f3n, se precis\u00f3 inicialmente que la tutela deven\u00eda inviable, comoquiera que \u00abtal situaci\u00f3n no comporta la lesi\u00f3n ius fundamental invocada por la censora, dado que el fallador s\u00ed deb\u00eda resolver sobre ese aspecto aunque no se le hubiera propuesto en la alzada\u00bb, ya que, con sustento en los c\u00e1nones 282 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abel actuar del tribunal no comport\u00f3 el yerro endilgado por la accionante, como quiera que la eventual configuraci\u00f3n de la caducidad de la acci\u00f3n comporta un aspecto que -por expresa disposici\u00f3n del legislador- debe ser reconocido de manera oficiosa por los juzgadores\u00bb, criterio que est\u00e1 en l\u00ednea con lo expuesto en la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n \u2013v.gr., STC2293-2018, 22 feb.\u2013 por lo que, sobre este aspecto, comparto la soluci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
De igual forma, en lo que respecta a la inconformidad sobre la ejecutoria del auto que niega la aclaraci\u00f3n, tambi\u00e9n acompa\u00f1o la postura de la Sala, en cuanto consider\u00f3 que \u00absi bien es cierto que \u2013como lo dijo el Tribunal- cuando se pida aclaraci\u00f3n de una providencia, esta \u00abs\u00f3lo quedar\u00e1 ejecutoriada una vez resuelta la solicitud\u00bb (inciso 2\u00ba, ibidem), tambi\u00e9n lo es que el tercer inciso de ese canon consagr\u00f3 que las determinaciones \u00abque sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) d\u00edas despu\u00e9s de notificadas\u00bb aun \u00abcuando carecen de recurso (\u2026)\u00bb. En esa l\u00ednea de pensamiento, como quiera que en el caso concreto el tribunal consider\u00f3 que el auto que resolvi\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n interpuesta por la censora qued\u00f3 ejecutoriado el mismo d\u00eda de su emisi\u00f3n -por fuera de audiencia- (4 sep. 2019) y no a los 3 d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, resulta evidente el desacierto que amerita la injerencia de esta sede constitucional\u00bb. <\/p>\n
No obstante, la mayor\u00eda opt\u00f3 por conceder el amparo en lo concerniente a la \u00absuspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad por la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n\u00bb, porque \u00abel tribunal convocado omiti\u00f3 pronunciarse respecto del influjo de los art\u00edculos 2\u00b0 y 21 de la Ley 640 de 2001 en el caso concreto, lo que impide a la Corte dilucidar la razonabilidad o arbitrariedad de la posici\u00f3n de la magistratura sobre ese punto; en ese orden, es evidente la falta de motivaci\u00f3n sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, en la providencia rese\u00f1ada se se\u00f1al\u00f3 que \u00abal resolver la alzada, en cuanto a la suspensi\u00f3n de la caducidad se refiere, esa corporaci\u00f3n neg\u00f3 tal efecto tras considerar que: \u00ab(\u2026) como la materia en este asunto no era conciliable, la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial presentada ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 no tuvo la potencialidad de suspender el t\u00e9rmino de caducidad, si se considera que, de acuerdo con el art\u00edculo 20 de la Ley 640 de 2001 y los precedentes jurisprudenciales antes citados, la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho deber\u00e1 agotarse, solo \u201csi de conformidad con la ley, el asunto es conciliable\u201d, por lo que, en los dem\u00e1s casos, tales controversias deber\u00e1n ser ventiladas, directamente, a trav\u00e9s de un proceso judicial.\u00bb Vistas, as\u00ed las cosas, bien pronto es palpable c\u00f3mo la corporaci\u00f3n cuestionada olvid\u00f3 pronunciarse sobre la eventual paralizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad, provocado por la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n, al margen de que el asunto fuese conciliable o no\u00bb. <\/p>\n
Por ello, se anot\u00f3 que, \u00abde presentarse solicitud de conciliaci\u00f3n -aun cuando el asunto de que se trate no sea transigible- el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y de caducidad se suspender\u00e1 hasta que el conciliador advierta dicha circunstancia impeditiva. Inteligencia que no es diferente en los casos en que pase inadvertido por aqu\u00e9l que la contienda no es transable y se intente la autocomposici\u00f3n, comoquiera que, en \u00faltimas, esas disposiciones permiten colegir c\u00f3mo el t\u00e9rmino de esos fen\u00f3menos ser\u00e1 paralizado desde el momento en que se inicia el tr\u00e1mite y hasta que termina (en un lapso que no podr\u00e1 ser superior a 3 meses)\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente, enfatiz\u00f3 en que \u00abadvertido en el expediente que la censora present\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n \u2013al margen de la transigibilidad o no del asunto-, y que el tribunal no se pronunci\u00f3 sobre los efectos que al respecto consagra los art\u00edculos 2\u00b0 y 21 del estatuto de conciliaci\u00f3n, lo cual vulnera el derecho al debido proceso e impide, como se dijo, realizar un juicio de constitucionalidad en relaci\u00f3n con lo decidido dado el silencio sobre el punto, no queda alternativa distinta a conceder el auxilio, en lo que a ello respecta, para que se resuelva nuevamente esa cuesti\u00f3n conforme a las consideraciones expuestas\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, verificada la decisi\u00f3n de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que fue objeto de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo, contrario a la postura mayoritaria, respetuosamente considero que no incurri\u00f3 en defecto espec\u00edfico de procedencia excepcional del resguardo, ya que en ella se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis integral sobre la problem\u00e1tica estudiada en ese asunto. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que en la sentencia recriminada se dijo que, en atenci\u00f3n a la pauta del \u00abel inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 382 de la Ley 1564 de 2012, \u201cla demanda de impugnaci\u00f3n de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas de derecho privado, solo podr\u00e1 proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deber\u00e1 dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t\u00e9rmino se contar\u00e1 desde la fecha de la inscripci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre la caducidad de la acci\u00f3n en el sub-lite, con soporte en las consideraciones de los fallos C-832 de 2001 y C-091 de 2018 del tribunal constitucional, precis\u00f3 que \u00abes un fen\u00f3meno de orden p\u00fablico que extingue la acci\u00f3n correspondiente, cierra la posibilidad de acceder a la justicia y genera, por consiguiente, el rechazo de la demanda, en raz\u00f3n de su no presentaci\u00f3n oportuna o, si no fue preliminarmente advertida, la adopci\u00f3n de una sentencia inhibitoria, por tratarse de un defecto insaneable del proceso\u00bb y que, \u00abcomo consecuencia del transcurso de un determinado periodo y la falta de presentaci\u00f3n oportuna de la demanda, opera sin m\u00e1s la caducidad, cuyos efectos conllevan la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n o pretensi\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, reliev\u00f3 que se impon\u00eda la ratificaci\u00f3n del fallo apelado, porque las determinaciones cuestionadas corresponden a las proferidas por la asamblea general de accionistas de la Urbanizaci\u00f3n Marbella S.A., el 23 de marzo de 2018, las cuales \u00abno se encuentran sujetas a registro\u00bb, por lo que, en consecuencia, \u00abel t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos, acorde a lo previsto en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 382 del CGP, debe contarse desde la fecha de la reuni\u00f3n asamblearia. As\u00ed las cosas, los dos meses a que alude la disposici\u00f3n en comento, fenecieron el 23 de mayo de 2018\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien \u00abpara descartar la configuraci\u00f3n, en el presente asunto, del fen\u00f3meno en estudio, la parte demandante sostuvo que, \u201cpara la fecha en que se presenta esta acci\u00f3n, el t\u00e9rmino de caducidad de que trata el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo de Comercio en concordancia con el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, no ha culminado, comoquiera que la solicitud de conciliaci\u00f3n, requisito de procedibilidad, se present\u00f3 ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Personer\u00eda Distrital de Bogot\u00e1 el d\u00eda 23 de mayo de 2018 y su constancia de no conciliaci\u00f3n se expidi\u00f3 el 16 de agosto de 2018\u201d\u00bb; lo cierto es que, en el caso puntual, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho no era requisito de procedibilidad para la presentaci\u00f3n de la demanda de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea que nos ocupa. Ello por cuanto dicha materia no es susceptible de conciliaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 35 y 38 de la Ley 640 de 2001, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 621 de la Ley 1564 de 2012, en concordancia con los precedentes constitucionales vigentes en punto al innecesario agotamiento de la conciliaci\u00f3n prejudicial en juicios de aquel talante, como se ver\u00e1 enseguida\u00bb. <\/p>\n
Con todo, expuso que \u00abseg\u00fan el art\u00edculo 38 de la Ley 640 de 2001, modificado por el precepto 621 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c[s]i la materia de que trate es conciliable, la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deber\u00e1 intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepci\u00f3n de los divisorios, los de expropiaci\u00f3n y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citaci\u00f3n de indeterminados\u201d\u00bb, por lo que, de ese modo, \u00abla conciliaci\u00f3n extrajudicial es un requisito que opera, exclusivamente, para los asuntos en los que la materia es conciliable, por lo que, a contrario sensu, no puede ser impedimento para concurrir a la jurisdicci\u00f3n cuando el asunto no pueda desatarse por medio de dicho mecanismo heterocompositivo de soluci\u00f3n de conflictos, seg\u00fan lo indic\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC3850-2020\u00bb. <\/p>\n
Y, aplicadas esas pautas en la causa revisada, destac\u00f3 que \u00abpara determinar si la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n, compete preguntarse si la materia de que se trata es disponible o, si por el contrario, compromete disposiciones que no son de libre disposici\u00f3n por las partes\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00ab(\u2026) en los casos en los que la pretensi\u00f3n principal corresponde a la declaratoria de nulidad o ineficacia de actos de \u00f3rganos directivos de personas jur\u00eddicas de derecho privado, \u201ca partir de una verificaci\u00f3n de criterios legales y estatutarios de la decisi\u00f3n\u201d, ha precisado la jurisprudencia que tales \u201ccuestiones\u2026 son ajenas a la voluntad de los interesados, es decir, no son susceptibles de ser conciliadas o transigidas en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 19, 35 y 38 de la Ley 640 de 2001\u201d\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, reliev\u00f3 que en el asunto auscultado, \u00absi el auto que acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de cl\u00e1usula compromisoria y dio por terminado el proceso qued\u00f3 ejecutoriado el 4 de septiembre de 2019 y la demanda arbitral se present\u00f3 ante el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 el 8 de octubre de 2019, es claro que esto \u00faltimo ocurri\u00f3 cuando ya se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de los veinte (20) d\u00edas legalmente previstos para conjurar el avance del t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, lapso que, como no logr\u00f3 reprimirse con la presentaci\u00f3n de la demanda arbitral, ciertamente ya se hallaba vencido para cuando se acudi\u00f3 por segunda vez a la jurisdicci\u00f3n ordinaria (28 de agosto de 2020). Dicha circunstancia confirma la estructuraci\u00f3n de la ya mencionada caducidad, todo lo cual impone que as\u00ed se declarare\u00bb; interpretaci\u00f3n que, ciertamente, se muestra razonable y arm\u00f3nica con el criterio jurisprudencial desarrollado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Por lo anterior, de forma comedida estimo que la argumentaci\u00f3n del colegiado accionado no configur\u00f3 ninguna causal de procedencia excepcional del amparo, menos a\u00fan, incurri\u00f3 en defecto de insuficiente motivaci\u00f3n, pues es claro que s\u00ed se pronunci\u00f3 respecto de las materias que motivaron la interposici\u00f3n de la salvaguarda, asunto diferente es que la sociedad convocante no compartiera ese raciocinio; divergencia conceptual que, por dem\u00e1s, no habilita este mecanismo contra providencias judiciales, como insistentemente ha sostenido esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Sumado a lo antedicho, es claro para el suscrito magistrado que el criterio de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 tampoco implic\u00f3 el desconocimiento de la jurisprudencia de esta Colegiatura o la trasgresi\u00f3n de la normativa aplicable, pues, por el contrario, esa intelecci\u00f3n de la Ley 640 de 2001 y la naturaleza no transigible o conciliable de las pretensiones de nulidad o ineficacia que se formulan al amparo del proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea encuentra fundamento en la postura pac\u00edfica de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual \u00abson ajenas a la voluntad de los interesados, es decir, no son susceptibles de ser conciliadas o transigidas en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 19, 35 y 38 de la Ley 640 de 2001\u00bb (STC2673-2015, 12 mar.; STC945-2019, 4 feb.; STC3850-2020, 17 jun., et. al.). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, respetuosamente considero que, en el sub-lite, debi\u00f3 denegarse el auxilio en lo relacionado con la tem\u00e1tica referida, en tanto que la sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal accionado, en el marco del proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, es razonable y no configura, per se, ning\u00fan desafuero susceptible de ser corregido a trav\u00e9s de esta v\u00eda. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentado mi salvamento parcial de voto, con la comedida reiteraci\u00f3n de respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
STC16490-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03739-00 <\/p>\n
Con el respeto y deferencia acostumbrados, expreso las razones por las cuales pretendo salvar parcialmente mi voto en el presente asunto. <\/p>\n
1.- En la providencia de marras, se concedi\u00f3 el amparo interpuesto por la sociedad Inversiones Pimajua S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. En particular, por considerar que la sentencia proferida el 04 de mayo del 2022, en la que se confirm\u00f3 la negatoria de las pretensiones de la demanda ante la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea, vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la actora. <\/p>\n
En s\u00edntesis, en el fallo del cual disiento se asever\u00f3 que <\/p>\n
\u00abVistas as\u00ed las cosas, bien pronto es palpable c\u00f3mo la corporaci\u00f3n cuestionada olvid\u00f3 pronunciarse sobre la eventual paralizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad, provocado por la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n, al margen de que el asunto fuese conciliable o no. <\/p>\n
No es de olvidar que una hermen\u00e9utica sistem\u00e1tica de la Ley 640 de 2001 sobre el punto, permite colegir que sin distinci\u00f3n sobre si la materia objeto de conciliaci\u00f3n es o no transigible, de todos modos, la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n y del t\u00e9rmino de caducidad se provoca en ambos casos por igual. No es m\u00e1s sino dar una lectura en conjunto a los art\u00edculos 21 y 2\u00ba de la ley en comento para corroborar lo dicho. (\u2026) <\/p>\n
Quiere decir que de presentarse solicitud de conciliaci\u00f3n -aun cuando el asunto de que se trate no sea transigible- el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y de caducidad se suspender\u00e1 hasta que el conciliador advierta dicha circunstancia impeditiva. Inteligencia que no es diferente en los casos en que pase inadvertido por aqu\u00e9l que la contienda no es transable y se intente la autocomposici\u00f3n, comoquiera que, en \u00faltimas, esas disposiciones permiten colegir c\u00f3mo el t\u00e9rmino de esos fen\u00f3menos ser\u00e1 paralizado desde el momento en que se inicia el tr\u00e1mite y hasta que termina (en un lapso que no podr\u00e1 ser superior a 3 meses)\u00bb. <\/p>\n
2.- Sin embargo, respetuosamente pongo de relieve mi disenso frente a tal argumentaci\u00f3n. Comoquiera que acompa\u00f1o la l\u00ednea de pensamiento desarrollada por la autoridad judicial accionada. A juicio del suscrito, para que la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial tenga la virtud de suspender el t\u00e9rmino legal de caducidad, el asunto sobre el que versa la controversia debe ser susceptible de conciliaci\u00f3n. De manera que sea dable acudir a tal mecanismo extrajudicial. <\/p>\n
Esta y no otra puede ser la hermen\u00e9utica emanada de una lectura sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 35, 20 y 21 de la Ley 640 del 2001. En efecto, al tenor del primero de aquellos c\u00e1nones, \u00ab[e]n los asuntos susceptibles de conciliaci\u00f3n, la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas \u00e1reas. En los asuntos civiles y de familia podr\u00e1 cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliaci\u00f3n en equidad\u00bb. A su turno, el art\u00edculo 20 prescribe que la audiencia de conciliaci\u00f3n \u00fanicamente se efectuar\u00e1 \u00absi de conformidad con la ley el asunto es conciliable\u00bb. De manera que el requisito de procedibilidad se entender\u00e1 cumplido \u00abcuando se efect\u00fae la audiencia de conciliaci\u00f3n sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el t\u00e9rmino previsto en el inciso 1o del art\u00edculo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este \u00faltimo evento se podr\u00e1 acudir directamente a la jurisdicci\u00f3n con la sola presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n\u00bb -art\u00edculo 35-. <\/p>\n
En ese orden de ideas, y como obligatoria que es para ciertas controversias para poder ejercer las acciones correspondientes, la norma estatuye un aliciente en favor del demandante, cual es la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n o de caducidad \u00abhasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliaci\u00f3n se haya registrado en los casos en que este tr\u00e1mite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el art\u00edculo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el t\u00e9rmino de tres (3) meses a que se refiere el art\u00edculo anterior, lo que ocurra primero\u00bb -art\u00edculo 21-. De manera que tal precepto opera es en favor de toda aquella persona que, por virtud de mandato legal, no puede acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria hasta no agotar el requisito de procedibilidad. Cuesti\u00f3n que no ocurre respecto de asuntos no conciliables, habida cuenta que en ellos no recae ning\u00fan impedimento para acceder a la jurisdicci\u00f3n en los t\u00e9rminos concedidos por el ordenamiento jur\u00eddico para tal fin. <\/p>\n
Considerar lo contrario implicar\u00eda convertir la conciliaci\u00f3n extrajudicial en un requisito meramente formal o nominal, cuya finalidad es retrasar el t\u00e9rmino fatal para la interposici\u00f3n de las acciones. Recu\u00e9rdese que este debe verse como un mecanismo de soluci\u00f3n de controversias sobre asuntos que sean de su resorte. De manera que la transigibilidad de los asuntos es un aspecto de la esencia de este instrumento. <\/p>\n
Esta postura ya hab\u00eda sido desarrollada por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en fallos precedentes. V\u00e9ase que, en sentencia de 22 de febrero de 2008, exp. 00083-01, se asever\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDel planteamiento expuesto en el punto anterior se infiere la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela promovida en este asunto, en la medida en que no avizora la Corte que el funcionario acusado haya incurrido en esa clase de yerro, pues lo cierto es que, en ejercicio de la autonom\u00eda e independencia de que est\u00e1 dotado por el constituyente y el legislador para interpretar y aplicar la ley, dict\u00f3 con aceptable argumentaci\u00f3n la sentencia de 23 de agosto de 2007, mediante la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de caducidad propuesta por las demandadas, tras concluir que hab\u00eda transcurridos m\u00e1s de 6 de meses para el ejercicio de la acci\u00f3n, t\u00e9rmino establecido para incoarla de conformidad con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 643 de 2001, sin que se advierta en ese pronunciamiento, prima facie, arbitrariedad, pues la decisi\u00f3n es congruente con el l\u00edmite temporal establecido por el legislador para el ejercicio de un derecho y, a su vez para la prosperidad de las pretensiones insertadas en el libelo introductor, acorde con las disposiciones aplicables y las probanzas incorporadas al expediente, con las cuales se pudo constatar que desde la negativa del operador del juego a cancelar el valor apostado y la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda hab\u00eda superado el lapso establecido como sanci\u00f3n por la inercia del accionante; de ello se sigue que la inconformidad del demandante con dicho prove\u00eddo, afincada en la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad por haber adelantado conciliaci\u00f3n prejudicial, no es raz\u00f3n suficiente para el acogimiento de la acci\u00f3n de tutela, pues la misma no se ha instituido como un nuevo recurso procesal, aun cuando la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra \u00f3ptica interpretativa admisible o con medios de convicci\u00f3n distintos a los que tuvo en cuenta el accionado para finiquitar el conflicto en la forma que lo hizo. <\/p>\n
\u00abAhora, si bien es cierto el art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001, establece que \u201cla presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n o de caducidad, seg\u00fan el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliaci\u00f3n se haya registrado en los casos en que este tr\u00e1mite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el art\u00edculo 230o. de la presente ley o hasta que se venza el t\u00e9rmino de tres (3) meses a que se refiere el art\u00edculo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensi\u00f3n operar\u00e1 por una sola vez y ser\u00e1 improrrogable\u201d (se subraya), precepto del cual se infiere que el propio legislador excluy\u00f3 la suspensi\u00f3n de dicho t\u00e9rmino a los asuntos respecto de los cuales no consagr\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad para formular la respectiva demanda ante la jurisdicci\u00f3n\u00bb (Negrillas propias). <\/p>\n
Postura reiterada en sentencia del 27 de enero del 2010, exp. 2009-01704-01, en la que se sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEn torno al referido cuestionamiento, con prontitud se advierte que la tutela est\u00e1 llamada al fracaso, si se repara en que el criterio esbozado por las autoridades cuestionadas para acoger la \u00abexcepci\u00f3n de caducidad\u00bb no luce opuesto al orden jur\u00eddico y a las pruebas arrimadas, pues, evidentemente el l\u00edmite temporal para ejercer la acci\u00f3n instaurada est\u00e1 consagrado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 643 de 2001; aparece constatado que entre la fecha de la negativa al pago del premio por parte del operador de apuestas, 15 de marzo de 2006 (hecho 5, folio 16), y la de radicaci\u00f3n de la demanda, 27 de octubre siguiente (hecho 7, folio 25), transcurrieron m\u00e1s de los seis meses de que trata la citada norma; y la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad, con vocaci\u00f3n para suspender \u00ablos t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y caducidad\u00bb, s\u00f3lo est\u00e1 contemplada para los procesos ordinarios y abreviados, acorde con lo reglado en la Ley 640 de 2001\u00bb (Subrayado propio). <\/p>\n
3.- Teniendo en cuenta lo anterior, y en tanto que se trata de un proceso en el que se busca la nulidad de ciertas decisiones tomadas por el m\u00e1ximo \u00f3rgano social de la demandante, no era posible extender los efectos de la suspensi\u00f3n ante la naturaleza no conciliable de las pretensiones. Y ello es as\u00ed en tanto que, tal como lo ha entendido esta Corporaci\u00f3n, los conflictos relacionados con la existencia de nulidad en determinados negocios jur\u00eddicos no son susceptibles de conciliarse por las partes. V\u00e9ase que ausencia de los requisitos legales y estatutarios para la validez del acto que se investiga es una cuesti\u00f3n ajena a la voluntad de los interesados y, por ende, deben ser ventiladas directamente en el marco de un proceso judicial. <\/p>\n
As\u00ed lo ha entendido esta Sala en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abLa conciliaci\u00f3n prejudicial no aplica en asuntos como el sub examine dado que la nulidad de las decisiones adoptadas en actas de asamblea no son conciliables (\u2026)\u2019las impugnaciones de la asamblea [que] pretende[n] la nulidad de alguna de las decisiones o de todas, como en el caso especial, [donde] se cuestiona la legalidad de las decisiones, no son objeto de conciliaci\u00f3n as\u00ed se tramite[n] por el procedimiento ordinario, puesto que aqu\u00ed se ventila es, si se cumple con los estatutos de la persona jur\u00eddica y de la ley\u2019. En conclusi\u00f3n, el tema objeto de estudio no era susceptible de la figura mencionada por cuanto no se enmarcaba en los criterios establecidos en el art\u00edculo 19 de la Ley 640 de 2001\u00bb2. <\/p>\n
4.- En los antedichos t\u00e9rminos, dejo sentadas las razones por las que me aparto parcialmente del fallo. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 95. INEFICACIA DE LA INTERRUPCI\u00d3N DE LA PRESCRIPCI\u00d3N Y OPERANCIA DE LA CADUCIDAD. No se considerar\u00e1 interrumpida la prescripci\u00f3n y operar\u00e1 la caducidad en los siguientes casos: (\u2026) 4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepci\u00f3n de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria del auto que d\u00e9 por terminado el proceso. (\u2026). <\/p>\n
2\u0002 Providencia de 9 de noviembre de 2007, Exp. T. N\u00b0. 00270-01, reiterada en sentencia de 22 de abril de 2013, Exp. 00796-00 y sentencia de 18 de diciembre del mismo a\u00f1o, Exp. 02929-00. <\/p>\n
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STC16490-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16490-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03739-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la tutela que Inversiones Pimajua S.A.S. interpuso contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69627","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69627","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69627"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69627\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69627"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69627"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69627"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}