STC16495-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16495-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04217-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Jos\u00e9 Byron Ch\u00e1vez Fl\u00f3rez, quien adujo actuar en representaci\u00f3n de Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal, interpuso contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Aguachica y a las partes, autoridades e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 20011318900120130020800. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretende que se ordene al Tribunal accionado que se pronuncie sobre el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 en el proceso en comento. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que COALCESAR LTDA. promovi\u00f3 ejecutivo de mayor cuant\u00eda el 01 de noviembre de 2013, en contra de Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Aguachica quien tramit\u00f3 el asunto bajo las reglas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y profiri\u00f3 sentencia en audiencia (20 junio 2017). <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en calidad de apoderado de Mario L\u00f3pez, promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la referida determinaci\u00f3n el cual sustent\u00f3 de forma oral en la audiencia y por escrito dentro de los tres d\u00edas siguientes. La alzada fue remitida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, quien la admiti\u00f3 en providencia de 20 de junio de 2017; adem\u00e1s, prorrog\u00f3 su competencia en un t\u00e9rmino de 6 meses (20 marzo 2018). Sin embargo, el 31 de marzo de 2022, el Tribunal declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, con lo cual soslay\u00f3 sus providencias anteriores y desconoci\u00f3 que \u00e9l present\u00f3 oportunamente la apelaci\u00f3n y los alegatos de conclusi\u00f3n, empero el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que debi\u00f3 remitir las documentales al correo electr\u00f3nico indicado en el auto en que se dispuso correr traslado. <\/p>\n
2. Los convocados se defendieron. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo reclamado ser\u00e1 negado, porque el accionante no ostenta legitimaci\u00f3n en la causa por activa dentro del presente asunto. <\/p>\n
A pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3: <\/p>\n
LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. (Resaltado propio). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisado el escrito de tutela se observa que Jos\u00e9 Byron Ch\u00e1vez Fl\u00f3rez manifest\u00f3 obrar en este asunto en \u00aben representaci\u00f3n de Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal\u2026\u00bb, con el fin de censurar las actuaciones jurisdiccionales que dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras referido se han adelantado; sin embargo, se constata la improcedencia del resguardo porque el accionante no tiene la titularidad de las prerrogativas fundamentales que invoca. En efecto, los derechos que eventualmente puedan resultar lesionados con ocasi\u00f3n del pleito que se somete a revisi\u00f3n, pertenecen a quienes all\u00ed detentan la calidad de partes y no a sus mandatarios judiciales, quienes de ninguna manera act\u00faan ante la jurisdicci\u00f3n en defensa de atributos propios, sino en ejercicio de la postulaci\u00f3n que les asiste. En ese orden, si lo que pretend\u00eda el accionante era actuar en esta senda como representante judicial de Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal, bien pudo hacerlo, pero con el lleno de los requisitos que para ese evento dispuso el legislador, en concreto, aportando el poder especial que para esta salvaguarda le fuere otorgado, documental que no existe en el expediente. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01) <\/p>\n
Finalmente, del escrito de tutela no se infiere circunstancia particular que tenga la virtud de impedir que la eventual afectada acuda de manera directa a este mecanismo supra legal, suceso que eventualmente har\u00eda posible la participaci\u00f3n de la censora bajo el manto de la agencia oficiosa, figura sobre la cual se tiene dicho: <\/p>\n
(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala. (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada en STC16407-2015 y STC2657-2021). Resaltado de ahora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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