STC16512-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16512-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00877-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 15 de noviembre de 2022 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la tutela promovida por Alexis Ramit Montero Castro contra los Juzgados 1\u00b0 Civil del Circuito y 4\u00b0 Civil Municipal de Soledad, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo con radicado n\u00b0 087584003004-2019-00114-00 (Radicado de segunda instancia n\u00b0 087583112001-2021-00138-01). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En sustento, adujo haber suscrito un pagar\u00e9 en favor de Soluci\u00f3n kapital S.A.S. como respaldo de un contrato de mutuo. Relat\u00f3 que ese t\u00edtulo fue endosado a la Cooperativa Coomsel, qui\u00e9n inici\u00f3 el ejecutivo que termin\u00f3 con sentencia favorable a las pretensiones. Expuso que ese fallo fue impugnado, pero el juzgado del circuito querellado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n (18 ago. 2022). <\/p>\n
De esa decisi\u00f3n deriva la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales pues, en su criterio, el juzgado del circuito err\u00f3 al interpretar la sentencia C589 de 1995, de la cual coligi\u00f3 la legitimaci\u00f3n y capacidad de la cooperativa ejecutante. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que el juzgado no tuviera en cuenta que el deudor no era afiliado a la organizaci\u00f3n demandante y, en tal sentido, no era dable ejecutarle la prestaci\u00f3n. Agreg\u00f3 que el juzgado no tuvo en cuenta las sentencias C-716 de 1995, STC6105-2016 y STC3786-2019, relativas a la inembargabilidad de mesadas pensionales por causa de cr\u00e9ditos que no tienen origen en un acto cooperativo. <\/p>\n
2. Los juzgados accionados remitieron el link del expediente, hicieron un relato de las actuaciones a su cargo y defendieron la respectiva legalidad. El ejecutante en la disputa objeto de revisi\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras considerar razonable la decisi\u00f3n acusada. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. Consider\u00f3 que el a quo incurri\u00f3 en un \u00aberror de interpretaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La denegaci\u00f3n del resguardo ser\u00e1 confirmada porque la decisi\u00f3n cuestionada, independientemente de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la magistratura accionada. Tambi\u00e9n porque algunos de los reproches tutelares no fueron expuestos ante el juzgado del circuito accionado. <\/p>\n
2. En lo que respecta a la primera censura, relativa a que el juzgador determinara que la cooperativa ejecutante s\u00ed ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por activa y capacidad para demandar, se observa que el despacho inici\u00f3 por predicar que, conforme a la legislaci\u00f3n mercantil, el tenedor leg\u00edtimo de un t\u00edtulo valor estaba autorizado para solicitar su pago voluntario o coercitivo. En concreto se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con las leyes de circulaci\u00f3n de los t\u00edtulos valores y la regulaci\u00f3n del endoso, el endosatario en propiedad tiene la condici\u00f3n de tenedor leg\u00edtimo y en tal medida est\u00e1 facultado para presentar para su aceptaci\u00f3n el t\u00edtulo valor, as\u00ed como para el cobro del mismo, ya sea judicial o extrajudicialmente; lo cual, no es objeto de discusi\u00f3n, por cuanto en ejercicio de ello queda facultado el endosatario para ejercer, como en el presente caso, las acciones para su ejecuci\u00f3n; evidentemente independiente del origen del negocio, y de las personas que en el mismo intervienen\u00bb. <\/p>\n
Para soportar sus raciocinios sobre la capacidad legal que tienen las cooperativas para desplegar actos de comercio y demandar el cumplimiento de los mismos, hizo alusi\u00f3n a la sentencia C589 de 1995 y de ella coligi\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese orden, nada impide que las cooperativas puedan, leg\u00edtimamente acudir ante la jurisdicci\u00f3n a hacer valer su cr\u00e9dito, mediante una acci\u00f3n ejecutiva ante la justicia ordinaria civil, pues, no puede quedar inerme frente a una eventual obligaci\u00f3n vencida e impaga, que legalmente fue adquirida y no hay prohibici\u00f3n legal para ello, por el contrario, la ley protege al acreedor ante el deudor moroso e incumplido y las cooperativas no pueden ser la excepci\u00f3n. La persecuci\u00f3n del acreedor frente a su deudor no es ajena a las cooperativas, indistintamente que sea un afiliado o no\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que una cuesti\u00f3n es el derecho que tienen las cooperativas para ejecutar las obligaciones en su favor -independientemente de su naturaleza-, y otra muy distinta es el privilegio cautelar que les asiste cuando la obligaci\u00f3n tiene su origen en un acto cooperativo: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cosa distinta ocurre frente a la posibilidad que tienen las cooperativas de proceder contra sus deudores, cuando pretendan ejercer los privilegios que les confiere la ley, en el sentido de que pueden frente a sus afiliados o socios, por actos cooperativos surgidos dada su condici\u00f3n de tal, y la cooperativa, caso en el cual, la cooperativa, goza de privilegios de persecuci\u00f3n excepcionales, como la de poder embargar pensiones en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 134.5 de la Ley 100 de 1993 y salarios hasta por el 50% de las mismas, lo que, se insiste, resulta opuesto a que est\u00e9n por fuera del mundo del comercio, que no puedan adquirir cr\u00e9ditos a su favor, o que est\u00e9n excluidas de la ley de circulaci\u00f3n de t\u00edtulos valores y eso le impida ser endosatarios en propiedad y que no puedan ejecutar las obligaciones que de tales actos derivan, lo cual, ir\u00eda en contra de sus derechos mercantiles, y en contra de principios constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa y conforme a la cadena de endosos contenida en el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, concluy\u00f3, de un lado, que la cooperativa s\u00ed estaba legitimada para el cobro de la obligaci\u00f3n incumplida, y de otro, que quedaba indemne la posibilidad del ejecutado para discutir lo relativo al eventual embargo de su mesada pensional, en los escenarios respectivos de la ejecuci\u00f3n. Espec\u00edficamente se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abTales privilegios, resultan discutibles en sede distinta a la sentencia, que se encamina a determinar el fondo del asunto, que, en caso de juicio ejecutivo civil, se dirige a verificar aspectos relacionados con la existencia de la obligaci\u00f3n perseguida, de las partes que integran la Litis, de la vigencia de la obligaci\u00f3n, entre otros, pero, la discusi\u00f3n, respecto de la procedencia o no de los embargos, en los porcentajes o de la inembargabilidad, escapan a la sentencia, su escenario propicio es otro, a trav\u00e9s de los recursos, pero contra el prove\u00eddo que los decreta o niega, seg\u00fan el caso. Por ello, para efectos de la sentencia, como la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal y comercial de la ejecutante, frente a su ejecutado, no es ilegal, puede la Cooperativa COMSEL ejecutar al demandado por la obligaci\u00f3n perseguida, sin que importe para el efecto, si este es o no asociado de aquella\u00bb. <\/p>\n
F\u00edjese entonces que, conforme a las pruebas aportadas y los precedentes judiciales que consider\u00f3 apropiados para el caso, la agencia judicial determin\u00f3 aspectos como la existencia de la obligaci\u00f3n, la legitimaci\u00f3n de sus extremos contratantes y su respectivo incumplimiento. Tambi\u00e9n, que la posible inembargabilidad de la pensi\u00f3n del deudor era asunto que deb\u00eda ventilarse en la fase de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Las anteriores decisiones, independientemente de que se compartan, no se perciben antojadizas o irracionales. Es m\u00e1s, lucen incluso arm\u00f3nicas con el pronunciamiento de esta Sala, que el mismo accionante invoc\u00f3 en su escrito de tutela, en el que se predic\u00f3 la posibilidad que tienen las cooperativas de ejecutar sus acreencias insatisfechas: <\/p>\n
\u00abAhora bien, lo anterior no quiere decir, como lo afirma la entidad impugnante [cooperativa], que se desconozca su inter\u00e9s para promover el cobro del t\u00edtulo valor endosado a su favor, pues de conformidad con la ley de circulaci\u00f3n de aquella es la tenedora leg\u00edtima; lo que sucede es que la cautela solicitada no es procedente (\u2026)\u00bb (STC3786-2019). <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
3. De otra parte, en lo referente a la queja consistente en que el juzgador no tuvo en cuenta las sentencias C-716 de 1995, STC6105-2016 y STC3786-2019, relativas a la inembargabilidad de mesadas pensionales por causa de cr\u00e9ditos que no tienen origen en un acto cooperativo, tambi\u00e9n fracasa el amparo porque, revisado el escrito de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, nada dijo el recurrente al respecto. <\/p>\n
De all\u00ed que no pueda reproch\u00e1rsele al juzgado la eventual falta de pronunciamiento sobre aspectos que no fueron motivo de inconformidad en la oportunidad procesal correspondiente. En ese sentido, es evidente la incuria del libelista sobre ese particular, y la improcedencia de esta herramienta excepcional y subsidiaria. <\/p>\n
4. Con todo, como de la lectura de los escritos de tutela y de impugnaci\u00f3n se infiere que parte de la censura se dirige contra las cautelas que pudieran recaer sobre la mesada pensional del censor, vale la pena recordar que esa cuesti\u00f3n debe ser ventilada primigeniamente ante el juez natural de la causa, a quien le corresponde resolver lo pertinente conforme a derecho corresponda. <\/p>\n
5. En definitiva, como quiera que la decisi\u00f3n cuestionada, independientemente de que se comparta, descansa sobre un discernimiento razonable respecto del panorama conocido por la agencia judicial accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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