STC16530-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16530-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04271-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Salud Intensiva SAS – SAIN IPS SAS, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 68001-31-03-010-2020-00098-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 que con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo que adelant\u00f3 en su contra la se\u00f1ora Maira Alejandra Bernal Velasco (exp. No. 2017-00077), suscribieron un contrato de transacci\u00f3n por un monto total de $350\u00b4000.000, suma que integr\u00f3 distintos montos originados en el dicho tr\u00e1mite, tales como intereses moratorios, intereses corrientes y costas procesales. <\/p>\n
Explic\u00f3, que, ante la falta de pago del capital en los plazos convenidos, la acreedora promovi\u00f3 la demanda ejecutiva identificada con el radicado No 2020-00098-00, en la que el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga libr\u00f3 mandamiento de pago por el saldo insoluto adeudado hasta ese momento ($274\u00b4270.515), junto con los intereses moratorios causados a partir del 29 de mayo de 2018. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que posteriormente en sentencia anticipada de 5 de mayo de 2021, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la orden de apremio, al negar la excepci\u00f3n de m\u00e9rito cimentada en el \u00abanatocismo\u00bb, tras considerar que el objetivo del \u00abACUERDO DE PAGO\u00bb fue la novaci\u00f3n de las obligaciones derivadas del juicio ejecutivo inicial. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que apel\u00f3 y el Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 el fallo, argumentando que, contrario a lo explicado por el a quo, no se present\u00f3 una novaci\u00f3n, sino un convenio entre las partes para integrar en un solo capital todas las obligaciones adeudadas a la fecha, sin discriminar cu\u00e1les de ellas eran peri\u00f3dicas, lo que imposibilit\u00f3 determinar con certeza las que correspond\u00edan a intereses y las que no. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la acreencia contenida en el acuerdo es de naturaleza mercantil, m\u00e1s no civil, toda vez que la demandada es una sociedad por acciones simplificada. <\/p>\n
Con ese panorama, la accionante sostuvo que la postura adoptada por el Tribunal Superior, al darle una connotaci\u00f3n comercial al acuerdo, contravino las providencias C-364 de 2000 de la Corte Constitucional y STC6034-2018 de esta Corporaci\u00f3n, en las que se indic\u00f3 que la virtud comercial de un acto resulta del \u00e1nimo lucrativo de las partes, junto con su participaci\u00f3n en las utilidades y p\u00e9rdidas, m\u00e1s no simplemente en el hecho de que alguno de los involucrados tenga la condici\u00f3n de comerciante. <\/p>\n
Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que debi\u00f3 prosperar la excepci\u00f3n denominada \u00abCobro indebido de intereses\u00bb, teniendo en cuenta que el \u00abACUERDO DE PAGO\u00bb se gener\u00f3 a partir de intereses y costas procesales de un ejecutivo precedente, los cuales, por su misma esencia, no son susceptibles de producir nuevos intereses. <\/p>\n
Esgrimi\u00f3 finalmente que el Tribunal no pod\u00eda hacer valer tampoco la capitalizaci\u00f3n de intereses, ante la ausencia de un convenido previo de las partes en tal sentido. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 revocar las sentencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas y, en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n titulada \u00abCobro indebido de intereses\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso que motiv\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bucaramanga, se limit\u00f3 comunicar la existencia de la acci\u00f3n constitucional al despacho de primera instancia, al haberle devuelto el expediente No. 2020-00098-00, el 12 de agosto de 2022. <\/p>\n
En particular, asegur\u00f3 que la sentencia que profiri\u00f3 en primera instancia, se fundament\u00f3 en que el t\u00edtulo ejecutivo allegado contiene estipulaciones demostrativas de una novaci\u00f3n de las obligaciones adeudadas por la IPS a favor de Maira Alejandra Bernal Velasco, en el proceso ejecutivo No. 2017-00077 que otrora se tramit\u00f3 ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, motivo por el cual, el nuevo capital es susceptible de generar intereses despu\u00e9s del vencimiento del plazo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, al tratarse de un asunto comercial, la capitalizaci\u00f3n de intereses se encuentra permitida al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio, siempre que no se superen los l\u00edmites legales. <\/p>\n
3. Maira Alejandra Bernal Velasco, quien fungi\u00f3 como interviniente dentro del proceso No. 2020-00098-00, solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n por falta de inmediatez e intrascendencia constitucional; as\u00ed mismo, destac\u00f3 que no se transgredi\u00f3 ning\u00fan derecho de car\u00e1cter superior dentro del juicio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n
No obstante, se han establecido criterios para identificar distintas causales de procedibilidad, como, por ejemplo, en los eventos que se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada que atenta contra las preceptivas legales, en detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el reclamo constitucional se dirigi\u00f3 contra las sentencias proferidas el 5 de mayo de 2021 por la cual el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga dispuso, entre otras cosas, declarar \u00abno probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta por el extremo demandado\u00bb y, por consiguiente, seguir adelante la ejecuci\u00f3n por el saldo insoluto y los intereses se\u00f1alados en el mandamiento de pago, y la de 3 de agosto de 2022, por la que, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por SAIN IPS SAS, confirm\u00f3 el fallo de primer grado. <\/p>\n
Con ese panorama, el an\u00e1lisis de la Sala se centrar\u00e1 en la decisi\u00f3n de segunda instancia, pues fue all\u00ed donde se defini\u00f3 la controversia planteada en el juicio ejecutivo promovido por la se\u00f1ora Maira Alejandra Bernal Velasco, al resolver de fondo la apelaci\u00f3n que la sociedad SAIN IPS SAS, interpuso cuando se neg\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada contra el mandamiento de pago. <\/p>\n
3. En este sentido, revisados los argumentos que expuso el Tribunal Superior en la providencia censurada, se observa que comenz\u00f3 por sintetizar los motivos de inconformidad de la apelante, de la siguiente manera, <\/p>\n
– La creaci\u00f3n del \u00abACUERDO DE PAGO\u00bb no correspondi\u00f3 a una novaci\u00f3n. <\/p>\n
– El representante legal de sociedad no estaba facultado para novar obligaciones. <\/p>\n
– La excepci\u00f3n de m\u00e9rito atinente a los \u00abintereses acumulados\u00bb debi\u00f3 prosperar. <\/p>\n
Estructurados as\u00ed los puntos en que se sustent\u00f3 la apelaci\u00f3n, inici\u00f3 el estudio explicando que el t\u00edtulo ejecutivo allegado como base de recaudo corresponde a un \u00abACUERDO DE PAGO\u00bb suscrito entre Maira Alejandra Bernal Velasco y la sociedad Salud Intensiva SAS – SAIN IPS SAS, \u00aben el que literalmente se reconoce que las cifras contenidas en \u00e9l corresponden a \u201cintereses corrientes, intereses moratorios\u201d costas procesales y dem\u00e1s gastos legales\u201d, con motivo de un proceso ejecutivo que se adelantaba en el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga\u00bb, por un monto total de $350\u00b4000.000 que se pagar\u00eda en tres plazos as\u00ed, $250\u00b4000.000 el 31 de diciembre de 2017, $50\u00b4000.000 el 28 de marzo de 2018 y $50\u00b4000.000 el 28 de junio de 2018. <\/p>\n
Al descender a los puntos de inconformidad, se\u00f1al\u00f3 que, si bien no se present\u00f3 un contrato de novaci\u00f3n en el acuerdo como lo afirm\u00f3 el a quo, lo cierto es lo anterior que no resultaba suficiente para revocar la sentencia atacada, toda vez que en el cuerpo del t\u00edtulo ejecutivo no se discriminaron individualmente los valores que correspond\u00edan a intereses o prestaciones peri\u00f3dicas, por lo que se imposibilit\u00f3 distinguirlos dentro del valor total de $350\u00b4000.000 que las partes fijaron de consuno. <\/p>\n
En lo que respecta a la naturaleza de la obligaci\u00f3n contenida en el \u00abACUERDO DE PAGO\u00bb, enfatiz\u00f3 en que lo pretendido es la ejecuci\u00f3n de intereses mercantiles, m\u00e1s no civiles, siendo entonces la norma comercial la que impera en este asunto. Lo anterior, sumado al hecho de que \u00abla demandada es una sociedad por acciones simplificada y de las deudas mercantiles siempre se presume que causan intereses, como puede verse en los art\u00edculos 882, 885 y 1163 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, afirm\u00f3 que si la sociedad SAIN IPS SAS, quer\u00eda acreditar que los intereses adeudados eran de naturaleza eminentemente civil, ten\u00eda la carga de probarlo como en efecto no lo hizo, pues sobre el particular no gener\u00f3 alg\u00fan debate durante el curso del proceso. <\/p>\n
Finalmente advirti\u00f3 que, pese a que el ordenamiento jur\u00eddico proh\u00edbe el anatocismo en obligaciones civiles, no sucede lo mismo cuando de las mercantiles se trata, siempre que se configure alguno de los eventos contemplados en el art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio, como precisamente acaeci\u00f3 en el referenciado juicio ejecutivo, <\/p>\n
\u00abEn la \u00faltima de las normas citadas, 886, indica el legislador los eventos en los cuales los intereses causan intereses, todo lo cual se cumple en este caso: van dos demandas judiciales en las que la acreedora busca el pago y, como se puede ver en las fechas acordadas, ya ha transcurrido con creces el plazo de un a\u00f1o que prev\u00e9 la ley para que sea posible cobrar intereses sobre intereses\u00bb. <\/p>\n
4. Al examinar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, en la que se analizaron individualmente los reproches esgrimidos por la sociedad ejecutada en el recurso de apelaci\u00f3n, se observa que la providencia se erigi\u00f3 con fundamento en el ordenamiento civil y comercial que rigen la materia, los cuales se aplicaron al estudio que se efectu\u00f3 al \u00abACUERDO DE PAGO\u00bb allegado como base de la acci\u00f3n y a las pruebas recaudadas durante el juicio. <\/p>\n
Por tales motivos, la citada sentencia censurada en ning\u00fan momento luce arbitraria o antojadiza, ni, mucho menos, vulneradora del derecho al debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de los cuestionamientos que por esta v\u00eda excepcional propuso la sociedad SAIN IPS SAS, se observa que su intenci\u00f3n es la de emprender un nuevo debate sobre temas que ya fueron controvertidos durante el curso de ambas instancias en el juicio ejecutivo, por lo tanto, se recuerda que este mecanismo excepcional no se instituy\u00f3 como una instancia alternativa o adicional para volver a discutir los asuntos que ya fueron ventilados ante los jueces naturales, tal como lo ha reiterado incesantemente esta Corporaci\u00f3n, al decir, <\/p>\n
\u00ab[I]ndependientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la impulsora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias\u00bb (CSJ. STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018 y STC2544-2021 \u2013 Se\u00f1alado en STC14742-2022). <\/p>\n
5. Ahora, pese que el Tribunal Superior explic\u00f3 con suficiencia las razones por las que calific\u00f3 el \u00abACUERDO DE PAGO\u00bb como mercantil, sin limitarse simplemente a la naturaleza comercial de la sociedad involucrada, la sociedad accionante insiste en otorgarle una connotaci\u00f3n civil al t\u00edtulo ejecutivo, lo que, evidentemente, ya se debati\u00f3 durante el juicio. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, no obstante que intent\u00f3 confrontar los postulados de la sentencia con algunas decisiones proferidas por la Corte Constitucional y por esta Corporaci\u00f3n para demostrar un supuesto yerro en el an\u00e1lisis de la figura del anatocismo, la revisi\u00f3n de estas providencias en nada cambian el panorama de este asunto, pues resulta claro que, seg\u00fan lo expuso el ad quem, la causaci\u00f3n de intereses a partir del vencimiento del acuerdo se sujet\u00f3 a la existencia de varios factores que lo posibilitaron, i) No haber se\u00f1alado en el t\u00edtulo [ni demostrado en el proceso ejecutivo] los montos de los intereses previos que terminaron haciendo parte del valor global de la deuda que las partes fijaron en $350\u00b4000.000., ii) La aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de las reglas mercantiles a las civiles, cuando las obligaciones de estas \u00faltimas se mantienen insolutas durante un tiempo considerable, iii) La ausencia de pruebas que acreditaran la naturaleza civil del acuerdo y, iv) La naturaleza jur\u00eddica de la IPS demandada, al ser un ente societario. <\/p>\n
Lo que, sin duda, se acompasa con lo expresado mancomunadamente por los mismos contratantes en el par\u00e1grafo del numeral II) del referido acuerdo, en el que estipularon \u00ab(\u2026) En caso de mora en el pago, SAIN IPS S.A.S. pagar\u00e1 a favor de la acreedora a t\u00edtulo de intereses de mora el m\u00e1ximo fijado en su momento por la Superintendencia Financiera sobre el valor en mora, desde el d\u00eda en que se hiciera exigible la obligaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La convergencia de tales aspectos llev\u00f3 al Tribunal Superior al convencimiento que el acuerdo allegado es esencialmente mercantil y, por consiguiente, susceptible de generar intereses moratorios. <\/p>\n
Dichas conclusiones, emanadas del juez natural, adem\u00e1s de estar investidas de una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, deben respetarse con fundamento en la autonom\u00eda e independencia que se le reconoce por ministerio de la ley, m\u00e1xime cuando fue quien verific\u00f3 todo el material probatorio y profiri\u00f3 la decisi\u00f3n con fundamento en la sana cr\u00edtica, junto con las normas que rigen la materia, para explicar las razones por las que no se configur\u00f3 un cobro injustificado de intereses (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
6. De otro lado, aun cuando la sociedad accionante manifest\u00f3 que tambi\u00e9n se vulner\u00f3 su derecho a la igualdad, al revisar tanto las sentencias reprochadas como lo tramitado durante el juicio, no se advierte su transgresi\u00f3n, menos a\u00fan, ante la ausencia de elementos de convicci\u00f3n que permitan su an\u00e1lisis en este escenario, a lo que se suma que tampoco acredit\u00f3 que el Tribunal Superior accionado hubiera brindado un tratamiento especial o preferente en un caso similar al planteado en este caso (CSJ. STC402-2021). <\/p>\n
7. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones, se impone negar la tutela de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Salud Intensiva SAS – SAIN IPS SAS, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16530-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC16530-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04271-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Salud […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69651\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}