STC16531-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16531-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n presentada por Diana Mar\u00eda Arango Lopera contra el fallo de 27 de enero de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela promovida por la recurrente contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, la Fiscal\u00eda 19 Especializada de la mencionada Direcci\u00f3n, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn y la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso No. 110016000253-2006-80011. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora solicit\u00f3 que se dejen sin valor y efecto las medidas de embargo y secuestro decretadas por el Tribunal Superior de Sala de Justicia y Paz de Medell\u00edn en el proceso en comento y que se le ordene a dicha autoridad, as\u00ed como a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Unidad Nacional para Extinci\u00f3n de Dominio y Lavado de Activos – Fiscal 19 (Hoy Fiscal 50) que realicen nuevamente la audiencia de adopci\u00f3n de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo, de acuerdo a lo normado en el art\u00edculo 17B de la ley 975 de 2005, con el fin que la aqu\u00ed actora pueda participar como tercera interviniente. <\/p>\n
Relat\u00f3 que junto con su n\u00facleo familiar habita en el predio denominado \u00abEl Fin del Af\u00e1n\u00bb Lote Llanogrande \u2013 La Querencia ubicado en el municipio de Rionegro (Antioquia), el cual se identifica con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 020 \u2013 5471. Precis\u00f3 que dicho bien est\u00e1 en su patrimonio desde 1999 cuando se efectu\u00f3 la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del a sociedad conyugal que tuvo con Nelson Eugenio Aristiz\u00e1bal Mart\u00ednez. Se\u00f1al\u00f3 que en el a\u00f1o 2009 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n cobij\u00f3 con medida de extinci\u00f3n de dominio todos los bienes propiedad de su exesposo y tambi\u00e9n los de ella, dentro de los cuales se afect\u00f3 el predio mencionado, por lo que design\u00f3 como depositario del mismo a la Sociedad de Activos Especiales – SAE; sin embargo, se duele porque dichas autoridades no han admitido las alegaciones y pruebas con las cuales pretende acreditar que el inmueble referido fue adquirido l\u00edcitamente. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que en audiencia realizada el 23 de marzo de 2021 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn tambi\u00e9n decret\u00f3 medidas cautelares para afectar el referido bien inmueble, con sustento \u00fanicamente en que dentro de la naturaleza de los actos jur\u00eddicos de estos bienes se encontraba relacionado el nombre de Nelson Eugenio Aristiz\u00e1bal Mart\u00ednez; sin embargo, no fue convocada a dicha audiencia lo que le impidi\u00f3 promover el incidente de oposici\u00f3n a terceros. Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que la Sociedad de Activos Especiales nunca le notific\u00f3 los actos administrativos que profiri\u00f3 y que dieron lugar a que se ordenara el desalojo del bien que hoy habita. <\/p>\n
Acot\u00f3 de ser desalojada del bien se afectar\u00edan sus derechos y los de los dos adultos mayores que viven con ella. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 50 de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio adujo que dentro del radicado 8132 profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de inicio de extinci\u00f3n de dominio, sobre m\u00e1s de 116 bienes, entre los cuales se encuentra el predio al que se alude en la acci\u00f3n de tutela, el cual fue afectado con medida de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo; sin embargo, mediante resoluci\u00f3n del 9 de septiembre de 2021 profiri\u00f3 resoluci\u00f3n extraordinaria de improcedencia sobre el mencionado bien y orden\u00f3 levantar las medidas cautelares impuestas dentro de dicho asunto, lo anterior en raz\u00f3n a que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn dispuso que, a trav\u00e9s de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, se entregara el bien a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -Fondo de Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas-. <\/p>\n
Por lo anterior, consider\u00f3 que, en las actuales condiciones, esa fiscal\u00eda no se encuentra legitimada por pasiva. <\/p>\n
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que, el 23 de marzo de 2021, bajo el tr\u00e1mite de la Ley 975 de 2005, decret\u00f3 medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo respecto del inmueble de propiedad de la hoy accionante, dentro del proceso mencionado, que se sigue contra el postulado Diego Fernando Murillo Bejarano. Refiri\u00f3 que dichas medidas tienen car\u00e1cter provisional y, por tanto, quien se crea afectado con la decisi\u00f3n puede acudir al incidente de oposici\u00f3n de terceros, regulado en el art\u00edculo 17C de la Ley 975 de 2005. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el 20 de septiembre de 2021 la aqu\u00ed actora radic\u00f3 un incidente de oposici\u00f3n, por lo que fij\u00f3 fecha de audiencia para el 17 de enero de 2022; sin embargo, la solicitante pidi\u00f3 el aplazamiento para la designaci\u00f3n de un nuevo apoderado, por lo que, actualmente se est\u00e1 a la espera de que eso suceda. <\/p>\n
La Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE- adujo que no ha vulnerado derechos fundamentales de la actora. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo tras advertir que la actuaci\u00f3n por extinci\u00f3n de dominio adelantada ante la Sociedad de Activos Especiales ces\u00f3 por disposici\u00f3n de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn, luego respecto de las medidas cautelares inicialmente decretadas por esa entidad resulta inane emitir pronunciamiento alguno. De otro lado respecto de las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal mencionado se\u00f1al\u00f3 que se encuentra en curso el incidente de levantamiento de medidas cautelares promovido por la gestora, por lo que no est\u00e1 satisfecho el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3. Insisti\u00f3 en que en el proceso de extinci\u00f3n de dominio no se han respetado sus garant\u00edas constitucionales, por lo que solicit\u00f3 como medida provisional que se impidiera el desalojo por parte de la Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE-. Tambi\u00e9n adujo que en primera instancia no se analizaron las pruebas de la situaci\u00f3n de pobreza que padecer\u00eda con el desalojo y precis\u00f3 que debi\u00f3 flexibilizarse el requisito de subsidiariedad, toda vez que con el amparo constitucional busca proteger a los adultos mayores con quienes vive. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n de primer grado ser\u00e1 confirmada, por advertirse que el amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Circunscrita la Sala a lo aducido en el escrito de impugnaci\u00f3n se encuentra que, aunque la actora adujo que sus garant\u00edas constitucionales han sido lesionadas por la Fiscal\u00eda 50 Delegada en el proceso de extinci\u00f3n de dominio que adelant\u00f3, no puede perderse de vista que dicha actuaci\u00f3n ces\u00f3 por disposici\u00f3n expresa de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn. Incluso, la Fiscal\u00eda al rendir el informe respectivo en el presente asunto, expresamente se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa Fiscal\u00eda 50 Delegada, mediante resoluci\u00f3n del 09\/09\/2021 profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de Improcedencia Extraordinaria sobre el bien identificado con matricula inmobiliaria Nro. 020-5471, atendiendo solicitud elevada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, despacho del Doctor OLIMPO CASTA\u00d1O QUINTERO Magistrado con funci\u00f3n de control de garant\u00edas-Sala de Justicia y Paz, allegando copia del acta de Audiencia Preliminar No 58 celebrada el d\u00eda 23 de marzo de 2021, dentro del proceso 11.001. 60.00253. 2006.80011 (71) 1100 Postulado Diego Fernando Murillo Bejarano, para que proceda a decretar la improcedencia extraordinaria de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de Dominio, y efectuar la entrega del bien trav\u00e9s de la Sociedad de Activos Especiales SAE a la Unidad Administrativa Especial para la atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las v\u00edctimas-Fondo de Reparaci\u00f3n de Victimas, con fundamento en lo dispuesto en el par\u00e1grafo4\u00ba del art\u00edculo 17B de la Ley 975 de 2005 y el art\u00edculo 53 de la Ley 1849 de 2017.Decisi\u00f3n que a la fecha se encuentra debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
Entonces, excluido el bien mencionado del proceso de extinci\u00f3n de dominio, resulta innecesaria e improcedente la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en dicho asunto. <\/p>\n
Ahora, no se desconoce que la Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE- fue encargada de entregar el mencionado bien a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas-Fondo de Reparaci\u00f3n de Victimas por orden que emitiera el mencionado Tribunal en el proceso que se sigue contra Diego Fernando Murillo Bejarano, disposici\u00f3n frente a la cual la interesada puede oponerse a trav\u00e9s de incidente de oposici\u00f3n de terceros a medidas cautelares, regulado por el art\u00edculo 17c de la Ley 975 de 2005, el cual se encuentra en tr\u00e1mite, lo que permite colegir que la actora cuenta con otros medios de defensa distintos al amparo constitucional, por lo que el requisito de subsidiariedad no est\u00e1 satisfecho. En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional: <\/p>\n
\u00ab[ (\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (STC3579-2020, STC17283-2021)\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se advierte que tampoco se configura un perjuicio irremediable que autorice acceder de manera transitoria al auxilio invocado, toda vez que, si la actora estima que con la orden de desalojo del inmueble mencionado se lesionan derechos fundamentales de los adultos mayores que, seg\u00fan su dicho, habitan el bien, debe exponer tal situaci\u00f3n ante las autoridades respectivas para que ellas adopten las medidas necesarias para salvaguardar sus garant\u00edas. Adem\u00e1s, encuentra la Sala que no fue adosada alguna prueba que evidencie la necesidad de adoptar medidas inmediatas, toda vez que los anexos de adosados al escrito de tutela solo aluden al matrimonio y divorcio de la actora, a los negocios en virtud de los cuales se adquiri\u00f3 el predio que hoy habita la gestora. Es decir, que no est\u00e1 probado \u00abel menoscabo irreparable, ni lo narrado por [el] apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC11816-2018, citada en STC1415-2021, STC16373-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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