STC16538-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16538-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01716-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n – UGPP frente a la sentencia de 6 de septiembre de 2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la tutela que instaur\u00f3 a la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n No 3 de la Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, al Juzgado Veintiuno Laboral de la misma ciudad y a los intervinientes en el proceso ordinario laboral con rad. 82412. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo, que se dejen sin valor y efecto los fallos que le fueron adversos (21 ago. 2021 y 29 jun. 2022), y que como consecuencia de esto se ordene emitir una nueva decisi\u00f3n que no case la sentencia proferida por el Tribunal que confirm\u00f3 el fallo que la absolvi\u00f3 de las pretensiones. <\/p>\n
En sustento, adujo que toda vez que neg\u00f3 el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n derivada de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo celebrada entre el extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS y Sintraiss 2001-2004, H\u00e9ctor de Jes\u00fas Zapata Londo\u00f1o en su condici\u00f3n de extrabajador de la citada instituci\u00f3n promovi\u00f3 en su contra el juicio objeto de escrutinio; tr\u00e1mite en el cual pese a que acredit\u00f3 que aquel incumpli\u00f3 con una de las condiciones para acceder a la prestaci\u00f3n social, como era la de ostentar 55 a\u00f1os de edad para la fecha de extinci\u00f3n de la mentada convenci\u00f3n -31 jul. 2010-, requisito que solo se cumpli\u00f3 hasta el 9 de abril de 2013, la Corporaci\u00f3n convocada, no solo, cas\u00f3 la sentencia de segundo grado que le fue favorable, sino que, en sentencia sustitutiva accedi\u00f3 a la asignaci\u00f3n mensual aludida junto con el retroactivo y la indexaci\u00f3n; en su sentir se omiti\u00f3, por una parte, el hito de vigencia del citado pacto colectivo, y por la otra, que estaba presente la figura jur\u00eddica de la compartibilidad, comoquiera que el demandante \u00abse encuentra pensionado por vejez\u00bb con cargo a Colpensiones. <\/p>\n
2. El Magistrado accionado precis\u00f3 que la sentencia confutada se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros legales, as\u00ed como a los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Sala permanente de la Corporaci\u00f3n, a m\u00e1s que la tem\u00e1tica relacionada con la compartibilidad no fue planteada en el litigio como tampoco la simultaneidad de pensiones. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo con sustento en que los argumentos en que se sustent\u00f3 la decisi\u00f3n criticada: <\/p>\n
no comporta[n] los vicios alegados, susceptibles de ser enmendados a trav\u00e9s del amparo constitucional. Prevalece el principio de autonom\u00eda judicial que le impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la controvertida, la cual hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo porque la demandante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicha determinaci\u00f3n <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para lo cual insisti\u00f3 en los repararos expuestos en el escrito de tutela y en la necesidad inexorable que se ten\u00eda de pronunciarse respecto de la compartibilidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto opugnado por irrespetarse en este caso el presupuesto de subsidiariedad, si en cuenta se tiene que, para combatir los alcances de las sentencias emitidas por el \u00f3rgano l\u00edmite de la jurisdicci\u00f3n del trabajo -SL3797-2021 y SL2210-2022-, la inconforme cuenta con la opci\u00f3n de acudir al recurso de revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, para discutir circunstancias como las que pretende zanjar por este sendero excepcional y residual. <\/p>\n
En efecto, el mencionado precepto establece la posibilidad de acudir a esa v\u00eda para refutar eficazmente, entre otras, aquellas providencias en las que se comprometan \u00absumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. Sobre el punto, dicho canon establece que: <\/p>\n
(\u2026) [l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo sentido, agrega que \u00ab[l]a revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo\u00bb y ser\u00e1 viable en cualquiera de los siguientes supuestos: \u00aba) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, y \u00abb) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda en evidencia que excepcionalmente los denominados \u00abactos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de sentencias judiciales\u00bb, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Laboral, podr\u00e1n ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, en todo caso, deber\u00e1 ser impulsado dentro de los plazos que para tal efecto previ\u00f3 el legislador en la Ley 712 de 2001, por virtud de las causales establecidas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuyo criterio fue reiterado recientemente por esta Colegiatura en un caso de contornos muy similares (CSJ STC574-2020, STC4595-2022, STC7508-2022 entre otros). <\/p>\n
Ahora bien, la intromisi\u00f3n exhortada se hace inviable, si en cuenta se tiene que los efectos de la decisi\u00f3n cuestionada pueden ser debatidos por la senda establecida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 si lo que con ello se busca es defender el tesoro p\u00fablico, conforme lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, en la que se destac\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) [e]l art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acci\u00f3n especial o sui g\u00e9nesis de revisi\u00f3n y ordena que se tramite por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendr\u00e1 como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan sea el \u00f3rgano competente en cada caso. <\/p>\n
Entonces, contrario a lo afirmado por la inconforme, dicho medio de control es id\u00f3neo y eficaz para confrontar los puntos que fueron aducidos por la quejosa a trav\u00e9s de este sendero residual, sin perder de vista que, conforme lo reliev\u00f3 el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional tal mecanismo debe ser ejercitado dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
Sumado a lo dicho, frente a la compartibilidad pensional y la omisi\u00f3n de su estudio enrostrada a la decisi\u00f3n criticada, t\u00e9ngase en cuenta que, la particular tem\u00e1tica como esta planteada incumple con el requisito de la subsidiariedad que gobierna esta acci\u00f3n excepcional, pues a m\u00e1s que puede ventilarse a trav\u00e9s del mecanismo referido en l\u00edneas anteriores, auscultado el proceso laboral criticado se advierte que la gestora en un proceder incurioso, de concebir que era deber de la Corporaci\u00f3n accionada resolver sobre dicha materia \u00abpor ministerio de la ley\u00bb, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n de la sentencia, y como no lo hizo desperdici\u00f3 las herramientas que el legislador dispuso para su defensa; luego no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (STC9227-2022). <\/p>\n
Finalmente, la accionante asegura que el reclamo tuitivo lo present\u00f3 \u00abpor la urgencia del tema\u00bb, toda vez que el procedimiento del referido instrumento hace que su definici\u00f3n no sea expedita, lo que pospone en el tiempo la afectaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones. <\/p>\n
No obstante dicho argumento, no diluye la exigencia de procedibilidad echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se demostr\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedidos a H\u00e9ctor de Jes\u00fas Zapata, se ponga en grave riesgo el demarcado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad querellante hasta tanto acredite, en aquel contexto judicial, que lo otorgado no se acompasa con el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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