STC16539-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16539-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04280-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudio Molano Camacho contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite en el que la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial pidi\u00f3 su vinculaci\u00f3n, y fueron citadas la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Sur y las partes e intervinientes en el proceso ordinario No. 11001-31-03-006-1999-13254-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales mencionadas <\/p>\n
Relat\u00f3 que con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2007 en el proceso ordinario que se adelant\u00f3 en su contra ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se tramit\u00f3 a continuaci\u00f3n, un juicio ejecutivo que se dio por terminado el 16 de abril de 2015 por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos dio inicio a la actuaci\u00f3n administrativa No. 030 de 2018, en la que resolvi\u00f3 \u00abdejar sin valor ni efecto jur\u00eddico\u00bb, las anotaciones Nos. 18, 23 y 21, de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 50S-40015110, 50S-40015111 y 50S-40015112, respectivamente. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado accionado el 13 de mayo de 2021 orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el ejecutivo, sin embargo, como su contraparte pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n del auto, el despacho dispuso inscribir la sentencia de 3 de diciembre de 2007 y cancelar \u00ablas anotaciones de la transferencia de la propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio, efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda, si los hubiere, en los certificados de libertad y tradici\u00f3n No. 50S-40015111, 50S-40015110 y 50S-40015112, ordenando permanecer vigente la medida cautelar decretada dentro del proceso ordinario\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, posteriormente en providencia de 22 de marzo de 2022 el Juzgado orden\u00f3 levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda en los folios de matr\u00edcula e insisti\u00f3 en registrar la sentencia ordinaria, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, que termin\u00f3 siendo \u00abnegad[a] por el Tribunal\u00bb el 25 de octubre de 2022. <\/p>\n
2. Con fundamento en tales hechos, solicit\u00f3 ordenar que el Juzgado accionado se abstenga de inscribir la sentencia, junto con la prohibici\u00f3n de efectuar actuaciones posteriores derivados de esta, al margen de lo ordenado por el Tribunal Superior el 29 de agosto de 2016. As\u00ed mismo, que se ordene levantar la inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
3. Mediante providencia de 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el amparo por competencia a esta Sala, al advertir que, \u00aben el material aportado con la queja constitucional se observa que la decisi\u00f3n atacada, seg\u00fan lo indicado en los autos proferidos por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, consiste en la emitida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 29 de agosto de 2016 que dispuso: \u201c1. ORDENAR el registro de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2007 dentro del asunto de la referencia y la cancelaci\u00f3n de las anotaciones de la transferencia de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demandada, si los hubiere, (\u2026)\u201d, lo cual recay\u00f3 sobre los bienes raices con matr\u00edculas inmobiliarias 50S-40015111, 50S-40015110 y 50S-40015112\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
La magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que conoci\u00f3 del presente asunto, manifest\u00f3 que declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 22 de marzo de 2022, al resultar improcedente bajo los lineamientos del art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad alleg\u00f3 digitalizado el expediente No. 1999-13254-01 para su estudio y, adem\u00e1s, explic\u00f3: i) El 3 de diciembre de 2007 se profiri\u00f3 sentencia dentro del tr\u00e1mite ordinario, en la que se declar\u00f3 el incumplimiento del contrato de compraventa por parte de los se\u00f1ores Claudio Molano Camacho y Manuel Arturo Rinc\u00f3n Guevara (demandados). ii) El 29 de agosto de 2016 el Tribunal orden\u00f3 el registro de la sentencia y la cancelaci\u00f3n de unas transferencias de inmuebles, previamente autorizadas, sin que a la fecha exista constancia de haberse tramitado, por lo que debe cumplirse dicha orden. iii) En lo atinente a la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito del ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n del declarativo, advirti\u00f3 que no tiene efectos en este \u00faltimo. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en esta queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. No obstante, se han establecido criterios para identificar distintas causales de procedibilidad, como, por ejemplo, en los eventos que se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada que atenta contra las preceptivas legales, en detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad del se\u00f1or Claudio Molano Camacho no se limit\u00f3 a las providencias de 22 de marzo y 25 de octubre de 2022, sino que, se extendi\u00f3 a la sentencia de 3 de diciembre de 2007 [cuyos efectos reprocha], as\u00ed como tambi\u00e9n al auto de 29 de agosto de 2016, a trav\u00e9s del cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dispuso registrar el mencionado fallo que es, en \u00faltimas, a lo que se reh\u00fasa el actor se d\u00e9 cumplimiento. <\/p>\n
3. Ahora bien, conforme a las diligencias allegadas a este tr\u00e1mite, se advierte que en la decisi\u00f3n proferida el 22 de marzo de 2022, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, acat\u00f3 lo dispuesto por el Tribunal Superior de esta ciudad el 29 de agosto de 2016, en el siguiente sentido, <\/p>\n
\u00abOrdena[r] el levantamiento de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No 50S-40015110, 50S-40015111 y 50S-40015112. En dicho oficio, ord\u00e9nese igualmente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados – Zona Sur, que proceda con el registro de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2007 y, por tanto, a la cancelaci\u00f3n de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio, efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda que se ordena cancelar. Para lo anterior, rem\u00edtase copia de la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2007 y de la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, de fecha 29 de agosto de 2016\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
En esa decisi\u00f3n se explic\u00f3 que, si bien es cierto, el ejecutivo que se adelant\u00f3 con posterioridad al ordinario, culmin\u00f3 con la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito el 16 de abril de 2015, no lo es menos que las medidas cautelares practicadas en cada proceso son diferentes, por lo que el levantamiento de unas no dependen de las otras. <\/p>\n
Entonces, al margen del tr\u00e1mite de las cautelas del ejecutivo, lo que motiv\u00f3 al Juzgado a proferir la providencia reprochada de 22 de marzo de 2022 fue que, al verificar el expediente constat\u00f3 que nunca se dio cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior cuando dispuso la inscripci\u00f3n de la sentencia de 3 de diciembre de 2007, junto con la cancelaci\u00f3n de las enajenaciones realizadas con posterioridad a la inscripci\u00f3n de la demanda ordinaria, de conformidad con lo previsto en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso, que se\u00f1ala, <\/p>\n
Si la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenar\u00e1 su registro y la cancelaci\u00f3n de las anotaciones de las transferencias de propiedad, grav\u00e1menes y limitaciones al dominio efectuados despu\u00e9s de la inscripci\u00f3n de la demanda, si los hubiere; cumplido lo anterior, se cancelar\u00e1 el registro de \u00e9sta, sin que se afecte el registro de otras demandas. Si en la sentencia se omitiere la orden anterior, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la dar\u00e1 el juez por auto que no tendr\u00e1 recursos y se comunicar\u00e1 por oficio al registrador. <\/p>\n
Ahora bien, como se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el mencionado auto, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 procedi\u00f3 a declararlo inadmisible el 25 de octubre de 2022, al se\u00f1alar que la inscripci\u00f3n de la sentencia y la comunicaci\u00f3n al Registrador resultan del imperativo consagrado en el art\u00edculo 591 ejusdem, el cual, adem\u00e1s, contempla que no es susceptible de recurso alguno. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y en lo que respecta a las decisiones de 22 de marzo y 25 de octubre de 2022, no se advierte que resulten caprichosas ni antojadizas, al contrario, es notorio que se sujetaron a la memoria procesal del expediente tanto en la fase declarativa como en la ejecutiva. <\/p>\n
Lo anterior, porque aun cuando el juicio ejecutivo termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, el Juzgado accionado se percat\u00f3 de que estaba pendiente el cumplimiento del auto proferido por el Tribunal Superior el 29 de agosto de 2016, cuya finalidad no se limitaba al registro de un fallo, sino tambi\u00e9n a la cancelaci\u00f3n de anotaciones que se refirieran al dominio, posteriores a la inscripci\u00f3n de la demanda, tal como lo impone el art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, no se observa ninguna transgresi\u00f3n al debido proceso denunciado, en raz\u00f3n a que la actuaci\u00f3n del Juzgado se encamin\u00f3 al acatamiento de una orden previa del Tribunal Superior que se encontraba vigente. <\/p>\n
4. A la misma conclusi\u00f3n se arriba frente a la providencia de 25 de octubre de 2022, en la que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n, teniendo en cuenta que el motivo de la negativa se sustent\u00f3 en el art\u00edculo 591 \u00eddem, seg\u00fan el cual, el registro de la sentencia y la cancelaci\u00f3n de anotaciones no es susceptible de ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, adem\u00e1s de que tales providencias est\u00e1n investidas de una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, deben respetarse con fundamento en la autonom\u00eda e independencia que se le reconoce por ministerio de la ley a los jueces naturales de cada causa, m\u00e1xime cuando fueron proferidas de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y las normas que rigen la materia, mediante un an\u00e1lisis suficientemente explicado y sustentado que permite descartar cualquier viso de arbitrariedad o capricho (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
5. De otra parte, se recuerda que la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra providencias judiciales debe ce\u00f1irse, entre otros, al principio de la inmediatez, es decir, proponerse a la brevedad cuando surja el agravio, toda vez que la finalidad de la acci\u00f3n de tutela es brindar una protecci\u00f3n inmediata frente a los derechos que est\u00e1n siendo amenazados o vulnerados, ya que debido a su naturaleza \u00abha sido instituida como remedio de aplicaci\u00f3n urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza1\u00bb. <\/p>\n
En el asunto analizado se observa que el accionante pretende evitar que el Juzgado accionado d\u00e9 cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la providencia proferida el 29 de agosto de 2016, – registrar la sentencia de 3 de diciembre de 2007-, argumentando que resulta improcedente retrotraer la actuaci\u00f3n hasta el tr\u00e1mite ordinario, sin importar si dichas \u00f3rdenes se encuentran vigentes o no. <\/p>\n
Con ese panorama, es evidente que cualquier discusi\u00f3n que intente emprenderse frente al contenido de tales decisiones carece del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
N\u00f3tese que, entre el auto de 29 de agosto de 2016 y la fecha en que se radic\u00f3 la acci\u00f3n constitucional de la referencia, 29 de noviembre 2022 (Carpeta Tribunal\u2013 01Reparto.pdf.), transcurrieron m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os, t\u00e9rmino que supera con creces el lapso de seis (6) meses que ha se\u00f1alado de manera reiterada la jurisprudencia, para reclamar la protecci\u00f3n constitucional cuando de providencias judiciales se trata, \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC8525-2022 y STC8539-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
El accionante tampoco acredit\u00f3 encontrarse en alguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional desde el mismo instante en que conoci\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por lo tanto, dicha tardanza descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a dicha autoridad con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas en este asunto. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado <\/p>\n
\u00abPor otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: i) que exista un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; ii) que la inactividad justificada no vulnere el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado y; iv) que el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surja despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. (Corte Constitucional T-344-14 y T249\/18). <\/p>\n
Entonces, como el se\u00f1or Molano Camacho pretende en la actualidad cuestionar la validez y legalidad de las referidas providencias, argumentando que los \u00abefectos de la misma [sentencia] fueron extinguidos por el tiempo, ya que no se ejercieron, ni se materializaron en su debida oportunidad\u00bb, en el evento en que hubiera considerado que con esas actuaciones se le estaban vulnerando sus garant\u00edas fundamentales, debi\u00f3 plantear esa controversia cuando se profiri\u00f3 el 29 de agosto de 2016 y no hasta ahora. <\/p>\n
6. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones, se impone negar la tutela de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudio Molano Camacho contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Sur. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992 <\/p>\n
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STC16539-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC16539-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04280-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudio Molano Camacho […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69655","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69655"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69655\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}