STC16554-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16554-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00415-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 18 de noviembre de 2022 emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira en la salvaguarda interpuesta por el Procurador 21 Judicial II Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Pereira a favor de la adolescente Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez Lozada contra el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, extensiva a la Comisar\u00eda de Familia de Santa Rosa de Cabal y la Defensor\u00eda de Familia Centro Zonal Pereira en el tr\u00e1mite de restablecimiento de Derechos No. 660013110002-2022-00354-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n del debido proceso y derechos fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, supuestamente conculcados a la menor involucrada en el aludido tr\u00e1mite administrativo, as\u00ed como dejar sin efectos la sentencia de 24 de octubre de 2022, proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira y ordenarle dictar otra en la que defina de fondo su situaci\u00f3n, seg\u00fan la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
Dijo que el 26 de abril de 2021, la Comisar\u00eda de Familia de Santa Rosa de Cabal abri\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos de y Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez Lozada, nacida el 15 de mayo de 2005, a causa del informe remitido el 21 de abril de 2021 por el Grupo de Protecci\u00f3n a la Infancia y la Adolescencia de la Polic\u00eda Nacional de ese municipio, que advirti\u00f3 presunto abuso sexual y el 12 de octubre de 2021 realiz\u00f3 audiencia de pruebas y fallo en la que declar\u00f3 su situaci\u00f3n de vulnerabilidad, prolong\u00f3 la medida de restablecimiento de sus derechos durante seis (6) meses m\u00e1s, consistente en mantenerla en el Hogar de Paso \u00abSirviendo con Amor\u00bb de Pereira y concluy\u00f3 que sus progenitores no son garantes de sus derechos y que la familia extensa ning\u00fan inter\u00e9s mostr\u00f3, pues ni siquiera concurri\u00f3 al certamen. <\/p>\n
El Juzgado Segundo de Familia de Pereira decret\u00f3 la nulidad de la notificaci\u00f3n hecha el 21 de abril de 2021 a la madre de la adolescente y dej\u00f3 sin efecto la decisi\u00f3n de restablecimiento de derechos, por lo que asumi\u00f3 el asunto al haber perdido competencia la autoridad administrativa, y el 25 de octubre de 2021, sin darle traslado de las pruebas a los implicados, notific\u00f3 por estado la sentencia en la que declar\u00f3 la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de la menor, mantuvo la medida de restablecimiento consistente en su permanencia en la Corporaci\u00f3n \u00abSirviendo con amor\u00bb, orden\u00f3 continuar su seguimiento psicosocial y dispuso que la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Pereira ser\u00e1 la encargada de hacer cumplir esas directrices; empero, aunque en la considerativa dej\u00f3 entrever que la familia de Ana Mar\u00eda no es apta para hacerse cargo de ella, omiti\u00f3 definir su situaci\u00f3n jur\u00eddica, es decir, su reintegro familiar o declarar la situaci\u00f3n de adoptabilidad. <\/p>\n
2. Los convocados se manifestaron, as\u00ed: <\/p>\n
2.1. El Defensor de Familia coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo y enfatiz\u00f3 que se dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Segundo de Familia de Pereira defendi\u00f3 su decisi\u00f3n, para lo cual expuso que obr\u00f3 dentro del marco de la legalidad. <\/p>\n
2.3. Los dem\u00e1s implicados guardaron silencio. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal de Pereira neg\u00f3 el amparo porque hall\u00f3 ausente el presupuesto de la subsidiariedad, en raz\u00f3n a que no se hizo uso del recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda contra la decisi\u00f3n censurada, seg\u00fan el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 y que, por tanto, ello frustra la v\u00eda superlativa, sin que el hecho de que est\u00e9 de por medio el inter\u00e9s de una menor sea suficiente para dejar de lado esa exigencia, ya que ello lo \u00fanico que impone es la necesidad de flexibilizar el an\u00e1lisis del caso, sobre todo porque el instrumento ordinario con el que contaban las partes y dem\u00e1s intervinientes era id\u00f3neo y eficaz para controvertir la determinaci\u00f3n ahora cuestionada. <\/p>\n
4. Refut\u00f3 el Procurador 21 Judicial II Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Pereira con estribo en que se inadvirti\u00f3 que la decisi\u00f3n confutada fue notificada como sentencia y no como auto, toda vez que fue dictada por un Juez debido a que la entidad administrativa perdi\u00f3 competencia, seg\u00fan lo dispuesto en el inciso 7, art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006, aunado a que el art\u00edculo 119 de ese estatuto prev\u00e9 que en tal caso el estrado de familia asume esa funci\u00f3n en \u00fanica instancia y la define a trav\u00e9s de sentencia, luego contra lo resuelto no proced\u00eda recurso, situaci\u00f3n que deja sin bases el argumento del Tribunal y revela exceso ritual manifiesto al postergar la indefinici\u00f3n de un tema que debe ser resuelto en derecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala advierte que el requisito de subsidiariedad que extra\u00f1\u00f3 el Tribunal s\u00ed est\u00e1 cumplido, pues la decisi\u00f3n controvertida fue dictada por el Juez de Familia a trav\u00e9s de una sentencia de \u00fanica instancia comoquiera que el numeral 20, art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso le asigna la funci\u00f3n de \u00ab[r]esolver sobre el restablecimiento de derechos de la infancia cuando el defensor de familia o el comisario de familia hubiere perdido competencia\u00bb y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 119 de la Ley 1098 de 2006 dispone que \u00ab\u2026 y en todo caso el fallo deber\u00e1 proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente, seg\u00fan el caso\u00bb, lo cual significa que contra esa providencia no proced\u00eda recurso alguno, de ah\u00ed que pierda consistencia el argumento central a partir del cual se deneg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
Distinto ser\u00eda si la decisi\u00f3n fustigada hubiera sido proferida por la autoridad administrativa, en cuyo caso s\u00ed habr\u00eda sido pasible de reposici\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), lo cual no aconteci\u00f3 porque esa entidad perdi\u00f3 competencia y por eso el asunto fue direccionado por el estrado judicial que lo defini\u00f3 a trav\u00e9s del pronunciamiento disputado en sede constitucional, seg\u00fan lo dispone el citado precepto legal en su inciso d\u00e9cimo1. <\/p>\n
Al efecto, en CSJ STC10717-2022 se enfatiz\u00f3 que: <\/p>\n
Seg\u00fan la referida codificaci\u00f3n, el superior funcional de la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales en materia de restablecimiento de derechos de menores de edad, es el juez de familia del lugar donde se encuentra el ni\u00f1o o adolescente; el tratamiento en la definici\u00f3n de tales medidas, difiere en que cuando lo conoce el juez no procede reposici\u00f3n, y si el que falla es el ente administrativo, la resoluci\u00f3n requiere de homologaci\u00f3n ante el funcionario judicial (art\u00edculo 100, concordante con los preceptos 103, 108, 119 y 123 del estatuto especial en cita, y art\u00edculo 21-18 del C\u00f3digo General del Proceso) (se resalta). <\/p>\n
En cuanto al tr\u00e1mite procesal, el canon 21 del estatuto adjetivo general consagra que, \u00aben \u00fanica instancia\u00bb, a los jueces de familia les corresponde: \u00ab18. Homologaci\u00f3n de decisiones proferidas por otras autoridades en asuntos de familia, en los casos previstos en la ley\u00bb; \u00ab19. La revisi\u00f3n de las decisiones administrativas preferidas por el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de polic\u00eda en los casos previstos en la ley\u00bb, y \u00ab20. Resolver sobre el restablecimiento de derechos de la infancia cuando el defensor de familia o el comisario de familia hubiere perdido competencia\u00bb. <\/p>\n
Empero, aun s\u00ed estuviere ausente el presupuesto gen\u00e9rico en que se detuvo el Tribunal, este deber\u00eda ser removido ya que en la actuaci\u00f3n censurada sobresalen intereses superiores comprometidos al estar de por medio la necesidad de definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de una menor de edad en presunto estado de vulnerabilidad, panorama que de por s\u00ed impone un miramiento especial a fin de mantener a salvo sus garant\u00edas en el marco del proceso de restablecimiento de sus derechos. <\/p>\n
2. Descontado lo anterior, la Corte encuentra configurada v\u00eda de hecho, en estrictez, porque el Juzgado Segundo de Familia de Pereira defini\u00f3 el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez Lozada, en sentencia de 24 de octubre de 2022, sin darle traslado a las partes de las pruebas practicadas, lo que de por s\u00ed patenta el quebranto del debido proceso de los intervinientes en ese tr\u00e1mite legal. <\/p>\n
Adicionalmente, en ese proveimiento, ese estrado declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas de la menor, pero dispuso \u00abconservar la medida de restablecimiento de derechos a favor de (\u2026.), para que contin\u00fae ubicada en la Corporaci\u00f3n Sirviendo con amor de esta ciudad, desarrollando las actividades que ha venido realizando con la intervenci\u00f3n del equipo interdisciplinario de dicha corporaci\u00f3n en aras de garantizar sus derechos\u00bb, aun cuando lo procedente era resolver a cerca de la viabilidad del retorno con su familia, de ser ello viable, o, de lo contrario, declarar su situaci\u00f3n de adoptabilidad, de acuerdo con la situaci\u00f3n particular que rodea el caso de la joven, conforme lo prev\u00e9 la Ley 1098 de 2006 al no haber m\u00e1s alternativas legales, comoquiera que esa decisi\u00f3n tiene por objeto resolver de fondo, y de forma definitiva, la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente implicado en el respectivo proceso. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ STC12565-20222 al decidir un caso de contornos similares en el que se discuti\u00f3 la postura de un juez que zanj\u00f3 de fondo un proceso de restablecimiento de derechos de un menor de edad, se puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Esas irregularidades configuran un defecto procedimental, lo que hace necesario adoptar correctivos impostergables a fin de conjurar dichas anomal\u00edas y de hacer prevalecer los intereses de la menor involucrada en el referido tr\u00e1mite legal. <\/p>\n
3. Por fuerza de lo anterior, se impone la necesidad de revocar el veredicto impugnado para, en su lugar, dispensar el resguardo en el sentido de invalidar la sentencia que defini\u00f3 el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez Lozada y disponer que se rehaga el tr\u00e1mite, se agoten sus fases y se profiera otra decisi\u00f3n definitiva en coherencia con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, seg\u00fan qued\u00f3 visto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, REVOCA el fallo impugnado; en su lugar, CONCEDE el amparo solicitado y DISPONE: <\/p>\n
PRIMERO. DEJAR sin efectos la sentencia de 24 de octubre de 2022 proferida por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de radicaci\u00f3n No. 66001 31 10 002 2022 00354 00, as\u00ed como todo lo actuado con posterioridad a esa decisi\u00f3n; en consecuencia, se le ORDENA que, dentro de los (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, rehaga la actuaci\u00f3n invalidada, en el sentido de darle traslado de las pruebas allegadas al plenario a las partes e intervinientes y proferir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, en la que resuelva de fondo, y de forma definitiva, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez Lozada, teniendo en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006, de conformidad a lo expresado en este fallo. <\/p>\n
SEGUNDO. PREVENIR a la Secretar\u00eda y Relator\u00eda de esta Sala para que oculten, \u00fanicamente para efectos de publicidad, el nombre de la menor de edad involucrada en este asunto; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1n suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
TERCERO. COMUNICAR telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El inciso 10, art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 dispone que \u201cVencido el t\u00e9rmino para fallar o para resolver el recurso de reposici\u00f3n sin haberse emitido la decisi\u00f3n correspondiente, la autoridad administrativa perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto y remitir\u00e1 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes el expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses. Cuando el juez reciba el expediente deber\u00e1 informarlo a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ STC1632-2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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