STC16555-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC16555-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02541-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que la Compa\u00f1\u00eda Colombiana de Tabaco S.A.S. -Coltabaco- y Philip Morris Colombia S.A. le instauraron al Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00201. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Las libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, exigieron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que, en el juicio de la referencia, se \u00abdejar[a] sin efectos las Providencias del 7 de abril de 2022 y la que la confirm\u00f3 el 4 de octubre de 2022\u00bb y, en consecuencia, se ordenara \u00abprof[erir] la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujeron que el estrado censurado admiti\u00f3 sin ning\u00fan reparo la demanda de acci\u00f3n de grupo que Ana Ferrero Rebolledo present\u00f3 en su contra (rad. 2019-00201), \u00abreclamando da\u00f1os por supuestas violaciones de la Ley 1335 de 2009 en relaci\u00f3n con la comercializaci\u00f3n de IQOS\u00bb, para que se prohibiera el \u00abuso de los registros marcarios [y] la exhibici\u00f3n de [dichos dispositivos] dentro de un establecimiento de comercio\u00bb y se impusieran las sanciones a que haya lugar \u00abpor violaci\u00f3n de la Ley 1480 de 2011\u00bb (7 may. 2019). <\/p>\n
Indicaron que al contestar aquella, luego de reformada, propusieron \u00ablas excepciones previas de falta de jurisdicci\u00f3n y competencia (numeral 1 del art\u00edculo 100 del CGP) e ineptitud de la demanda por incumplimiento de los requisitos formales y por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones (numeral 5 del art\u00edculo 100 del CGP)\u00bb, que el juzgado desestim\u00f3 (7 abr. 2022), decisi\u00f3n que debatieron en reposici\u00f3n, sin suerte, pues este mantuvo su postura (4 oct.). <\/p>\n
Sostuvieron que con lo resuelto se incurri\u00f3 en los defectos \u00aborg\u00e1nico\u00bb y \u00absustantivo\u00bb, toda vez que el despacho confutado carece de \u00abjurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb para solventar de fondo el litigio, en la medida que lo pretendido no es el resarcimiento de un \u00abda\u00f1o\u00bb, sino que se impartan medidas \u00abque fueron delegadas exclusivamente a otras autoridades -en particular la SIC\u00bb, por lo que \u00abest\u00e1 desconociendo lo normado en la Ley 472 de 1998 y las disposiciones invocadas por la propia demandante.\u00bb <\/p>\n
2.- El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se opuso al auxilio, porque \u00abal margen de que se comparta o no la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 las excepciones previas, aquella no luce arbitraria, antojadiza, caprichosa o carente de sustento\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abla providencia que resolvi\u00f3 declarar infundadas las excepciones previas como aquella que la confirm\u00f3, est\u00e1n soportadas en razonamientos jur\u00eddicos serios, con respaldo jurisprudencial y en las disposiciones normativas aplicables al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de grupo que fue la promovida por la se\u00f1ora Ferrero Rebolledo, independientemente de si sus pedimentos sean fundados o no, fue ella quien opt\u00f3 por la acci\u00f3n jurisdiccional y fij\u00f3 el marco del debate procesal en esa particular acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Objetaron las gestoras afianz\u00e1ndose en los argumentos de su queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Las inconformidades de Coltabaco S.A.S. y Philip Morris Colombia S.A. se enfilan contra los interlocutorios expedidos el 7 de abril y 4 de octubre de 2022 por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por medio de los cuales decidi\u00f3, en su orden, \u00abDECLARAR infundadas las excepciones previas propuestas por las demandadas\u00bb en la \u00abacci\u00f3n de grupo\u00bb que promovi\u00f3 Ana Ferrero Rebolledo en su contra (rad. 2019-00201) y, \u00abMANTENER inc\u00f3lume el auto atacado\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el presente examen constitucional recaer\u00e1 -exclusivamente- sobre la segunda de tales determinaciones, toda vez que fue donde se estudiaron los reparos que ahora exponen las querellantes por esta senda excepcional. <\/p>\n
Al escrutarse tal directriz (4 oct. 2022), se aprecia que no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa adjetiva que rige la materia y la jurisprudencia aplicable al caso, de ah\u00ed que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para llegar a dicha conjetura, el juzgador precis\u00f3: <\/p>\n
Partamos por recordar que la naturaleza de la acci\u00f3n de grupo es patrimonial y resarcitoria, pues deben ser \u201cinterpuestas por un n\u00famero plural o un conjunto de personas que re\u00fanen condiciones uniformes respecto de una misma causa que origin\u00f3 perjuicios individuales para dichas personas\u201d, por lo tanto, resulta claro que la norma que regula la competencia para conocer de la acci\u00f3n de grupo es la consagrada en los art\u00edculos 50 y 51 de la Ley 472 de 1998. Lo anterior, al margen de que las demandadas argumenten que le corresponde a las entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Polic\u00eda Nacional decidir sobre el contenido de la mayor\u00eda de las pretensiones y que en su sentir no le corresponde por competencia a esta sede judicial realizar pronunciamiento alguno. <\/p>\n
Al respecto, el Despacho hace \u00e9nfasis que lo que aqu\u00ed se discute es la competencia para tramitar la acci\u00f3n de grupo y no entrar a escudri\u00f1ar cada una de las pretensiones pues se estar\u00eda entrando a atacar el fondo del asunto, cuando es dentro del debate probatorio y con la aplicaci\u00f3n de la normatividad que regula la presente acci\u00f3n, el escenario para determinar la prosperidad o no de cada una de las pretensiones formuladas es la decisi\u00f3n que zanje la litis; determinando para el efecto como lo ha sostenido la Corte Constitucional en Sentencia C-569 de 2004 que dentro de la presente acci\u00f3n se puede discutir pretensiones diferentes a las pecuniarias por cuanto la naturaleza indemnizatoria \u201c(\u2026) debe ser interpretada por los operadores jur\u00eddicos de manera amplia, esto es, que ella no s\u00f3lo cubre la indemnizaci\u00f3n por pago de un equivalente monetario, sino tambi\u00e9n, tal y como lo han indicado la doctrina y la pr\u00e1ctica jurisprudencial comparada, otras formas de indemnizaci\u00f3n, como el restablecimiento del derecho in natura o la imposici\u00f3n de obligaciones de hacer que no tienen estrictamente equivalente pecuniario, pero que permiten restablecer y dejar indemne el derecho que fue vulnerado\u201d (archivo 18AutoNoRepone20221004.pdf.). <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, no cabe duda de que el iudex recriminado acert\u00f3 en revalidar lo que defini\u00f3 inicialmente, en la medida que lo hizo en consonancia con la \u00abnormatividad\u00bb y la \u00abjurisprudencia\u00bb relacionada con el t\u00f3pico tratado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como bien lo anot\u00f3 dicho funcionario, la prosperidad de las aspiraciones incoadas es un tema que se debe dilucidar en la sentencia, m\u00e1s no previamente en el umbral del pleito, m\u00e1xime cuando no se ha agotado el periodo probatorio. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, para esta Corte no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como buscan las impulsoras, quienes aspiran a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la tem\u00e1tica tratada, sin que tal designio se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb con el fin de discutir los \u00abargumentos\u00bb f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3172-2022). <\/p>\n
3.- Ergo, se avalar\u00e1 el prove\u00eddo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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