STC16560-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16560-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04267-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia. Al tr\u00e1mite fueron integrados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la dependencia jurisdiccional repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se entiende, restar efecto a la resoluci\u00f3n proferida, en segundo grado, dentro del expediente popular n.\u00b0 \u00ab66682 31 03 001 2021 00171 01\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se surti\u00f3 el descrito litigio colectivo, por demanda del tutelante contra Jos\u00e9 Hern\u00e1n Franco Arbel\u00e1ez, como propietario del establecimiento de comercio \u00abAlmac\u00e9n Navidad Francos Confecciones y Decoraci\u00f3n\u00bb, de cuyo cauce provino fallo favorable el 8 de octubre de 2021, sin condena en costas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Pronunciamiento confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, en virtud de sentencia de 31 de octubre de la anualidad en curso, en sede de apelaci\u00f3n del all\u00ed y ahora promotor, as\u00ed como de la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o (a la que se le impuso costas en esa instancia) y la vinculada Alcald\u00eda de aquel municipio risaraldense. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El gestor del pedimento de amparo de marras critic\u00f3, en estricto compendio, que la colegiatura requerida rehusara fijarle \u00abagencias en derecho en ambas instancias\u00bb, pues lo cierto es que su s\u00faplica colectiva \u00abSALI[\u00d3] TRIUNFANTE\u00bb y, en gracia de discusi\u00f3n, no pod\u00eda renunciar a costas, cual lo hizo en primer nivel, m\u00e1xime si tales expensas \u00abERAN UNA MERA EXPECTATIVA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego y, en paralelo, opt\u00f3 por librar las comunicaciones de h\u00e1bito. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, enunci\u00f3 que la acudida es insubsistente, por pertinencia de su proveimiento. Ados\u00f3 copia del plenario disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal comparti\u00f3 enlace y certificaci\u00f3n de part\u00edcipes en la foliatura popular. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 6\u00b0 Judicial Civil II Delegada tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en contra del \u00e9xito de la clama. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de activar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de ayuda. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corresponde auscultar en sus cimientos la sentencia proferida en apelaci\u00f3n por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, el 31 de octubre postrero, dentro del paginario colectivo n.\u00b0 \u00ab2021-00171\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[S]e aduce por el quejoso [recurrente], que (\u2026) la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales y (\u2026) solicit\u00f3 [que sea] condenada en costas… <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed, se advierte que, el reconocimiento de costas a cargo del ente territorial, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto, la acci\u00f3n popular estaba dirigida a proteger el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y ped\u00eda ordenar la construcci\u00f3n de una rampa al propietario del establecimiento de comercio accionado, quien es, en este caso, el \u00fanico sujeto pasivo de la acci\u00f3n; y, si bien en la demanda se dice que la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales de protecci\u00f3n y bienestar de las personas con movilidad reducida, es raz\u00f3n insuficiente para convertir al ente territorial en parte accionada, pues no fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal (art\u00edculo 21 Ley 472 de 1998), que establece, en el auto que admita la demanda \u201c\u2026Adem\u00e1s, se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado.\u201d, lo que lo convierte en un tercero, un interviniente que no es sujeto de pretensiones, diferente a tener la calidad de ser parte. <\/p>\n
Se comparten entonces los argumentos de la funcionaria de primera instancia para desestimar la condena en costas a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal, quien indic\u00f3, que \u201c\u2026la calidad que \u00e9ste (sic) ostenta en el proceso es la de \u201cvinculado\u201d tal como se explic\u00f3 ampliamente al inicio de estas consideraciones; en efecto, no es el ente territorial el responsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni es frente a dicha entidad que se erige la orden de amparo que se emitir\u00e1; (\u2026) pero no puede tenerse al ente territorial como parte vencida en el proceso y por ende la condena en costas resulta improcedente.\u201d; sin duda alguna, la condena en costas aplica, \u00fanica y exclusivamente, a la parte vencida en el proceso\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, lo que descarta las trasgresiones atribuidas, las cuales, por ende, no son de recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el ac\u00e1 quejoso revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal requerido dispuso I) mantener la no imposici\u00f3n de condena en \u00abcostas\u00bb en primera instancia, frente al municipio de Santa Rosa de Cabal, dentro del pleito popular n.\u00b0 \u00ab2021-00171\u00bb (sustento de la apelaci\u00f3n de fallo), luego de concluir, en resumen, que dicho ente territorial no fue la \u00abparte vencida\u00bb del juicio, pues compareci\u00f3 all\u00ed simplemente como vinculado conforme al canon 21, inciso final, de la ley 472 de 1998, de donde, se agrega, el aspecto ata\u00f1edero a que nunca hubo renuncia a las \u00abagencias en derecho\u00bb omiti\u00f3 aducirlo aquel al momento de recurrir, fluyendo novedosa e inviable esa alegaci\u00f3n en esta iusfundamental justicia; y II) rehusar la fijaci\u00f3n \u2013en su favor\u2013 de tales expensas, en segundo grado, ante el fracaso de la alzada. <\/p>\n
Planteamientos que son dif\u00edciles de desaprobar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del basamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si de relieve se pone que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una [cierta] interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado, sin m\u00e1s, conlleva a cerrar paso a la petici\u00f3n de salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el resguardo implorado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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