STC16571-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC16571-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04315-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Juan Carlos Ni\u00f1o Moreno instaur\u00f3 contra la Embajada de Canad\u00e1 ante Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, petici\u00f3n, dignidad humana, y unidad familiar\u00bb, para que se ordenara a la agencia diplom\u00e1tica convocada, (i) \u00abEmita la respuesta con una soluci\u00f3n de fondo a todas las pretensiones, y las que en lo sucesivo se causen, porque [est\u00e1] a puertas de la p\u00e9rdida de un detrimento patrimonial (\u2026)\u00bb y, (ii) \u00ab(\u2026) entregar el respectivo visado toda vez que se [le] vulneraron derechos fundamentales, la accionada PREFIRI\u00d3 rechazar[le] la visa de turismo por encima de dar respuesta a la petici\u00f3n, a pesar de que cumpli[\u00f3] con todas las caracter\u00edsticas que se requieren para acceder a la visa de turismo, y m\u00e1s aun ofreciendo tiempos de aprobaci\u00f3n que no cumplieron y tampoco informaron con antelaci\u00f3n, esto gener\u00f3 problemas personales, laborales y econ\u00f3micos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En apoyo adujo que el 29 de abril de 2022 solicit\u00f3 \u00ablas visas de turismo\u00bb para \u00e9l y su esposa Erika Yulieth Vergara Vergara, para poder salir del pa\u00eds a visitar a su hermana \u00c1ngela Patricia Ni\u00f1o Moreno, y, pese a que \u00ab[han] cancelado planes, cambiado fechas de vacaciones en [sus] trabajos [son] una pareja de esposos con la capacidad econ\u00f3mica, sin antecedentes delincuenciales y con el apoyo de [su] hermana en Canad\u00e1 para poder acompa\u00f1arla en su larga soledad lejos de su familia (\u2026)\u00bb, no les fue otorgadas, por lo que, radic\u00f3 petici\u00f3n el pasado 2 de noviembre, requiriendo (i) La entrega del visado y, (ii) En caso de negativa por cualquier motivo, la devoluci\u00f3n de lo cancelado en su totalidad; empero, no ha existido pronunciamiento alguno. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abla accionada no solo no respondi\u00f3 [su] petici\u00f3n, sino que emiti\u00f3 un acto administrativo donde [les] niega la visa por razones que a la luz no son del todo ciertas (\u2026) con la carta de rechazo recibida justo antes de los t\u00e9rminos de respuesta de la petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Ministerio de Relaciones Exteriores resalt\u00f3 que \u00ablas misiones diplom\u00e1ticas est\u00e1n gobernadas por un r\u00e9gimen especial de inmunidades y privilegios los cuales est\u00e1n contenidos en la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas de 1961, aprobada por la ley 6 de 1972\u00bb, por lo que, \u00ab(\u2026) no est\u00e1n sujetas a los plazos establecidos por las instancias judiciales colombianas para responder a los autos u oficios proferidos en el marco de procesos que cursen en las mismas (\u2026)\u00bb. En consecuencia, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y enfatiz\u00f3 en el \u00abrespeto al principio de la territorialidad de la ley y la Soberan\u00eda de los Estados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como es sabido, la \u00abacci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de las prerrogativas b\u00e1sicas, cuando \u00e9stas resulten vulneradas o amenazadas de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.- Mem\u00f3rese Tambi\u00e9n, que el car\u00e1cter de fundamental del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb est\u00e1 reconocido expresamente en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana y se traduce en la posibilidad de acudir ante las \u00abautoridades\u00bb, y excepcionalmente ante los \u00abparticulares\u00bb, con el fin de obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que tengan correspondencia con lo requerido, y que se den a conocer al interesado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley. <\/p>\n
En este sentido se entiende que la esencia de la garant\u00eda comentada comprende: (i) Pronta resoluci\u00f3n, (ii) Respuesta de fondo y, (iii) Notificaci\u00f3n de esta al interesado, sin que el \u00abderecho a que se emita un pronunciamiento\u00bb, pueda confundirse con acceder a lo pedido, concepto este \u00faltimo que no hace parte del \u00abn\u00facleo esencial de la garant\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n
3.- En el sub lite, Juan Carlos Ni\u00f1o Moreno pretende que se mande a la Embajada de Canad\u00e1 en Colombia, resolver el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que le formul\u00f3 el 2 de noviembre \u00faltimo, relacionado con la \u00abentrega del visado\u00bb y, en caso negativo, \u00abla devoluci\u00f3n de lo cancelado en su totalidad\u00bb; no obstante, el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1.- Esta Magistratura ha sostenido en pret\u00e9ritas oportunidades que la filosof\u00eda del art\u00edculo 86 constitucional, en concordancia con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, permite concluir, que las \u00abautoridades p\u00fablicas\u00bb a las que all\u00ed se alude son las colombianas y no las extranjeras, como lo es la Embajada cuestionada, raz\u00f3n por la cual en esta sede excepcional, no es posible emitir orden alguna contra esta, en raz\u00f3n a que un una conducta de esa naturaleza conculcar\u00eda directamente el principio de \u00abinmunidad jurisdiccional de los Estados\u00bb. <\/p>\n
Esta Corte, en asuntos similares al aqu\u00ed analizado, precis\u00f3, que las Embajadas gozan de \u00abinmunidad diplom\u00e1tica\u00bb y, por tanto, \u00ablas \u00f3rdenes del juez constitucional no pueden recaer sobre los beneficiarios de esta figura de derecho internacional\u00bb. (STC3829-2016, STC15926-2017 y STC10222-2021) y, que, \u00abun Estado no pued[a] ser demandado ni sometido a juicio ante los Tribunales de otro, como tampoco puede ser objeto del imperio de las decisiones judiciales y administrativas, adoptadas por los \u00f3rganos de otra organizaci\u00f3n pol\u00edtica estatal\u00bb (Cit.). <\/p>\n
la competencia del juez constitucional est\u00e1 limitada al territorio de su jurisdicci\u00f3n; en trat\u00e1ndose de hechos o presuntas violaciones de derechos fundamentales endilgados a un pa\u00eds extranjero, como ocurre en este caso, carece de competencia para dirimir el conflicto, pues su jurisdicci\u00f3n no puede traspasar las fronteras del Estado. En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026), en fallo de tutela No. 1931 de 12 de septiembre de 1995, donde al respecto dijo: \u201cEn efecto, el juez constitucional no tiene competencia para resolver conflictos jur\u00eddicos que involucran Estados extranjeros, pues su jurisdicci\u00f3n territorial no trasciende los l\u00edmites del Estado colombiano; tampoco la tiene frente a sus agentes diplom\u00e1ticos, teniendo en cuenta que de acuerdo con el art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas incorporadas a nuestro derecho interno por medio de la ley 6\u00aa. de 1972, gozan de inmunidad de jurisdicci\u00f3n\u201d. Argumento que entre otras es coincidente con la jurisprudencia constitucional al respecto. Acci\u00f3n de tutela de 2 de noviembre de 2004, exp. No. 110010203000200401196 (\u2026). <\/p>\n
Precisamente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado consider\u00f3 que \u201cla comunidad internacional, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, ha convenido el establecimiento de normas sobre relaciones, deberes, derechos, prerrogativas e inmunidades de misiones, oficinas, agentes diplom\u00e1ticos y consulares, con el objeto de garantizar mediante su observancia el desempe\u00f1o de sus labores en condiciones de libertad e independencia, de manera que permita el normal desarrollo de las relaciones mutuas.\u2019 <\/p>\n
\u2018Tanto el derecho internacional, particularmente el diplom\u00e1tico, como la costumbre internacional, han desarrollado diferentes instrumentos que otorgan facilidades a las misiones, oficinas y funcionarios para el pleno ejercicio de sus actividades. Han sido denominados por las normas, la costumbre y la doctrina, privilegio, inmunidad e inviolabilidad, y son consecuencia de la llamada extraterritorialidad o extrajurisdicci\u00f3n.\u2019 <\/p>\n
\u2018As\u00ed, se distingue la inmunidad como una exenci\u00f3n de sometimiento a la jurisdicci\u00f3n local de ciertas personas o cosas, que tiene por objeto principalmente una abstenci\u00f3n (non facere) del Estado ante el cual est\u00e1 acreditado el diplom\u00e1tico y trae como consecuencia que las autoridades locales no puedan realizar ning\u00fan acto de intromisi\u00f3n en ellas, ya sean autoridades judiciales, administrativas, policiales o militares, salvo que el agente acreditado lo solicite expresamente. Por su parte la inviolabilidad impone al Estado receptor una acci\u00f3n (facere), de protecci\u00f3n especial contra los ataques il\u00edcitos\u201d (Concepto de 9 de febrero de 2000. Radicaci\u00f3n No. 1244). <\/p>\n
\u201cEn ese orden de ideas, la Misi\u00f3n Diplom\u00e1tica como son el Estado mismo del gobierno que lo acredit\u00f3, y por ende se halla protegido por las normas jur\u00eddicas que regulan las relaciones internacionales, aparte que no est\u00e1n subordinados a la jurisdicci\u00f3n del Estado que los recibe y gozan de inmunidad en relaci\u00f3n con el ejercicio de sus funciones; tales misiones diplom\u00e1ticas no pueden ser sujeto pasivo de la acci\u00f3n de tutela, en vista de que, adem\u00e1s, no son autoridades p\u00fablicas del Estado Colombiano, ni un particular contra quien excepcionalmente pueda plantearse el recurso de amparo\u201d (auto de 30 de julio de 2010, Exp. T. No. 01230-00) -CSJ ATC, 30 ago. 2010, rad. 2010-00156-00; criterio reiterado en CSJ STC1802-2016-. <\/p>\n
4.- Aunado a lo anterior, se aclara que el caso propuesto en el sub examine, es diferente de aqu\u00e9llos en los que en este especial sendero se ha resguardado el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb contra \u00abautoridades extranjeras, ya que la \u00abexcepci\u00f3n\u00bb prevista por la \u00abjurisprudencia constitucional\u00bb en esos eventos, se refiere \u00fanicamente a asuntos en los que los accionantes son ex-trabajadores de las delegaciones diplom\u00e1ticas acusadas y sus \u00absolicitudes\u00bb est\u00e1n relacionadas con prestaciones de origen laboral, lo que aqu\u00ed no acontece. <\/p>\n
Respecto a dicho tema, el M\u00e1ximo Tribunal Constitucional ha predicado: <\/p>\n
desde la perspectiva del principio de inmunidad de jurisdicci\u00f3n restringida, especialmente desarrollado para el \u00e1mbito laboral, y la defensa de la soberan\u00eda del Estado colombiano \u201cse considera que los organismos internacionales si est\u00e1n obligados a dar respuesta directa a las peticiones respetuosas presentadas por los ciudadanos en el territorio nacional\u201d si se cumplen, en principio, los siguientes criterios: <\/p>\n
<\/p>\n
(i) Cuando la respuesta a la petici\u00f3n no amenace la soberan\u00eda, independencia e igualdad de los Estados; y en el caso de los organismos y agencias internacionales, no ponga en riesgo la autonom\u00eda que necesitan para el cumplimiento de su mandato <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) Cuando de la respuesta a la petici\u00f3n dependa la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, al trabajo y a la seguridad social de quien tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n respecto de la misi\u00f3n diplom\u00e1tica o el organismo internacional <\/p>\n
<\/p>\n
(iii) Cuando de la respuesta a la petici\u00f3n presentada dependa la protecci\u00f3n de derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional. (CC T-344\/13, en la cual se alude a la CC T-667\/11). <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, surge inviable el socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela formulada por Juan Carlos Ni\u00f1o Moreno. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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