STC16574-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16574-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04192-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su agenciado al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia a \u00abla presunci\u00f3n de inocencia\u00bb y a la libertad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia \u00abrevocar las sentencias del 23 de enero de 2020 proferida por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, proferida dentro del radicado 110016000013200807802 y la sentencia de segunda instancia de fecha 27 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal\u00bb en consecuencia \u00abdejar sin efecto alguno los fallos judiciales antes aludidos y el restablecimiento al derecho a la libertad\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La accionante afirma que el proceso penal antes individualizado comenz\u00f3 por una falsa denuncia por \u00ababuso sexual\u00bb, que Luz Nelly Pardo Pe\u00f1aloza present\u00f3 en contra de su hermano \u00c1lvaro Antonio D\u00edaz Saavedra el 23 de septiembre de 2008; la imputaci\u00f3n de cargos a \u00e9ste se dio transcurridos 5 a\u00f1os desde la recepci\u00f3n de la noticia criminal, cuando dicho lapso no pod\u00eda ser superior a 3 a\u00f1os; dentro del juico se tuvo por v\u00e1lido el testimonio del hijo de la supuesta v\u00edctima, pese que el joven no presenci\u00f3 tales hechos, ni pudo hacerlo porque al momento de la supuesta ocurrencia de los mismos deb\u00eda estar en el colegio; existe una minuta que demuestra que para la fecha de los hechos denunciados su hermano se encontraba desarrollando sus labores como agente de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
2.2. Agreg\u00f3 que se malinterpret\u00f3 el testimonio de Wilmer Lucum\u00ed Castillo; que lo que respondi\u00f3 la v\u00edctima al interrogatorio que le hizo la representante del ministerio p\u00fablico da a entender que el hecho delictivo no ocurri\u00f3 en varias ocasiones; el dictamen de medicinal legal no fue contundente en demostrar que se hubiera dado el acto sexual; en suma, la denuncia contra su hermano fue presentada por Luz Nelly Pardo Pe\u00f1alosa como represalia contra aquel por haberle solicitado el divorcio luego de que \u00e9l la descubriera cometiendo un acto de infidelidad, situaciones que no fueron sopesadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al resolver la apelaci\u00f3n contra la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, ni por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando en prove\u00eddo AP3298-2021 inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra el precitado fallo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Corte anticipa la improcedencia del resguardo impetrado a favor de \u00c1lvaro Antonio D\u00edaz Saavedra, comoquiera que Sara Janeth D\u00edaz Saavedra carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso penal objeto de censura, por no ser parte de esa contienda, no aportar poder especial para actuar en esta tutela, ni demostrar los supuestos que validaran su proceder como agente oficiosa de aquel, toda vez que, los argumentos presentados en el escrito subsanatorio, no satisfacen los elementos necesarios para que opere dicha figura. <\/p>\n
Respecto a la legitimaci\u00f3n para instaurar este mecanismo excepcional, partiendo del alcance del art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso. (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de agencia oficiosa, especialmente, de las personas privadas de la libertad, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos penales que, por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes\u2026Esas investigaciones s\u00f3lo tuvieron como acusados a (i)\u2026 Duarte Prada\u2026 y a (ii) \u2026 Torres\u2026-. En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de las circunstancias f\u00e1cticas del caso no se infiere la dificultad o imposibilidad del condenado para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados. Por el contrario, las acciones ejecutadas de manera directa por el se\u00f1or Torres dan cuenta que, a pesar de estar recluido en la C\u00e1rcel La Picota de Bogot\u00e1, se le ha facilitado desplegar las gestiones necesarias para su defensa. Ejemplo de ello es que dos (2) meses antes, esto es, el 30 de agosto de 2016, interpuso la primera acci\u00f3n de tutela ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 contra el Juzgado Octavo Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento de la misma ciudad, invocando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y la libertad (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se advierte que Sara Janeth D\u00edaz Saavedra no es parte ni interviniente en el tr\u00e1mite penal atacado, no alleg\u00f3 poder especial a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n del condenado, ni demostr\u00f3 los supuestos que validaran la condici\u00f3n de agente oficiosa que se irrog\u00f3, es evidente que no puede promover el resguardo para atacar las determinaciones all\u00ed adoptadas, destacando que a pesar de que \u00c1lvaro Antonio D\u00edaz Saavedra est\u00e1 privado de la libertad por la pena principal de reclusi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada, ello por s\u00ed mismo no es \u00f3bice para que aqu\u00e9l pueda acudir directamente a la solicitud de amparo, pues dispone de los servicios establecidos para la recepci\u00f3n de tutelas y cualquier tipo de documentaci\u00f3n al interior del centro carcelario, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 58 de la Ley 65 de 19931. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 58. Derecho de petici\u00f3n, informaci\u00f3n y queja. Todo interno recibir\u00e1 a su ingreso, informaci\u00f3n apropiada sobre el r\u00e9gimen del establecimiento de reclusi\u00f3n, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16574-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16574-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04192-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69682","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69682","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69682"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69682\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69682"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69682"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69682"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}