STC16575-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16575-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-02043-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Carlos Julio Luj\u00e1n Delgado frente al fallo de 25 de octubre de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el recurrente contra la Sala De Descongesti\u00f3n n\u00b03 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b005001-31-05-013-2017-00329-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3, en s\u00edntesis, dejar sin efecto la sentencia que emiti\u00f3 la hom\u00f3loga especializada (SL2035 del 15 de junio de 2022), y que, en su lugar, se dicte una nueva que aplique el criterio jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional referente a la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
Tal pedimento fue sustentado, en lo medular, en que instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Protecci\u00f3n S.A para que se le reconociera la pensi\u00f3n por invalidez, teniendo en cuenta que, contaba con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 60.3% con fecha de estructuraci\u00f3n de 5 de octubre de 2014, data a la que hab\u00eda cotizado 47.85 semanas, naci\u00f3 el 10 de diciembre de 1975, por lo que en la actualidad cuenta con 47 a\u00f1os1; en primera instancia se negaron sus pretensiones, al resolver la alzada el Tribunal revoc\u00f3 el fallo y conden\u00f3 a la entidad, por lo que esta propuso casaci\u00f3n, la Sala hom\u00f3loga en Laboral cas\u00f3 la providencia (SL2035-2022) al considerar que, debido a la fecha de estructuraci\u00f3n (5 oct. 2014), la norma aplicable era el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, por lo que no era procedente reconocer la prestaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la Magistratura incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, porque desconoci\u00f3 el precedente constitucional establecido en las sentencias T-730 de 2014 y T-569 de 2015, en donde no se fija l\u00edmite temporal para la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n accionada solicit\u00f3 se negara la acci\u00f3n constitucional al haber resuelto bajo el amparo de la ley, el criterio jurisprudencial y las pruebas aportadas. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el amparo por encontrar razonable lo resuelto por la sala hom\u00f3loga en laboral. <\/p>\n
4.- El libelista se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, porque no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho y menos el agravio a prerrogativas fundamentales, que habilite la intervenci\u00f3n de esta justicia especial. <\/p>\n
Revisada la providencia SL2035-2022, se avizora que, al estudiar el cargo formulado por la entidad demandada, la colegiatura no desat\u00f3 el recurso de forma caprichosa; por el contrario, lo decidido obedece a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la norma que rige el tema de pensiones por invalidez, as\u00ed como la jurisprudencia emitida por este \u00f3rgano judicial y la Corte Constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Magistratura al momento de resolver el cargo incoado por la casacionista, abord\u00f3 los criterios jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema sobre la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Al respecto expuso: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de pensiones de sobrevivientes e invalidez, que no cuentan con un esquema de transici\u00f3n, la Corte opt\u00f3 por aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, que implica hacer producir efectos a la norma anterior \u00abcuando en su vigencia se cumplan los supuestos de la norma relativos al n\u00famero m\u00ednimo de cotizaciones, porque en esos eventos se protegen las expectativas leg\u00edtimas del asegurado\u00bb que cumpli\u00f3 tales requisitos, pero no logr\u00f3 consolidar el derecho, debido a que \u00abdurante el tiempo que tuvo vigor el precepto no se estructur\u00f3 el riesgo\u00bb (CSJ SL13747-2015). <\/p>\n
La Corte tiene definido que la producci\u00f3n de efectos positivos del principio est\u00e1 restringida al r\u00e9gimen pensional inmediatamente anterior, y que no es viable dar aplicaci\u00f3n de forma plus ultractiva, a ordenamientos pret\u00e9ritos. En otras palabras, es improcedente la b\u00fasqueda hist\u00f3rica de legislaciones anteriores, a fin de ubicar una que se adec\u00fae a las condiciones particulares del causante o le resulte m\u00e1s favorable. Ha sido invariable el criterio de que semejante soluci\u00f3n desconocer\u00eda que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y rigen a futuro y generar\u00eda una indeseable inseguridad jur\u00eddica (CSJ SL15617-2016 y CSJ SL1884-2020). (Negrillas de ahora). <\/p>\n
Para explicar las razones de su disentimiento respecto a la postura de la hom\u00f3loga Constitucional, argument\u00f3: <\/p>\n
En esa misma direcci\u00f3n, cobra sentido recordar que si bien, mediante sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, se opt\u00f3 por permitir la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, tambi\u00e9n se precis\u00f3 que ello no implica que el r\u00e9gimen pensional anterior pueda perpetuarse en el tiempo, en desmedro de reformas legislativas posteriores. En fallo CSJ SL1884-2020, se adoctrin\u00f3: <\/p>\n
La caracter\u00edstica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un r\u00e9gimen que en un tiempo pret\u00e9rito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n se orienta a conservar un r\u00e9gimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condici\u00f3n relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidaci\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se sit\u00faa en un lugar m\u00e1s all\u00e1 de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa leg\u00edtima tutelable por el ordenamiento jur\u00eddico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidaci\u00f3n de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condici\u00f3n ulterior, s\u00ed genera la confianza fundada que el r\u00e9gimen en que estaba incurso y en el que cumpli\u00f3 algunos presupuestos, ser\u00e1 respetado. <\/p>\n
Sin embargo, su aplicaci\u00f3n no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislaci\u00f3n e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de inter\u00e9s general, de las cuales dependa la realizaci\u00f3n y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicaci\u00f3n debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de inter\u00e9s p\u00fablico y social. <\/p>\n
A partir de la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, la Corte adoctrin\u00f3 la posibilidad de aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003. Empero, se advirti\u00f3 que ello solo ser\u00eda posible, cuando el requisito de semanas exigido en la norma anterior y la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, se cumplieran dentro de los 3 a\u00f1os siguientes a la entrada en vigor de la nueva ley; para el caso, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 26 de diciembre de 2006. <\/p>\n
En el prop\u00f3sito de dejar claro cu\u00e1ndo se est\u00e1 ante una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta merecedora de protecci\u00f3n, en sentencia CSJ SL2358-2017 se fijaron una serie de reglas, a saber: <\/p>\n
3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
<\/p>\n
a. Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003. <\/p>\n
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y <\/p>\n
<\/p>\n
2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo <\/p>\n
a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. <\/p>\n
b) Que hubiese aportado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002. <\/p>\n
c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006. <\/p>\n
d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y <\/p>\n
e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el a\u00f1o que antecede a su invalidez. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalid\u00f3 no estaba cotizando. <\/p>\n
La situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, se encontraba cotizando al sistema y hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo. <\/p>\n
Si el mencionado afiliado, adem\u00e1s, no estaba cotizando para la \u00e9poca del siniestro de la invalidez – \u00abhecho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u00bb- que debe sobrevenir entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, pero ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior a dicho estado, es beneficiario de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Acontece, sin embargo, que, de no verificarse este \u00faltimo supuesto, al afiliado no lo cobija tal postulado. <\/p>\n
Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le hab\u00eda aportado 26 semanas o m\u00e1s en cualquier tiempo, no goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalid\u00f3 estaba cotizando. <\/p>\n
Ac\u00e1, la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema pero hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002. <\/p>\n
Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la invalidez – \u00abhecho que hace exigible el acceso a la pensi\u00f3n\u00bb- que debe suceder entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, y ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el cualquier tiempo, igualmente ser\u00e1 beneficiario de la aplicaci\u00f3n del postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. La sala juzga pertinente advertir que de no cumplirse este \u00faltimo supuesto, al afiliado no lo ampara dicho principio. <\/p>\n
En el mismo sentido que en el caso delantero, y a\u00fan a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco hab\u00eda aportado 26 o m\u00e1s semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2002, no posee una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
Luego, concluy\u00f3 que no era procedente aplicar dicha protecci\u00f3n especial en el caso expuesto por el gestor: <\/p>\n
Vuelta la vista sobre los supuestos f\u00e1cticos indiscutidos mencionados al inicio, a no dudarlo, la censura tiene raz\u00f3n, dado que la situaci\u00f3n del afiliado no encaja en el marco delineado por la doctrina de esta Corte. El hecho de que la invalidez de Luj\u00e1n Delgado sobreviniera el 5 de octubre de 2014, despu\u00e9s de pasados 7 a\u00f1os del l\u00edmite fijado por la jurisprudencia como zona de paso, no permite soluci\u00f3n diferente a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1 de la Ley de 860 de 2003, por encontrarse en plena vigencia (sentencia CSJ SL2358-2017). <\/p>\n
Lo expuesto, es suficiente para dar por acreditado el yerro jur\u00eddico enrostrado por la recurrente. Se casar\u00e1 la sentencia gravada. (Negrillas de ahora). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
IX. SENTENCIA DE INSTANCIA <\/p>\n
Dado que el soporte de la alzada del accionante radic\u00f3 en la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, basta lo explicado en sede extraordinaria para concluir que no dej\u00f3 causada la pensi\u00f3n de invalidez, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993. Se dej\u00f3 expuesto que, como la invalidez se estructur\u00f3 el 5 de octubre de 2014, por fuera del l\u00edmite temporal fijado por la jurisprudencia, la controversia debe dirimirse bajo los par\u00e1metros del art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyas exigencias el demandante no satisfizo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto en cita, tras reconocer la postura de esta Corte respecto a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, fue determinante en precisar que, para aplicar la tesis pretendida, el actor debi\u00f3 cumplir los requisitos exigidos en la sentencia SL2358-2017, es decir, \u00abque la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006\u00bb; sin embargo, evidenci\u00f3 que la estructuraci\u00f3n de Luj\u00e1n Delgado sobrevino el 5 de octubre de 2014, por lo que concluy\u00f3 que no pod\u00eda ser aplicado el mencionado principio y que la norma que regir\u00eda el asunto no ser\u00eda la Ley 100 de 1993, sino la Ley 860 de 2003, r\u00e9gimen bajo el cual, no era procedente reconocer la prestaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Vale recordar que en las sentencias CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, reiteradas, entre otras, en las CSJ SL2547-2020 y CSJ SL855-2021, esta Corporaci\u00f3n, expres\u00f3 las razones y motivos por los cuales se apartaba del precedente constitucional de la Corte Constitucional sobre la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa: <\/p>\n
[\u2026] La caracter\u00edstica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un r\u00e9gimen que en un tiempo pret\u00e9rito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n se orienta a conservar un r\u00e9gimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condici\u00f3n relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidaci\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se sit\u00faa en un lugar m\u00e1s all\u00e1 de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa leg\u00edtima tutelable por el ordenamiento jur\u00eddico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidaci\u00f3n de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condici\u00f3n ulterior, s\u00ed genera la confianza fundada que el r\u00e9gimen en que estaba incurso y en el que cumpli\u00f3 algunos presupuestos, ser\u00e1 respetado. <\/p>\n
Sin embargo, su aplicaci\u00f3n no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislaci\u00f3n e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de inter\u00e9s general, de las cuales dependa la realizaci\u00f3n y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicaci\u00f3n debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de inter\u00e9s p\u00fablico y social. <\/p>\n
En esta direcci\u00f3n, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 4 dic. 1995, rad. 7964 indic\u00f3 que este postulado \u00abno es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas econ\u00f3micas y jur\u00eddicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas s\u00f3lo (sic) es humana y jur\u00eddicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el inter\u00e9s general reconocido (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed, que el delimitar la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a la norma inmediatamente anterior sirve a varios prop\u00f3sitos: <\/p>\n
(i) Si la potestad de configuraci\u00f3n de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del sistema, no tiene sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello har\u00eda nugatorios todos los prop\u00f3sitos econ\u00f3micos y sociales que pretenden lograrse con una reforma. <\/p>\n
(ii) Si los reg\u00edmenes de transici\u00f3n, en esencia, siempre son temporales, no hay raz\u00f3n alguna que justifique que la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, as\u00ed bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende. <\/p>\n
(iii) Tal restricci\u00f3n contribuye a la preservaci\u00f3n de otro valor fundamental: la seguridad jur\u00eddica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jur\u00eddicas que emplear\u00e1n los jueces en la soluci\u00f3n de las controversias que se sometan a su consideraci\u00f3n, sin que les sea posible acudir a una b\u00fasqueda hist\u00f3rica para determinar la norma que m\u00e1s convenga a una situaci\u00f3n particular; la aplicaci\u00f3n del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, si la finalidad del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa es proteger expectativas leg\u00edtimas que puede cambiar el legislador con apego a los par\u00e1metros constitucionales, no tiene sentido que su aplicaci\u00f3n permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros t\u00e9rminos, resulte indefinida en todos los tr\u00e1nsitos legislativos que puedan generarse en la configuraci\u00f3n del sistema pensional, de por s\u00ed, de larga duraci\u00f3n [\u2026]. (Negrillas de ahora). <\/p>\n
Asimismo, la hom\u00f3loga Laboral ha asegurado que: <\/p>\n
Es preciso indicar, que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Conceder tal prestaci\u00f3n seg\u00fan la tesis propuesta por el impugnante, ser\u00eda tanto como desconocer de manera frontal el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicaci\u00f3n a una disposici\u00f3n que, de manera expresa, fue derogada. (Negrillas de ahora). <\/p>\n
Ahora, respecto a la obligatoriedad del precedente constitucional, debe tenerse en cuenta que, si bien la Corte Constitucional ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, tambi\u00e9n ha diferenciado los efectos de las decisiones de control abstracto de constitucionalidad y de las providencias de acciones de tutela, teniendo las primeras efectos erga omnes y por ende, fuerza vinculante especial y obligatoria; mientras que las otras, aunque tambi\u00e9n tienen fuerza vinculante, permiten que el juez se aparte de sus proposiciones siempre que esgrima una argumentaci\u00f3n suficiente;2 por lo que no puede endilgarse una v\u00eda de hecho a la Sala convocada por apartarse del referido criterio. <\/p>\n
En ese sentido, cabe se\u00f1alar tambi\u00e9n que, respecto a los precedentes citados por el accionante para fundamentar las s\u00faplicas (T-730 de 2014 y T-569 de 2015), cada uno de esos casos tienen unas particularidades que lo diferencian de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera id\u00e9ntica, a\u00fan m\u00e1s cuando las sentencias proferidas dentro de estos asuntos generan efecto inter partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996 que prev\u00e9: \u00ablas decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct.). <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe confirmarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por el promotor, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 SU-611-2017 <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16575-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16575-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-02043-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Carlos Julio Luj\u00e1n Delgado frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69683","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69683"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69683\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}