STC16577-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16577-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04259-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por el estrado acusado porque, en concreto, en la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra David Card\u00f3n G\u00f3mez Mej\u00eda, como propietario del establecimiento de comercio Restaurante Panader\u00eda y Pasteler\u00eda Pan del Trigo (rad. 2021-00223), el 23 de noviembre de 2022 dict\u00f3 sentencia de segunda instancia confirmando la del a-quo, en la cual, a pesar de ampararse la garant\u00eda colectiva invocada, se negaron \u00ablas agencias en derecho[,] en ambas\u2026[,] a [su] favor, olvidando que manifest[\u00f3] que no desist\u00eda de ellas\u2026 contra la parte vencida\u2026, pues la juzgadora en 1 (sic) instancia nunca pudo aceptar [su] desistimiento de [esas] agencias\u2026, pues cuando lo hi[zo]\u2026 no hab\u00edan sido decretadas a [su] favor por ninguna autoridad judicial y eran mera expectativa, mas no un derecho adquirido\u00bb. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Tribunal convocado conceder \u00abagencias en derecho a [su] favor en ambas instancias[,] contra la parte vencida[,] tal como lo manifest[\u00f3] a saciedad, amparado [en el] art. 365 CGP\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, en las que, indic\u00f3, no haber \u00abincurrido en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales atribuidos por el se\u00f1or Gerardo Herrera, puesto que se ha actuado conforme a las normas que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos esenciales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la sentencia del pasado 23 de noviembre, mediante la cual se confirm\u00f3 la dictada el 12 de enero anterior, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las cuales consideraba inviable acceder a lo pretendido por el quejoso. <\/p>\n
En efecto, en lo que aqu\u00ed interesa, sobre tal aspecto, tras destacar que, \u00ab[e]n esencia, el objeto de apelaci\u00f3n es referente a lo decidido sobre las costas, pues el actor popular solicita, \u201c\u2026costas a mi favor por parte del alcalde del ente territorial donde ocurre la amenaza al desconocer su deber funci\u00f3n…\u201d\u00bb; despach\u00f3 adversamente la alzada al advertir que: <\/p>\n
\u2026el reparo sobre la condena en costas al ente territorial no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque la acci\u00f3n popular estaba dirigida a proteger el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y ped\u00eda ordenar la construcci\u00f3n de una rampa al propietario del establecimiento de comercio accionado, quien es, en este caso, el \u00fanico sujeto pasivo de la acci\u00f3n; y, si bien en la demanda se dice que la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales, esa es una raz\u00f3n insuficiente para convertir al ente territorial en parte accionada, pues no fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni fue la parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal (art\u00edculo 21 Ley 472 de 1998), el cual establece que, en el auto que admita la demanda \u201c\u2026Adem\u00e1s, se le comunicar\u00e1 a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo afectado.\u201d, lo que lo convierte en un tercero, un interviniente que no es sujeto de pretensiones, diferente a tener la calidad de ser parte. <\/p>\n
\u2026Se comparten entonces los argumentos de la funcionaria de primera instancia para desestimar la condena en costas a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal, solicitada en la demanda, porque, \u201c\u2026la calidad que \u00e9ste (sic) ostenta en el proceso es la de \u201cvinculado\u201d tal como se explic\u00f3 ampliamente al inicio de estas consideraciones, en efecto no es el ente territorial el responsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni es frente a dicha entidad que se erige la orden de amparo que se emitir\u00e1; (\u2026) pero no puede tenerse al ente territorial como parte vencida en el proceso y por ende la condena en costas resulta improcedente.\u201d; sin duda alguna, la condena en costas aplica, \u00fanica y exclusivamente, a la parte vencida en el proceso. <\/p>\n
De manera pues que efectivamente deb\u00eda negarse la condena en costas a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada, precisamente teniendo en cuenta que el reparo concreto planteado y sustentado por el actor respecto de la ausencia de la condena en costas procesales a su favor se limit\u00f3 a que debi\u00f3 imponerse al \u00abente territorial donde ocurre la amenaza\u00bb, interpret\u00f3 las normas que regulan su imposici\u00f3n, entre ellas las agencias en derecho, y confirm\u00f3 la negativa del a-quo al respecto al concluir que no se configuraban los presupuestos necesarios para condenar al pago de tales expensas al municipio de Santa Rosa de Cabal, comoquiera que \u00e9ste ostentaba la calidad de vinculado que no de \u00abresponsable de la vulneraci\u00f3n del derecho colectivo\u00bb, aunado a que en su contra no se emiti\u00f3 la orden de amparo, de donde no fue la \u00abparte vencida\u00bb en tal juicio, siendo ese un supuesto necesario y all\u00ed ausente para la viabilidad de la referida condena; a lo cual debe agregarse que los planteamientos tra\u00eddos en la acci\u00f3n de tutela en cuanto a la renuncia al desistimiento de las agencias en derecho no fue aducido al formular la apelaci\u00f3n contra el veredicto del juez natural, tray\u00e9ndose novedosa e improcedente ante el juzgador constitucional. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el fallador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al juez com\u00fan] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este veredicto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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