STC16583-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16583-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2022-00095-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Gladys Posada Cifuentes frente al fallo proferido el 24 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La tutelante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb e igualdad, presuntamente vulnerados por el estrado judicial acusado al admitir la demanda y emitir sentencia en su contra en el juicio de restituci\u00f3n fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abORDENAR al Juzgado [encausado]\u2026 [que] deje sin efecto el tr\u00e1mite surtido en el proceso reprochado, desde cuando decidi\u00f3 no escuchar[la]\u2026 para que, en su lugar, garantice plenamente sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa\u00bb; y que, \u00ab[d]e salir plausible la falta de competencia, remitir al Juzgado Competente para que reinicie en derecho el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de tenencia que Bancolombia S.A. promovi\u00f3 contra la accionante, respecto del predio identificado con folio inmobiliario Nro. 244-23267, que le fuera entregado en leasing, se le tuvo por notificada de la demanda, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, desde el pasado 18 de febrero, quien guard\u00f3 silencio dentro del t\u00e9rmino de traslado; el 11 de mayo siguiente el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones; y el 6 de septiembre posterior dispuso comisionar a la Alcald\u00eda de Ipiales para la pr\u00e1ctica de la respectiva diligencia de entrega. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, la quejosa indic\u00f3 que el Juzgado encartado pas\u00f3 por alto que en la demanda g\u00e9nesis de ese juicio se se\u00f1al\u00f3 erradamente la ubicaci\u00f3n del predio objeto del acuerdo, tampoco tuvo en cuenta que carec\u00eda de competencia para conocer del asunto, por el factor cuant\u00eda, pues erradamente la estableci\u00f3 partiendo del valor total del contrato cuando s\u00f3lo debi\u00f3 tener en cuenta lo adeudado y, por ende, rechazar el libelo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que se vio afrontada a \u00abuna situaci\u00f3n econ\u00f3mica cr\u00edtica\u00bb, debido a la pandemia por Covid-19, pero sigui\u00f3 pagando los c\u00e1nones respectivos, aunque impuntualmente, sin que su antagonista expresara inconformidad alguna con ello; que, \u00absin tener los conocimientos en derecho necesarios\u00bb, al enterarse de la existencia del proceso, no crey\u00f3 que fuera \u00abuna situaci\u00f3n compleja\u2026, limit\u00e1ndose a realizar [los] pagos respectivos a Bancolombia, y [s]e desent[endi\u00f3] por completo del asunto\u00bb; y \u00e9ste se tramit\u00f3 \u00abcomo si fuera una restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado, com\u00fan y corriente, cuando estamos frente a un contrato de leasing habitacional, donde existe jurisprudencia de nuestras Altas Cortes, que han definido su tratamiento; jurisprudencia del orden constitucional, que desconoci\u00f3 por completo el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, entre las cuales destac\u00f3 que \u00ab[e]l t\u00e9rmino de traslado a la demandada transcurri\u00f3 en silencio\u00bb y que \u00e9sta, el 27 de septiembre \u00faltimo, hall\u00e1ndose ejecutoriada la sentencia, \u00absolicit[\u00f3] acceso al expediente digital, el cual fue debidamente remitido, con las indicaciones del caso, sin que a la fecha\u2026 haya efectuado pronunciamiento alguno\u00bb. <\/p>\n
Por ello, \u00abteniendo en cuenta que las decisiones emitidas al interior de la aludida restituci\u00f3n, se ajustan a derecho, sin menoscabo de los derechos fundamentales que le asisten a la tutelante, \u2026solicit[\u00f3]\u2026 se deniegue el amparo deprecado, por ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos esbozados, al no avizorar defecto procesal alguno o acto que vulnere los derechos fundamentales de aquella\u00bb; o en su defecto, se declare su improcedencia, \u00abpor ausencia de subsidiariedad, toda vez que[,] como se expres\u00f3\u2026, la ahora accionante contaba con mecanismo ordinario al interior del tr\u00e1mite, para ejercer su defensa, dando a conocer la aceptaci\u00f3n de los pagos efectuados a Bancolombia que la aquejan\u00bb. <\/p>\n
2. Bancolombia S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal porque \u00abno se evidencia una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental del debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, invocado[s] por\u2026 [la] accionante\u2026, toda vez que\u2026 [esa] entidad\u2026 actu\u00f3 de buena fe, gestionando y dando tr\u00e1mite al proceso de restituci\u00f3n de tenencia, en observancias (sic) a las normas procesales y legales que [lo] rigen\u00bb, evidenci\u00e1ndose que su antagonista \u00abest\u00e1 haciendo un uso inadecuado del mecanismo de la acci\u00f3n de tutela, en contrav\u00eda con el principio de subsidiariedad, al no configurarse un perjuicio irremediable toda vez que\u2026, en su calidad de demandada[,] tuvo la oportunidad de actuar a trav\u00e9s de apoderado mediante solicitudes, memoriales y a trav\u00e9s de los respetivos recursos y mecanismos que contempla la norma procesal, pero no lo hizo ni lo ha hecho, como para concluir que no se le est\u00e1 garantizado su derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, entendida esta como la posibilidad que tiene cualquier persona, en cualquier tipo de actuaci\u00f3n judicial, de ser o\u00edda, esgrimiendo sus razones y argumentos contra las pretensiones de la parte activa, como garant\u00eda del principio de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda al hallar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, porque \u00abcuando se le notific\u00f3 del auto admisorio de la demanda (18 de febrero de 20222) y al corr\u00e9rsele traslado de la misma, fue en ese momento que\u2026 Posada Cifuentes tuvo la oportunidad de advertir los yerros en esta oportunidad reclamados como vulneradores de sus derechos fundamentales y no en la sentencia proferida en ese proceso el 11 de mayo de 2022, habiendo trascurrido 9 meses sin que la accionante, demandada en el proceso verbal, haya hecho alg\u00fan pronunciamiento, contestado la demanda o interpuesto recurso alguno en contra de las providencias emitidas en ese proceso, ni adelant\u00f3 en un t\u00e9rmino prudencial la acci\u00f3n de tutela para reclamar la protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales y destacando que sus derechos fueron conculcados desde el mismo auto admisorio de la demanda de restituci\u00f3n, porque all\u00ed se condicion\u00f3 el ejercicio de su derecho de defensa a que previamente acreditara el pago de lo denunciado como debido por su antagonista, contrariando con ello los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, seg\u00fan los cuales, tal exigencia es inviable en trat\u00e1ndose de contratos de leasing. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones de la inconforme, lo cierto es que su queja constitucional estaba llamada al fracaso, como acertadamente lo defini\u00f3 el Tribunal a-quo, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, el ruego supralegal era inviable respecto al auto admisorio de la demanda de restituci\u00f3n, del cual se enter\u00f3 a la accionante desde el 18 de febrero de 2022, al carecer del requisito de la inmediatez, habida cuenta que entre esa data y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (octubre de 2022), transcurrieron m\u00e1s de siete (7) meses, super\u00e1ndose el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n era improcedente ante la memorada determinaci\u00f3n e, incluso, frente a la sentencia all\u00ed emitida el pasado 11 de mayo, porque contra la primera la censora no formul\u00f3 ning\u00fan recurso ante el juzgador natural y, por lo dem\u00e1s, tampoco propuso, en la oportunidad debida, excepciones previas o de m\u00e9rito con apoyo en los argumentos tra\u00eddos en la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, entre ellos, el referente al desconocimiento de los precedentes sobre la materia, con lo cual, al margen de la \u00faltima decisi\u00f3n, as\u00ed como de la comisi\u00f3n para su materializaci\u00f3n, lo cierto es que abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n que aqu\u00ed plantea. <\/p>\n
De ah\u00ed que la salvaguarda no resultara viable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites correspondientes, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En asuntos de similares contornos al de ahora, cuando se dejan de plantear ante al fallador natural los supuestos aqu\u00ed tra\u00eddos, y que, mutatis mutandis, se muestran aplicables al presente caso, para confirmar el despacho adverso frente a la protecci\u00f3n reclamada, ha dejado dicho esta Sala: <\/p>\n
\u2026En el presente caso los tutelantes cuestionan el adelantamiento del proceso de restituci\u00f3n iniciado en su contra, por haber sido tramitado sin permitirles intervenir en el mismo con ocasi\u00f3n de la advertencia consignada en el auto admisorio de la demanda, de 14 de enero de 2016. Al respecto, encuentra la Sala que la conclusi\u00f3n del juzgador de primera instancia es acertada, en tanto el amparo solicitado no resulta procedente porque desconoce el principio de subsidiariedad, evidenci\u00e1ndose que su interposici\u00f3n se hizo con la finalidad de superar la incuria de los censores en el referido proceso. <\/p>\n
N\u00f3tese que los convocantes en el presente caso acudieron directamente al resguardo constitucional, sin haber agotado las herramientas que estaban a su disposici\u00f3n en el interior del proceso de restituci\u00f3n, tales como reposici\u00f3n contra el auto admisorio de la demanda, su contestaci\u00f3n y\/o la formulaci\u00f3n de excepciones, a m\u00e1s que de haber actuado en el juicio ten\u00edan a su alcance la interposici\u00f3n de los recursos procedentes frente a las decisiones que les resultaran adversas. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la intervenci\u00f3n de los gestores les hubiera permitido poner de presente por qu\u00e9 deb\u00edan ser escuchados en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con base en el contrato de arrendamiento financiero de Leasing\u2026, a voces de la sentencia de la Corte Constitucional T-734\/13, sin que ahora sea dable que puedan renovar dicha oportunidad procesal acudiendo a un mecanismo excepcional como la tutela contra providencias judiciales, so pena de desconocer la mencionada subsidiariedad (se destac\u00f3 – CSJ STC16763-2016, 18 nov., rad. 2016-00293-01). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, recordando que la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, como aqu\u00ed ocurre, impide al fallador constitucional ocuparse del fondo de la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento, es motivo por el cual las anteriores razones se muestran suficientes para respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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