STC16587-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16587-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02107-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 20 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Henry Agredo Gallego contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado 2017-03980. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial accionada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popay\u00e1n en primera instancia lo absolvi\u00f3 del delito de \u00abcohecho por dar u ofrecer\u00bb (proceso radicado n\u00ba 2017-03980); sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, el 29 de octubre de 2021 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del juez a quo para en su lugar condenarlo por el punible endilgado a 48 meses de prisi\u00f3n, sin subrogados ni beneficios punitivos (su defensa no interpuso ning\u00fan recurso contra esta \u00faltima decisi\u00f3n). <\/p>\n
Cuestion\u00f3 esencialmente que, pese a que en las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n (no le fue impuesta medida de aseguramiento) inform\u00f3 una direcci\u00f3n de residencia para efectos de notificaci\u00f3n, el tribunal no lo cit\u00f3 en debida forma para la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia \u2013 debido a que el citador no cumpli\u00f3 con \u00e9xito su labor de enterarlo personalmente, al no encontrar la nomenclatura por \u00e9l indicada \u2013, impidiendo que ejerciera su defensa material. Fue capturado el 11 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, desde el mes de enero de 2022, su c\u00f3nyuge procur\u00f3 conseguir asistencia jur\u00eddica para la interposici\u00f3n de los recursos que proced\u00edan frente a la sentencia del ad quem, pero no tuvo \u00e9xito, especialmente por no contar con medios econ\u00f3micos para el pago de un abogado contractual. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La procuradora 153 Judicial II Penal de Popay\u00e1n se\u00f1al\u00f3 que s\u00f3lo intervino en la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia y las anteriores actuaciones fueron desarrolladas por el procurador Judicial I de esa ciudad, a quien se le corri\u00f3 traslado de la demanda. <\/p>\n
2. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada en sede de segunda instancia \u00abse ajust\u00f3 a derecho y a la ley, de conformidad con las competencias otorgadas, por lo que considera que el actor acudi\u00f3 a la tutela para que se realice un nuevo estudio al proceso penal adelantado en su contra como si se tratara de una tercera instancia de los jueces ordinarios\u00bb. Agreg\u00f3 que el procesado no hizo uso de los recursos procedentes, el de impugnaci\u00f3n especial o el de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juez Tercero Penal del Circuito de esa ciudad resumi\u00f3 las principales actuaciones del proceso penal e indic\u00f3 que al accionante se le respetaron sus garant\u00edas fundamentales y fue asistido por una defensora que lo represent\u00f3 en cada uno de los estadios de la causa. <\/p>\n
4. El Fiscal 4\u00ba de la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica de la capital del Cauca indic\u00f3 que, el accionante tuvo la oportunidad de recurrir la sentencia emitida por el tribunal demandado, sin embargo, dej\u00f3 de estar pendiente de los resultados del proceso. A\u00f1adi\u00f3 que, Agredo Gallego, en anterior oportunidad, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, la cual guarda relaci\u00f3n a los hechos objeto de cuestionamiento en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Inicialmente, precis\u00f3 que, si bien el actor ya hab\u00eda promovido una anterior tutela (STP2748-2022) en la que cuestion\u00f3 de manera concreta los fundamentos jur\u00eddicos de la sentencia que lo conden\u00f3 y expuso su inconformidad con la gesti\u00f3n defensiva de la profesional del derecho que lo asisti\u00f3 porque no agot\u00f3 los recursos procedentes frente a la condena; la a quo descart\u00f3 la actuaci\u00f3n temeraria pues consider\u00f3 que, en esta ocasi\u00f3n, el problema jur\u00eddico concern\u00eda delimitarse en torno a la supuesta indebida notificaci\u00f3n o citaci\u00f3n para la audiencia de lectura de fallo. <\/p>\n
Seguidamente, desestim\u00f3 el resguardo implorado al concluir que no se configur\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, porque, el tribunal accionado cumpli\u00f3 con la labor de notificaci\u00f3n en la forma prevista por el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en cumplimiento de lo establecido en el art\u00edculo 169 de esa normativa, teniendo en cuenta que el sentenciado se hallaba en libertad. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que el procesado ten\u00eda el deber de informar un eventual cambio de residencia y\/o de nomenclatura de la direcci\u00f3n inicialmente aportada. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abera deber de \u00e9ste estar al tanto del proceso que se llevaba en su contra, tal y como se lo hab\u00eda hecho saber el juez con funci\u00f3n de control de garant\u00edas. No obstante, por su propia voluntad dej\u00f3 de asistir a la audiencia de lectura de fallo\u00bb, con lo cual dej\u00f3 pasar la oportunidad de interponer el recurso de impugnaci\u00f3n especial, circunstancia que deriv\u00f3 en el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. Finalmente, resalt\u00f3 que tampoco se satisface el principio de la inmediatez, pues desde la fecha de la captura hasta la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, transcurrieron \u00abm\u00e1s de 10 meses\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los apoderados del quejoso, reiterando los argumentos del escrito tutelar, esto es, insistiendo en que el tribunal no guard\u00f3 \u00abespecial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y verazmente informados de la existencia de la citaci\u00f3n\u00bb de conformidad con el art\u00edculo 172 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Adicionalmente, resaltaron que no se tuvo en cuenta que su prohijado \u00abno cuenta con formaci\u00f3n acad\u00e9mica [para] asumir que por \u00e9l mismo pod\u00eda presentar el recurso de impugnaci\u00f3n especial\u00bb; finalmente, en cuanto a la inmediatez, explicaron que la c\u00f3nyuge del actor \u00abdespu\u00e9s de varias actividades que despleg\u00f3 para buscar ayudar al se\u00f1or Henry Agredo, no lo logr\u00f3, sino hasta la fecha en que estos juristas conocieron del caso [\u2026] el 2 de agosto de 2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, el accionante centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la corporaci\u00f3n acusada, supuestamente, no lo cit\u00f3 \u00aben debida forma\u00bb a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, donde se le impuso condena de 48 meses de prisi\u00f3n (sin subrogado) por el delito de \u00abcohecho por dar u ofrecer\u00bb, y al no comparecer perdi\u00f3 la oportunidad de interponer la impugnaci\u00f3n especial, situaci\u00f3n que constituye la afectaci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales invocadas. <\/p>\n
2. Aclaraci\u00f3n preliminar \u2013 de la temeridad. <\/p>\n
Ciertamente, como lo advirti\u00f3 el delegado de la fiscal\u00eda vinculado a este tr\u00e1mite, el actor promovi\u00f3 una anterior tutela contra la misma autoridad judicial por cuestionamientos relacionados con el proceso penal que se le adelant\u00f3, la cual conoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en primera instancia (STP2748-2022 de 17 de febrero de 2022); y esta Sala en impugnaci\u00f3n (STC6425-2022 de 25 de mayo de 2022). <\/p>\n
Sin embargo, como bien lo dedujo la Hom\u00f3loga a quo, se descarta la reiteraci\u00f3n indebida en el ejercicio del resguardo, ya que si bien, esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 una salvaguarda de Agredo Gallego contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, en esa ocasi\u00f3n el ataque estuvo dirigido concretamente contra la sentencia condenatoria emitida por esa magistratura (y por la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa t\u00e9cnica); mientras que en la actual demanda, la s\u00faplica se circunscribi\u00f3 a la supuesta indebida notificaci\u00f3n o citaci\u00f3n para la audiencia de lectura de fallo, desvirtu\u00e1ndose el paralelismo de acciones. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Conforme con las pruebas adosadas a la actuaci\u00f3n por la Sala Penal del tribunal acusado, no se advierte la circunstancia transgresora de derechos fundamentales que se le atribuyen, por cuanto, en efecto, por la secretar\u00eda de esa colegiatura se dispuso la citaci\u00f3n de las partes e intervinientes del proceso 2017-03980 para la diligencia de lectura de fallo en esa instancia; para acreditarlo, aport\u00f3 informe del citador encargado \u2013 del 28 de octubre de 2021 \u2013, que da cuenta de la gesti\u00f3n adelantada respecto de Henry Agredo Gallego y las dificultades acaecidas para concretar el enteramiento, ya que la direcci\u00f3n que aqu\u00e9l aport\u00f3 en las audiencias preliminares \u00abno existe\u00bb y por el sector \u00abmanifestaron no conocerlo\u00bb, as\u00ed mismo, tampoco logr\u00f3 contacto al n\u00famero de celular rese\u00f1ado. <\/p>\n
Ahora, aunque es cierto que la entrega del oficio de comunicaci\u00f3n no se complet\u00f3 satisfactoriamente en el caso del procesado Agredo Gallego, como lo coligi\u00f3 la Sala a quo, al margen de ello, el proceder de la colegiatura acusada respondi\u00f3 al precepto 169 del estatuto adjetivo penal que precisa lo siguiente, <\/p>\n
Por regla general las providencias se notificar\u00e1n a las partes en estrados. <\/p>\n
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citaci\u00f3n oportunamente, se entender\u00e1 surtida la notificaci\u00f3n salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificaci\u00f3n se entender\u00e1 realizada al momento de aceptarse la justificaci\u00f3n. <\/p>\n
De manera excepcional proceder\u00e1 la notificaci\u00f3n mediante comunicaci\u00f3n escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facs\u00edmil, correo electr\u00f3nico o cualquier otro medio id\u00f3neo que haya sido indicado por las partes. <\/p>\n
Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le ser\u00e1n comunicadas en el establecimiento de reclusi\u00f3n, de lo cual se dejar\u00e1 la respectiva constancia. <\/p>\n
Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del t\u00e9rmino legal deber\u00e1n ser notificadas personalmente a las partes que tuvieren vocaci\u00f3n de impugnaci\u00f3n (Negrillas fuera de texto original). <\/p>\n
Luego entonces, al no hallarse el procesado privado de la libertad, no resultaba exigible la notificaci\u00f3n personal, pese a que efectivamente fue librado con ese fin el oficio \u00abN\u00ba SPA2418 \u2013 25 de octubre de 2021\u00bb dirigido a Agredo Gallego, cumpli\u00e9ndose el procedimiento aludido; empero, no se alleg\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que explicase una eventual circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que hubiere impedido la asistencia del referido procesado. <\/p>\n
Sobre una discusi\u00f3n similar en sede de tutela, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, puntualiz\u00f3, sobre los alcances del citado canon 169 que: <\/p>\n
(\u2026) decisiones de febrero 13 de 2008, Rad. No. 29119; noviembre 24 de 2008, Rad. 30606 y 14 de septiembre de 2009, Rad. No. 32300) que: <\/p>\n
[\u2026] La notificaci\u00f3n en estrados se entiende para todos los intervinientes en el proceso\u2026 aunque no asistan a la diligencia; pensar de manera contraria implica un desconocimiento total del principio de igualdad ante la ley. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las partes que no asisten a la diligencia de lectura del fallo (l\u00e9ase notificaci\u00f3n en estrados), la decisi\u00f3n se les comunicar\u00e1; se trata de una \u201cacto de comunicaci\u00f3n del fallo\u201d, que no implica -insiste la Sala- una manera de dilatar el t\u00e9rmino para ejercer la impugnaci\u00f3n extraordinaria [\u2026]. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n degenerativa de las reglas generales de notificaci\u00f3n en estrados en el sistema acusatorio permitir\u00eda interpretaciones acomodaticias y por esa v\u00eda\u2026 la no asistencia a la audiencia de lectura del fallo por parte de los abogados y la renuencia a firmar los actos de comunicaci\u00f3n por parte de los procesados (por ejemplo) ser\u00edan maneras de dilatar el t\u00e9rmino que la Ley consagra para el ejercicio del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La notificaci\u00f3n en estrados prevista en la Ley 906 de 2004 (sistema de enjuiciamiento penal acusatorio) consiste, sin m\u00e1s formalidades, en que la providencia que es dictada en el curso de la audiencia queda notificada all\u00ed mismo y ese d\u00eda, a todas las partes, aunque no hayan concurrido a la diligencia. [Subrayas y negrillas fuera de texto original]. <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n, en providencia CSJ SP, 6 feb. 2013, rad. 38975, indic\u00f3: <\/p>\n
En efecto, desde el derecho fundamental de la defensa material, consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el denominado \u201cBloque de constitucionalidad\u201d (Ley 16 de 1972, Convenci\u00f3n Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica; Ley 74 de 1968, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos) y desarrollado, entre otras normas, por el art\u00edculo 130 de la Ley 906 del 2004, deriva irrefutable que en el curso de la actuaci\u00f3n procesal, el indiciado, imputado o acusado tiene derecho a \u201cdefenderse personalmente\u201d, \u201ca recurrir del fallo ante juez o tribunal superior\u201d, consecuencia de lo cual es que \u201cdispondr\u00e1 de las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su condici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por tanto, en el desarrollo del proceso penal debe existir la debida diligencia en aras de garantizar el ejercicio pleno de ese derecho. <\/p>\n
Y sucede que la doctrina de la Corte ya rese\u00f1ada resulta de perfecta aplicaci\u00f3n trat\u00e1ndose de las partes e intervinientes que, una vez citados en debida forma a una audiencia de lectura, por gozar del pleno ejercicio de su libertad de locomoci\u00f3n, pueden ejercer su facultad de asistir o no, lo cual no obstaculiza que el acto quede notificado en estrados\u00bb (STP15950-2019). <\/p>\n
4.2. En tal sentido, nada justifica la desconexi\u00f3n con el acontecer procesal que se advierte en el tutelante, ya que, una causa judicial, de cualquier naturaleza, pero en especial un proceso penal donde se encuentra en vilo un derecho tan caro como la libertad, exige un apersonamiento riguroso y siempre diligente; es decir, existe una carga que le corresponde asumir al implicado con el juicio, incluso si la sentencia de primer grado fue absolutoria, pues se trata de un deber de vigilancia propia frente al cual no es admisible excusarse; al respecto esta la Sala ha dicho sobre la desidia procesal: <\/p>\n
\u00abquien acude a los estrados judiciales debe cumplir las cargas, deberes y obligaciones procesales que el ordenamiento prev\u00e9; y entre esas cargas reluce la de diligencia y esmero en la atenci\u00f3n del proceso, concretamente en lo concerniente a informarse, mediante los instrumentos id\u00f3neos, vgr. los estados, los edictos y si es del caso, los registros y libros respectivos, de las actuaciones judiciales. Por supuesto que es el ordenamiento, con un claro fin garantista, el que prescribe la forma como se notifican las decisiones judiciales y se computan los t\u00e9rminos judiciales mediante reglas que no solo, como ya se anunciara, amparan los derechos fundamentales de las partes, sino, tambi\u00e9n, que trazan derroteros seguros y fiables en la materia\u00bb (CSJ SC 13 feb. 2006, rad. 00099, reiterada en STC, 1\u00ba oct. 2013, rad. 01137-01, STC 915-2014, 29 ene. 2014, rad. 2013-00181-01 y STC9248-2016, 7 jul. 2016, rad. 00160-01). <\/p>\n
Complementariamente tambi\u00e9n se ha dejado sentado: <\/p>\n
\u00abno se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (Providencia de 29 de enero de 2007, Exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (CSJ STC 10 may. 2011, rad. 00365-01, reiterada en STC 19 ene. 2012, rad. 01601-01, y m\u00e1s recientemente en STC13840-2015, 8 oct., rad. 00224-01). <\/p>\n
Se agrega que la eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiara como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ SC STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01). <\/p>\n
De manera que, la desatenci\u00f3n con el discurrir del asunto, tal como se resalt\u00f3, permiti\u00f3 cobrar firmeza a la providencia que finalmente le fue adversa al accionante, raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La alegaci\u00f3n sobre la que se edifica \u00e9sta demanda \u2013 falta o indebida notificaci\u00f3n y citaci\u00f3n a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia \u2013 no se configura, coligi\u00e9ndose que la queja del promotor en torno a ese espec\u00edfico punto se aviene claramente infundada, dado que, la colegiatura acusada se ci\u00f1\u00f3 a la normativa espec\u00edfica aplicable \u2013 art\u00edculo 169 de la Ley 906 de 2004 \u2013, luego no puede hablarse de negligencia u omisi\u00f3n, a lo que se suma la falta de diligencia del propio interesado\/procesado de estar al tanto de la causa que lo involucra, pues se encontraba en libertad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16587-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16587-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02107-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69693","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69693"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69693\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}