STC16593-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16593-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02347-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Sandra Rubiela Ortiz Cruz frente a la sentencia de 9 de noviembre de 2022, proferida por la Sala S\u00e9ptima Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 a los Juzgados Veinte (20) y Sesenta y Cuatro (64) Civil Municipal de esta ciudad, Diecis\u00e9is (16) Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Cuarto (4\u00ba) Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda con radicado n\u00b0 11001-40-03-064-2013-00256-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora, en s\u00edntesis, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia que decidi\u00f3 declarar no probadas las excepciones de fondo propuestas dentro del proceso ejecutivo antes referenciado, tomada por el Juzgado Veinte (20) Civil Municipal de Menor Cuant\u00eda de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 26 de febrero de 2015. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que act\u00faa como demandada en proceso ejecutivo formulado inicialmente ante el Juzgado 64 Civil Municipal de Bogot\u00e1, que luego fue remitido al Juzgado 20 Civil Municipal de la misma ciudad; all\u00ed se profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 no probadas las excepciones y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (26 de febrero de 2015). Luego de proferida sentencia, el proceso fue remitido al Juzgado 16 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, ante quien se formul\u00f3 solicitud de nulidad que fue denegada (4 de abril de 2019). Contra esta decisi\u00f3n se interpuso recurso de alzada que fue resuelto por el Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, que decidi\u00f3 rechazarla de plano (21 de febrero de 2020). La actora considera que la sentencia que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas vulner\u00f3 su derecho al debido proceso. <\/p>\n
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2. Tanto los Juzgados accionados, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo se opusieron a las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional. El Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Civil Municipal de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 el conjunto de actuaciones que se adelantaron en dicho juzgado, sin embargo, aclar\u00f3 que actualmente carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto el proceso ya no est\u00e1 en esa dependencia. El Juzgado Veinte (20) Civil Municipal de la misma ciudad se\u00f1al\u00f3 que se debe declarar improcedente la petici\u00f3n de amparo constitucional ya que la sentencia que all\u00ed se produjo, estuvo totalmente ajustada a derecho. El Juzgado Diecis\u00e9is (16) Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias tambi\u00e9n de la misma ciudad se\u00f1al\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n por falta de vulneraci\u00f3n del derecho alegado. El Juzgado Cuarto (4\u00ba) Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias se\u00f1al\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, se han respetado todas las garant\u00edas procesales. Por su parte, la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 haber dado cumplimiento a todos los tr\u00e1mites procesales con miras a cumplir la orden emanada del Juzgado Cuarto antes citado; as\u00ed mismo, solicit\u00f3 ser desvinculada por cuanto no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental. El representante de la Fiscal\u00eda 242 seccional se\u00f1al\u00f3 que actualmente en su despacho cursa la denuncia con radicado n\u00famero 1100160000492201613901 siendo denunciantes Sandra Rubiera Ortiz Cruz (aqu\u00ed accionante) y otros, contra Diana Marcela Arredondo y otros, por el presunto delito de fraude procesal, encontr\u00e1ndose en etapa de indagaci\u00f3n. <\/p>\n
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3. La Sala S\u00e9ptima Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., decidi\u00f3 no acceder a la s\u00faplica tras advertir el incumplimiento del requisito de inmediatez, toda vez que \u00abtranscurrieron m\u00e1s de 2 a\u00f1os, 8 meses y 6 d\u00edas\u00bb entre la providencia que, en alzada, decidi\u00f3 rechazar de plano la solicitud de nulidad (21 de febrero de 2020) y la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional (27 de octubre de 2022), sin haber aducido un motivo que justificara semejante tardanza. <\/p>\n
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4. En el escrito de impugnaci\u00f3n, la accionante se\u00f1al\u00f3 como motivo justificante del retraso en la interposici\u00f3n de la tutela, los inconvenientes generados por la pandemia que dificult\u00f3 el acceso a la administraci\u00f3n de justicia desde marzo de 2020. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado por incumplimiento del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
Primero es necesario aclarar que, revisando las pretensiones formuladas en la acci\u00f3n de tutela, la providencia atacada no es el auto que, en alzada, rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo (21 de febrero de 2020); sino que, la verdadera providencia atacada es la sentencia que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas, proferida por el Juzgado Veinte (20) Civil Municipal de Bogot\u00e1, el d\u00eda 26 de febrero de 2015. <\/p>\n
Ahora bien, entre la \u00e9poca en la que se emiti\u00f3 la providencia cuestionada (26 de febrero de 2015) y la radicaci\u00f3n del auxilio constitucional (27 de octubre de 2022) se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional, situaci\u00f3n que evidencia la ausencia de inmediatez, lo que impide el estudio de fondo del asunto e impone la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Tardanza que pretendi\u00f3 ser justificada en las dificultades generadas por la pandemia padecida durante el a\u00f1o 2020, por cuanto \u00abno fue f\u00e1cil que los usuarios tuvi\u00e9semos acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, excusa que no logra persuadir, en tanto la administraci\u00f3n de justicia en sede de tutelas continu\u00f3 funcionando de manera virtual. Las situaciones asociadas al cierre de los despachos judiciales con ocasi\u00f3n del inicio de la pandemia COVID-19 tampoco trunc\u00f3 la posibilidad de que la se\u00f1ora Ortiz Cruz compareciera oportunamente a este sendero, pues, desde entonces, las acciones de tutela han podido presentarse a trav\u00e9s de canales electr\u00f3nicos. Sobre el particular, en casos similares, la Sala ha puntualizado: <\/p>\n
Ciertamente, a pesar de la situaci\u00f3n propiciada por el Coronavirus COVID-19 y las dificultades que la misma ha suscitado en el funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, nada obstaba para que Bartolom\u00e9 Ramos acudiera a esta herramienta dentro del semestre siguiente a la \u201csentencia de 4 de diciembre de 2019 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Turbaco\u201d. <\/p>\n
En efecto, a pesar que el Consejo Superior de la Judicatura desde que esa coyuntura inici\u00f3 en el pa\u00eds adopt\u00f3 medidas enfiladas para evitar la concurrencia de personas a las \u00absedes judiciales\u00bb, entre ellas, el cierre de \u00e9stas y la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb de las actuaciones en curso (Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 y subsiguientes), el tr\u00e1mite de las \u00abacciones de tutela\u00bb no se paraliz\u00f3. Dicha Corporaci\u00f3n dispuso que se rituar\u00edan a trav\u00e9s de medios virtuales, previendo una serie de instrumentos para lograr ese cometido, que, desde ese entonces, han permitido la atenci\u00f3n oportuna de tales asuntos (CSJ STC7288-2020). <\/p>\n
Si bien es cierto el amparo constitucional no dispone de t\u00e9rmino de caducidad, tambi\u00e9n lo es que debe hacerse uso de \u00e9l dentro de un per\u00edodo razonable con posterioridad a la supuesta violaci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa fundamental, tal como insistentemente lo ha pregonado la Corte, esto es, en un tiempo m\u00e1ximo de 6 meses (CSJ STC3455-2020, STC7277-2020, STC039-2022 memoradas en STC133-2022). <\/p>\n
Puesta en este orden las cosas, como se anticip\u00f3, se convalidar\u00e1 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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