STC16594-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16594-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02142-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 25 de octubre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Bello Medina contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de esta ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00002. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Hernando Bello Medina promovi\u00f3 declarativo en contra del Banco de la Rep\u00fablica, en procura del: (i) reconocimiento de una relaci\u00f3n de trabajo entre ambas partes \u00abdesde el 3 de junio de 1986, fecha en la que se vincul\u00f3 a prestar sus servicios en la Oficina de Cambios (\u2026) que operaba como una dependencia administrativa del Banco\u00bb toda vez que \u00abel 9 de (\u2026) [octubre de 1991], \u00abpor imposici\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica\u00bb renunci\u00f3 al nombramiento en aquella para suscribir contrato laboral directamente con la entidad bancaria, sin soluci\u00f3n de continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb; y, (ii) el pago de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 18 de la Recopilaci\u00f3n de Convenciones Colectivas de Trabajo 1997-1999 a partir del 20 de abril de 2013, \u00abefectiva desde el retiro de la entidad\u00bb2. <\/p>\n
El estudio del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto advirti\u00f3 que: (i) \u00abno se acredit\u00f3 ni la continuidad de la empresa, ni tampoco la del servicio del trabajador mediante el mismo contrato de trabajo\u00bb; y, (ii) \u00abel incumplimiento de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1997-1999, pues, cumpli\u00f3 55 a\u00f1os y los 20 de servicio en fecha posterior a la que, seg\u00fan el Acto Legislativo n.\u00b0 1 de 2005, suprimi\u00f3 la vigencia de los derechos convencionales \u00abo dejan de operar\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el promotor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, mantuvo inc\u00f3lume la providencia del ad quem, pues coligi\u00f3 que: (i) no se probaron \u00ablos yerros f\u00e1cticos endilgados al Tribunal\u00bb; (ii) \u00abla edad no constituye un requisito de exigibilidad sino de causaci\u00f3n\u00bb; y, (iii) \u00abno resulta (\u2026) aplicable al demandante el Reglamento Interno de Trabajo del a\u00f1o 1985 por haber sido derogado por el expedido en el a\u00f1o 2003\u00bb <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del censor incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico \u00abpor la valoraci\u00f3n equivocada e indebida (\u2026) de las pruebas arrimadas al proceso en lo que tiene que ver con las (\u2026) que demuestran la configuraci\u00f3n de la sustituci\u00f3n patronal (\u2026) y en la indebida valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva del trabajo ajena al principio de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se desconoci\u00f3 el precedente vertical contenido en la \u00absentencia anterior a aquella (SL 3443)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL539-2022, 2 mar., y en consecuencia se ordene \u00abemitir nueva decisi\u00f3n que defina el recurso de casaci\u00f3n formulando, teniendo en cuenta el precedente definido en sentencia SL 3443 DE 2020\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abno se encuentra raz\u00f3n o fundamento para la anulaci\u00f3n (\u2026) [de la determinaci\u00f3n] y menos, cuando lo que ahora pretende la accionante es revivir el conflicto jur\u00eddico ordinario que ya fue resuelto por el juez natural y su legalidad y constitucionalidad fue confirmada por esta Sala de la Corte como organismo de cierre\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el expediente del tr\u00e1mite censurado \u00abfue devuelto al Juzgado de origen el 31 de mayo de 2022, de manera que el mismo ya no reposa en esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco de la Republica reliev\u00f3 que \u00ablas circunstancias f\u00e1cticas del caso y el texto de la norma convencional en la que se apoya el se\u00f1or Bello, ha sido revisada en m\u00faltiples ocasiones por Sala de Casaci\u00f3n Laboral(permanente y de descongesti\u00f3n), concluyendo de manera reiterada y mayoritaria que en el caso concreto de la cl\u00e1usula 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo del Banco de la Rep\u00fablica, no de una entidad diferente, la edad s\u00ed fue consagrada como un requisito de causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00ablos fundamentos plasmados en la decisi\u00f3n censurada no pueden debatirse ahora en el marco de la acci\u00f3n de tutela como si se tratara de una instancia m\u00e1s, toda vez que en manera alguna se percibe ileg\u00edtima, arbitraria, caprichosa o irracional\u00bb. <\/p>\n
Respecto del alegado desconocimiento del precedente se\u00f1al\u00f3 que \u00abla sentencia SL539-2022 sigue el criterio fijado por la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente al tema espec\u00edfico de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo del Banco de la Rep\u00fablica, como el mismo actor lo admite en la demanda\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada del recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abde haberse realizado un an\u00e1lisis razonable y en conjunto de los medios de prueba arrimados el resultado estar\u00eda determinado, sin duda alguna a declarar la operancia de la figura de sustituci\u00f3n patronal en el caso concreto, reconocimiento la existencia de una relaci\u00f3n laboral entre (\u2026) HERNANDO BELLO MEDINA y el BANCO DE LA REP\u00daBLICA desde el 23 de junio de 1986, la cual se mantiene vigente hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que \u00abante la supresi\u00f3n de la entidad, OFICINA DE CAMBIOS, existi\u00f3 una transici\u00f3n que implic\u00f3 que los trabajadores continuaran desempe\u00f1ando las mismas labores sin traumatismo alguno ante el BANCO DE LA REP\u00daBLICA y sin soluci\u00f3n de continuidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el gestor (SL539-2022, 2 mar.), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abde la valoraci\u00f3n de pruebas aptas en sede extraordinaria [no] se [encuentra] la existencia error alguno en la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica a la que arrib\u00f3 el [tribunal]\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo formulado por la v\u00eda indirecta por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida los art\u00edculos 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 43, 62, 67, 68, 69, 109, 352, 353, y 359 del CST; 21 y 22 del Decreto 198 de 2005; 1, 14, 15, 17, 59 numeral 8, 61, 79 y 123 del Decreto Ley 444 de 1967; 25 del Decreto 2351 de 1965; \u00abDecreto 1469 de 1978\u00bb; art\u00edculo 8 numeral 2 de la Ley 26 de 1976 \u00ab(Convenio Internacional del Trabajo no. 87)\u00bb; Ley 27 de 1976 \u00ab(Convenio Internacional del Trabajo no. 98)\u00bb; Decreto 2406 de 1991; art\u00edculos 4, 38, 39, 53, 55, 93 y 373 de la CN; 8 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econ\u00f3micos y Culturales; 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos; 16 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos; 8 del Protocolo de San Salvador y, Decreto 4937 de 2009\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abPara el juez de la segunda instancia, no hay lugar a predicar sustituci\u00f3n de empleadores entre la Oficina de Cambios a la que se vincul\u00f3 inicialmente el trabajador y, el Banco de la Rep\u00fablica pues no obstante estar demostrado \u00abel cambio de un patrono por otro\u00bb, no se acredit\u00f3 ni la continuidad de la empresa, ni tampoco la del servicio del trabajador mediante el mismo contrato de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 estudiando las pruebas denunciadas como mal valoradas. En primer lugar, sobre la certificaci\u00f3n laboral expedida por el Banco de la Rep\u00fablica, indic\u00f3 que dicho documento \u00abno contrar\u00eda el raciocinio del ad quem en cuanto a que el demandante se vincul\u00f3 con el banco demandado desde aquella calenda [10 de octubre de 1991] y en aquel cargo [Profesional en el Departamento de Cambios Internacionales], sin que en ella se consigne informaci\u00f3n alguna de su vinculaci\u00f3n pret\u00e9rita con la Oficina de Cambios que lleve a colegir una \u00fanica y continua vinculaci\u00f3n laboral con la demandada\u00bb. <\/p>\n
Sobre \u00abla supuesta confesi\u00f3n por apoderado, atinente a la continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb reliev\u00f3 que \u00abno precisa el recurrente en que pieza o actuaci\u00f3n procesal se encuentra, tampoco de que profesional proviene, esto es, si fue una manifestaci\u00f3n del apoderado judicial del banco o, de su representante legal, omisi\u00f3n que impide a la Sala adentrarse a su estudio\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, razon\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEl contrato de trabajo suscrito entre las partes en litigio antes que desvirtuar lo colegido por el Tribunal lo reafirma, pues en el se da cuenta de la vinculaci\u00f3n de Bello Medina en el cargo de Profesional C en el Departamento de Cambios Internacionales a partir del 10 de octubre de 1991. <\/p>\n
(\u2026) [E]l certificado de informaci\u00f3n laboral \u2013formato No. 1 (f.\u00b0 34) da cuenta de la vinculaci\u00f3n del demandante como Profesional C en la Oficina de Cambios, lo que tan solo ratifica que tanto en una como en otra entidad desempe\u00f1\u00f3 las mismas labores; no obstante, ello, per se, no conlleva que exista unicidad en el v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
(\u2026) Adem\u00e1s de lo anterior, en dicho documento de informaci\u00f3n laboral se hace claridad y diferenciaci\u00f3n entre la \u00abentidad que certifica\u00bb la informaci\u00f3n que all\u00ed se consigna, que en este caso lo es el Banco de la Rep\u00fablica, y el \u00abempleador por el cual se certifica tiempo\u00bb que corresponde a la Oficina de Cambios como all\u00ed se consign\u00f3 y, se aclar\u00f3 en el formato, que por el tiempo laborado en esta \u00faltima oficina, para efectos pensionales, quien responde es la Naci\u00f3n no el Banco demandado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, tras citar la providencia SL, 30 may. 2001, rad. 15584, concluy\u00f3 que \u00abal no haberse acreditado los yerros f\u00e1cticos endilgados al Tribunal, el cargo no prosperar\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, al analizar el segundo embate formulado por la misma senda, por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 467, 468, 469, 479, 471, 476 y 478 del CST, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 1, 13 y 21 del CST; 13, 25, 53, 55 y 93 de la CN y, los convenios 98 y 154 de la OIT\u00bb, la autoridad convocada expuso que: <\/p>\n
\u00abEl asunto que se presenta a consideraci\u00f3n de la Sala, se centra en definir, si la edad prevista en el art\u00edculo 18 de aquel precepto extralegal, para la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional deprecada es un requisito de causaci\u00f3n del derecho o, por el contrario, de exigibilidad para su disfrute como lo sostiene la censura\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, se\u00f1al\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) el demandante naci\u00f3 el 20 de abril de 1958, ii) se vincul\u00f3 al servicio del Banco de la Rep\u00fablica el 10 de octubre de 1991, relaci\u00f3n laboral que, a la fecha de presentaci\u00f3n del libelo gestor se encontraba vigente y, iii) es beneficiario de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1997-1999\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, revis\u00f3 el texto convencional, el cual predica: \u00abART\u00cdCULO 18- Los trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), a disfrutar de la pensi\u00f3n jubilatoria con los requisitos legales de tiempo m\u00ednimo de servicio de veinte (20) a\u00f1os y de edad m\u00ednima de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si son varones, y de cincuenta (50) a\u00f1os si son mujeres\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, cit\u00f3 en lo pertinente el fallo SL2657-2021, 16 jun.: <\/p>\n
\u00abRefulge de la norma convencional trascrita, sin lugar a duda, la necesidad de confluir tanto tiempo de servicios y edad para que el trabajador sea acreedor de la pensi\u00f3n convencional, pues, al hacer la norma referencia a contarse con el acatamiento de los \u00abrequisitos legales\u00bb es obvio que se trata de la reuni\u00f3n de la edad con el tiempo de servicios. Resulta de tanta trascendencia el cumplimiento de la edad para causar la pensi\u00f3n que, el tiempo de servicios, conforme a la tabla anexa, luego de satisfacerse su requerimiento m\u00ednimo, viene a ser un factor de incremento de la tasa de reemplazo a ser tenida en cuenta en la liquidaci\u00f3n del derecho. <\/p>\n
(\u2026) Esa conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual los requisitos de causaci\u00f3n del derecho los son, concurrentemente, el tiempo de servicios y la edad, se ve reforzada con el hecho de que los art\u00edculos subsiguientes del instrumento colectivo, consagran otras formas de reconocimiento de la prestaci\u00f3n, donde en raz\u00f3n a un mayor tiempo de servicios, con relaci\u00f3n al m\u00ednimo legal aludido en el primer precepto, para que se pueda acceder a la prestaci\u00f3n \u00absin consideraci\u00f3n a la edad. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, es menester precisar que a\u00fan, bajo el auspicio del principio de favorabilidad se\u00f1alado por el recurrente, tampoco podr\u00eda accederse al reconocimiento pensional deprecado, pues al resultar palmario, en el sub judice, que la edad no constituye un requisito de exigibilidad sino de causaci\u00f3n, y dada su relaci\u00f3n sim\u00e9trica con el tiempo de servicios, \u00abque se haya prestado a la empresa un m\u00ednimo de veinte (20) a\u00f1os y de edad m\u00ednima de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si son varones, y de cincuenta (50) a\u00f1os si son mujeres\u00bb, no es posible escindir un requisito del otro y, por tanto, ambas condiciones vienen a constituirse en elementos necesarios, en sus adecuadas proporciones y equilibrios correspondientes a fin de consolidar el derecho pensional\u00bb.Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De este modo, declar\u00f3 la inviabilidad del reproche. <\/p>\n
Finalmente, al estudiar el tercer cargo formulado por la misma v\u00eda, en el que \u00abacusa aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 104, 105, 106, 107, 108 y 109 del CST, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 1, 13, 21, 57, 59, 132 y 142 del CST y, 13, 25 y 53 de la CN\u00bb, la Corporaci\u00f3n enjuiciada explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDe entrada, habr\u00e1 de decirse, que no se avizora prosperidad al cargo, al no resultar aplicable al demandante el Reglamento Interno de Trabajo del a\u00f1o 1985 por haber sido derogado por el expedido en el a\u00f1o 2003\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se refiri\u00f3 a lo prescrito en la sentencia SL660-2021, 17 feb., en la cual arguy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el caso concreto, se duele el casacionista de que luego de haber solicitado, subsidiariamente, la aplicaci\u00f3n del Reglamento Interno de Trabajo del a\u00f1o 1985, el Tribunal se apart\u00f3 de tal solicitud por considerar que dicho instrumento ya no se encontraba vigente en raz\u00f3n de haber expedido un nuevo reglamento. Al respecto debe decirse que tal deducci\u00f3n del ad quem no comporta un yerro, ni mucho menos de car\u00e1cter ostensible, pues, tal y como se puede apreciar de la documental aportada al plenario contentiva del Reglamento Interno de Trabajo del a\u00f1o 2003, que fuera a su vez aprobado por la Resoluci\u00f3n No. 3228 de 24 de noviembre de 2003, expedida por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, (\u2026) en su art. 68, en relaci\u00f3n con su vigencia, dispuso que \u00abEl presente reglamento entrar\u00e1 a regir ocho (8) d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n hecha en la forma prescrita en el anterior art\u00edculo, para la Oficina principal de Bogot\u00e1 y las sucursales del Banco de la rep\u00fablica, y sustituye en su integridad, cualquier otro que antes de esta fecha haya tenido el banco\u00bb, luego entonces, resulta cierto y palmario que el reglamento en el cual se fund\u00f3 la pretensi\u00f3n residual por parte del actor ya hab\u00eda fenecido dando paso a un nuevo reglamento\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener la determinaci\u00f3n refutada, precisando que, para la Sala, es procedente el respeto por las resoluciones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 29 de noviembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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STC16594-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16594-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02142-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69699","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69699\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}