STC16597-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16597-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04276-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Juli\u00e1n Esteban Navarro Vergel contra Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior Militar y Policial y el Juzgado de Comando A\u00e9reo 122 de la Fuerza A\u00e9rea de Colombia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y legalidad, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque la sentencia de primera instancia y en su defecto se emita una nueva que garantice [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En contra de Juli\u00e1n Esteban Navarro Vergel, en calidad de T\u00e9cnico Subjefe de la Fuerza A\u00e9rea, se adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de \u00abdesobediencia\u00bb, siendo condenado a 24 meses y 20 d\u00edas de prisi\u00f3n el 29 de agosto de 2018 por el Juzgado Ante Comando A\u00e9reo 122 de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 22 noviembre de 2021 por el Tribunal Superior Militar y Policial. <\/p>\n
2.2. Contra esta decisi\u00f3n el condenado formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2022. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, en la medida en que el delito de desobediencia no se configur\u00f3, pues \u00e9l no acudi\u00f3 a la comisi\u00f3n operativa del 14 de marzo de 2015, porque se le \u00abimpon\u00eda obedecer la orden de permanecer disponible en el puesto de informaci\u00f3n t\u00e9cnica y no dejarlo hasta tanto hubiesen asignado un reemplazante, debidamente autorizado por la Direcci\u00f3n de Mantenimiento (DIMAN), conforme lo dispone FAC 4-27 P\u00fablico, Alerta FAC 645 y Mensaje T\u00e9cnico FAC 873\u00bb, adem\u00e1s, desconocieron \u00abel oficio 20173960078733 de fecha 19 de septiembre de 2017 (Folio 351 de expediente), donde pasan por alto a todas luces la manifestaci\u00f3n expresa que realiza el comandante CACOM-3 (E), donde expresa, que no existe antecedente que determine que la orden del d\u00eda general No. 011 de 2015 sufriera alguna modificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que los juzgadores le dieron valor probatorio \u00aba un concepto no vinculante y que contrar\u00eda la Ley 1790 de 2000 art\u00edculo 84\u2026 modificado por el art\u00edculo 21 de la Ley 1104 de 2006, al darle sustento legal a que las \u00f3rdenes de vuelo son actos administrativos a trav\u00e9s de los cuales pueden disponer en comisi\u00f3n a un suboficial, modificando la regla dispuesta por el legislador en la Ley 1790 de 2000 art\u00edculo 84\u2026\u00bb; asimismo, porque \u00abla TC. Valderrama y la CT. Robles no ostentaban la competencia para disponer en comisi\u00f3n a CACOM 7 a [su] persona\u00bb, por lo que, con lo decidido se realiza \u00abun razonamiento il\u00f3gico y le dan al bloque de pruebas una interpretaci\u00f3n que raya con el principio de legalidad, es decir, adopta una decisi\u00f3n a su arbitrio en las providencias emitidas por los jueces de instancia, sin tener plena certeza que las pruebas hayan conducido a la tipificaci\u00f3n del delito de desobediencia\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que quien debi\u00f3 recibir la comisi\u00f3n \u00aben CACOM 7 en la ciudad de Cali el 14 de marzo, era el TP. Parra, con fundamento legal en la orden del d\u00eda 011 -MD -CGFM-FAC-CACOM-3-SECOM-DEDHU-38.14 orden emitida por la autoridad competente. Es de acotar que el mandato impartido y con fundamento legal en la orden del d\u00eda 011 del CACOM -3, cumple con los atributos de ser una orden l\u00f3gica, clara, precisa\u2026 por cuanto el mismo Comandante de la Unidad preve\u00eda que [\u00e9l] estaba excluido de enviar[lo] a comisi\u00f3n fuera de la Unidad, por el cargo principal que ostentaba\u00bb, por lo que, en s\u00edntesis, \u00abir a la comisi\u00f3n que fu[e] asignado de manera ilegal pro las ordenes de vuelo Nos. 929 y 932\u2026 y que es el mandato que aqu\u00ed se debate, si fue desobediencia o no, que para el caso\u2026 dicha orden no fue desobedec\u00eda, toda vez que, para la \u00e9poca de los hechos fung\u00eda en un puesto de informaci\u00f3n t\u00e9cnica, el cual [le] imped\u00eda desplazar del lugar asignado sin previo reemplazo debidamente autorizado por la Direcci\u00f3n de Mantenimiento\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n Segundo para la Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que no intervino en el juicio criticado, adem\u00e1s, no cuenta con los fallos criticados, por lo que no puede emitir concepto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que el promotor no realiz\u00f3 reparo concreto contra la decisi\u00f3n emitida por esa colegiatura; remiti\u00f3 copia de la providencia censurada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado de Comando A\u00e9reo 122 remiti\u00f3 copia de las piezas procesales. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Tribunal Superior Militar y Policial relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que la solicitud de amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para reabrir el debato probatorio, adem\u00e1s que, la Sala de Casaci\u00f3n Penal al realizar el an\u00e1lisis del caso advirti\u00f3 que no se evidenciaba violaci\u00f3n al debido proceso u otros derechos fundamentales que motivaran una admisi\u00f3n discrecional del asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Leonardo Andre Areniz Mart\u00ednez, manifest\u00f3 que fue mandatario del actor en primera y segunda instancia; relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Acorde con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisado el libelo de tutela, advierte la Corte que la queja del promotor se extiende, preliminarmente, el prove\u00eddo de 2 de septiembre de 2022, a trav\u00e9s del cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso contra el fallo de segunda instancia calendado 29 de noviembre de 2021, pues, refiere que su asunto debe ser estudiado de fondo, comoquiera que, el punible por el que fue condenado no fue debidamente probado. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que la prenombrada determinaci\u00f3n no luce arbitraria ni caprichosa, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
Los hechos que motivaron esta actuaci\u00f3n acaecieron el d\u00eda 14 de marzo de 2015, en vigencia de la Ley 1407 de 2010 (C\u00f3digo Penal y Procesal Penal para la Justicia Penal Militar), que seg\u00fan lo establecido en su art\u00edculo 628 y lo ordenado en la sentencia C-444 de 2011 de la Corte Constitucional, rige para los sucesos acaecidos a partir del 17 de agosto de 2010, por ende, es la normatividad llamada a regular este tr\u00e1mite en la parte sustantiva. Sin embargo, para la \u00e9poca en cuesti\u00f3n el Gobierno Nacional a\u00fan no hab\u00eda implementado el sistema procesal que dicha normativa consagra, de lo cual se sigue que es el procedimiento se\u00f1alado en la Ley 522 de 1999, el que resulta aplicable al presente asunto (Cf. Corte Suprema de Justicia AP1658-2022). <\/p>\n
Solamente hasta el 1\u00b0 de julio de 2022, conforme el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1768 del 24 de diciembre de 2020, entr\u00f3 a regir el Sistema Penal Acusatorio en la Justicia Penal Militar y Policial en la ciudad de Bogot\u00e1, y se implementar\u00e1 por fases territoriales hasta el a\u00f1o 2025. <\/p>\n
El recurso extraordinario de casaci\u00f3n en el caso que nos ocupa, est\u00e1 regido por el art\u00edculo 368 de la Ley 522 de 1999, que regula la procedencia del recurso de la siguiente forma: <\/p>\n
\u201cHabr\u00e1 recurso de casaci\u00f3n, contra las sentencias de segunda instancia, por delitos que tengan se\u00f1alada pena privativa de la libertad cuyo m\u00e1ximo sea o exceda de seis (6) a\u00f1os aun cuando la sanci\u00f3n impuesta sea una medida de seguridad. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
De manera excepcional, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente puede aceptar un recurso de casaci\u00f3n en casos distintos de los arriba mencionados, a solicitud del Procurador General de la Naci\u00f3n o su delegado, o del defensor, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garant\u00eda de los derechos fundamentales.\u201d <\/p>\n
El primer error del recurrente fue ignorar la norma transcrita en su segundo escrito, pues indic\u00f3 que el recurso no es procedente por no tener consagrada en la ley pena \u201ccuyo m\u00e1ximo exceda de ocho a\u00f1os\u201d conforme el art\u00edculo 205 de la Ley 600 de 2000. Empero, debe aclararse que es la ley especial del a\u00f1o 1999 la que indica que la casaci\u00f3n es procedente cuando el delito tenga se\u00f1alada pena privativa de la libertad cuyo m\u00e1ximo sea o exceda de seis (6) a\u00f1os. <\/p>\n
Ahora, los dos ordenamientos (Ley 522 de 1.999 y 600 de 2.000) consagran la casaci\u00f3n extraordinaria o discrecional como una facultad para que la Corte acepte el recurso en casos donde la pena sea inferior a seis a\u00f1os en uno y ocho en el otro. <\/p>\n
En el sub examine el delito de Desobediencia por el que se acus\u00f3 y conden\u00f3 al T\u00e9cnico Subjefe (r) JULI\u00c1N ESTEBAN NAVARRO VERJEL, tiene establecida una pena privativa de la libertad m\u00e1xima de tres (3) a\u00f1os de prisi\u00f3n (art\u00edculo 96 de la Ley 1407 de 2010). <\/p>\n
As\u00ed pues, el recurso de casaci\u00f3n, como lo reconoce en su segundo escrito el impugnante, solo procede por la v\u00eda excepcional, por lo que el censor tiene la carga adicional de demostrar que su admisi\u00f3n se hace necesaria para revisar la legalidad del fallo atacado, bien porque se requiere desarrollar la jurisprudencia, ora porque lo que se pretende es la garant\u00eda de derechos fundamentales (Cfr. CSJ AP2026\u20132017, AP6766\u20132017, AP1619\u20132019 y SP999-2020). <\/p>\n
Atendiendo tales derroteros, de cara al caso concreto, estudi\u00f3 el escrito presentado por el recurrente, consignando que: <\/p>\n
El segundo error del recurrente es la falta de argumentaci\u00f3n para demostrarle a la Corte Suprema de Justicia que se hace necesaria la admisi\u00f3n de la demanda en garant\u00eda de los derechos fundamentales, debido a que simplemente mencion\u00f3 la facultad discrecional que el art\u00edculo 205 de la Ley 600 de 2000 le confer\u00eda a la Corte, sin hacer una exposici\u00f3n del porqu\u00e9 consideraba que \u00e9stos fueron vulnerados a lo largo del tr\u00e1mite que se le sigui\u00f3 por el delito de Desobediencia, y en el ac\u00e1pite que denomin\u00f3 \u201cFUNDAMENTOS DE ADMISIBILIDAD\u201d, sostuvo que la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Tribunal fue errada incurriendo en un falso juicio de existencia. Es decir, no mencion\u00f3 en que consist\u00eda el quebrantamiento a la estructura del proceso o cu\u00e1l fue el derecho menoscabado. <\/p>\n
Otro error del casacionista, suficiente para inadmitir la demanda, esta dado en asumir que la facultad en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de admitir una demanda de manera discrecional, lo exime de la obligaci\u00f3n de se\u00f1alar correctamente la causal conforme el principio de taxatividad y de sustentar los cargos adecuadamente, esto es, respetando los principios de claridad, precisi\u00f3n, no contradicci\u00f3n y autonom\u00eda de las causales (art\u00edculo 212.3 de la Ley 600 de 2000). <\/p>\n
En materia de Justicia Penal Militar y Policial procedimental, las causales que se deben invocar son las establecidas en el art\u00edculo 207 de la Ley 600 de 2000, esto en virtud al principio de integraci\u00f3n establecido en los art\u00edculos 18 y 372 de la Ley 522 de 1999. <\/p>\n
El recurrente escogi\u00f3 la causal primera de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004, la que se dio a la tarea de transcribir y que establece que la casaci\u00f3n procede por la \u201cFalta de aplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, o aplicaci\u00f3n indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso.\u201d <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 la causal alegada por el promotor, indicando que: <\/p>\n
Esta causal refiere la violaci\u00f3n de la ley sustancial de manera directa. Si bien no es la llamada a regular el caso, en aras de aclararle al recurrente, debe exponer la Corte que tal causal est\u00e1 consagrada de manera similar, en el ordenamiento al que se debi\u00f3 acudir dada la fecha de los hechos, esto es el cuerpo primero del numeral primero del art\u00edculo 207 de la Ley 600 de 2000, que establece la procedencia de la casaci\u00f3n \u201cCuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial\u201d, bien sea por falta de aplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, o aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
No obstante lo anterior, el censor incurre en un grave dislate al desarrollar la causal y la modalidad de la violaci\u00f3n que escogi\u00f3, pues al decidir que la vulneraci\u00f3n de la norma sustancial ocurri\u00f3 por v\u00eda directa, se autolimit\u00f3 l\u00f3gica y jur\u00eddicamente el desarrollo de la misma que exige como regla ineludible que acepte los hechos tal como fueron reconstruidos por los juzgadores y la valoraci\u00f3n probatoria en la forma y t\u00e9rminos que lo hicieron las instancias. Y esto es as\u00ed por mera definici\u00f3n l\u00f3gica. Si la violaci\u00f3n es directa, el censor lo que afirma es que entre el juzgador que incurre en semejante infracci\u00f3n y la norma violentada no hay intermediaci\u00f3n ninguna. No pasa por las pruebas, sino que es un tema de puro derecho. En eso consiste que sea directa (Cfr. Radicado 53916 del 22 abr. de 2020). <\/p>\n
Cuando se alega violaci\u00f3n directa de la ley sustancial le esta rotundamente prohibido al censor cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Sin embargo, mayor es la equivocaci\u00f3n del recurrente al indicar que el Tribunal valor\u00f3 erradamente los medios probatorios, esto es el Manual de Mantenimiento FAC4-27 P\u00fablico, el testimonio de T1 Giovanny Alexander Rinc\u00f3n Vel\u00e1squez y la \u201corden del d\u00eda CACOM-3 Nro. 04 del 23 de enero de 2015\u201d a la que se le imprimi\u00f3 un razonamiento inadecuado. Esto por cuanto est\u00e1 reconociendo que efectivamente las instancias en las sentencias valoraron tales medios (lo que efectivamente se corrobora de la lectura de los fallos de primera y segunda instancia que forman una unidad jur\u00eddica inescindible). <\/p>\n
Luego, sobre el falso juicio de existencia, dijo que: <\/p>\n
Encuentra pertinente esta Sala recordar que se incurre en el error de hecho por falso juicio de existencia en dos circunstancias: (i) Por omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de una prueba legalmente aportada. Esa omisi\u00f3n debe ser totalmente objetiva en la valoraci\u00f3n, lo que implica que, no obstante, la prueba se decret\u00f3 y practic\u00f3 en juicio, el juez no la valor\u00f3, es decir, ni la mencion\u00f3 en la sentencia. (ii) Por la suposici\u00f3n de una prueba que no obra en el acervo probatorio -distinto es suponer los hechos con base en la valoraci\u00f3n de pruebas que si han sido legalmente incorporadas al proceso-. <\/p>\n
Ninguno de tales eventos se present\u00f3 en el presente caso, como quiera que la sentencia de segunda instancia dilucid\u00f3 a lo largo de la providencia, el establecer si el acusado se encontraba en estricto cumplimiento de un deber legal o no, en raz\u00f3n a que alegaba actuar conforme al \u201cManual de Mantenimiento\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, en la providencia del Tribunal se consider\u00f3, al cotejar las tareas establecidas en el manual con base en la declaraci\u00f3n del T\u00e9cnico 1\u00ba, Giovanny Alexander Rinc\u00f3n, que no estaba inmerso dentro de la justificante. Adem\u00e1s, este testimonio no fue la \u00fanica prueba que tuvo en cuenta la segunda instancia para determinar que el procesado no actu\u00f3 en estricto cumplimiento de un deber legal. Igual situaci\u00f3n acaece con las \u201c\u00f3rdenes del d\u00eda\u201d ampliamente analizadas por el Tribunal para establecer que NAVARRO VERJEL incumpli\u00f3 las \u00f3rdenes de vuelo 929 y 9362 del 14 de marzo de 2015. <\/p>\n
Y concluyo: <\/p>\n
\u2026la demanda dista de las exigencias necesarias para generar un pronunciamiento de fondo, adem\u00e1s de evidenciarse que lo pretendido por el libelista es anteponer su propio criterio y hacer del recurso extraordinario una nueva instancia, haciendo inadmisible el libelo. <\/p>\n
Finalmente, del estudio del proceso no se vislumbra violaci\u00f3n a la estructura del proceso o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que permita a la Corte admitir la demanda discrecionalmente o conocer de oficio el asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, la referida autoridad interpret\u00f3 las normas que regulan el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, concluyendo que la demanda g\u00e9nesis de ese tr\u00e1mite incumpl\u00eda las exigencias que para esos efectos contempla el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por lo que no hab\u00eda lugar a darle curso; sin que se observara la presencia de alguna eventualidad que hiciera operantes las potestades oficiosas que en dicha materia tiene la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, al no verificarse la violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales del condenado. <\/p>\n
En tal caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n es improcedente frente a la memorada condena porque al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para invocar las inconformidades que por v\u00eda de tutela aleg\u00f3, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente porque, se itera, fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 2 de septiembre de 2022, por la ausencia de t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n, siendo ese el escenario id\u00f3neo para aquel prop\u00f3sito, con lo cual el censor abandon\u00f3 la posibilidad de que esa Sala especializada de esta Corporaci\u00f3n se ocupara del fondo de la determinaci\u00f3n del ad-quem. <\/p>\n
De all\u00ed que la salvaguarda no resulte viable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
4. Lo dicho en precedencia resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC16597-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16597-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04276-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Juli\u00e1n Esteban Navarro Vergel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69702","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69702\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}