STC16599-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16599-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04103-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de San Gil, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de V\u00e9lez y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 001-2022-00037-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto de la referencia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la Corporaci\u00f3n accionada \u00abnunca cumpli\u00f3\u00bb los t\u00e9rminos perentorios que le impone la Ley 472 de 1998, \u00abal momento de fallar ante la mora judicial, declar\u00f3 en sentencia despu\u00e9s de as\u00ed ORDENARSELO el tribunal, carencia de objeto y decide navegar (sic) las agencias en derecho a mi favor, desconociendo art 365-1 CGP, es decir que culpa tengo como actor popular que el despacho NO GUSTE CUMPLIR T\u00c9RMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998….y por ese incumplimiento de t\u00e9rminos perentorios de tiempo DE LA TUTELADA, que permiti\u00f3 a la accionada desaparecer la amenaza, no se me puede negar las agencias en derecho art 365 CGP, pues la LEY NO TRAE ESA CONSECUENCIA PARA Mi\u00bb. (sic) <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en sede de tutela esta Corporaci\u00f3n se pronunci\u00f3 el 5 de marzo de 2008 y afirm\u00f3 que \u00ab.LA SUPERACI\u00d3N DEL HECHO NO IMPIDE NI LA CONDENA EN COSTAS- AGENCIAS EN DERECHO- NI EL RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO ECON\u00d3MICO …pues la ley no contempla esa consecuencia\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, la irregularidad denunciada exist\u00eda al momento de presentar la demanda y estando en tr\u00e1mite la acci\u00f3n se adecuaron las instalaciones, por lo que, consider\u00f3 que con esa decisi\u00f3n se caus\u00f3 una vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda fundamental invocada. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal accionado, \u00abconceder agencias en derecho a mi favor, art 365-1 CGP, PUES EL HECHO SUPERADO, en ley no restringe el reconocimiento de las agencias en derecho a mi favor, como parte triunfante y el hecho superado fue por el incumplimiento de terminos perentorios de la tutelada lo que no me puede afectar en derecho mis garant\u00edas procesales y menso (sic) constitucionales. (sic) <\/p>\n
Pidi\u00f3 igualmente ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abtutele a mi nombre pues no soy abogado a fin de que me garantice art 29 cn y se concedan agencias en derecho a mi bien, como lo ordena art 365 CGP\u00bb, y para que adem\u00e1s, en su nombre presente \u00abacci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial y falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la Corporaci\u00f3n accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular mencionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de V\u00e9lez, expres\u00f3 que no ha vulnerado ning\u00fan derecho al accionante en la acci\u00f3n popular No. 001-2021-0037, en la que profiri\u00f3 sentencia el 28 de junio de 2022, en la que declar\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado y neg\u00f3 las costas procesales, providencia que apelada confirm\u00f3 el superior funcional el 22 de agosto de 2022. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n como vinculada contest\u00f3 que, no tiene competencia para decidir sobre la imposici\u00f3n de agencias en derecho dentro de una acci\u00f3n popular, tampoco tiene la titularidad para ejercer la \u00abacci\u00f3n de reparaci\u00f3n (sic) directa contra la administraci\u00f3n de justicia, por falla en la prestaci\u00f3n del servicio y error judicial\u00bb como equivocadamente lo pretende el accionante, y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos claro est\u00e1, que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, aa inconformidad de Mario Restrepo radica en que el Tribunal Superior de Pereira en la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3, no le reconoci\u00f3 agencias en derecho como lo ordena el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Revisado el enlace enviado a este tr\u00e1mite, que contiene el citado asunto promovido por Mario Restrepo contra Tiendas D1 Koba SAS, se observan las siguientes actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, <\/p>\n
3.1 El Juzgado Primero Civil del Circuito de V\u00e9lez, profiri\u00f3 el auto admisorio el 9 de junio de 2021. <\/p>\n
3.2 En providencia de 8 de octubre de 2021, declar\u00f3 \u00abla carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, porque desde el 8 de septiembre de 2021, la demandada adecu\u00f3 las instalaciones sanitarias para ser utilizadas por personas con movilidad reducida, lo que se verific\u00f3 en la inspecci\u00f3n judicial realizada el 29 de septiembre de ese a\u00f1o, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 el actor popular. <\/p>\n
3.3 La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de San Gil el 9 de noviembre de 2021, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al Juzgado de origen, porque la decisi\u00f3n deb\u00eda proferirse en sentencia. <\/p>\n
3.4 El Juzgado de conocimiento el 7 de diciembre de 2021, profiri\u00f3 fallo anticipado en el que \u00abdeclar\u00f3 la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
3.5 El Tribunal Superior de San Gil, el 28 de enero de 2022, dispuso de nuevo la devoluci\u00f3n del proceso al evidenciar que no se hab\u00eda surtido la etapa probatoria, ni de alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
3.6. Adelantadas las actuaciones mencionadas, el Juzgado Primero Civil del Circuito de V\u00e9lez profiri\u00f3 sentencia el 28 de junio de 2022, en la que \u00abdeclar\u00f3 la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, y neg\u00f3 las agencias en derecho con fundamento en lo establecido tanto en el C\u00f3digo General del Proceso, como en la ley 472 de 1998, puesto que el actor popular no hizo ning\u00fan tipo de erogaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la misma, su colaboraci\u00f3n en el debate, as\u00ed como en el desarrollo procesal fue intrascendente, no asisti\u00f3 a la audiencia de pacto de cumplimiento, y no se acogieron las pretensiones. <\/p>\n
3.7 El actor popular solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la providencia, para que \u00abse conceda agencias en derecho a mi favor, amparado art 365-1 CGP, pues mi acci\u00f3n sali\u00f3 avante\u00bb, agreg\u00f3 que en caso de no acceder a lo pedido \u00abapel\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3.8 El 12 de julio de 2022 el Juzgado de conocimiento dispuso, \u00abi) negar la posibilidad de emitir sentencia complementaria\u00bb, y ii) concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo. <\/p>\n
3.9 El Tribunal Superior de San Gil en sentencia de 22 de agosto de 2022, hizo un breve recuento de los antecedentes f\u00e1cticos y procesales, explic\u00f3 el r\u00e9gimen aplicable para el reconocimiento de las costas y agencias en derecho, cit\u00f3 doctrina y jurisprudencia de la Corte Constitucional, as\u00ed como de esta Sala, y frente al reparo expuso que, <\/p>\n
(\u2026) en reciente pronunciamiento la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 \u201c\u2026Al auscultar los citados prove\u00eddos, inmediatamente se colige que todos coinciden en la aplicaci\u00f3n de una pauta hermen\u00e9utica para resolver el asunto sometido a su escrutinio (ratio decidendi), consistente en que no se puede \u00abcondenar en costas\u00bb a la parte convocada cuando se termina el tr\u00e1mite por \u00abcarencia actual de objeto\u00bb por la superaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de los \u00abderechos colectivos\u00bb antes de que se defina la contienda, constituyendo \u00abprecedente vertical\u00bb el que emana de esta Corte. <\/p>\n
Bajo ese panorama, para la Sala es indiscutible que el Tribunal confutado incurri\u00f3 en el desatino que se le enrostra, puesto que omiti\u00f3 aplicar la determinaci\u00f3n adoptada en el ruego n\u00b0 2019-00190-01, donde se concluy\u00f3 que la premisa atr\u00e1s explicada se ajusta a la normatividad relativa al tema en cuesti\u00f3n, la cual es de ineludible observancia para el caso, ya que este no era discordante con el tratado en el citado enjuiciamiento constitucional, sino m\u00e1s bien igual (f\u00e1ctico \u2013 jur\u00eddico); dicha causa preced\u00eda al suyo; y emana de su superior.\u201d <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11.- De lo anteriormente expuesto, para la Sala en el caso sub-judice, el recurso de apelaci\u00f3n no est\u00e1 llamado a prosperar, dado que, no le asiste raz\u00f3n al impugnante respecto a su reparo para que se condene a la entidad demandada en costas y agencias en derecho por cuanto no se puede condenar en costas a la parte convocada cuando se termina el tr\u00e1mite por carencia actual de objeto, esto es, por la superaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de los derechos colectivos antes de que se defina la contienda. <\/p>\n
4. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho fundamental alegado, como quiera que el Tribunal Superior de San Gil resolvi\u00f3 el asunto a su cargo con apoyo en las normas aplicables, y confirm\u00f3 el fallo objeto de apelaci\u00f3n tras concluir que no era procedente decretar la condena en costas en favor del actor popular, de una parte porque no estaban causadas, ni acreditadas, y adem\u00e1s, porque de acuerdo con los recientes pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, no hay lugar a tal reconocimiento cuando el tr\u00e1mite termina por carencia actual de objeto como aconteci\u00f3 en la acci\u00f3n popular que origina la queja constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, examinado el expediente se pudo apreciar que el Juzgado e conocimiento profiri\u00f3 auto admisorio el 9 de julio de 2021 (derivado No. 011 auto admisorio del expediente digital), y en la inspecci\u00f3n judicial realizada al establecimiento de comercio el 29 de septiembre de 2021 (derivado No. 080 ActaInspeccionJudicial del expediente digital), se pudo constatar que desde el 8 de septiembre de 2021, la demandada hab\u00eda realizado las obras necesarias para adecuar las instalaciones sanitarias como se pidi\u00f3 en la demanda, inclusive antes que se profiriera el auto que declar\u00f3 la carencia actual de objeto (de 8 de octubre de 2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior se encuentra motivada y no luce arbitraria, sin observar ninguna v\u00eda de hecho que haga viable la solicitud de amparo, y aunque el accionante no comparta las razones expuestas por la Corporaci\u00f3n accionada, esa sola divergencia de criterio no es una raz\u00f3n suficiente para conceder la tutela, ya que este mecanismo excepcional no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, cual el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, se advierte improcedente la petici\u00f3n de Mario Restrepo para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n coadyuvar la tutela y adem\u00e1s, presente en su nombre \u00abacci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por error judicial y falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, puesto que el ministerio p\u00fablico fue instituido por la Ley, y desarrolla tres funciones espec\u00edficas: i) Preventiva para vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos, y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) Disciplinaria para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) Intervenci\u00f3n como sujeto procesal entre otros la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades por disposici\u00f3n del Procurador, sin que entre sus competencias se encuentre representar judicialmente al actor popular, ni mucho menos promover demandas en su nombre. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de San Gil. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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