STC16600-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16600-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-22-03-000-2022-02446-01\u202f <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que formul\u00f3 Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. contra los Juzgados Treinta y Cuatro Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de Bogot\u00e1, a la que fueron vinculadas las autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual n\u00b011001-4003-060-2018-00624-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor solicita que se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de \u00abla negaci\u00f3n de la vinculaci\u00f3n de TERCERO POSEEDOR – GEOVANY BONETT LOPEZ\u00bb para que, en su lugar, se vincule al poseedor; o en subsidio, que se condene a la demandada \u00abal pago de los perjuicios que su silencio causo a la demandante SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A, de conformidad con los postulados del Art\u00edculo 67 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En sustento, relat\u00f3 que en ejercicio de la acci\u00f3n de subrogaci\u00f3n adelant\u00f3 proceso de responsabilidad civil contractual por \u00abincumplimiento de contrato de transporte de mercader\u00edas\u00bb contra la propietaria del veh\u00edculo que transportaba la mercanc\u00eda asegurada y su conductor. La demandada present\u00f3 \u00abexcepci\u00f3n de m\u00e9rito innominada\u00bb en la que asegur\u00f3 que \u00aba trav\u00e9s de contrato de compraventa de marzo de 2015, le entreg\u00f3 la propiedad y tenencia del veh\u00edculo tracto cami\u00f3n de placas SRM 522 al se\u00f1or GEOVANY BONETT LOPEZ\u00bb, el cual no hab\u00eda sido inscrito ante la autoridad competente; en raz\u00f3n a ello, la gestora solicit\u00f3 al juzgado vincular al comprador del veh\u00edculo \u00abde conformidad con los postulados del Art\u00edculo 67 del C.G.P.\u00bb; no obstante, este consider\u00f3 que dicha figura no era aplicable al caso concreto y deneg\u00f3 su solicitud (15 oct. 2019), decisi\u00f3n que fue confirmada por el superior (29 jun. 2020). <\/p>\n
Se dict\u00f3 sentencia contraria a sus pretensiones en primera y segunda instancia (5 jul. 2022), al considerar que la demandada \u00abhab\u00eda cedido la guarda y control del veh\u00edculo por la compraventa previa\u00bb. Determinaciones de las que deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, ya que, a su juicio, los encartados dictaron una sentencia inhibitoria que desconoce la raz\u00f3n de ser de la administraci\u00f3n de justicia. (Sentencia de Tutela T-31\/18), pues se debi\u00f3 \u00abintegrar el litisconsorcio necesario\u00bb al vincular a la empresa transportadora y al comprador del veh\u00edculo o en su defecto, sancionar a la demandada por no aportar sus datos de ubicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que los enjuiciados exigieron una prueba diab\u00f3lica al exigirle conocer quien fung\u00eda como poseedor del veh\u00edculo para el momento del incumplimiento contractual. <\/p>\n
Al respecto aleg\u00f3 que se incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto al no aplicar el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo General del Proceso; desconocimiento del precedente; violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n; defecto sustantivo por interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica del Art\u00edculo 67 del C.G.P y por desatender lo reglado en el art\u00edculo 42 del estatuto procesal y el canon 991 del C\u00f3digo de Comercio; por \u00faltimo, se quej\u00f3 de una indebida valoraci\u00f3n probatoria. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que la sentencia de primera instancia no fue debidamente motivada y que el ad quem no dio tr\u00e1mite a la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia que present\u00f3. <\/p>\n
2. Los despachos encartados hicieron un recuento de los hechos y defendieron la legalidad de estos. <\/p>\n
3. El Tribunal desestim\u00f3 el ruego tras concluir que la providencia cuestionada era razonable. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 fincada en sus argumentos iniciales e insisti\u00f3 en la existencia de una sentencia inhibitoria y afirm\u00f3 que los convocados tienen una confusi\u00f3n entre las figuras de \u00abtenedor\u00bb, \u00abpropietario\u00bb y \u00abposeedor\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado se respaldar\u00e1, por advertirse que la decisi\u00f3n cuestionada por esta senda es razonable. <\/p>\n
1.- Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia de segunda instancia (5 jul. 2022), en tanto es aquella que finiquit\u00f3 definitivamente el litigio. Si el apelante omiti\u00f3 plantearle alg\u00fan reparo o el superior no dio respuesta a todos los formulados, aquel no puede reclamar ahora puesto que no agot\u00f3 los mecanismos de defensa a su alcance, en el \u00faltimo evento solicitando la adici\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, se advierte que el libelista no plante\u00f3 ante el ad quem los reparos concernientes al tr\u00e1mite impartido por este a la nulidad formulada1, ni la carga probatoria que le fue impuesta2. Bajo esta misma l\u00ednea, el gestor no solicit\u00f3 el complemento de la sentencia de segunda instancia respecto a la sanci\u00f3n que le correspond\u00eda a la demandada por \u00abno aportar los datos de notificaci\u00f3n del poseedor\u00bb;3 lo que hace imposible el estudio de las mencionadas censuras, puesto que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
2. Ahora, la jurisprudencia constitucional4 ha denominado sentencias inhibitorias a aquellas en las que \u00abel juez pone fin a una etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar en la materia del asunto que se le plantea, dejando de adoptar resoluci\u00f3n de m\u00e9rito, esto es, \u00abresolviendo\u00bb apenas formalmente, de lo cual resulta que el problema que ante \u00e9l ha sido llevado queda en el mismo estado inicial. La indefinici\u00f3n subsiste\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 en el fallo STC1524 del 18 de febrero de 2015: <\/p>\n
(\u2026) es de resaltar que el referido \u00abdeber\u00bb establecido en cabeza de los juzgadores, una vez superado en el sistema jur\u00eddico colombiano el a\u00f1ejo concepto privatista del proceso civil, apareja, salvo circunstancias excepcional\u00edsimas, la prohibici\u00f3n de que se emitan sentencias inhibitorias, en tanto que las mismas, al no configurar \u00abcosa juzgada\u00bb (Sentencia C-666 de 28 de noviembre de 1996, Corte Constitucional), est\u00e1n en contra del postulado a que ha de atender la funci\u00f3n jurisdiccional, es decir, impartir pronta y cumplida justicia; por dem\u00e1s, cumple recordar que el art\u00edculo 37-4\u00ba de la ley de ritos civiles, indica que el juez tiene como uno de sus deberes \u00ab[e]mplear los poderes que este C\u00f3digo le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, al analizar de manera omnicomprensiva la providencia reprochada5, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta especial justicia. En efecto, respecto a la integraci\u00f3n del litis consorcio necesario el juzgador estableci\u00f3 que: <\/p>\n
Teniendo claridad sobre el concepto de cada una de modalidades, importa referir que la legislaci\u00f3n procesal civil, solo ha convenido al litisconsorcio necesario, como el \u00fanico que resulta del talante propio del juez, quien, de oficio, tiene el deber de integrarlo, cuando las partes omiten hacerlo en debida forma, ello conforme lo han convenido los art\u00edculos 61, #5 art 42 del C.G.P, entre otros, ya que de no proceder de tal forma, la misma norma procesal, art 134 ib\u00eddem, contempla como sanci\u00f3n la anulaci\u00f3n de la sentencia que decida de fondo el asunto. <\/p>\n
Dicho ello, conforme a los reparos impuestos por el impugnante, ahora se entrar\u00e1 a determinar dentro de que modalidad se encuentran cada una de las personas que no fueron integradas a la Litis, y si con ello, se podr\u00eda llegar a determinar alguna nulidad procesal por la cual se deba anular la sentencia. (Negrillas de ahora). <\/p>\n
De esta forma, estudi\u00f3 si el propietario del veh\u00edculo y la demandada conformaban o no un litisconsorcio necesario. <\/p>\n
– Respecto del se\u00f1or GEOVANY BONETT LOPEZ: <\/p>\n
La se\u00f1ora DIANA YASMIN CORAL FLAUTERO quien fue demandada como propietaria del veh\u00edculo donde acaeci\u00f3 el hurto de la mercanc\u00eda, fundamento su defensa, con la existencia de un negocio jur\u00eddico de compraventa efectuado para el mes de marzo de 2015, fecha anterior al siniestro y en la cual le efectu\u00f3 la entrega material del rodante al se\u00f1or GEOVANY BONETT LOPEZ. <\/p>\n
No resulta necesario efectuar ning\u00fan an\u00e1lisis de la relaci\u00f3n jur\u00eddica de la demandada y el se\u00f1or BONETT LOPEZ, pues esta, no fue controvertida por el impugnante en los reparos del recurso ni en ning\u00fan otro momento procesal, por lo que se acoger\u00e1n los argumentos y consideraci\u00f3n que en su momento efectu\u00f3 el A-quo para darle validez al contrato de compraventa del rodante. <\/p>\n
En tal sentido, es claro para esta juzgadora que al momento del siniestro quien ten\u00eda el control efectivo del rodante y la disposici\u00f3n material del mismo, era el se\u00f1or BONETT LOPEZ, quien en virtud del contrato de compraventa efectuado con la se\u00f1ora DIANA YASMIN CORAL FLAUTERO, ten\u00eda el uso y goce del mismo. <\/p>\n
Ahora, aterrizando la posici\u00f3n del se\u00f1or GEOVANY BONETT LOPEZ, dentro de las modalidades de litisconsorcios, de entrada, se rechaza la opci\u00f3n de que exista una relaci\u00f3n jur\u00eddica cuasinecesaria, pues no existen varias personas que estuvieran en la misma situaci\u00f3n del se\u00f1or BONETT, ya que el negocio de la compraventa fue efectuado por un solo comprador. <\/p>\n
Dicho ello, para determinar si existe una relaci\u00f3n jur\u00eddica material inescindible que lleve a determinar la existencia de un Litisconsorcio necesario, veamos entonces que el se\u00f1or Bonett, como comprador, poseedor y tenedor material veh\u00edculo, adquir\u00eda la posici\u00f3n del propietario, por consiguiente, tal y como lo dispone el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, exist\u00eda una responsabilidad solidaria, junto con la empresa de transporte y los otros sujetos a los que hace referencia la norma. <\/p>\n
Pues bien, entratandose de obligaciones solidarias, debemos remitirnos a su concepto contenido en el art\u00edculo 1568 del C\u00f3digo Civil, aplicable por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 2\u00b0 del C\u00f3digo de Comercio, que reza (\u2026). <\/p>\n
A su vez, respecto a la solidaridad pasiva, el art\u00edculo 1571, se\u00f1ala: (\u2026) <\/p>\n
En este orden de cosas, para el sub-lite, la sociedad aseguradora demandante al subrogarse en los derechos de la empresa due\u00f1a de la mercanc\u00eda y quien sufri\u00f3 el siniestro, ten\u00eda a su arbitrio y disposici\u00f3n, llamar a juicio a la empresa con la cual se contrat\u00f3 el servicio de transporte, a el propietario del veh\u00edculo, al conductor de veh\u00edculo y a el poseedor material de este, que en este caso fue el se\u00f1or Bonett, quien adquiri\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa el cami\u00f3n, es decir, pod\u00eda compeler judicialmente a todos conjuntamente o a uno de ellos. <\/p>\n
Como ya se expres\u00f3 en l\u00edneas anteriores, el requisito indispensable para que se configure un litisconsorcio necesario, resulta de la existencia de una relaci\u00f3n jur\u00eddica material indivisible entre una pluralidad de sujetos, que implique su vinculaci\u00f3n forzosa, pero como se pude observar, la responsabilidad solidaria contenida en el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio de ninguna forma determina la conformaci\u00f3n de un litisconsorcio necesario por pasiva, pues no existe una sola relaci\u00f3n jur\u00eddica indivisible o inescindible, ya que la obligaci\u00f3n resarcitoria en las acciones derivadas de una responsabilidad contractual, por su car\u00e1cter solidario, obliga a que todos los causantes del da\u00f1o est\u00e9n obligados a responder por la totalidad de los perjuicios irrogados, pero como prerrogativa a favor del demandante, la ley, le otorga la facultad para que a su conveniencia escoja cu\u00e1l o cu\u00e1les de los responsables persigue judicialmente. <\/p>\n
Queda entonces pendiente abordar la modalidad de litisconsorcio voluntario o facultativo, pues bien, considera esta juzgadora que este resulta el m\u00e1s acorde a la posici\u00f3n del se\u00f1or Bonett, ya que como su nombre lo indica este depende \u00fanica y exclusivamente de la voluntad de la parte, al originarse en relaciones jur\u00eddicas independientes, lo que en definitiva se traduce, en la posici\u00f3n que tienen los sujetos dentro de la responsabilidad solidaria prevista en el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, de quienes como ya se advirti\u00f3, podr\u00e1n ser compelidos judicialmente por el acreedor o por quien se subrogue en sus derechos como lo es en este caso, a todos conjuntamente o a uno de ellos. (Negrillas de ahora). <\/p>\n
Posteriormente, estudi\u00f3 si la empresa Continental de Transportes LTDA debi\u00f3 ser vinculada de oficio por el juzgador: <\/p>\n
Recordemos que esta fue con quien la sociedad EMPAQUETADORA DEL NORTE S.A.S, celebro el contrato de transporte de la mercanc\u00eda que fue hurtada. <\/p>\n
Pues bien, considera esta juzgadora que al igual que el se\u00f1or Bonett, dicha sociedad tambi\u00e9n podr\u00eda hipot\u00e9ticamente llegar a tener un espacio como sujeto pasivo de la responsabilidad solidaria contenida en el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, siendo esta la primera llamada a responder como parte en el contrato de transporte de mercanc\u00eda. <\/p>\n
Por ende, conforme a todo el an\u00e1lisis que se efectu\u00f3 en el punto anterior, al tratarse de un litisconsorcio facultativo, fue la sociedad aseguradora demandante quien a su arbitrio decidi\u00f3 no llamar a juicio a esta sociedad, situaci\u00f3n que causa extra\u00f1eza, tal y como lo advirti\u00f3 el A-quo. <\/p>\n
Ahora bien, ha centrado los reparos el impugnante en el hecho de trasladar la carga de integrar el litisconsorcio al juzgador de primer grado, es decir, de haber integrado a la Litis al se\u00f1or Bonett y a la sociedad transportadora, pues bien, como se advirti\u00f3 en l\u00edneas anteriores, la \u00fanica modalidad de litisconsorcio en la cual el juez debe tener injerencia es en el necesario , pero como quedo decantado, en este caso, estos sujetos tienen relaciones jur\u00eddicas independientes, originadas por una responsabilidad solidaria, que genera un litisconsorcio facultativo, el que depende \u00fanica y exclusivamente de la voluntad del demandante \u2013 acreedor, por lo que, el juez no est\u00e1 obligado legalmente a integrar a estas personas, si el interesado as\u00ed no lo dispone. <\/p>\n
Adicional a ello, no comprende esta juzgadora, el actuar de la parte demandante, pues si desde un principio ten\u00eda conocimiento de la empresa con la cual se hab\u00eda contratado el servicio de transporte y de la existencia del se\u00f1or Bonnet al momento en que la demandada contesto la demanda, si era su voluntad vincular a estas personas a Litis, podr\u00eda haber reformado la demanda incluyendo estos nuevos demandados, tal y como lo permite el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 93 del C.G.P., pero en contrario , formulo una solicitud err\u00f3nea con base en el art\u00edculo 67 ib\u00eddem, como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante. (Negrillas de ahora). <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, sobre la nulidad por indebida integraci\u00f3n del contradictorio que plante\u00f3 el gestor concluy\u00f3: <\/p>\n
Situaci\u00f3n anterior, que lleva a la conclusi\u00f3n de no existe nulidad procesal alguna que invalide la sentencia emitida en primera instancia, siendo que esta se encuentra ajustada a derecho y la legislaci\u00f3n procesal y sustancial vigente. (Negrillas de ahora). <\/p>\n
De lo anterior, se evidencia que la autoridad convocada determin\u00f3 que no existi\u00f3 un \u00ablitisconsorcio necesario\u00bb entre la vendedora y el comprador del veh\u00edculo, pues este \u00faltimo ten\u00eda el control efectivo y la disposici\u00f3n material del automotor y por ende, la injerencia directa en la ejecuci\u00f3n del contrato de transporte; y tampoco entre estos y los dem\u00e1s sujetos de los que trata el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, ya que no existe una relaci\u00f3n jur\u00eddica indivisible o inescindible entre ellos, de tal forma, concluy\u00f3 que al existir solidaridad, en realidad se configuraba un litisconsorcio cuasinecesario, y que, por esa raz\u00f3n, no era el juzgador el encargado de vincular a los sujetos pasivos. <\/p>\n
Ahora, respecto a la aplicaci\u00f3n de la figura del llamamiento al poseedor contenida en el art\u00edculo 67 del estatuto procesal destac\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) En auto del 15 de octubre de 2019, el A-quo rechazo la solicitud de vinculaci\u00f3n, aduciendo que los demandados no hab\u00edan sido citados como poseedores y que adem\u00e1s se encontraba ante la existencia de un proceso de responsabilidad extracontractual, frente a esta decisi\u00f3n la parte demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n, el primero, fue resulto de forma desfavorable y el recurso de alzada, fue resuelto por esta dependencia judicial el 29 de septiembre de 2020 confirmando al decisi\u00f3n de primer instancia , con base en las siguientes consideraciones. <\/p>\n
\u201cObs\u00e9rvese que la norma es clara al indicar que: El que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella; en el caso concreto la demandada DIANA YAZMIN CORAL FLAUTERO, no fue demandada como poseedora, sino como propietaria del veh\u00edculo, y adem\u00e1s supuestamente tampoco tiene la cosa a nombre de otro, pues precisamente lo que manifiesta en la contestaci\u00f3n de la demanda es que la tenencia la tiene otra persona, luego tal como lo indic\u00f3 el aquo no se dan los presupuestos establecidos en la norma para la procedencia del llamamiento al poseedor o tenedor que pretende la parte actora.\u201d <\/p>\n
Con ello, es claro que la parte demandante desatendi\u00f3 las consideraciones efectuadas en las dos instancias, en donde claramente se le expreso la improcedencia de la solicitud del llamamiento, al no cumplirse con los presupuestos establecidos en la norma, pues los aqu\u00ed demandados nunca fueron citados como poseedores. <\/p>\n
Viendo con lo anterior, que la sociedad aseguradora demandante, insisti\u00f3 en una vinculaci\u00f3n procesal y sustancialmente improcedente e inadecuada, cuando lo correcto hubiese sido, que por su conducto, conforme a todo lo ya expresado, vinculara a este tercero, como un litisconsorte facultativo, por medio de una reforma de la demanda, ello, atendiendo a que la demandada en su contestaci\u00f3n incluyo la direcci\u00f3n en donde pod\u00eda ser citado y notificada esta persona, (ver p\u00e1g. 218 del cuaderno 01). <\/p>\n
Del estudio de los apartes transcritos, se extrae que el ad quem determin\u00f3 que la figura del llamamiento al verdadero poseedor no era procedente, puesto que la demandada no ten\u00eda una cosa a nombre de otro ni tampoco fue demandada como poseedora de este, sino que fue citada como propietaria del veh\u00edculo; de manera que, al demostrarse que esta no ten\u00eda el control material del bien, debi\u00f3 ser el convocante quien integrara el contradictorio mediante la reforma de la demanda, lo cual de ninguna manera comporta un fallo inhibitorio, pues es claro que el juez no puede suplir a las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala advierte que las conclusiones adoptadas son la inferencia de las probanzas aportadas y que de su lectura no refulge la v\u00eda de hecho alegada, ya que el juez de segunda instancia efectu\u00f3 una respetable hermen\u00e9utica y una adecuada motivaci\u00f3n que le llev\u00f3 al desenlace reprochado, respetando los principios constitucionales aplicables al caso concreto. <\/p>\n
Ahora, si bien el actor en la impugnaci\u00f3n alega que los juzgadores no ten\u00edan claridad entre las figuras de tenedor, propietario y poseedor; dichos reparos sin lugar a dudas constituyen hechos nuevos que no fueron puestos en conocimiento del a quo, lo que descarta la posibilidad de su escrutinio en esta sede superior, so pena de quebrantar el \u00abderecho de defensa\u00bb que le asiste a los querellados. (STC14922-2017, reiterado en STC11080-2018). <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a la sentencia T-031-2018, se recuerda a la censora que las sentencias proferidas dentro de asuntos de tutela generan efecto inter-partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996 que prev\u00e9: \u00ablas decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct.). <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver Expediente de tutela, carpeta \u00ab12EXPEDIENTEJUZGADO03\u00bb, carpeta \u00ab03CarpetaApelaci\u00f3nSentencia\u00bb <\/p>\n
2\u0002 Ibidem PDF\u00ab54Sustentaci\u00f3nRecurso\u00bb <\/p>\n
3\u0002 Como puede constatarse en la P\u00e1gina de consulta de procesos de la Rama Judicial: Consulta de Procesos por N\u00famero de Radicaci\u00f3n- Consejo Superior de la Judicatura (ramajudicial.gov.co) <\/p>\n
5\u0002 Ibidem PDF \u00ab61SentenciaSegundaInstancia\u00bb <\/p>\n
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STC16600-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16600-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-22-03-000-2022-02446-01\u202f (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de diciembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de noviembre de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69705","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69705"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69705\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}