STC16606-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16606-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 23001-22-14-000-2022-00221-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de octubre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Alfredo Toloza Mar\u00edn contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Montel\u00edbano, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de La Jagua de Ibirico y los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abseguridad social\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Linda Yulisa Rodi\u00f1o Mu\u00f1oz, en nombre de su hijo, instaur\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos contra Jos\u00e9 Alfredo Toloza Mar\u00edn, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Montel\u00edbano, el que el 22 de diciembre de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago por las cuotas alimentarias y vestuarios, dejadas de cancelar desde el 2018 al 2021, y los intereses legales. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia de 10 de febrero de 2022 se tuvo por no contestada la demanda y se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en la forma indicada en la orden de apremio. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que nunca recibi\u00f3 notificaci\u00f3n de la demanda; que se enter\u00f3 del proceso por los descuentos realizados a su n\u00f3mina; y que al revisar la plataforma Tyba encontr\u00f3 el juicio censurado. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda en nombre propio, pero en auto de 10 de febrero de 2022 se tuvo por no contestada por carecer de derecho de postulaci\u00f3n; que en dicho escrito inform\u00f3 que no adeudaba las sumas de dinero relacionadas ni incumpli\u00f3 la conciliaci\u00f3n efectuada; y que el 9 de mayo de 2022 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.5. Adujo que los descuentos realizados se le pagaron al Juzgado Promiscuo Municipal de la Jagua de Ibirico, por lo que el estrado accionado solicit\u00f3 la conversi\u00f3n del deposito judicial por valor de 954.000. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Jagua de Ibirico indic\u00f3 que el estrado acusado le solicit\u00f3 la conversi\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales que err\u00f3neamente le hab\u00eda consignado, por lo que procedi\u00f3 a ordenar la misma y a ponerlos a disposici\u00f3n de dicha autoridad el 27 de septiembre de 2022; y que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Montel\u00edbano remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 18 Judicial II para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Monter\u00eda refiri\u00f3 que si el pedimento tutelar se fundaba en la falta de notificaci\u00f3n, el promotor debi\u00f3 formular la nulidad de lo actuado ante el estrado criticado; que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, en tanto que el interesado deb\u00eda agotar ante el fallador de la causa todos los recursos antes de acudir a la tutela, mas cuando no se advert\u00eda la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el juicio no se hab\u00eda terminado y se encontraba en tramite, por lo que cualquier decisi\u00f3n que se adoptara constituir\u00eda una invasi\u00f3n del juez constitucional en la \u00f3rbita del fallador ordinario; que existiendo mecanismos ordinarios defensa deb\u00eda acudirse al proceso para discutir las falencias que se detectaran en el tr\u00e1mite; y que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos de su escrito inicial y aduciendo que el Tribunal Constitucional interpret\u00f3 indebidamente los supuestos sustanciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el promotor no contest\u00f3 la demanda a trav\u00e9s de apoderado, no recurri\u00f3 la decisi\u00f3n que la tuvo por no contestada, ni deprec\u00f3 la nulidad por falta de notificaci\u00f3n, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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