STC16613-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16613-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-04260-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2021-00213. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento de comercio \u00abDROGUERIA SUPERDESCUENTOS No. 1\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de una rampa en dicho lugar, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien ampar\u00f3 el derecho colectivo, pero no conden\u00f3 en costas, ya que \u00abel accionante desde el escrito de demanda renunci\u00f3 a las mismas y a las agencias en derecho que se impusieran a cargo de la accionada, por lo que a ello se atiene el Despacho (\u2026), ahora bien, en cuanto a la condena en costas a cargo del Municipio de Santa Rosa de Cabal, (\u2026) ello no es procedente pues la calidad que \u00e9ste ostenta en el proceso es la de \u201cvinculado\u201d\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el querellante interpuso apelaci\u00f3n, solicitando \u00abcondena en costas a [su] favor, contra el alcalde del ente territorial al permitir la amenaza, incumpliendo su deber funcional sin reparo alguno de manera desconsiderada\u00bb, pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, en relaci\u00f3n con la falta de imposici\u00f3n de dicho rubro en favor del convocante, en tanto que la autoridad municipal \u00abno fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni fue la parte vencida\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del precursor, es contraria a lo establecido en el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que, al ser favorable la citada defensa, la parte vencida deb\u00eda ser sancionada en ambas instancias. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la colegiatura fustigada \u00abconceder agencias en derecho a [su] favor en 2 instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO. <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira expuso que \u00abno ha incurrido en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales atribuidos por el se\u00f1or Gerardo Herrera, puesto que se ha actuado conforme a las normas que rigen la materia, sin que, a hoy, se encuentren vencidos los t\u00e9rminos que reclama el tutelante para desatar la alzada propuesta\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal envi\u00f3 el expediente digital del asunto censurado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales del actor, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2021-00213) por cuanto confirm\u00f3 la sentencia del a quo en el sentido de no reconocer condena en costas ni agencias en derecho a su favor. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
En lo que respecta a la censura contra la decisi\u00f3n del tribunal encartado, por confirmar lo resuelto por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y, en consecuencia, no condenar en costas ni fijar agencias en derecho en favor del gestor al interior de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2021-00213, se advierte la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que esa determinaci\u00f3n no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica tratada en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
En efecto, esa colegiatura se abstuvo de imponer dichos rubros contra el ente territorial vinculado en el referido tr\u00e1mite, tras indicar que \u00abla acci\u00f3n popular estaba dirigida a proteger el derecho colectivo a la accesibilidad de las personas con dificultad motriz y ped\u00eda ordenar la construcci\u00f3n de una rampa al propietario del establecimiento de comercio accionado, quien es, en este caso, el \u00fanico sujeto pasivo de la acci\u00f3n; y, si bien en la demanda se dice que la autoridad municipal incumple sus obligaciones legales, esa es una raz\u00f3n insuficiente para convertir al ente territorial en parte accionada, pues no fue a quien se le atribuy\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, ni fue la parte vencida en el proceso; su vinculaci\u00f3n al asunto se hizo por expresa disposici\u00f3n legal (art\u00edculo 21 Ley 472 de 1998), (\u2026) lo que lo convierte en un tercero, un interviniente que no es sujeto de pretensiones, diferente a tener la calidad de ser parte\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 \u00ab[r]especto a la condena en costas en esta instancia, (\u2026) que no puede concluirse que el accionante haya actuado en forma temeraria o de mala fe; sin prueba alguna que demuestre lo anterior, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 38 de la Ley 472 de 1998, la Sala se abstiene de condenarlo por ese concepto\u00bb. <\/p>\n
Postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo. <\/p>\n
De forma que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El fallo censurado no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura encartada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el resguardo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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